Las intervenciones legales de comunicaciones privadas realizadas por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) se han triplicado en el gobierno de Enrique Peña Nieto respecto a las llevadas a cabo durante el mandato de Felipe Calderón, pero en gran medida por el fortalecimiento del marco legal en labores de inteligencia aprobado en el sexenio pasado.
Mexico,D.F 30/Dic/2014 De acuerdo con una solicitud de información hecha por MILENIO a la Unidad de Enlace del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), con el folio 0410000019914, los registros mensuales arrojan que durante el gobierno anterior hubo 299 intervenciones por vía telefónica y correo electrónico, mientras que en los primeros 22 meses de Peña Nieto (con corte hasta el 17 de septiembre) el número alcanzó los 974 casos.
Este aumento, señaló Gilberto Santa Rita, doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla y titular de la carrera de leyes en la Universidad Iberoamericana, tiene relación con “una serie de reformas que se llevaron a cabo desde que se inició la guerra contra la delincuencia organizada al Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley de Seguridad Nacional y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que le permitieron al nuevo gobierno actuar con mayor eficacia en labores de inteligencia”.
Uno de los cambios importantes fue la reforma al Código Penal Federal en 2008, con el que se pusieron en función los seis Juzgados de Control Especializado de la capital y se agilizó el análisis y la aprobación de las solicitudes de intervención de comunicaciones enviadas por el Cisen al juez de Distrito en Procedimientos Penales Federales.
“Es importante aclarar que el Cisen y la Seido (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada), que son los únicos órganos posibilitados para intervenir comunicaciones, no pueden hacerlo libremente, estarían violando la ley. Ellos necesitan de un permiso otorgado únicamente por el juez de distrito que analizó su solicitud”, agregó el especialista.
La Unidad de Enlace indicó que en el actual gobierno el Cisen desarrolló 22 solicitudes de investigación durante diciembre de 2012; pero a lo largo de 2013 hubo 425 intervenciones y en los primeros nueve meses del presente año 527 investigaciones de “fenómenos que representen riesgos o amenazas a la seguridad nacional”.
En el sexenio de Calderón las cifras, a pesar de ser mucho menores comparadas con el actual, aumentaron gradualmente. En diciembre de 2006 hubo dos, en 2007 se habían realizado 18, para 2008 éstas se ubicaron en 19 casos; en 2009 pasaron a 21 y al siguiente año se redujeron a 16.
En los dos últimos años calderonistas el incremento en los registros fue considerable al pasar de 33 intervenciones a 192 al cierre de noviembre de 2012.
En el documento proporcionado por el Cisen se señaló que estas comunicaciones fueron vigiladas por atentar a la seguridad nacional en distintas formas. Entre las mencionadas están los “actos tendientes a consumar espionaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria o genocidio en contra de los Estados Unidos Mexicanos dentro del territorio” (…) además, los que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada, así como a las operaciones militares, navales y de inteligencia.
En el artículo quinto de la Ley de Seguridad Nacional también se mencionan las acciones contra el personal diplomático, de la seguridad de la aviación y “las tendientes a consumar el tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva”.
Además de lo estipulado en esta legislación, Santa Rita, también especialista en derecho penal del enemigo, explica que en los artículos que van del 15 al 28 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada se encuentran las reservas que permiten este tipo de intervenciones, así como las presentes en el artículo 278 ter del Código Federal de Procedimientos Penales.
Crecimiento paralelo
El destacado aumento en investigaciones por vía telefónica y correo electrónico en los años recientes no ha sido un fenómeno aislado, ya que el presupuesto destinado para el organismo se incrementó 583.4 por ciento de 2007 a 2015.
Durante los seis años del gobierno de Calderón, el Cisen recibió 11 mil 915.7 millones de pesos en partidas presupuestales; sin embargo, en los tres primeros años de la actual administración se aprobaron 17 mil 897.5 millones.
El organismo aclaró en el documento que “no realiza espionaje, ya que su labor consiste en preservar la seguridad nacional, no violentarla”. Agregó que esta práctica está tipificada como un delito en el Libro Segundo del Código Penal Federal, en específico en los artículos 127, 128 y 129.
Manifestó que se considera espionaje cuando un extranjero con intención de efectuar una invasión en el territorio nacional o de alterar la paz interior, le brinda información a un grupo, persona o gobierno externo.
En el caso de los mexicanos, ocurre cuando “teniendo en su poder informaciones confidenciales de un gobierno extranjero, los revela a otro y además con ello perjudica a México. También es tipificado si la persona cuenta con la identidad de un espía y no lo informa oportunamente a las autoridades”.
Fuente.-Milenio
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