Con mucha preocupación observamos los hechos suscitados el pasado día 26 de mayo en La Huacana, Michoacán, en donde miembros de nuestro Ejército mexicano fueron desarmados, golpeados y secuestrados por pobladores de ese lugar, aparentemente ligados al Cartel Jalisco Nueva Generación, quienes exigieron a cambio de la libertad de los militares que les fueran devueltas las armas prohibidas que les acababan de decomisar.
Todos conocimos los hechos por un video que se difundió en las redes, y posteriormente nos enteramos de que la Sedena accedió a las peticiones de los secuestradores, para evitar un enfrentamiento de fatales consecuencias. El presidente de México felicitó al ejército por su actuación ante ese problema. Ciertamente nos unimos a ese reconocimiento a nuestras Fuerzas Armadas, pero los hechos deben motivarnos a algunas reflexiones.
Con motivo de la creación de la Guardia Nacional (GN) y de su marco normativo, se ha reavivado el debate sobre la militarización de ésta, de los cuerpos policiacos y en general de la lucha contra el crimen. Se ha asociado la participación de los militares a violaciones constantes de derechos humanos y abusos de autoridad, y se ha combatido la militarización de la GN, como si hacerla civil fuera la solución y evitara abusos.
Algunas resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, condenatorias para las fuerzas armadas de algunos países de la región, han generado un ambiente de descalificación y censura generalizada a la actuación de los ejércitos latinoamericanos, sin tomar en cuenta que muchas veces esos hechos se sucedieron, precisamente bajo regímenes y gobiernos militares y en luchas internas por el poder, hechos de los cuales afortunadamente los mexicanos y nuestras fuerzas armadas estamos muy lejos.
Algunas resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, condenatorias para las fuerzas armadas de algunos países de la región, han generado un ambiente de descalificación y censura generalizada a la actuación de los ejércitos latinoamericanos, sin tomar en cuenta que muchas veces esos hechos se sucedieron, precisamente bajo regímenes y gobiernos militares y en luchas internas por el poder, hechos de los cuales afortunadamente los mexicanos y nuestras fuerzas armadas estamos muy lejos.
El problema se presenta, porque alrededor de esas resoluciones protectoras de los derechos fundamentales, se ha generado por algunas organizaciones una industria del reclamo de indemnizaciones y reparaciones, que además por la utilización de algunos medios de comunicación, han contribuido a estigmatizar la imagen de las fuerzas armadas, principalmente las nuestras. Con el informe de la CNDH de 2018, respecto de las 10 autoridades con el mayor número de recomendaciones, se acredita que los militares no son parte fundamental del problema, ya que la Marina tiene 4 y la Sedena 5, frente a las 10 de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, 13 de la Procuraduría General de la República, y 21 del IMSS.
La oposición al origen y mando militar de la GN por el solo hecho de provenir de las fuerzas armadas, priva a la nueva institución de la única y real oportunidad de ser efectiva, consolidarse y sobre todo blindarse de la corrupción que impone la penetración del crimen organizado. La institucionalidad, lealtad y disciplina militar son los únicos atributos que pueden hacer de la GN un cuerpo policial que cumpla con esas expectativas. Los detractores de nuestras fuerzas armadas parecen olvidar que son precisamente los cuerpos policiacos civiles del fuero local, los que con su corrupción e incapacidad han permitido la penetración y el asentamiento del crimen organizado en sus territorios, son estos los que violan los derechos humanos de la población, con desapariciones, tortura y detenciones injustas, por lo que desde el inicio de la crisis, las fuerzas armadas se han convertido en la última línea de defensa del Estado mexicano en contra de la delincuencia y del crimen organizado.
Los lamentables hechos de La Huacana y otros más que se han suscitado como los ataques a cuerpos policiacos y la libre circulación de vehículos balizados con los logos de los cárteles, hacen evidente que estamos viviendo un estado de derecho disminuido, en el cual, si no se impone el respeto a la ley y se persiguen esos hechos criminales, la GN estará condenada al fracaso, porque su principal instrumento para pacificar el país debe ser la aplicación y el respeto a la ley. Los responsables de los hechos deben ser desarmados, detenidos y enjuiciados. No es creíble que ciudadanos comunes consigan y operen ese tipo de armamento sin el apoyo de algún grupo delictivo. Conocemos la estrategia de esos grupos que han penetrado en las comunidades, y utilizan a mujeres y niños por delante, pero por eso debe de ser la GN y la Fiscalía, los que acompañados por la CNDH, deben hacer los operativos necesarios hasta lograr la detención de los responsables.
No debemos permitir que poblaciones al servicio de los delincuentes, ni ningún grupo criminal, o inclusive el presidente de los Estados Unidos con sus afirmaciones, falten al respeto y afecten la moral de nuestras fuerzas armadas porque, insisto, son la última línea de defensa del Estado mexicano frente a la delincuencia organizada.
Fuente.-Daniel Cabeza de Vaca/Consejero de la Judicatura Federal 2009-2014
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu Comentario es VALIOSO: