Las denuncias son directas y provienen de funcionarios del área de seguridad del gobierno lopezobradorista: El director general adjunto de Supervisión y Operación de Puertos y Aeropuertos, Juan Manuel Hernández Palafox, está presuntamente ligado a organizaciones criminales dedicadas al trasiego de drogas a través del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Los informantes, que pidieron el anonimato, acudieron a Proceso en virtud de que, aseguran, los reportes que han rendido a sus superiores al respecto no han sido tomados en cuenta.
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CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El gobierno de Andrés Manuel López Obrador designó como director general adjunto de Supervisión y Operación de Puertos y Aeropuertos a Juan Manuel Hernández Palafox, quien en 2009, como mando de la Policía Federal, fue procesado por cargos de delincuencia organizada.
Su designación ha causado revuelo y molestia en dependencias de seguridad del Estado, en donde distintas fuentes consideran que el jefe policiaco, adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), no debió ser promovido teniendo ese antecedente, y menos aún porque, sostienen, continúa ligado a organizaciones criminales dedicadas al trasiego de drogas a través del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
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“La forma de operar por parte de Hernández Palafox y sus socios en la misma Policía Federal es la siguiente: las organizaciones criminales les envían la mercancía de Colombia, Perú o Venezuela, avisándoles unos días antes para que con sus encargados de operación permitan la llegada de las drogas a los aeropuertos mexicanos, sin tener que pasar por las inspecciones de rigor”, se lee en uno de los documentos entregados por uno de los funcionarios de seguridad que denunciaron el caso.
Las fuentes aseguraron que recurrieron a Proceso porque las autoridades del gabinete de seguridad del gobierno han desestimado las denuncias que les han hecho sobre la presunta relación de Hernández Palafox con el trasiego de drogas aeroportuario.
El policía federal depende de la Dirección General de Personal en Fronteras, Puertos y Aeropuertos de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal (PF). Su jefe directo es el comisario general Ángel González Ramírez, titular de la División de Seguridad Regional de la corporación, a quien los informantes señalan como supuesto “protector” de Hernández Palafox. González, comentan, está al frente de dicha División desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, en el que también fue jefe de la estación de la PF en Querétaro.
Ambos son subalternos de Arturo Jiménez Martínez, quien fue designado por el titular de la SSyPC, Alfonso Durazo, como encargado del despacho de la Oficina del Comisionado General de la Policía Federal. La PF será una de las fuerzas que integrarán la Guardia Nacional, cuya promulgación por parte de López Obrador está pendiente.
Jiménez Martínez fue el último jefe de la Policía Federal de Caminos antes de que ésta se convirtiera en parte de la Policía Federal Preventiva (PFP) durante el gobierno de Ernesto Zedillo. Aquella era la corporación policial más antigua del país; de hecho, es el referente de lo que la PF presenta oficialmente como su historia, pues sus nueve mil elementos pasaron a ser la base de la PFP, que se integró también con agentes del entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y una brigada de la Policía Militar.
“La Policía Federal de Caminos ha sido, por décadas, la policía mejor preparada y capacitada, pero al mismo tiempo tiene una historia de corrupción y encubrimiento muy larga”, dice una de las fuentes consultadas.
El comisionado Jiménez Martínez ha vivido los cambios de la corporación en los últimos 20 años. Desde la Federal de Caminos a la PFP y luego a la PF en el gobierno de Felipe Calderón, hasta lo que será la Guardia Nacional.
Ha tenido como superiores al vicealmirante en retiro Wilfrido Robledo, en el sexenio de Ernesto Zedillo; a Alejandro Gertz Manero –actual fiscal General de la República– en la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Vicente Fox; a Genaro García Luna, en el de Felipe Calderón, y en el de Peña Nieto a los titulares de la desaparecida Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Monte Alejandro Rubido y Renato Sales Heredia.
Ahora, como principal mando de la PF en el gobierno lopezobradorista Jiménez Martínez tiene como uno de sus principales colaboradores a Hernández Palafox, a pesar del proceso penal al que éste fue sometido hace una década y del que oficialmente fue exonerado.
Antecedentes del caso penal
Información oficial consultada por los reporteros indica que en 2010 Juan Manuel Hernández Palafox también fue investigado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), ahora Fiscalía General de la República (FGR), como parte de una indagatoria relacionada con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
El funcionario policial tiene el título de Técnico Superior en Seguridad Pública, obtenido en 2009 con la certificación del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval). Su nombramiento como director general adjunto de Supervisión y Operación de Puertos y Aeropuertos no aparece en el directorio de la SSyPC.
En respuesta a una solicitud de información hecha por los reporteros sobre el caso del jefe policial aeroportuario, el capitán Hugo Bayardo, jefe de ayudantes del secretario Durazo, envió a este semanario la información relativa al puesto que ocupa Hernández Palafox, así como el antecedente de su exoneración, dictada por orden de un juez federal en Nayarit.
Una fuente del gabinete de seguridad dice que, por el mero hecho de haber sido procesado, Hernández Palafox no debió llegar a ese cargo aun cuando haya sido exculpado. “No debe estar ahí. Además, ya sabemos lo que son esas exoneraciones”, argumenta.
En el Informe Policial Homologado de la Secretaría de Gobernación número T.I.0343/09, con fecha del 2 de julio de 2009, se da cuenta de la localización y captura del ahora jefe de supervisión y operación de los aeropuertos federales, y se refiere “a la notificación al oficial Juan Manuel Hernández Palafox, dándosele cumplimiento a la orden de presentación y localización” y su traslado a las instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), “llegando el referido en el vuelo 817 de Mexicana de Aviación, procedente de la Ciudad de Cancún, Quintana Roo”.
El documento añade que el entonces oficial fue detenido por su presunta “relación con el crimen organizado, en especial por delitos de delincuencia organizada (tráfico de drogas)”.
Sobre las imputaciones, precisa: “el pasado 30 de junio (de 2009) se publicó en la internet un video por un usuario con el seudónimo matazetas1, en el que aparecen cuatro sujetos portando armas largas y amenazando e interrogando a dos sujetos más que se encontraban al frente. Uno de ellos refirió llamarse Julio Sánchez Centeno y ser agente de migración adscrito al aeropuerto de Cozumel, Quintana Roo. En dicho video mencionan la forma en que opera el tráfico de personas en dicha entidad. Asimismo, el agente de migración refiere que por parte de la Policía Federal se encuentran involucrados dos elementos de apellidos Palafox y Carranza”.
Dos meses después, la PGR emitió un comunicado de prensa para informar que Hernández Palafox había sido ingresado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 3 Noreste, en Matamoros, Tamaulipas.
El Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales había concedido a la entonces SIEDO –ahora SEIDO– la orden de aprehensión contra Hernández Palafox como “probable responsable de la comisión de los delitos de delincuencia organizada y contra la salud en la modalidad de fomento”.
Los funcionarios que entregaron los documentos a los reporteros insisten en que Hernández Palafox tiene el respaldo de su mando inmediato, el comisionado general González Ramírez, quien “le da absoluta protección y mano libre para que maneje la seguridad del aeropuerto Benito Juárez, y de los de Cancún, Guadalajara y Tijuana”.
Describen asimismo el supuesto modus operandi del trasiego de drogas en esas terminales: “Los filtros u operadores que dependen directamente de Hernández Palafox son agentes que se cubren el nombre de su uniforme con chamarras, y son los encargados de la plataforma de seguridad y vialidad interna del aeropuerto”.
Sostienen que los subordinados del jefe policial tienen controlados a los agentes de Aduanas, Caninos, maleteros y a todo el personal que trabaja en las plataformas de seguridad y vialidad de los aeropuertos.
Estiman que de enero a la fecha han llegado al AICM, procedentes de Sudamérica, dos toneladas de cocaína y varios kilos de heroína. El pasado 27 de febrero el periódico La Jornada publicó declaraciones del titular de la Administración General de Aduanas, Ricardo Peralta Saucedo, sobre el tráfico de droga en las terminales aéreas mexicanas.
“Todos los aeropuertos son coladeras. Entran y salen drogas, dinero ilícito y armas. Ingresan por todos lados y salen por las fronteras del norte (de México), por donde puedan pasarla a Estados Unidos”, citó el diario.
Los denunciantes agregan que en el caso del aeropuerto capitalino los efectivos policiales presuntamente involucrados recogen la droga en maletas que portan de 20 a 50 kilogramos del alcaloide cada una y eluden las inspecciones para llevarlas directamente a camiones o vehículos que las sacan de la instalación aeroportuaria.
Los informantes aseguran que a los agentes encargados de extraer la droga se les pagan cinco mil pesos por cada kilo que llega de Sudamérica. También sostienen que, para aparentar que cumplen con sus obligaciones de combate al tráfico de narcóticos, los mandos de la PF “siembran” droga a empleados encargados del transporte de maletas de los aviones a los carruseles de entrega de equipaje.
Comentan que los detenidos son liberados después por los mismos funcionarios que los implicaron; lo mismo pasa, dicen, en los aeropuertos de Guadalajara, Tijuana y Cancún.
Denuncias ignoradas
Los funcionarios del gabinete de seguridad lopezobradorista que buscaron al semanario afirman que han denunciado a sus superiores esta presunta red de protección al tráfico de cocaína sudamericana en los aeropuertos mexicanos, sin que hasta al momento hayan tomado alguna acción para “por lo menos” averiguar y revisar los elementos de prueba que se tienen en las mismas instalaciones aeroportuarias.
Según las fuentes, las autoridades federales desplegadas en los aeropuertos tienen videos y fotografías del personal de seguridad descargando la droga de los aviones y transportándola a los automóviles que la sacan de las terminales. Los documentos entregados incluso mencionan algunas aerolíneas comerciales que supuestamente son utilizadas para el trasiego.
De acuerdo con la propia PF, la División Regional es la encargada de mantener la seguridad en carreteras federales, aeropuertos y cruces fronterizos. Para estas funciones, Hernández Palafox ha colocado a sus incondicionales, refieren los informantes. “Las designaciones tienen el aval del comisario general González Ramírez”.
Requerida por Proceso ante los señalamientos en contra de Hernández Palafox y la presunta red de protección al tráfico de drogas en los aeropuertos, la SSyPC entregó a los reporteros los reportes oficiales sobre el retiro de cargos, liberación y absolución del jefe policial.
Fechado el 28 de mayo de 2010 en Guanajuato, Guanajuato, el primer documento establece que derivado del proceso penal 301/2009-XII, radicado en el Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales en el estado de Nayarit, con residencia en El Rincón, municipio de Tepic, se determinó “dictar auto de libertad por falta de elementos para procesar” a favor de Juan Manuel Palafox Hernández y/o Juan Manuel Hernández Palafox, por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada.
En otro documento se da cuenta de la cancelación del registro de la ficha signalética de Hernández Palafox cuya elaboración había sido ordenada por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal. El oficio está fechado el 12 de agosto de 2011 y lo firma Eduardo Enrique Gómez García, entonces comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS).
La exoneración también quedó registrada en la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR el 15 de diciembre de 2011. En una comunicación oficial entregada a Proceso, se informa de “la cancelación de la ficha decadactilar relativa a la citada persona, únicamente y exclusivamente por lo que se refiere a la averiguación previa AP/PGR/SIEDO/UEIDCS/217/2009, misma que dio origen a la causa penal señalada”. El oficio está firmado por Gregorio Moctezuma Huerta, en ese entonces encargado del despacho de la Dirección General de Procesos Penales Federales.
El martes 19, en su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador anunció que su gobierno echará a andar un plan contra la corrupción en los aeropuertos. Se refirió en particular a las extorsiones impuestas por algunas autoridades a ciudadanos en el AICM.
Aunque no se refirió a la Policía Federal, prometió una limpia en las terminales aéreas de todo el país en contra de la extorsión. En específico, mencionó a las aduanas y al Instituto Nacional de Migración. Informó que incluso ya hay denuncias penales.
“Hablando en términos de semáforos, los tenemos en alerta. O sea, son dos instituciones que vamos a limpiar de corrupción. Se va a acabar la extorsión en las dos”, sostuvo una vez más.
***Este reportaje se publicó el 24 de marzo de 2019 en la edición 2212 de la revista Proceso.
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