Antonio había cultivado limones y criado ganado en su finca en el oeste de México durante años, logrando ganarse la vida a duras penas siguiendo una regla que él y muchos otros en Michoacán --uno de los estados más violentos de México-- siempre han respetado: no meterse con las rutas del narcotráfico y ningún daño vendría en su camino.
Sin embargo, algunos grupos criminales están haciendo todo lo posible para entrar en los principales sectores de la economía, incluidos los aguacates y los limones, y amenazan con interrumpir la lucrativa asociación comercial bilateral entre México y Estados Unidos, una de las más grandes del mundo.
México exporta aguacates por un valor de 3 mil 200 millones de dólares y limones por un valor de 500 millones de dólares al año, y algunos cárteles se están abriendo camino en estos negocios rentables, no sólo extorsionándolos como lo han hecho durante años, sino también dirigiendo las operaciones ellos mismos.
Algunos incluso están plantando huertos y abriendo plantas empacadoras de aguacate para diversificar sus ingresos y financiar sus esfuerzos para capturar más territorio.
"Hay una evolución hacia una clásica relación política-criminal al estilo italiano", dijo sobre los cárteles Romain Le Cour, director del programa de México Evalúa.
"Cuando piensas en la mafia, es una zona gris donde vinculas lo legal con lo ilegal, el crimen con los negocios y el crimen con la política".
Esta evolución incluso ha envalentonado a los cárteles para amenazar la presencia del Gobierno de EU en todo el País, agregó Le Cour, ya que los grupos criminales "entienden que tienen más poder que cualquier otra persona, el Gobierno o las empresas a las que extorsionan".
Cada vez más, los agricultores y las comunidades vinculadas al comercio agrícola se han visto atrapados en medio de una guerra territorial, mientras que decenas de miles más han sido desplazados, mientras el Gobierno lucha por acabar con las pandillas y sofocar la violencia.
"Es un conflicto que nunca termina", dijo Antonio con amargura, quien pidió que sólo se usara su segundo nombre para proteger su identidad.
Una reciente operación militar en El Aguaje, en el municipio de Aguililla, Michoacán, permitió que las familias que huyeron de la violencia del Cártel Jalisco Nueva Generación regresaran en febrero. Pasaron por la plaza de su pueblo en ruinas con sus edificios marcados por balas y grafitis con la leyenda CJNG.
Algunas personas, como Antonio, regresaron para trabajar en las fincas que se habían visto obligados a abandonar temporalmente. Muchos regresaron sólo para empacar sus pertenencias y volver a irse.
Casi nadie en El Aguaje creía que los logros del Gobierno durarían, ya que la ciudad había sido disputada por varios grupos criminales durante años. Las operaciones militares recientes se centraron en el Cártel de Jalisco, pero las huertas recién quemadas eran una clara señal de que otros cárteles estaban tratando de entrar para llenar el vacío.
En Michoacán, que hasta hace unos meses era el único estado mexicano con licencia para exportar aguacates a Estados Unidos, los cárteles han talado bosques protegidos para establecer sus propios huertos, obligando a la población a abandonar las tierras. Y han comenzado a extorsionar a los productores menores, que antes se consideraban demasiado pequeños como para que valiera la pena la extorsión.
Si bien no hay una estimación clara sobre el alcance de la afectación de estos grupos criminales en el comercio, las ganancias netas de sus operaciones internacionales podrían alcanzar hasta 20 mil millones de dólares anuales, casi 2 por ciento del Producto Interno Bruto de México, según un funcionario estadounidense que dijo no estar autorizado a dar su nombre.
En febrero, un grupo criminal incluso amenazó a un inspector de EU cuando este rechazó un lote de aguacates del cártel presentado falsamente como un producto de Michoacán, lo que provocó una breve prohibición de los aguacates mexicanos en EU, la primera en las décadas de comercio de aguacates entre los países.
La amenaza demostró aún más la creciente audacia de las organizaciones criminales de Michoacán, que durante más de 35 años han evitado en gran medida atacar a los empleados del Gobierno de EU.
Un mes antes, agentes de la Patrulla Fronteriza de EU recibieron disparos desde México, muy probablemente por miembros del cártel involucrados en el contrabando de migrantes. Y en marzo, el Consulado de EU en Nuevo Laredo fue atacado a tiros luego de que las autoridades extraditaran al líder de un cártel a EU.
El Cártel Jalisco Nueva Generación comenzó una campaña agresiva para invadir pequeñas ciudades y pueblos en el oeste de Michoacán en 2020, cortando caminos vitales y tramos de carreteras, haciendo intransitable gran parte del estado. El año pasado, tomó el control y cavó trincheras a lo largo de partes de una importante carretera que une el estado y se apoderó de Aguililla, una pequeña ciudad que alberga una base militar. Las tropas estacionadas allí tuvieron que ser reabastecidas en helicóptero mientras evitaban enfrentarse directamente a los cárteles.
El cártel ha desarrollado desde entonces nuevas tácticas de control, y recientemente introdujo artefactos explosivos improvisados, enterrados en caminos de tierra y campos para aislar los centros de población.
Incluso después de que las fuerzas gubernamentales llevan a cabo operativos para despejar la zona, el área carece de suficientes tropas estatales, municipales y federales para defender el territorio. Los agentes de Policía son despedidos regularmente por corrupción, se jubilan o dimiten debido a la creciente violencia y los escasos salarios.
En El Aguaje, los incendios de las huertas fueron provocados por Los Viagras, un grupo que forma parte de un colectivo criminal llamado Cárteles Unidos. Tomaron el control en septiembre de 2020 y comenzaron a saquear la ciudad.
"Estaban allanando y entrando, robando nuestras casas, robando todo lo que podían: animales de granja, cabras, caballos", dijo Antonio.
"Se llevaron todo, todo, calzones hasta de los mayores. ¿Para qué quieres un par de calzones usados?".
El año pasado, el CJNG expulsó a Los Viagras y tomó el poder. En gran medida, dejó en paz a la población, siempre que los residentes locales no interrumpieran el flujo de drogas.
Fuera de la ciudad, Los Viagras comenzaron a gravar todo, desde el ganado hasta los limones, a veces pidiendo hasta un tercio de los ingresos de los agricultores. Los militares finalmente intervinieron en febrero, pero parecían enfocados en desterrar sólo al Cártel de Jalisco.
Mientras ese grupo se retiraba, Los Viagras prendieron fuego a las huertas para que sus rivales no pudieran esconderse para realizar contraataques contra ellos.
Con poca fe en la capacidad del Gobierno para protegerlos, algunos pueblos han decidido tomar las armas. En Tancítaro, conocida como la capital mundial del aguacate, la ciudad estableció una unidad de autodefensa en 2014, cansada de que los cárteles extorsionaran sus cultivos, agredieran a sus mujeres y secuestraran a sus hijos a cambio de un rescate.
El Alcalde de Tancítaro, Gerardo Mora Mora, dijo que tenían que elegir entre defenderse o "ver nuestro futuro terminar".
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