Cuando Natalia Nava Guzmán pretendía disponer de 19.7 millones de pesos que le fueron descongelados tras una investigación por lavado de dinero, encontró que su cuenta estaba en ceros y ahora ha perdido los amparos y recursos legales con los que pretendía recuperar el dinero.
La mujer, originaria de Michoacán, fue investigada como probable implicada en una red de lavado y venta de facturas que inyectó a campañas políticas, entre ellas la de Enrique Peña Nieto en 2012.
Aunque oficialmente ganaba 3 mil 900 pesos quincenales, por sus cuentas circularon más de 431 millones de pesos que entraron y salieron casi en forma inmediata, como parte de una mecánica denominada "fraude carrusel", según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Después de que la SEIDO archivó la investigación, la mujer se disponía a disfrutar de 19 millones 735 mil 717 pesos que le fueron desasegurados en una cuenta de Banco Santander.
Para su sorpresa, cuando el 12 de febrero de 2015 le llegó el estado de cuenta, se enteró que ya no tenía ningún peso.
La cuenta 60-53850129-5 había sido vaciada mediante tres retiros de 5 millones 920 mil 715 pesos cada uno y otro de 1 millón 968 mil 557 pesos.
Nava acusó que una mujer de nombre Carolina Pérez López acudió al banco y se ostentó como su apoderada legal, utilizando diversos documentos apócrifos, así como cartas de instrucción, para retirar todo dinero mediante cuatro cheques de caja.
Éstos fueron girados en favor de las empresas Alkai S.C., Constructor Molotl y Logística y Comercialización Kenell, y de la propia Pérez López.
Al presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República, Nava acusó también a Roberto Hernández García y Olivia Hidalgo Rodríguez, director y subdirectora jurídicos de Santander, señalando que sin la autorización de ellos no hubiese sido posible retirar los recursos.
La Fiscalía pidió las aprehensiones de los directivos de Santander y de la mujer que supuestamente operó los retiros, pero un juez federal rechazó autorizarlas porque no estaba acreditado el delito de violación a la Ley de Instituciones de Crédito que les atribuyeron.
Nava apeló y un magistrado dijo que este asunto ni siquiera era federal y debía resolverlo un juez del fuero común.
Al caer el expediente en manos de la justicia local, las órdenes de aprehensión por el delito de fraude contra los directivos de Santander también fueron negadas en primera y segunda instancia.
La denunciante recurrió al amparo contra esa decisión y recientemente lo perdió en última instancia. Al menos por la vía penal, por ahora no recuperará un solo peso.
La mujer, originaria de Michoacán, fue investigada como probable implicada en una red de lavado y venta de facturas que inyectó a campañas políticas, entre ellas la de Enrique Peña Nieto en 2012.
Aunque oficialmente ganaba 3 mil 900 pesos quincenales, por sus cuentas circularon más de 431 millones de pesos que entraron y salieron casi en forma inmediata, como parte de una mecánica denominada "fraude carrusel", según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Después de que la SEIDO archivó la investigación, la mujer se disponía a disfrutar de 19 millones 735 mil 717 pesos que le fueron desasegurados en una cuenta de Banco Santander.
Para su sorpresa, cuando el 12 de febrero de 2015 le llegó el estado de cuenta, se enteró que ya no tenía ningún peso.
La cuenta 60-53850129-5 había sido vaciada mediante tres retiros de 5 millones 920 mil 715 pesos cada uno y otro de 1 millón 968 mil 557 pesos.
Nava acusó que una mujer de nombre Carolina Pérez López acudió al banco y se ostentó como su apoderada legal, utilizando diversos documentos apócrifos, así como cartas de instrucción, para retirar todo dinero mediante cuatro cheques de caja.
Éstos fueron girados en favor de las empresas Alkai S.C., Constructor Molotl y Logística y Comercialización Kenell, y de la propia Pérez López.
Al presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República, Nava acusó también a Roberto Hernández García y Olivia Hidalgo Rodríguez, director y subdirectora jurídicos de Santander, señalando que sin la autorización de ellos no hubiese sido posible retirar los recursos.
La Fiscalía pidió las aprehensiones de los directivos de Santander y de la mujer que supuestamente operó los retiros, pero un juez federal rechazó autorizarlas porque no estaba acreditado el delito de violación a la Ley de Instituciones de Crédito que les atribuyeron.
Nava apeló y un magistrado dijo que este asunto ni siquiera era federal y debía resolverlo un juez del fuero común.
Al caer el expediente en manos de la justicia local, las órdenes de aprehensión por el delito de fraude contra los directivos de Santander también fueron negadas en primera y segunda instancia.
La denunciante recurrió al amparo contra esa decisión y recientemente lo perdió en última instancia. Al menos por la vía penal, por ahora no recuperará un solo peso.
Caso Edicom
El 4 de julio de 2012, la Secretaría de Marina, la Policía Federal, el Servicio de Administración Tributaria y la SEIDO catearon una oficina de Insurgentes Sur 1449, Colonia Insurgentes Mixcoac, en la que aseguraron 3 millones 933 mil 150 pesos, 150 euros y 8 mil 250 dólares.
Las autoridades federales investigaban una red de lavado de dinero y venta de facturas, con un amplio catálogo de empresas virtuales que fueron empleadas tanto para simular contratos como para saldar la compraventa de yates, diamantes y aviones en diversas partes del mundo.
Fue el primer caso de venta de facturas a gran escala detectado por el Gobierno federal, en este caso por la administración de Felipe Calderón, pero la investigación ministerial se desinfló a medida que las autoridades empezaron a descubrir sus implicaciones políticas.
La UIF detectó que esta red, que giraba en torno a la "facturera" Edicom Edificaciones, Ingeniería, Construcciones y Materiales, inyectó 23 millones 216 mil pesos a los monederos electrónicos Monex de la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012.
Eduardo Felipe Moisés Salomón era el blanco principal en esta indagatoria, sin embargo, fue interrogado como testigo.
En 2014, un allegado al caso dijo que, al finalizar el cateo, la Policía Federal trasladó a su Centro de Mando en Iztapalapa un total de 16 computadoras, aunque la evidencia no fue agregada a la averiguación previa y a la fecha se desconoce su paradero.
En ese entonces, la corporación estaba adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública federal, cuyo titular era Genaro García Luna.
La administración de Calderón no llevó el caso a los tribunales y en el sexenio siguiente el expediente fue archivado.
Fuente.-
Es un abuso lo que esta pasando, todo exageradamente caro y el puto gobierno no hace ni una chingada, que segun primero los pobres, mentirosos so somos los que mas emos padecido este encierro y donde esta el gobierno , pura corrupcion e impunidad, todos estamos sacrificando algo, unos su rmpleo, otros a su familia y el puto gobierno que ha hecho por nosotros , la luz hay que pagarla aguevo , el telefono igual, y encima todo carisimo y ustedes que están sacrificando, pinche morena como es posible que se roben 5 millones de pesos diarios que les da el INE, pinches hipócritas, y el gobierno con su puto aeropuerto, si puta refinería y si puto tren , que ahorita con la emergencia no nececitamos para pura chingada, la desesperacion llegara a los hogares, y los padres de familia haran lo que sea para alimentar a sus hijos , exijimos que no se les de recursos s los partidos hipocritas , que hasta ahora no han hecho nada por los 30 millones que creimos lamentablemente en ustedes, son una vergüenza, nos han dado la espalda es inmoral y vergonzoso recibir todo ese dinero mientras la población sufre, maldita la hora en que votamos por ustedes, pero no nos equivocaremos dos veces, son unlastra para mi publo, a eso vinieron culeros a robar y seguir robando a mexico, INE exijimos no mas dinero a estas bascas, y el dinero que se esta tiran en eso proyectos, se nos de a los mexicanos que tanto nos hace falta
ResponderBorrartienes toda la razón amigo,saludos y bendiciones y este puro gobierni morenista vale para pura chunga da junto con el orate de amlo
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