«CRIMEN SI PAGA»: A «ALCALDE de MORENA PLAGIADO y RESCATADO ACUSADO en NARCOMANTAS le DIERÓN BLINDADA y MAS ESCOLTAS en VEZ de INDAGARLO junto con EDIL ESCORPION de MATAMOROS»…rescatar la imagen, ha sido el verdadero quehacer oficial.

En el México de la simulación institucionalizada, no todos los secuestros pesan igual ni todos los rescates ameritan la misma intensidad. Hay categorías. Y en la cúspide de la pirámide está, por supuesto, el funcionario del poder en turno. El alcalde morenista de Taxco acusado en narcomantas, Juan Andrés Vega Carranza, lo comprobó en carne propia: operativo masivo, despliegue de más de 500 elementos, helicópteros surcando el cielo y, como cereza del pastel, rescate exitoso junto a su padre, Juan Vega Arredondo. Todo muy eficiente… cuando se quiere.

El problema no es el rescate. El problema es el contraste obsceno.

Porque mientras al edil lo devuelven con escoltas, camioneta blindada y protección estatal —un paquete de seguridad que ya quisieran cientos o miles de ciudadanos abandonados a su suerte—, el resto de Taxco vuelve a la normalidad de la desprotección: fuerzas federales y estatales se repliegan discretamente, como si la misión hubiera sido cumplida, pero no lo fue.

Familias de desaparecidos, esos daños colaterales permanentes del narcoestado funcional, no tardaron en hacer la pregunta incómoda: ¿y nuestros desaparecidos cuándo? ¿Dónde estuvo ese despliegue quirúrgico cuando se los llevaron? ¿Dónde están los helicópteros, los 500 elementos, la urgencia institucional?

La respuesta, aunque nadie la diga en voz alta, se escribe sola: el Estado mexicano no reacciona ante el crimen, reacciona ante el costo político.

El subsecretario Francisco Rodríguez Cisneros de la entidad gobernada por Morena, confirmó lo evidente sin querer: el alcalde ya tenía medidas de seguridad desde días antes, pero ni una palabra sobre cómo ocurrió realmente el rescate. Un operativo de ese tamaño sin narrativa clara no es opacidad: es control de daños.

Y mientras Vega Carranza permanece en bajo perfil, apareciendo ocasionalmente en oficinas como si nada hubiera pasado, el mensaje es brutalmente claro: la prioridad no es desmantelar a la Familia Michoacana ni garantizar seguridad sostenida en la región. La prioridad es apagar el incendio mediático.

Taxco hoy no está más seguro. Solo está menos incómodo para el gobierno.

Porque aquí no hubo una estrategia contra el crimen organizado. Hubo, otra vez, un ejercicio de administración de crisis con enfoque electoral: rescatar al actor político, retirar la escenografía militar y dejar intacto el escenario donde la violencia sigue operando con normalidad.

En otras palabras: no fue un operativo de justicia. Fue un rescate de imagen.

Con informacion: ELNORTE/

SE «MOVIA como PEZ en el PANTANO»: LA «INTELIGENCIA NACIONAL en MANOS de MILITAR SERVIA con PENILLA al ZETA-ABOGADO que SERVIA a AMERICO»…y cuando eso pasa terminan por no servir.

Estados Unidos no habría soltado un simple nombre para decorar una lista negra: habría abierto una puerta a una red donde se mezclan abogados, operadores políticos, gobiernos estatales, inteligencia y presuntos negocios con olor a huachicol. Según María Idalia Gómez con Aristegui Noticias, las sanciones de la OFAC contra personas vinculadas al Cártel del Noreste no sólo castigan finanzas, también mandan un mensaje directo al gobierno mexicano y exhiben que el expediente de Juan Pablo Penilla Rodríguez sigue creciendo en suelo estadounidense.

La periodista sostiene que Penilla no aparece como un abogado cualquiera que “asesora” y ya. Según lo que revisó en documentos estadounidenses, representa a la viuda de Sergio Carmona, personaje señalado por sus vínculos con Tamaulipas y por una influencia política que habría llegado hasta decisiones administrativas y campañas electorales. Dicho sin maquillaje: no es un caso de litigio, es una maraña donde el dinero, el poder y la protección politica se abrazan demasiado fuerte.

Audomaro en la mira

El golpe más ruidoso de la entrevista fue la referencia al general en retiro Audomaro Martínez, exdirector del CNI en el sexenio de López Obrador. Gómez afirmó que documentos estadounidenses vinculan tanto a Audomaro como a sus hijos con Penilla, y que esa relación estaría asociada con negocios y operaciones ligadas al huachicoleo en Tamaulipas.

Lo que remata la bomba es la acusación más delicada: que Penilla habría recibido protección e información de inteligencia para favorecer su posición como abogado y operador. 

En palabras de la propia periodista, a Audomaro y a sus hijos los vinculan como personas que “le ofreció y otorgó protección e información de inteligencia”. Si eso se sostiene en documentos, el asunto ya no es chisme de pasillo: es una acusación de altísimo calibre contra la arquitectura de seguridad del sexenio pasado que tuvo un general con todas las estrellas embarradas de chapopote.

El caso Penilla no está solo

Gómez advirtió que esto no debe leerse como un escándalo aislado, sino como una ventana a una red más amplia que toca gobiernos estatales, actores políticos y estructuras de poder en varias entidades. Mencionó que las primeras acusaciones directas alcanzan a un gobierno estatal, en este caso Tamaulipas, pero también a nexos con Nuevo León, Zacatecas, Coahuila, Veracruz y hasta círculos de la Ciudad de México.

Es decir: el expediente no trae un solo nombre para quemar en la hoguera mediática, sino una constelación de relaciones que cruza regiones, cargos y favores. Y cuando un caso empieza a tocar tantas plazas, normalmente no estamos viendo una anécdota, sino una operación con demasiadas manos en la masa.

La pista de Casa Madero

Otro punto que llamó la atención fue el episodio de Casa Madero. Según Gómez, la empresa habría enfrentado problemas por falta de agua y luego presuntas extorsiones criminales, y en ese contexto Penilla se habría ofrecido para intervenir y resolver la situación.

Ese detalle importa porque muestra el tipo de espacios donde un abogado así puede entrar a ganar relevancia: donde hay conflicto, presión, necesidad de mediación y una frontera muy borrosa entre gestión legal, influencias y protección. En ese terreno, los “favores” suelen convertirse en moneda de cambio, y las redes de poder se hacen invisibles justo porque parecen solución.

Lo que realmente exhibe

La lectura de Gómez es que Estados Unidos apenas está soltando las primeras piezas de un rompecabezas más grande, y que el verdadero alcance del caso todavía no se ha mostrado completo. Lo que ya está a la vista, sin embargo, es suficiente para incomodar a más de uno: un abogado presuntamente conectado con estructuras criminales, con figuras del antiguo aparato de inteligencia y con operadores políticos en varios estados.

En resumen, el caso Penilla no se parece a una historia de abogado exitoso, sino a una radiografía del método mexicano de siempre: poder público, intermediarios “respetables”, dinero sucio y un Estado que, cuando menos, parece haber visto demasiado y preguntado demasiado poco.

Con informacion: ARISTEGUI NOTICIAS/

«FUE PLAGIADO y NO lo HALLAN»: «APARECE TROCA CALCINADA de FUNCIONARIO de BIENESTAR EX-CANDIDATO de MORENA BUSCADO por la DEA»…asi pasa cuando el engrudo se hace bolas.

En Michoacán, igual que en Tamaulipas, donde la línea entre funcionario, operador político y ficha del crimen organizado suele trazarse con plumón borrado, ahora desapareció Rogelio Portillo Jaramillo, jefe de la oficina de Bienestar en Huetamo, y todo apunta a que no se fue por gusto,pues segun se ha revelado ,esta semana había sido encontrada su camioneta calcinada, y funcionarios del gobierno afirman públicamente que se trata de una persona desaparecida.

La noticia pasó casi de puntitas durante varios días: su desaparición ocurrió el 28 de marzo, después apareció su camioneta calcinada y, mientras las autoridades se limitan a clasificarlo como “persona desaparecida”, gente cercana al personaje sostiene que fue levantado por hombres armados.

El antecedente que incomoda

Lo que hace más incómodo el caso es que Portillo no es precisamente un desconocido de bajo perfil. En 2021 intentó ser alcalde de Huetamo por Morena, pero la campaña ya venía torcida desde antes: apenas dos meses antes de la elección, la DEA lo había incluido como fugitivo buscado en Houston, Texas, por presuntos cargos federales de conspiración para traficar drogas. Perdió esa elección, sí, pero no se quedó fuera del presupuesto público: terminó acomodado como titular de la oficina local de Bienestar.

La sombra del CJNG

Según fuentes de seguridad citadas por el medio, Portillo sería un enlace entre el gobierno de Michoacán y el Cártel Jalisco Nueva Generación, organización que el gobierno de Estados Unidos ya clasifica como terrorista. Las mismas fuentes lo ubican además como primo de Francisco Jaramillo, también conocido como “El Serio” o “El Chico”, señalado como jefe regional del CJNG.

El contexto violento

El caso no ocurre en el vacío: el CJNG mantiene una guerra territorial con células de la Familia Michoacana, una pelea que ha dejado una estela de violencia en Michoacán, Guerrero y otros estados del occidente del país. En ese tablero, la desaparición de Portillo no parece un episodio aislado, sino otro capítulo de la mezcla venenosa entre poder local, crimen organizado y omisiones oficiales.

La historia de Portillo Jaramillo ,como la del alcalde de Morena en Matamoros, Alberto «Beto» Granados Favila ,resume una de las costumbres más obscenas del sistema político mexicano: un personaje con señalamientos graves, presunto vínculo criminal y antecedentes en la mira de la DEA puede terminar administrando programas sociales. 

Y cuando desaparece, el Estado no aclara, no anticipa y no protege; apenas pone la etiqueta cómoda de “desaparecido”, como si el resto del expediente no existiera.

Con informacion: BREITBART/

«DI NO a MORENA ? o…MEJOR NO ?»: «CRITICÓ en REDES PODER del ALCALDE y YA lo ENCONTRARÓN MANIATADO con BOLSA en la CABEZA»…fue levantado, luego torturado y ejecutado.

En el México donde opinar incómoda más que delinquir, José Alberto Maldonado Pérez duró exactamente un día desaparecido antes de aparecer como estadística: torturado, maniatado y con una bolsa en la cabeza, tirado en una carretera como mensaje… o advertencia.

El guion ya es conocido. Primero irrumpen hombres armados —porque aquí la violencia siempre llega con logística—, golpean, se llevan al objetivo frente a su familia, y luego el Estado activa su protocolo favorito: mirar para otro lado. La esposa pidió ayuda en tiempo real, grabó, denunció, suplicó. Nadie llegó. Nadie vio. Nadie hizo.

Veinticuatro horas después, el cuerpo apareció a 15 kilómetros. Suficientemente lejos para simular traslado, suficientemente cerca para dejar claro que esto no fue casualidad.

Las autoridades, en su papel habitual de notarios del desastre, se apresuraron a aclarar lo importante: que no hay indicios de que la víctima estuviera en actividades ilícitas. Traducción: no era criminal, pero tampoco vamos a decir quién sí.

Porque el detalle incómodo es otro. Maldonado Pérez no era un desconocido en redes. Era crítico —directo, vulgar, sin filtros— del alcalde emecista Martín Castillo. De esos que no escriben columnas diplomáticas sino mentadas frontales. De esos que no negocian el tono para caer bien.

“Gobierno de la chingada”, “forma tan pendeja de gobernar”… palabras que en un país democrático deberían caber en cualquier plaza pública, pero que en ciertos municipios parecen equivaler a una sentencia.

Y aquí es donde la historia deja de ser un crimen común y empieza a oler a otra cosa: a castigo ejemplar. A disciplina territorial. A recordatorio de que el poder local, cuando se mezcla con impunidad, no necesita censura institucional… le basta el miedo.

Amigos y familiares no dudan: lo silenciaron. Y la forma importa. Porque no fue un balazo rápido ni un asalto cualquiera. Fue tortura, fue exposición, fue mensaje. La violencia en México rara vez es solo violencia; casi siempre es comunicación.

Mientras tanto, el aparato institucional sigue en modo automático: carpeta de investigación, declaraciones tibias y el clásico “no hay información suficiente”. El mismo libreto que ha convertido al país en una fosa con burocracia.

La pregunta no es solo quién lo mató. Es quién se beneficia del silencio que deja. Y, sobre todo, quién garantiza que el siguiente crítico no corra la misma suerte.

Porque en Aramberri —como en Matamoros y otros tantos puntos del mapa— la libertad de expresión no se debate: se sobrevive,cuestion de volverse a preguntar donde esta el Medico Edgar Patiño que se atrevio a desafiar al alcalde de Morena y el Cartel del Golfo al mismo tiempo.

Con informacion: ELNORTE/

«TASK FORCE GRANADOS & FRIENDS ?»: «TRUMP debería CONSIDERAR FUERZA de TAREA para CAPTURAR al ECOSISTEMA CRIMINAL-TERRORISTA de AMISTADES SUBORDINADAS al EDIL MORENO de MATAMOROS»…ligado a traficantes de cocaina-CDG.

En Matamoros,la cuna del Cartel del Golfo,que sin distingo de colores y credos a gobernado a los que lo gobiernan,el déjà vu ya cotiza como política pública: cambian los titulares, pero el guion sigue oliendo a lo mismo, cuates y empleados del alcalde de Morena, Alberto «Beto» Granados,fueron atrapados en la misma trama de polvo blanco en una frontera que ya no separa, sino conecta expedientes y aunque si son los que estan,aun no estan todos los que son.

El más reciente episodio, citado por El Norte y documentos trascendidos, vuelve a poner en escena a personajes del mismo elenco que, con una disciplina casi olímpica, logran aparecer una y otra vez en asuntos relacionados con el tráfico de cocaína en Estados Unidos. 

Porque si algo hay que reconocerles es la constancia: otros cambian de amistades como de camisa; aquí, en cambio, la lealtad al alcalde y el Cartel del Golfo que domina la plaza parece estar blindada bajo ausencia de fiscales federales que de este lado del Río,no ven nada.

El alcalde Beto Granados, bautizado como “el edil sin visa” americana empieza a parecer menos un funcionario público y más el protagonista involuntario de una especie de reality show transfronterizo: “Keeping Up with the Narco-Neighbors” ,para “seguirle la pista a los vecinos narcos”, pero este no es ninguna parodia del «Keeping Up with the Kardashians«, es la realidad lastimosa que sobrevive a la politica criminalmente organizada donde Alfredo Cardenas,alias El Contador,es el jefe y el resto vasallos.

Cada nuevo arresto en Texas funciona como franquicia mas que coincidencia,es causalidad, mas que casualidad que nadie del aparato de inteligencia militar o federal parece querer indagar. 

Porque cuando los mismos amigos de los mismos círculos que convierte en subordinados para incorporarlos al presupuesto, tienen los mismos hábitos recreativos y aparecen una y otra vez en expedientes distintos, uno empieza a sospechar que no estamos ante hechos aislados, sino ante una especie de “modelo de negocio relacional”. Como si el networking político-criminal incluyera, de cortesía, membresía en un club bastante exclusivo… y bastante vigilado por la DEA.

Y aquí es donde entra la ironía geopolítica: mientras en México algunos todavía debaten si todo esto es persecución, exageración o “golpeteo” a Morena que ya se debate si debe o no debe ser considerada una colaboradora del terrorismo,algo ganado a pulso, del otro lado del Río Bravo los fiscales no suelen invertir tiempo en chismes. Allá, cuando alguien cae, no es por trending topic como se siente La Chispa del Cartel del Golfo,otro lugarteniente del Cartel del Golfo,tambien solapado,abrazado y apapachado por Americo Villarreal Anaya,fichado por Narcopolitico.

Quien por cierto,su padre ex-gobernador,Americo Villarreal Guerra (1987-1993) ,tambien fue acusado en tiempos que no había «Twitter», como quien le echo la mano al mismo Cartel del Golfo,de acuerdo con señalamientos y evidencia.

Pero en torno a «Granados» la pregunta aqui ya no es si habrá otro caso, sino cuándo. Porque al ritmo que van las captura, no sería descabellado imaginar a las autoridades estadounidenses del Presidente Donald Trump, considerando una especie de “Task Force Granados & Friends”, especializada en seguirle la pista a este peculiar ecosistema de amistades recurrentemente problemáticas. No por obsesión, sino por eficiencia: cuando los patrones se repiten, hasta la burocracia aprende a hacer atajos.

Mientras tanto, en la narrativa local, todo sigue siendo casualidad, montaje o mala suerte. Una racha, dirían algunos. Como si la cocaína fuera lluvia y ciertos círculos políticos tuvieran la extraña habilidad de siempre quedar justo debajo de la nube.

Lo que es un hecho,es que tarde que temprano, mas temprano que tarde, Alberto Granados Favila,alcalde de Morena en Matamoros, será abandonado por los dos sistemas que confluyen en uno mismo, el politico y el criminal, por lo que va requerir un abogado, pero uno ducho en la litis, no un mero intermediario exitoso por sus ligas con las elites Morenas ya en decadencia, aunque por cierto, también ligado al Cartel del Golfo de Matamoros.

Aunque , sí esto da para indignarse. También —y quizá por eso mismo— para reír con ese humor negro que en México funciona como mecanismo de defensa: cuando la realidad criminal parece escrita por un guionista cínico, lo único que queda es narrarla con un escenario hipotetico… aunque el fondo de los lamentables hechos siga siendo profundamente serio.

Con informacion: ELNORTE/MEDIOS/REDES/