En medio de la presión del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la inacción migratoria, el Gobierno federal intensificó acciones de contención en la principal frontera con Guatemala y en otras zonas del País.
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El reforzamiento de la política de control también ha comprendido la realización de redadas en hoteles y parques de Tapachula, las cuales han generado miedo e incertidumbre entre los extranjeros, principalmente centroamericanos, cubanos y africanos.
La presencia militar en los operativos ha llamado la atención en esta ciudad de la frontera sur. Incluso la Policía Militar resguarda el exterior de la estación migratoria Siglo 21 del Instituto Nacional de Migración (INM), después de haberse registrado 9 motines y fugas de indocumentados.
En Veracruz, elementos de la Policía Federal también fueron desplegados para evitar que personas migrantes abordaran el tren conocido como "La Bestia".
Apenas el domingo pasado, en el municipio de Coatzacoalcos, alrededor de 30 efectivos con equipo antimotín realizaron un operativo nocturno a un costado de las vías, según reportes.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Gobernación, en los primeros cinco meses del año el aseguramiento y deportación de migrantes se triplicó. Entre enero y mayo, el número de extranjeros alojados en estaciones migratorias pasó de 8 mil 248 a 23 mil 679, en tanto que la cifra de repatriados aumentó de 5 mil 884 a 16 mil 507.
Por otra parte, el INM aceleró la repatriación aérea; tan sólo el 3 de junio reportó el traslado de 68 cubanos a La Habana, y ayer informó el envió de 100 hondureños a San Pedro Sula en un avión de la PF.
Aunque la Secretaría de Gobernación ha sostenido que la nueva política migratoria no persigue ni criminaliza a los migrantes, sino que busca respeto a los derechos humanos y el ingreso ordenado, organizaciones civiles advirtieron un enfoque de seguridad militarizada.
"Se han intensificado las redadas y los operativos de control migratorio a lo largo de toda la costa (de Chiapas), y las condiciones de la detención migratoria, de por sí violatorias de los derechos humanos, se han recrudecido, llegando a constituir formas de tortura física y psicológica y otros tratos crueles", externó la Misión de Observación de la Crisis Humanitaria de Personas Migrantes y Refugiados en el Sureste Mexicano.
"Exigimos al Estado mexicano que cumpla y sea congruente con su compromiso de implementar una política migratoria de respeto a los derechos humanos y no represión", añadió.
fuente.-
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