De acuerdo con el diario El País, Kassandra Treviño, una de las sobrevivientes de la masacre, se encuentra en la capital mexicana para reunirse con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por estas ejecuciones.
Aseguró Treviño que el pasado 5 de septiembre, al menos 15 elementos convirtieron su casa en un centro de operaciones. Allí ejecutaron a su padre Severiano y a otras siete personas. El crimen se ocultó en un montaje donde se hizo creer que las víctimas habían muerto en una batalla más contra el narcotráfico.
El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, una asociación civil, ha confirmado el relato de Kassandra con fotos, videos, documentos y relatos de otros testigos. Todo esto pone en duda la versión oficial.
El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, había informado que sugirió a la Fiscalía de la entidad solicitar ayuda del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y otras agencias internacionales, para dar mayor fortaleza y transparencia a las investigaciones.
De acuerdo con una denuncia del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, la ejecución de ocho presuntos integrantes del grupo delincuencial La Tropa del Infierno, perteneciente al Cártel del Noreste (CDN), se trató en realidad de una ejecución extrajudicial por parte de la policía estatal.
El reporte de la comisión refiere que de acuerdo con la información inicial, el pasado 5 de septiembre, policías estatales sostuvieron un enfrentamiento con civiles armadosen la colonia Valles de Anáhuac, en Nuevo Laredo.
Sin embargo, en la vivienda en donde se realizó el supuesto operativo, vivía un exempleado de una refresquera junto con su hija y una menor de dos años de edad. La joven declaró ser amenazada y golpeada por los elementos de la policía estatal.
Asimismo, en la casa no se encontraron rastros de un enfrentamiento ni evidencias de impacto de bala, mientras que en las viviendas aledañas tampoco se presentaron impactos, además de que no hubo civiles o autoridades heridas en el operativo, así como videos que dieran fe de la balacera.
Por su parte, la camioneta asegurada en el lugar habría sido trasladada hasta el inmueble por una grúa de tránsito municipal, pues el conductor declaró que fue amenazado de muerte por policías estatales para que no dijera nada de lo que vio, entre otras inconsistencias.
Otra de las ocho víctimas se trataba de una joven de 20 años, originaria del Estado de México, quien tenía dos meses de embarazo, la cual llegó a Nuevo Laredo para ver a su novio, y se descartó que el joven tuviera relación con grupos criminales.
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