La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó varias irregularidades en el proceso de compra del avión presidencial Boeing 787 Dreamliner y advirtió que la Secretaría de la Defensa no acreditó que éste haya sido la mejor opción en el mercado.
En su informe sobre la cuenta pública 2014 indica que entre las anomalías, que generarán costos financieros, está la falta de refacciones a bordo equivalentes a 334 mil pesos.
"La entidad fiscalizada informó que está pendiente la entrega por parte del proveedor de la partida núm. 15 con valor de 20.4 miles de dólares correspondiente al equipo de refacciones a bordo equivalente a 334.4 miles de pesos al tipo de cambio de 16.3762 pesos del día 5 de agosto de 2015", señala.
Respecto a los incumplimientos en la entrega del avión, que a la postre reportó un atraso de casi 17 meses, alerta sobre penalizaciones millonarias.
"Para la entrega de la aeronave de transporte estratégico para uso Presidencial y del Estado Mayor, y el equipo de refacciones a bordo, se estipuló contractualmente que sería aceptada técnicamente y entregada en las instalaciones del proveedor ubicadas en Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos de América, para su traslado a México el 30 de junio de 2014", refiere.
"Sin embargo, dicho bien no se entregó sino hasta el 8 de octubre de 2014, es decir, 99 días naturales posteriores a la fecha pactada, lo cual constituye una penalización del 10 por ciento del monto total del contrato que asciende a un importe de 12 millones 734.9 miles de dólares equivalente a 166 millones 503.5 miles de pesos en la citada entrega", plantea la ASF.
En esa fecha, el avión presidencial Boeing 787 Dreamliner arribó a la Base Aérea Militar Número 1 en Santa Lucía, Estado de México, donde estuvo sólo cinco horas.
Fuentes de la Presidencia explicaron que se trató de un vuelo de prueba para un trámite administrativo, y que sería hasta septiembre de 2015 cuando sería entregado, pero tampoco ocurrió así.
Como consecuencia de lo anterior, el 2 de julio de 2014 la Sedena elaboró el acta de incumplimiento por 1 millón 273 mil pesos, correspondiente a dos días de atraso, la cual fue notificada por la Subdirección de Adquisiciones a la empresa fabricante sin prever que el monto se incrementaría.
Posteriormente, añade la ASF, la Sedena elaboró el 20 de septiembre de 2014 una segunda acta de incumplimiento por 12 millones 734 mil dólares, en la que se señalaron 82 días de atraso.
En ambos casos, el subdirector de Adquisiciones de la Sedena instruyó a BANOBRAS para iniciar el trámite de penalización correspondiente a fin de que fuera aplicada en la factura final que presentara la empresa citada para que ésta efectuara el pago en caso de que decidiera cubrirla voluntariamente; sin embargo, no se proporcionó evidencia de dicho pago ni de la entrega de la partida núm. 15.
"Lo anterior impacta directamente en la determinación del monto de los intereses que paga la Sedena a BANOBRAS por el arrendamiento financiero, además de que el importe de la penalización será aplicado hasta donde alcance para el pago de las últimas rentas del arrendamiento", expone la Auditoría.
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