La violencia criminal, en su mayor parte relacionada con el tráfico de drogas, así como sus consecuencias inevitables, entre ellas, la presencia de fuerzas federales en diversas regiones del país han desatado un fenómeno en el que también participan la corrupción y la desaceleración económica.
Dicho fenómeno, el de los desplazados internos, es rigurosamente analizado en estas páginas por las investigadoras Laura Rubio y Brenda Pérez. Con trabajo de campo y monitoreo sistemático quedan expuestas aquí las historias de pérdida humana y patrimonial, de indolencia y vulnerabilidad, para las que no hay todavía métodos de medición exactos
Imágenes de niños, mujeres y jóvenes huyendo de la violencia forman parte ya del cotidiano noticioso global. En 2015 estas imágenes aluden, desafortunadamente, a una experiencia colectiva de gran sufrimiento provocada por conflictos armados, violencia criminal y violaciones sistemáticas de los derechos humanos que se extienden a lo largo y ancho del planeta: desde la región de los Grandes Lagos, Nigeria, Somalia y Sudán en África; Azerbaiyán, Siria, Iraq, Palestina, Israel, Turquía, Paquistán y Afganistán en el Cáucaso, Medio Oriente y Asia Central; Bangladesh y Myanmar en Asia del Sur y del Este; hasta Colombia, el Triángulo del Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras), y México en América Latina, por mencionar sólo las más numerosas.
El común denominador de estas experiencias de desplazamiento forzado en el mundo es la pérdida humana y patrimonial, el trauma, la vulnerabilidad y el abandono. Pero hay de abandonos a abandonos. Los que han logrado cruzar fronteras internacionales, aun cuando lo hacen en condiciones de gran precariedad y alto riesgo, pueden gozar de la protección y asistencia internacional provista en instrumentos legales que conforman el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional de los Refugiados. Para los que se quedan al interior de sus países, no obstante, no existen normas internacionales vinculantes que los protejan, por lo que el desplazamiento los convierte en los “más vulnerables de los vulnerables”.1 Para finales de 2014, 38 millones de personas alrededor del mundo (2.7 desplazados internos por cada refugiado2) habían sido obligadas a huir de sus lugares de residencia habitual3 y se encuentran hoy a merced de gobiernos que no pueden o no quieren protegerlos ni asistirlos. La mayoría de los países que padecen este flagelo humanitario no lo reconocen y, por tanto, dejan a agencias humanitarias y organizaciones internacionales atadas de manos al verse obligadas a respetar los principios sacrosantos de soberanía y no intervención en los que se han basado las relaciones internacionales desde el siglo XVII, volviéndolas incapaces de actuar en nombre de las víctimas de desplazamiento interno.
América Latina ocupa el tercer lugar como la región con más desplazados internos en el mundo después de Medio Oriente y África, con aproximadamente 7.04 millones de personas internamente desplazadas (PIDs).4 Desde la década de los ochenta las guerras civiles en Centroamérica y las guerrillas como Sendero Luminoso en Perú y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia provocaron el desplazamiento de cientos de miles de personas. En la última década el fenómeno se ha intensificado en la medida en que los problemas de inseguridad y violencia asociados con el crimen organizado y el narcotráfico se han exacerbado. Entre 2012 y 2014, 19 de las 50 ciudades más peligrosas del mundo se encontraban en América Latina,5 y la región sobrepasó a África en su índice de homicidios.6 Las condiciones que lo permitieron, es decir, la corrupción, la impunidad y la falta de Estado de derecho, particularmente en Colombia, México, Guatemala, El Salvador y Honduras continuaron en 2015. En estos países el desplazamiento ha sido el último recurso para salvaguardar la vida de individuos, familias o comunidades enteras victimizadas y atemorizadas.
La política de seguridad de mano dura y el uso de las fuerzas armadas para combatir al crimen organizado han incrementado los abusos y violaciones de derechos humanos7 y por consiguiente del desplazamiento interno. Además, durante 2014-2015 en algunas provincias de la región el desalojo de comunidades de sus tierras para la explotación ilegal de recursos naturales (minería, madera, aceite de palma, biocombustibles, entre otros) y cultivo de amapola y cannabis se convirtieron en prácticas comunes, dejando a miles de familias sin sustento y sin hogar, particularmente en Colombia, Guatemala y México. El Observatorio de Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para Refugiados establece entonces que como resultado de todo lo anterior en Colombia existen hoy en día 6.04 millones de personas desplazadas al interior del país (el 12% de su población); en México al menos 281 mil 400; en El Salvador 288 mil 900; en Guatemala 248 mil 500;8 en Honduras 174 mil.9
La conmoción que ha producido en todo el hemisferio occidental y el mundo el incremento de historias de mujeres y niños mexicanos y centroamericanos no acompañados que llegaron a la frontera con Estados Unidos y fueron deportados en el periodo 2013-2014, no debe desvincularse del fenómeno regional de desplazamiento interno. Algunos de estos niños fueron desplazados al interior de sus países previo a su desplazamiento externo; la falta de protección y asistencia en los lugares de destino generaron su desplazamiento externo y es muy factible, dado que las condiciones de inseguridad y las amenazas en su lugar de origen prevalecen, al ser deportados no puedan regresar, por lo que se convierten de nuevo en víctimas de desplazamiento interno.
Si bien el desplazamiento interno en Colombia, México y el Triángulo del Norte tiene diferencias evidentes, por ejemplo, que la principal causa en Colombia es el conflicto armado, en el proceso de pacificación en este país ha habido problemas serios para desarmar, reintegrar y rehabilitar a grupos combatientes. Al carecer de oportunidades de trabajo y aceptación social, muchos ex combatientes se han integrado a bandas criminales cuyas prácticas de extorsión, secuestro, violencia y desalojo en contra de la sociedad colombiana se parecen a las que llevan a cabo grupos criminales y pandillas en México y el Triángulo del Norte. Asimismo, las redes transnacionales de algunos cárteles de la droga también llevan a organizaciones humanitarias y a académicos a empezar a hablar del fenómeno como uno presente en toda Mesoamérica, a pesar de sus diferencias. El hacerlo nos ayuda a pensar en la necesidad de cooperación regional para crear medidas hemisféricas para contrarrestar los efectos de la violencia y del desplazamiento forzoso.
En la historia reciente de México abundan imágenes de desarraigo y dolor producido por el desplazamiento interno, pero del cual se ha hablado poco. Primero, en la década de los setenta la intolerancia religiosa (entre católicos y minorías de indígenas protestantes), conflictos comunales, disputas por tierras y recursos naturales en algunos estados como Nayarit, Hidalgo, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, entre otros, generaron flujos de desplazamiento interno intraestatal, el cual continúa hasta el día de hoy. Segundo, en los noventa estos problemas se combinaron con la creciente inseguridad y conflictos políticos en los que intervinieron el Ejército mexicano y las policías locales desplazando a cientos de personas. Si bien no se cuenta con cifras confiables de los desplazados, sabemos que estas disputas, en Oaxaca, por ejemplo, tuvieron como consecuencia el desplazamiento de docenas de familias indígenas triquis.10 En 1994 el levantamiento zapatista en Chiapas generó un desplazamiento sin precedentes en México y se estima que entre 25 mil y 30 mil personas se encuentran en condición de desplazamiento interno forzado prolongado. A pesar de que el conflicto terminó oficialmente con la firma de los Acuerdos de San Andrés en febrero de 1996, la actividad paramilitar continuó aun después de los acuerdos y de la matanza de Acteal en los Altos de Chiapas en diciembre de 1997, y la intolerancia religiosa continúa, lo cual quiere decir que se han producido desplazamientos nuevos, y 20 años después no se han implementado soluciones duraderas para los desplazados chiapanecos.11
Finalmente, la “catástrofe de seguridad pública” y derechos humanos que vive el país desde 2007, resultado de la estrategia de seguridad tanto del gobierno de Felipe Calderón como de Enrique Peña Nieto,12 ha llevado consigo un incremento en el desplazamiento forzado, tanto transfronterizo como interno. Las primeras manifestaciones de desplazamiento interno se dieron con el deterioro de las condiciones de seguridad en los estados de Chihuahua y Baja California durante el periodo 1993-1998, en el que fueron recurrentes los feminicidios y crímenes vinculados al narcotráfico y a la corrupción de funcionarios públicos en todos los niveles de gobierno, pero éstas se registraron de manera esporádica. No fue sino hasta la implementación de los primeros operativos conjuntos de las fuerzas de seguridad del Estado en diciembre de 2006, la resultante fragmentación de los grandes cárteles, la emergencia de nuevas y más pequeñas células criminales en todo el país, y los altos índices de impunidad y corrupción, que el desplazamiento interno empezó a volverse más común.
Concretamente, entre 2006-2014 los 102 mil 696 homicidios intencionales reportados de acuerdo al Relator Especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias;13 la tortura (cuatro mil 55 denuncias en PGR);14 las 26 mil 798 personas desaparecidas;15 las ocho mil 595 personas detenidas arbitrariamente bajo la figura del arraigo a nivel federal;16 los 27 asesinatos y ocho casos de desaparición forzada en contra de personas defensoras de derechos humanos;17 los más de 80 periodistas asesinados y 17 desaparecidos;18 el hallazgo de fosas clandestinas en al menos 14 entidades de país; la proliferación de autodefensas y policías comunitarias en 2013 y el esfuerzo del Estado de desarticularlas, particularmente en Michoacán, contribuyeron a crear el escenario de miedo y victimización en el cual se da el desplazamiento forzado.
Los desplazados en México, además de estar en condiciones de extrema vulnerabilidad debido a la pérdida de protección física, de sus medios de subsistencia y a que, en la búsqueda de un lugar más seguro, se exponen a nuevos riesgos y carecen de acceso a servicios públicos, vivienda, empleo y educación. Contrariamente a lo que uno imaginaría, estos flujos de personas tienden a ser invisibles, lo cual puede ser producto de varios factores: primero, son difíciles de detectar cuando se dan gradual e individualmente; segundo, cuando el miedo y la persecución directa provocan el desplazamiento, sus víctimas buscan ser invisibles; tercero, hay una barrera normativa y conceptual que ha impedido que el desplazamiento sea identificado y documentado desde la cúpula de poder, lo cual ha ocasionado que este fenómeno se asimile a la migración económica;19 cuarto, los ataques en contra de periodistas y defensores de derechos humanos han producido una autocensura de la prensa local en temas de corrupción, violencia criminal y desplazamiento forzoso, por lo que en algunos de los estados más violentos como Tamaulipas, Coahuila y Veracruz se reportan poco, si acaso, particularmente desde 2014.
Además, la larga tradición de migración interna y transfronteriza por razones económicas y/o culturales ha ocasionado que se subestime el papel que la violencia ha jugado en el desplazamiento, así como en el empobrecimiento de familias enteras. Desde la perspectiva de la protección humanitaria, los campesinos, indígenas y habitantes de zonas conurbadas de bajos recursos son los más vulnerables, los más numerosos y los que experimentan más dificultades para encontrar refugio y rehacer su vida en otro lado. Trabajo de campo realizado por las autoras en Sinaloa, Veracruz, Aguascalientes, Durango, Estado de México y Distrito Federal en diferentes periodos (2011-2014) revela que familias solventes provenientes de Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Veracruz y Sinaloa después de ser víctimas de delitos que incluyen el desplazamiento forzoso sufren un deterioro significativo de su nivel vida y su estatus socioeconómico, llevándolas a la pobreza, y en algunos casos a la pobreza extrema.20 Esto desmiente el argumento que sostienen comúnmente funcionarios públicos de que la pobreza y el desempleo siguen siendo las principales causas del desplazamiento interno y transfronterizo en México.21
Al día de hoy no existe un censo sobre la población desplazada que nos provea de información desagregada, es decir, la causa del desplazamiento, el lugar de origen y destino, la edad y el sexo de los desplazados —información indispensable no sólo para ubicarlos, sino también para determinar sus necesidades de protección y asistencia. Las fuentes estadísticas nacionales existentes nos dan tan sólo indicios de que el fenómeno existe y de su intensidad y comportamiento espacial. Por ejemplo, cruzando información censal (INEGI 2010) con migración interna e índices delictivos de 2010 (homicidios, INEGI 2010), podemos inferir que los municipios más violentos (Ciudad Juárez, Tijuana, Chihuahua, Culiacán y Acapulco) perdieron 4.5 veces más población que los no violentos con las mismas características socioeconómicas. Alrededor de seis de cada mil habitantes de los municipios expulsores con alta violencia podrían haber abandonado el municipio a causa de la violencia. En el periodo 2005-2010 los estados más violentos que perdieron más población fueron Guerrero, Sinaloa, Chihuahua y Durango.22 Sin embargo, el desplazamiento pudo haber sido mayor debido a que muchas personas se desplazan al interior de la misma entidad y estos movimientos no son captados por ninguna encuesta oficial.
Otras fuentes confirman la relación entre violencia y desplazamiento forzado: la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE-INEGI 2011), la cual nos dice que al menos una de cada mil de las personas que cambiaron de residencia durante 2010 en México lo hicieron por motivos de inseguridad; los resultados de la Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE-INEGI, 2013, 2014, 2015) indican que de 2011 a 2014 entre el 1.3% y 1.5% de los hogares mexicanos tuvieron miembros que cambiaron de residencia como consecuencia de la inseguridad;23la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica (ENADID-INEGI 2014) arroja que en 2014 el 6.4% del total de la migración interna se dio por violencia, es decir, 185 mil 936 personas; de las cuales 22.5% salieron de Veracruz y 9.2% del Estado de México. Debe quedarnos claro entonces que ninguna de estas encuestas está diseñada expresamente para medir el fenómeno que nos atañe, pero son acercamientos a una realidad que se está viviendo a todas luces en el país y, por tanto, urgen herramientas de medición más exactas.
Basándonos en un monitoreo sistemático de los desplazamientos forzados registrados en la prensa nacional y local de 2011 a la fecha, en trabajo de campo realizado en siete estados (2011-2014), en más de 300 entrevistas realizadas, y en estudios más focalizados sobre el desplazamiento en Chiapas, Ciudad Juárez y Sinaloa, podemos afirmar que en México hay al menos 287 mil 358 personas desplazadas al interior del país.24 Desde 2011 a la fecha se han dado 154 episodios de desplazamientos masivos (de más de 10 familias) en 15 estados: Baja California (3%), Chiapas (7.7%), Chihuahua (5%), Coahuila (1%), Durango (5%), Estado de México (2%), Guerrero (21.5%), Michoacán (14%), Morelos (1%), Nuevo León (4.3), Oaxaca (4.7%), Sonora (0.5%) Tamaulipas (12%), Sinaloa (16%) y Veracruz (1.3%) provocados fundamentalmente por la rivalidad delincuencial entre cárteles de la droga, entre éstos y las fuerzas de seguridad del Estado y por los altos índices de criminalidad que afectan a mexicanos (y a extranjeros) mediante delitos dolosos como homicidio, desaparición forzada e involuntaria, amenazas, extorsión, tortura, entre otros, y que cuando la situación es insostenible huyen para salvaguardar sus vidas.
Tanto en los desplazamientos masivos como en los individuales identificamos que no hay un solo patrón de desplazamiento interno sino varios: de una entidad federativa a otra (de Chihuahua a Veracruz, Coahuila y Durango; de Michoacán, Guerrero, Veracruz y Sinaloa a Baja California; de Veracruz a Jalisco; de Nuevo León a Querétaro; de Tamaulipas a San Luis Potosí y Veracruz; de Guerrero a Morelos, etcétera). La mayoría del desplazamiento se da, no obstante, al interior de la entidad, de un municipio violento a otro menos violento. En términos de la composición de los lugares de origen y de destino, los desplazamientos se dan de centros urbanos a otros centros urbanos similares (registrados en Chihuahua, Veracruz, Nuevo León, Baja California, Tamaulipas, Distrito Federal); de zonas rurales a zonas suburbanas (Chiapas, Sinaloa, Oaxaca, Guerrero, Durango y Michoacán); de zonas suburbanas a urbanas (Chihuahua, Sinaloa, Guerrero y Michoacán); urbano-suburbano (Veracruz y Sinaloa) y, finalmente, encontramos desplazamientos intraurbanos de colonias violentas a menos violentas (en la ciudad de México, Monterrey, Chalco, Nezahualcóyotl, Acapulco, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo).
De lo que hay muy pocos registros en prensa y en estudios focalizados de migración interna es del retorno. Tenemos poca información sobre los desplazados que han retornado a sus comunidades de origen; y cuando lo hacen, no sabemos por cuanto tiempo. Hay evidencia en casi todos los estados de que cuando las condiciones para el retorno no son óptimas, al regresar las familias desplazadas se ven en la necesidad de volver a huir. En 2013 familias desplazadas de Ocurahui, Sinaloa, en 2012 que regresaron a su lugar de residencia dan testimonio de un panorama desolador: casas bandalizadas, incendiadas o invadidas por el crimen organizado; pueblos desiertos, tiendas de autoconsumo cerradas, negocios saqueados, ganado muerto, amigos desaparecidos, iglesias cerradas, ahuyentando toda posibilidad de permanecer.25
El éxodo de personas fue particularmente intenso en la segunda mitad del sexenio de Felipe Calderón (2010-2012), periodo en que se vive un alza en la violencia por rivalidad delicuencial que aterrorizó a ejidatarios, campesinos, ganaderos, micro, pequeños y medianos empresarios, y a la sociedad en su conjunto en el Triángulo Dorado (Sinaloa, Durango y Chihuahua), en Tierra Caliente (Michoacán y Guerrero), en el noreste (Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila) y el Golfo (Veracruz), regiones donde se implementan operativos conjuntos. La relativa baja en los índices delictivos al inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto (2013) parecía presagiar una baja en los desplazamientos y, sobre todo, la oportunidad para el retorno a sus comunidades, pero no fue así. Las condiciones de inseguridad e impunidad que provocaron los desplazamientos continuaron durante 2014-2015 en Sinaloa, Durango, Chihuahua, Sonora, Guerrero, Veracruz, Michoacán y Tamaulipas; y en otras partes como Estado de México se intensificaron. Revisemos, pues, las tendencias subregionales.
A partir de 2008 las manifestaciones de violencia en el llamado Triángulo Dorado alcanzaron niveles sin precedentes como resultado de la ruptura entre el Cártel de Sinaloa y los Beltrán Leyva, y la competencia por rutas de distribución de drogas. Tras la ruptura, grupos armados sembraron terror en las comunidades serranas mediante una serie de actos delictivos, amenazas de muerte, reclutamiento y trabajo forzados.26 Además, la persecución para reaprehender a Joaquín El ChapoGuzmán después de su segunda fuga en julio de 2015 fue acompañada de intimidación por parte de miembros de la Secretaría de Marina a comunidades de la región, provocando nuevos desplazamientos.
Los estudios más sistemáticos sobre el desplazamiento en la zona se han llevado a cabo en Ciudad Juárez y Chihuahua desde 2009, donde la violencia, la inseguridad e impunidad, junto con la desaceleración económica en Chihuahua provocada por la crisis económica en Estados Unidos, se combinaron para crear una situación de gran volatilidad. De acuerdo con estudios realizados por el Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (2010 y 2011), de 2007 a 2011 sólo de Ciudad Juárez fueron desplazadas 254 mil 426 personas. De ellas se estima que 115 mil (41%) cruzaron a Estados Unidos, y de éstas menos de 0.5% solicitó allí protección internacional mediante la figura del asilo. El 9.4% huyó a Coahuila, 9.6% a Durango, 9% a Veracruz, 17% a otros estados, y 4.5% a otros municipios dentro de Chihuahua.27 Sabemos que entre 2012 y 2014 familias que no lograron rehacer su vida en Veracruz regresaron al Valle de Juárez, pero no hay ningún estudio que haya dado seguimiento a su paradero.
En el periodo 2010-2013 en los municipios de Camargo, Delicias y Saucillo la violencia criminal asociada a grupos que se desprendieron de Los Zetas produjo desplazamientos de familias dedicadas a la ganadería y al cultivo del nogal; estas familias que huyeron del estado no han podido regresar a sus comunidades ni han recibido asistencia de instancias gubernamentales.. Finalmente, en 2012 la violencia desplazó de la Sierra Tarahumara a decenas de mujeres, niños y ancianos, particularmente del municipio de Chínipas y Urique, colindante con el estado de Sonora. Violencia esporádica en esta región generó nuevos desplazamientos en 2014-2015.
Sinaloa, la segunda entidad del país con mayor incidencia delictiva, ha experimentado uno de los flujos de desplazamiento interno más numerosos documentado por varias fuentes. De acuerdo a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano de Sinaloa, el desplazamiento forzoso ha afectado por lo menos a 65 comunidades serranas distribuidas en siete municipios del estado: Sinaloa, Badiraguato, Culiacán, Guasave, Choix, Navolato y El Fuerte. De acuerdo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa (CEDH), mil 146 familias fueron desplazadas en 2010-2012.28 Por su parte, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa, A.C. (CDDHS) entre 25 mil y 30 mil personas han sido víctimas de desplazamiento, afectando a 11 de los 18 municipios del estado.29Mediante trabajo de campo realizado en la región en 2014 y 2015 y con un censo incipiente de la población desplazada realizado por dos defensoras de los derechos humanos de los desplazados de la región, pudimos confirmar que más de 600 familias desplazadas de 40 comunidades de la zona serrana se encuentran desplazadas desde 2012 en los municipios de Choix, Ahome, Salvador Alvarado, Guasave y Culiacán viviendo en condiciones de pobreza y pobreza extrema.
En mayo de 2012 el gobierno estatal se comprometió a garantizar su seguridad mediante el acompañamiento del Ejército para que los desplazados pudieran retornar a sus comunidades.30 Sin embargo, relegó el problema a los municipios.31 Testimonios revelan que al abandonarlos se quedaron desprotegidos ante los grupos criminales responsables de su éxodo, por lo que no pudieron regresar a sus comunidades. Durante 2013 y 2014 los desplazados se organizaron y solicitaron a autoridades estatales y federales asistencia para satisfacer sus necesidades de vivienda, agua potable, alimentación, trabajo, educación y salud, sin éxito alguno. La intervención de dos defensoras de los derechos de los desplazados en este proceso les valió amenazas que puso en riesgo su vida y la de sus familias; para protegerlas, en abril de 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al gobierno de México medidas cautelares (MC 77-15). No obstante, la falta de efectividad en su implementación ocasionó que tuvieran que desplazarse nuevamente.
En Durango en 2010 y 2011 alrededor de 700 familias que se dedicaban principalmente a actividades forestales y a la ganadería, en su mayoría mujeres y niños indígenas tepehuanos, mexicaneros, huicholes, coras y tarahumaras, tuvieron que desplazarse principalmente del municipio del Mezquital a otros municipios y a la capital del estado.32 Trabajo de campo realizado en la zona en 2013 reveló que las principales víctimas del desplazamiento han sido mujeres y niños que fueron testigos de masacres, asesinatos, amenazas, desapariciones, secuestros y reclutamiento forzado de los hombres de las zonas serranas por parte de grupos delictivos.
En julio de 2015 el operativo en búsqueda de El Chapo ocasionó el éxodo de 250 familias (alrededor de 600 personas) intimidadas por personal de la Marina. Estas familias provenían de 17 comunidades de Durango y se asentaron temporalmente en Cosalá, Sinaloa.33 De acuerdo a información proporcionada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (24 noviembre 2015), 15 de las 17 comunidades afectadas habían retornado a sus lugares de residencia; 10 de las familias originarias de la comunidad El Verano también habían regresado; y el gobierno del estado estaba atendiendo a las cinco familias restantes.34
En 2011 el problema de desplazamiento interno incrementó como resultado de los enfrentamientos entre La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios y el gobierno federal primordialmente en la zona de Tierra Caliente. Guerrero y Michoacán han sido el escenario de secuestros, desapariciones, desapariciones forzadas, homicidios y desplazamiento interno forzado por temor a represalias por ser testigo de un hecho violento, por la búsqueda de un ser querido o de justicia y la búsqueda de cuerpos en fosas clandestinas, son elementos que constituyen la vida diaria en la región.35
Los desplazamientos que se han presentado en Guerrero en los últimos dos años han sido identificados en mayor medida en los municipios de San Miguel Totolapan donde diversos episodios de violencia han obligado a alrededor de dos mil personas a desplazarse;36 de Acapulco, Teloloapan, Apaxtla de Castrejón, Zumpango, Atoyac, Chilapa, Iguala, Zirándaro y Tecpan se han desplazado alrededor de siete mil personas. Estos movimientos también han implicado serias repercusiones para las comunidades receptoras. Por ejemplo, durante 2014 Tecpan de Galeana fue el municipio receptor de más de 300 familias provenientes de las comunidades de Las Mesas II y Linda Vista, ubicadas en el municipio de San Miguel Totolapan, y no se han podido establecer medidas de seguridad que garanticen el retorno seguro de las víctimas. Las poblaciones desplazadas de Guerrero están conformadas por indígenas, comuneros, ejidatarios, comerciantes, activistas y sus familiares, defensores de derechos humanos, defensores de la tierra y medioambientales, médicos y periodistas, familiares de víctimas de delito y de violaciones a derechos humanos. En agosto de 2015 el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, reconoció el arribo de más de 100 mil indígenas provenientes de la zona de Tierra Caliente en el estado de Guerrero37 que abandonaron sus hogares debido a la violencia y que hoy radican en los municipios de Ayala, Xochitepec, Zapata, Temixco y Cuernavaca.
Por su parte, Michoacán en 2011 también fue escenario de grandes confrontaciones criminales y luchas por el control de plazas para la extorsión que afectaron a jornaleros agrícolas de plantaciones de limón y aguacate de El Chamizal, La Huida, Buena Vistilla, Razo del Órgano, Eréndira, Santana, Pinzándaro, Peña Colorada, Vicente Guerrero, Catalina, Simanza, Paredes y otras localidades. Más de mil jornaleros extorsionados se desplazaron hacia albergues en las cabeceras municipales de Buenavista Tomatlán, Tuzantla y Apatzingán. En 2013 esta lucha por el control de plazas se intensificó entre Los Caballeros Templarios, La Familia Michoacana y el Cártel de Jalisco Nueva Generación, en un entorno que se percibe es de ausencia del Estado. Esto generó las condiciones para la proliferación de policías comunitarias y fuerzas de autodefensa en todo el estado, particularmente en Apatzingán, Buenavista Tomatlán, Tepalcatepec, Chinicuila, Coalcomán, Aquila, Aguililla y Tancítaro en Tierra Caliente y en la costa de Michoacán. El ambiente de terror ocasionó que familias enteras se refugiaran en Morelia, Uruapan y Zamora dentro del mismo estado o en Colima, Baja California, Estado de México y DF. Junto con ellos se desplazaron alcaldes de algunos de estos municipios. Organizaciones de la sociedad civil de Tijuana y algunos medios reportaron que dos mil 300 familias habían abandonado el estado en 2014, y algunas provenientes de La Ruana, Tepalcatepec y Coalcomán se asentaron temporalmente en la región fronteriza mientras lograban cruzar a Estados Unidos para solicitar asilo.38
En enero de 2014, tras una larga temporada de enfrentamientos entre la población y grupos del crimen organizado, Alfredo Castillo Cervantes fue designado como comisionado de Seguridad de Michoacán, con la encomienda de desarmar a todos los grupos de autodefensa en la localidad. En la madrugada del 6 de enero elementos de la Policía Federal coludidos con Los Caballeros Templarios, ingresaron al centro de Apatzingán matando a civiles y manifestantes, quienes se encontraban desarmados.39 La llamada Masacre de Apatzingán tuvo un saldo de al menos 16 civiles muertos y varios de los testigos declararon ser perseguidos por las fuerzas federales generando el desplazamiento forzado de testigos de los hechos y sus familiares. Finalmente, el 21 de enero de este mismo año el enfrentamiento armado entre grupos de autodefensa y Los Caballeros Templarios ocasionó el desplazamiento de decenas de familias, en su mayoría mujeres y niños de la comunidad El Carrizo, municipio de Parácuaro.
Ante el escenario de violencia en la franja fronteriza, a finales de 2009 y 2010 un grupo de veracruzanos denominados juarochos establecidos en Juárez que habían abandonado Veracruz en 1999 para ir en busca de mejores condiciones, solicitó ayuda al entonces gobernador Fidel Herrera para regresar al estado. En febrero de 2010 se aprobó el llamado Programa Emergente de Regreso de Veracruzanos (en vigor marzo-noviembre 2010). Éste consistía en dar atención a desplazados veracruzanos víctimas de violencia en las ciudades fronterizas de Ciudad Juárez, Reynosa, Laredo, Tamaulipas, Mexicali, Tijuana y Chihuahua. La mayoría de las familias no fueron atendidas adecuadamente, ni las promesas de intervención con diferentes instituciones para su reinserción al mercado laboral se cumplieron. Como consecuencia, las condiciones de pobreza en las que viven actualmente son peores que las que experimentaron en Ciudad Juárez. Según diversas declaraciones de fuentes oficiales locales, alrededor de 14 mil pudieran estar en condición de desplazamiento interno en Veracruz,40 y se cree que la ola de violencia que azota al estado ha ocasionado el regreso a Juárez de algunas de estas familias.
Como resultado de los operativos conjuntos en el norte del país en 2010 y 2011, un brazo del Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación y La Familia Michoacana se instalaron en territorio veracruzano provocando una disputa abierta con Los Zetas, quienes controlaban hasta entonces el mercado de drogas en Veracruz. La violencia ejercida por estos grupos modificó la dinámica social, política y territorial del estado. Se dio una diversificación de actividades de la delincuencia organizada y aumentaron de manera exponencial los delitos de alto impacto, intensificando los desplazamientos forzados. Veracruz se convirtió por tanto en un estado expulsor y receptor de desplazados por violencia.
A partir del testimonio de algunos informantes durante el trabajo de campo desarrollado en 2014 en esta entidad, sabemos que los municipios de Xalapa, Acayucán, San Andrés Tuxtla, Martínez de la Torre, Coatzacoalcos, Minatitlán, Nanchital, Tierra Blanca, Cosamaloapan, el puerto de Veracruz, Boca del Río, Medellín, Poza Rica, Tuxpan, Panuco y Tampico el Alto, son los que concentran el mayor índice de delincuencia y presumiblemente de desplazamiento poblacional. Los testimonios afirman que el desplazamiento es evidente en el estado pero se presenta de manera silenciosa y a cuentagotas, las personas generalmente se trasladan hacia la capital del estado y hacia las entidades vecinas o percibidas como seguras.
En los últimos años se ha observado de manera recurrente en esta entidad la huida de defensores de derechos humanos y periodistas ante el ataque, hostigamiento, abusos, amenazas y criminalización por parte tanto de las autoridades como del crimen organizado, obligando a muchos de ellos a huir del estado y algunos del país. De acuerdo a la organización Artículo 19, Veracruz es el lugar más peligroso en el mundo para ejercer el periodismo ya que a la fecha se han registrado 37 periodistas desplazados.
En Nuevo León el desplazamiento forzado de población se presentó desde 2009, exacerbándose en 2011. En el estado se han registrado siete casos de desplazamiento interno forzado masivos por causas de crimen organizado y violencia, seis de ellos ocurridos en 2011, sumando un total de mil 806 personas desplazadas sobre todo de las ciudades fronterizas. En su fase inicial el desplazamiento fue protagonizado por las familias de clase media y alta, particularmente por el sector empresarial, políticos y funcionarios públicos que buscaron refugio en McAllen y Mission, Texas, en Estados Unidos, quienes por su capacidad económica solicitaron visa de inversionistas y asilo.41 Sin embargo, el desplazamiento en Nuevo León no fue exclusivo de las zonas urbanas ni de las clases ricas. La disputa territorial entre Los Zetas y el Cártel del Golfo pegó a ricos y pobres en el estado a través del secuestro y la extorsión de comerciantes, pequeños propietarios de negocios. Los municipios más afectados son Agualeguas, Allende, Anáhuac, Cerralvo, China, General Bravo, General Treviño, Los Aldamas, Los Ramones, Melchor Ocampo, Montemorelos, Linares, Santiago y Vallecillo. A esta lista se agregan los registros de universidades privadas que han perdido estudiantes por la violencia, particularmente, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, que reportó haber perdido 176 estudiantes que se matricularon en otros campus fuera de Monterrey, especialmente luego de los enfrentamientos entre el Ejército y grupos criminales que provocaran el asesinato de dos estudiantes del ITESM en marzo 2010.42
En Tamaulipas la rivalidad entre el Cartel del Golfo y Los Zetas provocó el desplazamiento de miles de familias de por lo menos 18 municipios de la región fronteriza y la Región Valle principalmente, entre los años 2009 y 2012. La muerte de Ezequiel Cárdenas Guillén (alias Tony Tormenta, líder del Cártel del Golfo) en Matamoros en 2010 detonó una escalada de violencia por enfrentamientos entre Los Zetas y el Cártel del Golfo, y entre ellos y las fuerzas de seguridad del Estado, provocando una serie de desplazamientos. Amenazas directas de Los Zetas, por ejemplo a los habitantes de Ciudad Mier en noviembre 2010, provocaron la huida en masa hacia Ciudad Miguel Alemán de 300 personas; asimismo, la expansión del crimen y el hallazgo de fosas clandestinas en 2010 y 2011 en el municipio de San Fernando, contribuyó a la fuga de miles de habitantes. De las 246 fosas clandestinas localizadas por personal militar en diversas entidades federativas entre 2011 y 2014, 99 se encuentran en Tamaulipas.43 Pueblos enteros quedaron deshabitados, y otros que perdieron una parte importante de su población, como es el caso de Güémez, organizaron una resistencia en contra del crimen organizado y la corrupción llamada Ciudadanos de Tamaulipas Cansados. En el año 2013 se desplazaron 600 personas más de los municipios de Abasolo, Cruillas y Jiménez.44
El futuro de Tamaulipas se volvió sombrío en 2014 y 2015. En este periodo hubo un éxodo significativo de estudiantes de las cuatro principales ciudades del estado: Tampico, Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa; así como de otros municipios agrícolas como San Fernando, Antiguo Morelos y Ocampo. Asociaciones estudiantiles tamaulipecas calculan que más de 15 mil estudiantes y sus familias han abandonado el estado en búsqueda de mejores condiciones educativas y de seguridad en otras partes del país y en el estado de Texas en Estados Unidos. Tan sólo en la Universidad de Texas en Brownsville, por ejemplo, de los 400 estudiantes extranjeros que se inscribieron en este periodo 71% son mexicanos. Esto coincide con el cierre temporal de la Universidad del Valle de México (UVM) campus Reynosa luego de que en septiembre de 2014 halcones del crimen organizado penetraran las instalaciones y amenazaran a miembros de su comunidad.45 En febrero de 2015 el campus Nuevo Laredo de la misma universidad se vio obligada a cerrar definitivamente por extorsión y amenazas del crimen organizado afectando a más de 700 estudiantes.46 15 instituciones educativas incorporadas al Consejo Empresarial Maderero en Tampico han sido extorsionadas obligadas a pagar “blindaje” a cambio de cuotas al crimen organizado; dos de ellas se vieron obligadas a cerrar.47
En fin, el diagnóstico no termina aquí. Nos falta el Estado de México, nos faltan San Luis Potosí, Hidalgo, Jalisco, Sonora…
Ante este panorama desolador la respuesta de las autoridades mexicanas ha sido de gran negación y reticencia a hacerse responsable, dejando a miles de mexicanos en una situación de gran vulnerabilidad y en completo abandono. No existe en México el andamiaje conceptual, legal e institucional para enfrentar el problema de desplazamiento interno, ni voluntad política para construirlo. El desarraigo involuntario producido por la violencia está rompiendo el tejido social de comunidades enteras a lo largo y ancho del país. La mayoría de las comunidades que lo padecen no logran recuperar a toda su población una vez que la amenaza de la violencia subsiste, ya que muchos optan por dejar sus tierras y sus posesiones permanentemente a pesar de la incertidumbre y el abandono. Si el costo social y humanitario de esta crisis y el dolor del desarraigo no son suficientes para generar voluntad política para atenderlo… ¿lo serán el costo económico y financiero? ¿Y el político?
La violencia y la inseguridad han tenido consecuencias significativas para la sociedad en términos de la disminución del Producto Interno Bruto (PIB) cuando miles de familias —otrora solventes y con negocios rentables— dejan de ser productivas por la violencia y el desplazamiento forzado. Cuando una familia desangrada por la extorsión o el dolor del asesinato de un padre, o la desaparición de un hijo es obligada a cerrar sus negocios, abandonar sus tierras productivas y huir, ¿a cuántos mexicanos deja sin empleo? ¿Cuánto dinero deja de circular en la economía? ¿Cuánto alimento se deja de producir por el abandono de las tierras de campesinos y ejidatarios lastimados y extorsionados? ¿Cuánto le cuesta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el que mexicanos extorsionados se vuelvan informales? ¿Cuántas casas abandonadas, cuántos créditos hipotecarios sin pagar de desplazados perseguidos por el crimen organizado lastiman las finanzas de instituciones como Infonavit? ¿Cuántos de los nuevos mexicanos en situación de pobreza y pobreza extrema estimados por Coneval son desplazados internos? ¿Cuántos votos le cuesta a los partidos políticos la injusticia, la corrupción, la impunidad, el abandono a los más vulnerables? En fin, ¿a quién le importa? .
- Brenda Pérez Vázquez
- Coordinadora del Área de Desplazamiento Interno de la CMDPDH.
1 Thomas Weiss y David Korn, Internal
Displacement: Conceptualization and its Consequences, Londres, Routledge,
Global Institutions, 2006, p.17.
2 ACNUR,
Tendencias Globales sobre refugiados y otras personas de interés del ACNUR:ttp://www.acnur.org/t3/fileadmin/
3 IDMC, Global
Overview 2015: People Internally Displaced by Conflict and Violence,
Ginebra, Consejo Noruego para Refugiados, 2015: http://www.internal-displacement.org/publications/2015/
4 Ibíd., p.16.
5 InSight
Crime, “Latin America Dominates List of the World’s Most Violent Cities”:http://www.insightcrime.org/news-analysis/
6 UNODC, Global
Study of Homicide 2013, abril 2014: http://www.unodc.org/documents/gsh/pdfs/
7 Human Rights Watch, World Report 2015,
DE:http://www.hrw.org/sites/default/files/wr2015_web.pdf
8 IDMC, op. cit., p. 82.
9 De acuerdo al estudio recién publicado por el gobierno
hondureño:http://www.acnur.org/t3/noticias/noticia/el-gobierno-de-honduras-presenta-estudio-sobre-desplazamiento-interno/
10 María Dolores París Pombo, “Cambio institucional,
organización política y migración entre los triquis de Copala”, en María
Dolores París Pombo (coord.), Migrantes, desplazados, braceros y
deportados: experiencias migratorias y prácticas políticas, México, D.F.,
Colef, UACJ, UAM, 2012, pp.109-145.
11 Marcos Arana y María Teresa del Riego estimaron que
para 2012 había alrededor de 25 mil desplazados por el conflicto en
Chiapas: Estudio sobre los desplazados internos por el conflicto
zapatista en Chiapas, Programa Conjunto por una Cultura de Paz, México,
D.F., 2012, pp. 22-23; mientras que en el Foro de Diálogo por la Paz,
Desarrollo Económico y Desplazamiento Interno Forzado que se llevó a cabo en
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en marzo 2011, académicos y varias ONG
hablaron de 30 mil desplazados. Citado en Laura Rubio Díaz Leal, “La protección
de mujeres en condición de desplazamiento interno forzado por conflicto
no-internacional en México”, en Isabel Montoya Ramos (coord.), Las
mujeres en conflictos armados: el papel del derecho internacional humanitario,
México, D.F., Editorial Fontamara y Suprema Corte de Justicia de la Nación,
2014, pp. 237-271.
12 HRW, World Report 2015: https://www.hrw.org/sites/default/files/wr2015_web.pdf
13 ONU, Informe del Relator Especial sobre las
ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns. Misión a
México, 28 abril 2014. A/HRC/26/36/Add.1, párr..11:http://www.cinu.mx/comunicados/informe.pdf
14 CMDPDH,
Propuestas para la conformación de una ley e caz de aplicación nacional sobre
tortura, tratos y penal crueles, inhumanos o degradantes, México, 2015, p. 12:http://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/
15 De acuerdo al Registro Nacional de
Personas Desaparecidas. Las cifras presentan el total de registros de personas
relacionadas con averiguaciones previas del fuero federal y común iniciadas en
el periodo comprendido entre enero de 2014 y septiembre de 2015, y que
permanecen sin localizar al corte del 30 septiembre 2015: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/rnped/consulta-publica.php
16 Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia.
Coleccción: Arraigo, Medidas Cautelares y Ejecución Penal. El uso del
arraigo a nivel federal, en el estado de Nuevo León y el Distrito Federal:
Análisis de constitucionalidad, legislación y práctica, México, 2015, p.
40.
17 CNDH, Informe especial sobre la situación de las y los
defensores de derechos humanos en México, 2011, p. 43.
18 Paulina
Sánchez y Carlos de la Rosa, “Por qué preocuparte aunque no seas
periodista”, Animal Político: http://www.animalpolitico.com/blogueros-tanque-pensante/2015/09/01/
19 Sebastián Albuja y Laura Rubio, “Los
olvidados de la guerra contra el narcotráfico en México: los desplazados
internos”, en Foreign Affairs Latinoamérica, vol. 11, núm. 4, 2011,
pp. 23-31.
20 Destacan entre éstos, casos de ganaderos y nogaleros
del estado de Chihuahua de clase media y media alta; medianos empresarios de
Nuevo León y Michoacán; médicos de Guerrero; docentes de Tamaulipas cuya
situación económica era cómoda antes de que fueran víctimas de violencia y
tuvieran que pagar, por ejemplo, sumas enormes en extorsión y rescate de hijos
o parientes secuestrados. (A partir de información de 23 testimonios de
desplazados recaudados por las autoras en Aguascalientes en mayo 2014, en la
ciudad de México en septiembre 2012, mayo-agosto 2013 y septiembre-noviembre
2014, y 2015; en Sinaloa en febrero 2015; en el Estado de México septiembre-
octubre 2013; y en Veracruz en mayo 2014.)
21 Laura Rubio Díaz Leal, “Desplazamiento interno forzado
en México: El debate sobre conceptos, cifras y la responsabilidad del Estado”,
en David Cantor y Nicolás Rodríguez (coords.), Los nuevos desplazados:
crimen y desplazamiento en América Latina, Londres, Institute of Latin
American Studies, 2015.
22 Edith
Gutiérrez y Estela Rivero, Diagnóstico estadístico sobre desplazamiento interno
por violencia, realizado en 2012 para el estudio del IDMC, Forced Displacement
linked to transnational organised crime in Mexico, coordinado por Laura
Rubio: http://www.internal-displacement.org/publications/2012/
24 De acuerdo al monitoreo llevado a cabo
por Laura Rubio (desde 2011 en el ITAM) y el área de desplazamiento interno de
la CMDPDH dirigido por Brenda Pérez desde marzo 2014. Este diagnóstico fue
integrado al reporte 2015 sobre desplazamiento interno por violencia del
Observatorio de Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para Refugiados
(NRC-IDMC), del que Laura Rubio es consultora y se ha actualizado con
información recaudada por las autoras.
25 Testimonios y fotografías de algunas de estas
experiencias están documentadas en Laura Rubio Díaz Leal, Desplazamiento
interno inducido por la violencia: Una experiencia global, una realidad
mexicana, México, D.F., ITAM-CMDPDH, 2014.
26 Séverine
Durin, “Los desplazados por la guerra contra el crimen organizado en México.
Reconocer, diagnosticar y atender”, en Tórrens, Óscar (coord.), El
desplazamiento interno forzado en México. Un acercamiento para su reflexión y
análisis, México, CIESAS, Colegio de Sonora, Senado de la República, 2013,
p. 178; Javier Valdez Cárdenas, “Julio en Sinaloa: desplazados entre la muerte
y la nostalgia”, enNuestra Aparente Rendición, 4 de agosto de 2013: 2 de
julio, 2014:http://nuestraaparenterendicion.com/index.php/sinaloa-2/item/1894-julio-en-sinaloa-
27 CIS-UACJ,
“Encuesta de percepción ciudadana de inseguridad en Ciudad Juárez 2010”,
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 12 de octubre, 2014:http://www.observatoriodejuarez.org/dnn/Portals/0/encuestas/
Ciudad%20Juarez%20II-2010%20v6mayo2011.pdf. La encuesta de 2011 incluyó una
serie de preguntas que permitían saber con mayor precisión la causa del
desplazamiento: 12 de octubre, 2014:http://www.observatoriodejuarez.org/dnn/Portals/0/encuestas/
28 Comisión
Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa, Recomendación General No. 10: Informe
especial sobre los desplazamientos internos de personas en Sinaloa, abril 2013,
p. 121: 19 de marzo de 2015: http://www.cedhsinaloa.org.mx/_documentos/
29 Javier
Valdez, “La fuga del Triángulo Dorado”, Animal Político, 5 de
octubre de 2012:http://mariana.content18.com/desplazados/sinaloa.pdf;
“Julio en Sinaloa: desplazados entre la muerte y la nostalgia”, Nuestra
Aparente Rendición, 4 de agosto de 2013:http://nuestraaparenterendicion.com/index.php/
sinaloa-2/item/1894-julio-en-sinaloa-desplazados-entre-la-muerte-y-la-nostalgia; y
Silber Meza y Francisco Cuamea, “Narco deja 25 mil desplazados en la Sierra
Madre”, El Universal, 17 de septiembre de 2014: http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/
narco-deja-25-mil-desplazados-en-la-sierra-madre-1038712.html;
Javier Valdez, “ONG: 30 mil sinaloenses desplazados por la violencia”, La
Jornada, 10 de julio de 2012, p. 31.
30 Radio Fórmula, “Malova ofrece protección
a desplazados por inseguridad”, 15 de mayo de 2012:http://radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=243616
31 Wilberth González, “Sin tierra, sin casa, sin
gobierno”, Río Doce, 27 de enero de 2014:http://riodoce.mx/noticias/sociedad/sin-tierra-sin-casa-sin-gobierno
32 Gamboa Navarro y Asociados, S.C., Proyecto Piloto de
Agencia Económica de las Mujeres Desplazadas por Violencia, 2011:http://cedoc.inmujeres.gob.mx/ftpg/Durango/dgo_metaA6_3_2011.pdf
33 “Marinos
sembraron terror durante caza de ‘El Chapo’, dicen desplazados”, La
Jornada, 18 de octubre de 2015: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/10/18/
34 Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas, oficio CEAV/ DGVI/265/2015.
35 “Revelan
casos de desaparecidos por policías de Guerrero,” La Jornada, 23 de
noviembre de 2015:http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/11/23/
36 San Miguel Totolapan, Municipios del
Estado, Portal Oficial del Gobierno del Estado, Gobierno del Estado de Guerrero
2015-2021: http://guerrero.gob.mx/municipios/tierra-caliente/san-miguel-totolapan/
37 Boletín
de Prensa Gobierno del Estado de Morelos, “En Morelos la política social se
focaliza en zonas con mayor desigualdad: Graco Ramírez”: http://morelos.gob.mx/?q=prensa/nota/
en-morelos-la-politica-social-se-focaliza-en-zonas-con-mayor-desigualdad-graco-ramirez;
“Cobija Morelos a más de 100 mil indígenas desplazados: Graco”, Diario
Talla Política:http://www.tallapolitica.com.mx/?p=409131
38 Reporte Índigo, Los desplazados de
Michoacán:http://www.reporteindigo.com/reporte/mexico/los-desplazados
39 Laura Castellanos, “Video inédito: La masacre de
Apatzingán”, 19 de abril de 2015:https://vimeo.com/125391931
40 Según la Secretaría de Desarrollo y Medio Ambiente del
estado de Veracruz, son más de 10 mil y según la Dirección General de Atención
a Migrantes 14 mil. La Jornada de Veracruz, información recaudada
en entrevista a reporteros de dicho diario por el Dr. Carlos Garrido para un
estudio coordinado por Laura Rubio.
41 Séverine Durin, “Los que la guerra desplazó: familias
en el noreste de México en el exilio,” Desacatos, núm. 38,
enero-abril, 2012, México, pp. 29-42.
42 Linaloe R. Flores, “En universidades privadas, éxodo
por violencia”, El Universal, 16 de mayo de 2011:http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/765687.html
43 Sedena, Solicitud de información folio: 0000700117815.
44 Reforma,
“Enfrentamientos entre grupos armados deja un saldo de 600 desplazados”, 31 de
julio de 2013: http://www.elmanana.com/
46 La
UVM cierra campus en Tamaulipas por Inseguridad, CNN Expansión:http://www.cnnexpansion.com/mi-carrera/2015/02/09/
47 Jesús
García, “Sufren extorsión 15 escuelas privadas”, Milenio, 29 de
septiembre de 2014:http://www.milenio.com/policia/
fuente.-
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