En la política a la mexicana hay una regla no escrita que rara vez falla: detrás de cada gobernador que presume honestidad franciscana, suele haber un operador que recoge y paga en efectivo… y no precisamente las tortillas. En Sinaloa, como ocurrió bajo el gobierno De Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca en Tamaulipas (2016-2022) , esa figura tiene nombre y apellido: Enrique Díaz Vega, el “hombre del cash” que aparece orbitando peligrosamente cerca de Rubén Rocha Moya.
El 5 de diciembre de 2020, Rocha se registró como aspirante a la gubernatura por Morena. Llegó confiado, no tanto por su carisma —que nunca fue su fuerte— sino porque llevaba dos blindajes: la bendición presidencial y una caja registradora humana llamada Díaz Vega. Un empresario sinaloense con una curiosa afición: pagar todo al contado, incluso cuando los montos huelen más a lavado que a liquidez empresarial.
El problema es que Díaz no solo es un generoso patrocinador de campañas. Según la fiscalía de Estados Unidos, forma parte de un grupo de diez personajes señalados por tráfico de drogas y posesión de armas al servicio de Los Chapitos.
Y aquí es donde la historia deja de ser anécdota política para convertirse en radiografía de una presunta red macrocriminal: no hablamos de narquitos aislados, sino de un entramado donde aparecen un gobernador —Rocha Moya— y al menos nueve funcionarios que habrían intercambiado favores institucionales por sobornos millonarios.
En ese esquema, Díaz Vega no era un simple espectador. La acusación lo coloca como enlace directo entre el poder político y los hijos de El Chapo: Iván, Alfredo y Ovidio Guzmán. Es decir, el tipo que organizaba reuniones, movía dinero y, de paso, acomodaba fichas en el tablero gubernamental cuando despachaba como secretario de Administración y Finanzas. Un puesto menor… si uno ignora que ahí pasa absolutamente todo el dinero público.
La cronología que plantea Washington es reveladora. A partir de 2021 —justo el año electoral— no solo se consolidó el poder político de Rocha, también se disparó el patrimonio de su operador financiero. Y no hablamos de crecimiento moderado, sino de una expansión inmobiliaria digna de magnate petrolero.
Cuando Díaz Vega asumió el cargo, reportó 24 propiedades valuadas en 70.4 millones de pesos. Pero lo interesante es cómo llegó ahí: en 2020 adquirió 12 inmuebles por 47.2 millones… todos pagados de contado. Y aquí viene el truco: 10 de esas propiedades se las compró a sí mismo, a través de sus propias empresas. Una práctica que, en cualquier manual básico de auditoría, prende focos rojos del tamaño de Culiacán.
Ya dentro del gobierno, lejos de moderarse, el ritmo continuó. Entre 2021 y 2024 sumó otras 18 propiedades —casas, departamentos, locales— incluyendo residencias en La Primavera, el fraccionamiento más exclusivo del estado. Valor total: 61.5 millones de pesos. ¿Créditos? Apenas uno, por 2.9 millones. Todo lo demás, otra vez, en efectivo.
El resultado es una colección de 42 propiedades con valor acumulado de 131 millones de pesos, de los cuales al menos 125.3 millones fueron liquidados al contado. En un país donde el SAT te pregunta hasta por un depósito de 10 mil pesos, aquí alguien movía millones como si fueran fichas de casino.
Pero Díaz Vega no es un improvisado. Viene de familia empresarial y ha tejido una red corporativa que incluye al menos diez empresas: desde desarrollos inmobiliarios hasta compraventa de autos. Su socio clave: Alejandro Gaxiola Coppel, miembro de una de las familias empresariales más poderosas del noroeste. Juntos han construido un ecosistema donde negocios, política y relaciones personales parecen demasiado entrelazados como para ser coincidencia.
La cercanía no es menor. Los Gaxiola Coppel no solo comparten empresas con Díaz Vega; también tienen vínculos con el propio Rocha Moya. Uno de ellos, Javier Gaxiola, fue secretario de Economía del estado… hasta que renunció, casualmente, poco después de que Díaz también abandonara el gobierno.
Porque sí, el “hombre del cash” decidió salir de la política en 2024, no por voluntad propia sino porque Morena le cerró la puerta a una candidatura federal, pese a ser impulsado por el gobernador. Oficialmente, “no encajaba en el perfil”. Extraoficialmente, el perfil ya empezaba a oler demasiado.
Tras el rechazo, Díaz regresó a sus empresas, como quien vuelve a casa después de una aventura fallida. Mientras tanto, las llamadas de la prensa quedaron sin respuesta. Ni él ni sus socios quisieron explicar cómo se construye una fortuna de más de 125 millones en efectivo mientras se ocupa un cargo público en un estado asediado por el narco.
La pregunta incómoda sigue flotando: ¿es Díaz Vega el típico empresario exitoso con talento extraordinario para el cash… o es la pieza financiera de una estructura donde el poder político y el crimen organizado dejaron de simular distancia?
Porque en México, como ya se vio en Tamaulipas y ahora asoma en Sinaloa, el problema nunca es solo el gobernador. Es quién le maneja la cartera.
Con informacion: MARCOS VIZCARRA/DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS
