El lunes, aparecieron los cuerpos desmembrados de al menos tres personas sobre la Carretera Poza Rica-Cazones, en Veracruz. Dos días antes, un violento motín en un centro penitenciario de Tuxpan dejó ocho muertos y 10 heridos. La semana anterior, en la misma ciudad, un sicario fingió ser un familiar para entrar a un hospital a rematar a un taxista que había sobrevivido a un ataque el día antes. Y una semana más atrás, el país conoció la historia que puso rostro al horror que golpea la región norte del Estado, la de la maestra jubilada y taxista, Irma Hernández Cruz, que fue asesinada en Álamo Temapache por no pagar cuotas de extorsión, luego de haber sido expuesta en un video rodeada de 10 hombres armados.
Todos estos ataques se los ha atribuido la Mafia Veracruzana, cuya disputa con el Cartel Jalisco Nueva Generación y otros grupos criminales, ha desatado una ola de violencia que refleja la falta de políticas efectivas en materia de seguridad.
Veracruz es un punto estratégico tanto para lo bueno como para lo malo. Conecta con siete estados y tiene uno de los principales puertos del país, rutas que son clave para el tráfico de drogas y personas. Pero la violencia en la entidad no es nueva.
Roberto Álvarez Manso, sociólogo y maestro en política criminal de la Facultad de Estudios Superiores, evoca a los años más oscuros del Estado. Entre 2010 y 2016, bajo el gobierno de Javier Duarte, se documentaron desapariciones, fosas y confabulación entre autoridades y crimen organizado. “Hoy, la crisis proviene de un mapa criminal más fragmentado”, explica. Al menos cuatro grandes cárteles —el del Golfo, Jalisco Nueva Generación (CJNG), Sinaloa y del Noreste (antes Zetas)— operan en la entidad, complejizado la dinámica. “La escisión multiplica la violencia, son células más pequeñas e impredecibles”, explica Álvarez.
El Grupo Sombra o Mafia Veracruzana, formado hacia 2012 por exmiembros del Cártel del Golfo y Los Zetas, heredó de esos longevos cárteles los métodos de intimidación extrema. El grupo recurre a lo que Álvarez describe como “exposición simbólica” de la violencia: narcomantas, incendios y amenazas grabadas para instalar el terror. “Pero también intentan normalizar su presencia a través de acciones que simulan ayuda a la población”, dice el experto, y añade: “reparten regalos y participan en fiestas patronales”.
La extorsión es una de sus actividades centrales. Según el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, estas cuotas afectan desde el trabajo campesino y ganadero hasta las pequeñas y medianas empresas. La comunidad de taxistas es un gremio clave que funge como ojos y oídos. “Con la Mafia Veracruzana no se juega. Paguen su cuota como debe ser o van a terminar como yo”, fueron las últimas palabras de la taxista Irma Hernández, dirigidas a sus compañeros de oficio. Las cuotas no son solo una amenaza, sino una sentencia de muerte.
El caso de la taxista, que fue encontrada muerta el pasado 24 de julio, se difundió por todo el país y despertó indignación, que solo creció con la gestión de la crisis por parte del gobierno de Veracruz. La gobernadora morenista Rocío Nahle aseguró que la causa de muerte de Hernández había sido un infarto derivado del estrés de su secuestro. Al recibir críticas, llamó “miserables” a quienes, según ella, convirtieron la historia de la taxista en un “escándalo”. Para Álvarez, la respuesta de la gobernadora agravó la percepción de impunidad, “en un contexto en el que la ciudadanía espera que las autoridades muestren empatía y firmeza”.
En los días siguientes del asesinato de Hernández detuvieron a cuatro personas por el crimen, pero no frenó la violencia. En Tuxpan, otro taxista fue atacado a balazos; aunque sobrevivió, al día siguiente un sicario ingresó al hospital disfrazado de familiar para rematarlo. Su padre murió al tratar de defenderlo. Poco antes, otro chofer había sido asesinado en la carretera Tuxpan–Cazones. Estos crímenes confirmaron que los taxistas convirtieron en blanco recurrente de la Mafia Veracruzana y otros grupos. Algunos chóferes tienen que pagar cobro de piso incluso a más de un grupo delictivo.
La violencia alcanzó uno de sus picos con un motín en el Centro de Readaptación Social de Tuxpan el pasado sábado, cuando se demostró que la presencia de la Mafia Veracruzana está incluso tras las rejas. Internos que denunciaban extorsiones y agresiones dentro del penal tomaron el control de áreas del reclusorio, incendiaron instalaciones y exigieron la presencia de defensores de derechos humanos y medios de comunicación. El enfrentamiento dejó ocho muertos y diez heridos.
El domingo, en una terrorífica escena, aparecieron al menos tres cuerpos desmembrados abandonados sobre una carretera cerca de Papantla, acompañados de una narcomanta firmada por el Grupo Sombra.
El mensaje contenía la lista de 30 vehículos, con modelos, placas y año, que presuntamente son usados por integrantes del CJNG, como parte de un golpe en su lucha por el territorio. Pero la guerra está también contra grupos más pequeños como Los Piñas, que compiten por los cobros de piso. Estos y otros grupos se concentran en la frontera entre Veracruz y Tamaulipas, ruta para el tráfico de drogas y migrantes, que es una de las zonas más calientes de México.
Los asesinatos, secuestros y ataques de estas semanas confirman que los grupos operan con un alto grado de impunidad, sobre todo en zonas rurales y semiurbanas. En lugares como Álamo Temapache, Tuxpan o Poza Rica, la extorsión se ha convertido en una economía paralela. Casi siete millones de personas son víctimas de extorsión cada año y solo el 0.2% se atreve a denunciar, por miedo a represalias. El 6 de julio, la presidenta Sheinbaum y el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, anunciaron la Estrategia Nacional contra la Extorsión, que busca reducir el delito con énfasis en ocho entidades que concentran el 66% de las denuncias, entre ellas Veracruz.
Los hechos recientes son un recordatorio de que, en Veracruz, los grupos no han reducido su capacidad de matar, extorsionar y aterrorizar. Para Álvarez, el problema radica en que se han adoptado medidas de emergencia como enviar elementos de la Guardia Nacional para apagar incendios, pero no existe una política de seguridad a largo plazo. “La estrategia debería abarcar desde la prevención hasta la depuración policial“, sentencia.
Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/VERONICA M. GARRIDO
