En el argot penitenciario un “pagador” es quien está en la cárcel procesado o compurgando lasentencia por un delito que otro cometió. Su situación jurídica puede tornarse tan compleja, que se pierde la posibilidad real de justicia tanto para la víctima como para quien, se presume, es su victimario.
Esta es la rocambolesca historia de una familia mexicana de cuatro miembros, los Roa Quintero, que, acusados de fraude en la compra de vehículos, han pagado con años de cárcel las deficiencias en la investigación judicial y en la procuración e impartición de justicia en México.
Hasta hace unos años, los Roa Quintero eran una familia de clase media con una vida cotidiana: el padre, Enrique, ingeniero jubilado del Ejército Mexicano con grado de capitán, atendía su negocio de tlapalería y materiales de construcción; su esposa Ma. Guadalupe dedicada a las labores de su hogar, y sus hijos Enrique y Erandi, licenciados en Administración de Empresas, tenían su negocio de telefonía en un centro comercial en Irapuato. Abruptamente se verían envueltos en un laberinto judicial que los ha llevado a permanecer encarcelados en distintos penales de Guanajuato y Colima.
Entre 2011 y 2019, a los Roa Quintero los han responsabilizado penalmente de 33 fraudes en compra de automóviles a particulares. Ya cerraron 21 casos al obtener auto de libertad por absolución o por falta de elementos; está pendiente la sentencia de 5 acusaciones que recibieron en 2011, en la cual por ahora están en libertad bajo fianza; y tienen otros 7 procesos en curso en tribunales de Puente Grande, Jalisco y en Querétaro.
Una de las razones de sus desventuras es que en este país el retrato hablado y la media filiación con que se describe al supuesto responsable de algún delito siguen siendo utilizados discrecionalmente por autoridades para inculpar a cualquier persona con la finalidad de dar como cumplimentadas averiguaciones previas sin que se realice una investigación exhaustiva.
Así, a partir de imputaciones de fraude que se les hicieron en Guanajuato, a los Roa Quintero se les responsabilizó también de otros ocurridos en Querétaro, Colima y Jalisco. Con su encarcelamiento, autoridades de esas entidades omitieron investigar a cabalidad delitos que hoy son crecientes: fraudes en compra-venta de automóviles entre particulares, asociado a robo o suplantación de identidad y la falsificación de documentos.
Tras vicisitudes que han empañado su existencia en los últimos años, los cuatro hoy están en libertad, en algunos casos bajo fianza, en otros exonerados declarados inocentes por diferentes juzgadores, pero siempre temerosos de que nuevas acusaciones puedan devolverlos a prisión.
Su temor no es gratuito, pues incluso les han imputado delitos cometidos cuando ellos ya estaban encarcelados.
El caso de esta familia evidencia lo vulnerable que está el ciudadano a caer en las redes de la criminalidad, con actos tan cotidianos como entregar una copia de una identificación en un trámite cualquiera, que luego podría utilizarse para cometer un ilícito; al robo de identidad; o la circulación de documentos bancarios aún después de ser reportados como extraviados o robados, lo que muestra también fallas de las instituciones financieras.
El modus operandi de los defraudadores
Desde 2010 comenzaron a denunciarse en Guanajuato fraudes en compra-venta de automóviles entre particulares mediante el pago con cheques falsos o sin fondos, “cheques de hule” como se les denomina en el argot judicial.
El modus operandi es el siguiente: varias personas se presentan como “una familia respetable” integrada por una mujer de edad adulta, con dos adultos jóvenes, un hombre y una mujer, a quienes presenta como sus hijos y ocasionalmente un hombre adulto a quien presenta como su esposo.
Para aparentar solvencia económica generalmente se transportan en camionetas y autos lujosos como BMW, que podrían tratarse de robados porque las placas presentan inconsistencias.
Identifican autos en venta mediante anuncios en los periódicos o porque los vehículos llevan carteles con el signo de pesos.
Piden al vendedor probar el vehículo y, una vez tratado el precio, le preguntan si tiene alguna cuenta bancaria para depositar el pago. Llevan a la persona al banco, uno de los compradores le dice que se formará para hacer el depósito, mientras otro lo distrae conversando.
Al llegar a la caja, el comprador deposita un cheque, siempre de una institución bancaria distinta, por lo que la transferencia supuestamente se hará efectiva 24 o 48 horas después. Pero en ese momento obtiene del banco receptor una ficha de depósito, que es la que le entrega al vendedor, sólo que el vendedor no tiene la precaución de leer las letras chiquitas: “salvo buen cobro”.
Cuando el vendedor tiene la ficha, supone que ya se hizo el pago, así que entrega el vehículo y su documentación.
El engaño se descubre cuando, al revisar su cuenta bancaria uno o dos días después, la víctima se entera de que el depósito no se hizo efectivo porque los cheques no tienen fondos, o corresponden a cuentas canceladas, o a chequeras reportadas como extraviadas.
Al estar tipificado como delito del fuero común, el fraude es un ilícito cuya investigación compete a las autoridades locales.
Desde el año 2010, el ministerio público de la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato, hoy Fiscalía, comenzó a recibir denuncias en el modus operandi descrito. Y en 2011 se denunció un caso donde la persona defraudada fue contactada a través de una línea telefónica de Nextel. Era una de las líneas que subarrendaba Erandi Roa en su negocio de telefonía.
Una distribuidora de Nextel en Irapuato, la conexión
Erandi Roa era distribuidora autorizada de Nextel. En su establecimiento subarrendaban a terceros líneas que contrataba con la compañía telefónica. A sus clientes les pedía solamente una copia de su credencial de elector y el pago de una renta anticipada como depósito. Ella dice que subarrendaba las líneas, pero nunca pensó que le implicaría un riesgo. Lo anterior marcaría el inicio de sus desventuras y posteriores complicaciones, porque todas las líneas que rentaba aparecían a su nombre.
Como parte de esta investigación periodística se solicitó a AT&T una entrevista para comentar sobre el caso de esta exdistribuidora (en 2015 dicho consorcio compró la marca Nextel en México) y vía telefónica, el área de comunicación respondió que por el momento no haría comentario alguno.
El cliente de Torreón
En junio de 2011, en el Ministerio Público en Irapuato, Francisco Aguilar y su esposa Esmeralda Vázquez denunciaron que habían sido víctimas de fraude en la venta de su automóvil Seat Córdoba Sport.
Francisco le había colocado el signo de pesos y el 23 de junio recibió una llamada de un Nextel con el número 4621708672. Era una voz de mujer quien se identificó como Elizabeth Hernández.
El hombre acordó encontrarse con la supuesta compradora para afinar los detalles de la transacción. Ella llegó a la cita a bordo de un auto BMW de color gris junto, con otras dos personas.
Durante la negociación la mujer ofreció pagar con cheque de cualquier banco, pues presumió que tenía cuentas en todas las instituciones.
Finalmente, se acordó la entrega del auto y sus documentos a cambio de un cheque que se podría cobrar al día siguiente. El cajero rechazó el depósito porque el cheque era falso.
“Elizabeth” les había proporcionado como su dirección el número 428 de la calle Reforma, en la colonia Tejeda Corregidora, Querétaro. Francisco y Esmeralda se trasladaron a buscarla, encontraron la colonia, la calle, pero el número no.
Al saberse víctimas de un fraude, el 28 de junio los esposos denunciaron el delito ante las autoridades, proporcionando la media filiación de los defraudadores y el número del cual les llamaron.
Ellos mismos consultaron en un cajero de Nextel el nombre y domicilio del titular del radio. Dado que se trataba de una de las líneas rentada por Erandi Roa, dicho nombre fue el que encontraron.
Según documentos simples que en su negocio ella utilizaba como contrato para subarrendar las líneas, ésta había sido rentada por quien se identificó con copia de IFE como Carlos Rodríguez Hernández, con domicilio en Torreón, Coahuila.
El 7 de julio, Saula Vianey, agente de la policía ministerial, informó que después de haber visto el caso de Francisco Aguilar, acudió al domicilio de la titular de la línea Nextel (calle Londres número 33, colonia Residencial Campestre). Tocó y no le contestaron. Regresó a su oficina a buscar en la base de datos Cosmos (utilizada por la policía), donde corroboró que la casa era de la familia Roa.
Erandi Roa dice que la policía ministerial de Guanajuato limitó sus indagatorias a obtener los datos de ella y su familia, sin investigar a quien tenía la línea telefónica bajo su uso, aún cuando ella proporcionó dicha información.
En la carpeta de investigación se incorporaron las fotografías de ella y sus familiares, de sus licencias de conducir y de sus redes sociales, particularmente Facebook, donde aparecían en convivencias.
Bajo la consigna de que habían identificado “una familia que se dedica a eso”, los ministeriales comenzaron a mostrar esas fotografías a quienes habían presentado denuncias por fraude para que hicieran el “reconocimiento”, incluso pasando por alto discrepancias en las medias filiaciones relatadas inicialmente por los denunciantes, lo que derivaría en un alud de acusaciones.
La primera detención
El 29 de diciembre de 2011 se libró la primer orden de aprehensión en contra de Ma. Guadalupe Alicia Quintero Domínguez, su esposo Enrique Antonio Roa Ordoñez, sus hijos Enrique Antonio y Erandi Alicia.
Los Roa habían ido a pasar el fin de año a Acapulco. El 25 de febrero de 2012 serían detenidos por primera vez y encarcelados en el Cereso de Irapuato. Enrique, el padre, recuerda: “Era sábado, yo salía en mi camioneta hacia mi ferretería a las 9 de la mañana, y al llegar a una avenida se me para un carro enfrente y me gritan ‘¡Bájate!’. Nunca se identificaron como policías. Como los secuestros estaban a la orden del día, yo pensé que me estaban secuestrando. Alcancé a ver a dos, me bajaron, me golpearon. Me llevan directamente al Cereso. ‘¡Métase!’ me dijeron.
“Una vez que yo salgo, otros policías llegan y tocan al domicilio, le dicen a mi esposa ‘oiga necesitamos que vaya al Cereso a recoger las cosas de Enrique Antonio Roa’. Ella dijo ‘déjenme hablarle a mis hijos’. Les dijo ‘vénganse porque quién sabe qué le pasó a su papá’. ‘¿Qué pasó?’ ‘¡Allá les dicen!’ Y allá los detuvieron.
“Nos tuvieron 24 horas y nadie nos informaba nada. En el Cereso de Irapuato hay una celda a donde meten a todos los detenidos. Habíamos como 8 personas. Solo separan hombres de mujeres. Nos llevaron a la declaración preparatoria. Nos mostraron una foto borrosa a través de una rejilla, yo me empeñaba en decirles quién era y qué hacía, pero nada tomaron en cuenta”.
Se les informó que se les acusaba de ocho fraudes ocurridos entre marzo y septiembre de 2011. Les tomaron fotografías, a cada uno por separado, de los hombros hacia arriba. Una semana después –el 3 de marzo de 2012– esas fotografías aparecerían en periódicos locales con una nota con el título “Cae familia transa”. En ésta se les identificaba como una “red de defraudadores integrada por una familia de cuatro miembros”.
Lo anterior incidiría para que varias víctimas de fraude los señalaran también a partir de leer en internet esa nota.
“Una familia que se dedica a eso”
A medida que en las agencias del MP en varios municipios de Guanajuato se fueron denunciado fraudes con el mismo modus operandi, a las víctimas se les pedía describir físicamente a los defraudadores, proporcionar el retrato hablado o media filiación, como corresponde al procedimiento; sin embargo, los ministeriales agruparon los casos y a los denunciantes les mostraban las fotografías de “una familia que se dedica a eso”, les decían.
Cuando los Roa Quintero habían pasado casi cinco meses encerrados en el Cereso de Irapuato, el 24 de julio de 2012, se les impuso una fianza para su libertad caucional, cada uno pagaría 15 mil pesos y 282 mil pesos para garantizar la reparación del daño.
En ese Cereso los cuatro permanecieron hasta el 14 de agosto de 2012, y tras haber depositado la fianza, fueron excarcelados Enrique padre y sus hijos Enrique y Erandi, pero no su esposa Ma. Guadalupe, porque a ella le notificaron que estaba acusada de otro fraude ocurrido en septiembre de 2010, en San Miguel de Allende, que terminó en robo de vehículo con violencia.
Tal denuncia había sido presentada el 18 de septiembre de 2010 por Fernando Rosales en contra de Teresa Belman Presa. En esta averiguación previa, el 26 de julio de 2011 se giró orden de aprehensión en contra de Teresa Belman Presa, y para el 8 de marzo de 2012, el comandante Arturo Sesento González informó “en cumplimiento a la orden de aprehensión por reclusión de la mencionada agrega que dicha persona se encuentra recluida en el Cereso de Irapuato, Guanajuato, registrada bajo el nombre de Ma. Guadalupe Alicia Quintero Domínguez y/o Ana Patricia Zavala Nieto”.
Es decir, la autoridad señaló a Ma. Guadalupe de utilizar también el nombre Teresa Belman Presa, para cometer defraudación. Por tal caso, luego de que su familia fue excarcelada bajo fianza del Cereso de Irapuato, Ma. Guadalupe continuó allí cinco semanas más para luego ser trasladada –el 21 de septiembre de 2012– al Cereso Puentecillas, en Guanajuato capital.
Los hijos van por su madre liberada… y los detienen
Casi siete meses después, de esa acusación sería absuelta, por lo que se le dictó auto de libertad. El 9 de abril de 2013 debía ser excarcelada, sin embargo, cuando sus hijos llegaron por ella, a los tres los detuvieron notificándoles una nueva orden de aprehensión que también incluía a Enrique padre, a quien se acusaba de utilizar también el nombre Adalberto Cazares Elizarrarás para cometer fraudes. Se les imputaban otros cuatro casos denunciados en León (agrupados en un mismo proceso número 160/2011).
Madre e hijos fueron llevados al Cereso de León. Al día siguiente Enrique Roa Ordoñez llegó a verlos y también lo detuvieron, aunque él también era acusado en ese proceso no lo ingresaron allí, sino que lo llevaron al penal de Celaya. A él se le notificó que quedaba detenido por otro fraude denunciado en ese municipio, en el cual sus dos hijos también eran coacusados; a su hijo Enrique se le imputaba haber cometido el fraude utilizando el nombre de Joaquín Ramírez Palma.
hora se sabe que la persona que denunció en Celaya inicialmente señaló a un hombre que se identificó como Joaquín Ramírez Palma y posteriormente señaló a la familia luego de que la policía ministerial le enseñó fotografías “de personas que en Irapuato realizaban actos delictuosos operando en forma similar”.
Al afectado se le pidió identificarlos, aunque había diferencias en la descripción que aportó en su denuncia inicial.
Por este caso, Enrique Antonio Roa Ordoñez estuvo encarcelado en Celaya a partir del 10 de abril de 2013, pero al tenerlo frente a sí, el juez consideró que no era la persona descrita por el denunciante y el 12 de abril lo puso en libertad.
En mayo de 2013 los hermanos Roa también serían exonerados del fraude denunciado en Celaya, y aunque se les dictó auto de libertad, continuaron presos en el Cereso de León, ya que aún enfrentaban el proceso número 160/2011.
Le imputan fraude cometido cuando la acusada estaba en prisión
Luego se les notificó de otros seis fraudes también ocurridos en León, y que igualmente se les achacaban. Pero de estos últimos, en marzo de 2014 se les exoneró dictándose auto de libertad, sin embargo, tampoco quedaron libres porque continuaban enfrentando el proceso 160/2011.
Mientras Ma. Guadalupe y sus hijos estaban presos en el Cereso de León, se les notificó de un fraude más que habría ocurrido en San Miguel de Allende, en el cual también se les señalaba como responsables.
Éste había sido denunciado por José Luis Cruz, en contra de Alondra Silva Mauricio. La autoridad acusó a Ma. Guadalupe de usar también ese nombre para defraudar. Sólo que cuando ocurrió ese ilícito ella y sus hijos estaban presos en el Cereso de León.
Fuente.-
....y de las REDES el ENREDO..."La Justicia tambien quiere renunciar".
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