La Fiscalía General de la República (FGR) comenzó a retirar las medidas de protección parciales con las que todavía contaban algunos testigos colaboradores en contra de integrantes de la delincuencia organizada del país.
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Tal es el caso de Venus, a quien desde el 22 de julio le negaron la protección para su traslado de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) al Juzgado Noveno con sede en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, para testificar contra el exjefe regional de Los Zetas, Lucio Raúl Hernández Lechuga, Lucky, y Félix Pichardo Fernández, operador de ese grupo criminal, ambos recluidos en penales federales.
En abril pasado, un juez federal ordenó a la FGR, encabezada por Alejandro Gertz Manero, otorgar la protección policial suficiente a Venus, al considerar que su integridad física corre peligro porque sigue siendo requerida para diligencias sin las medidas de seguridad establecidas en la Ley Federal de Protección a Personas que Participan en el Procedimiento Penal.
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“Las funciones específicas de la policía de las instancias de procuración de justicia se encuentran enmarcadas concretamente dentro de las acciones en materia penal dirigidas a la investigación de un hecho probable de delito; por lo tanto, la Policía Federal Ministerial se encuentra imposibilitada para atender su requerimiento, derivado de las obligaciones sustantivas, que como ya se ha hecho mención, legalmente tiene encomendadas para el ejercicio de sus funciones”, señaló el encargado de la Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos de la PFM, Waldo Rodríguez Vázquez.
Venus es la única testigo que sigue acudiendo a los requerimientos judiciales, sin pertenecer ya al programa de testigos colaboradores.
En junio de 2015 fue dada de baja por “presión sicológica de Eleazar Merino Cotero”.
Venus decidió ya no acudir a las audiencias “hasta que cuente con medidas de protección”. Foto: ARCHIVO. EL UNIVERSAL
En entrevista con EL UNIVERSAL, la mujer señala que no se presentará ya a las audiencias “hasta que cuente con medidas de protección”, debido a que, en su momento, la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro, se comprometió a garantizar su seguridad durante los traslados, sin que esto incluya salvaguardar su integridad física, así como la de su familia.
Venus explica que teme por su vida porque el próximo miércoles 7 de agosto tiene careo con Omar Treviño Morales, El Z43, y el jueves 26 de septiembre, con Miguel Ángel Treviño Morales, El Z40, mediante el método alternativo de videoconferencia.
“Se encuentra en riesgo mi vida y la de mi familia, debido a las constantes amenazas que recibo.
“Si la Policía Federal Ministerial sigue sin brindarme la atención debida, estaré imposibilitada materialmente para acudir [al careo] a desahogar las diligencias a mi cargo”, enfatiza.
Según comenta Venus, actualmente hay otros 11 testigos que se encuentran inscritos en el programa; sin embargo, uno de clave Tauro está ilocalizable.
Afirma que el extitular antisecuestros de la SEIDO, Gualberto Ramírez Gutiérrez, le aseguró que “ya no me iban a requerir en ningún juzgado, que eso ya lo habían arreglado en SEIDO; sin embargo, a los 15 días de mi baja del programa de testigos colaboradores comenzaron a llegarme citatorios para que me presentara a los juzgados en los que estaba siendo requerida mi participación, derivada de que en algunos procesos contra miembros de Los Zetas mi testimonio había sido ofertado como prueba, de esto me entero porque la Unidad de Secuestros hizo públicos los domicilios en donde podía ser encontrada.
“Posterior a mi baja [del programa] no hubo ningún ofrecimiento de medidas de protección hasta que la CNDH [Comisión Nacional de los Derechos Humanos] solicitó a la FGR medidas de protección, por lo que lo único que me ofrecieron fueron los traslados a las audiencias en los juzgados donde fuera requerida”, añade Venus.
La mujer recuerda que en la casa ubicada en Tejocotes 9, en la colonia Bosques de las Lomas de la Ciudad de México, vivían 13 testigos —colaboradores de la extinta Procuraduría General de la República (PGR)— hacinados, amenazados, en condiciones insalubres y vigilados por marinos y agentes de lo que fue la Agencia Federal de Investigación (AFI).
El mencionado inmueble perteneció al exlíder del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, y es uno de los ocho que el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa habilitó para resguardar a más de 300 declarantes que llegaron a estar inscritos en el programa de testigos colaboradores.
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