Desde 2004 el Ejército y la Marina tienen a su cargo la seguridad y patrullaje de las instalaciones de Pemex, incluyendo los más de 14 mil kilómetros que abarca su red de ductos. Mantenía un despliegue de alrededor de tres mil 500 efectivos y, por su trabajo la empresa productiva del Estado le pagaba a las Fuerzas Armadas 1.6 millones cada día.
Sin embargo, a pesar de la presencia militar y del crecimiento de la oficina de inteligencia para la seguridad de Pemex, el robo de hidrocarburos, sólo en tomas clandestinas, creció cuatro mil por ciento.
›Es decir que, de acuerdo con las respuestas que ejecentral obtuvo de Pemex vía transparencia, de 2004 a 2014, que incluye los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, justo cuando la crisis del llamado huachicol se agudizó, Pemex pagó a militares y marinos seis mil 687 millones 202 mil 201 pesos, para proteger sus instalaciones y colaborar en la estrategia de seguridad.
Ahora, como parte del Plan Integral para Combatir el Robo de Hidrocarburos en la empresa productiva del Estado, que el pasado 27 de diciembre anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, serán las mismas Fuerzas Armadas las que continuarán con el resguardo de la seguridad periférica y adicionalmente deberán verificar y monitorear el acceso de personal, la vigilancia de procedimientos de abastecimiento y reparto de los combustibles, anunció el general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional.
“Actualmente tenemos 73 instalaciones en donde Sedena y Semar tienen una presencia desde el punto de vista de seguridad a la instalación, seguridad periférica a la instalación, no teniendo participación en otro tipo de actividad. Después de este análisis realizado por Pemex, se determinaron 58 instalaciones a las que se les debería de dar atención dentro de este plan conjunto”, señaló el general Cresencio Sandoval al dar a conocer el despliegue de las fuerzas castrenses en esta estrategia.
Para implementar esta nueva estrategia se informó que habría un despliegue de cuatro mil efectivos de la policía militar, la policía naval y de la Policía Federal; así como agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) y de Seguridad Física de Pemex.
De acuerdo a la información obtenida por este periódico, sería un número de elementos cercano al que Pemex pagó cada año para las tareas de “seguridad y patrullaje” de sus instalaciones a la Marina y la Defensa Nacional, entre 2 mil 500 y 3 mil 500.
De 10 mil a 60 mil mdp
Para el resguardo de las instalaciones de Pemex, sus diferentes áreas contrataban los servicios del Ejército y la Armada, lo que significaba un pago anual por sus servicio, costo al que habría que sumar los salarios que las Fuerzas Armadas destinan a esos elementos.
El trabajo de estos elementos no sólo consistía en brindar vigilancia perimetral, sino también participar en operaciones, reforzar la vigilancia en algunas áreas, patrullar ductos o atender emergencias, por ejemplo.
Entre el 2000 al 2010 el crecimiento de las tomas clandestinas en ductos fue creciendo de manera consistente y paulatina, de acuerdo a las propias cifras oficiales. Nunca disminuyó. Sin embargo, el presupuesto asignado a los efectivos de las Fuerzas Armadas sí creció.
A partir de 2011, el número de los ductos perforados para extraer gasolina, diésel y hasta petróleo aumentó. Hubo un incremento del 97%, sólo comparando 2010 y 2011. Reportes de Pemex recopilados por la consultora Etellekt refieren que del año 2000 a la primera mitad de 2016, sumaron un total de 20 mil 892 tomas localizadas hasta mayo de ese año, de ellas un 72%, alrededor de 14 mil 983, fueron de la administración de Enrique Peña Nieto; 23%, unas 4 mil 865 tomas, del sexenio de Felipe Calderón, y el 5% restante, con alrededor de mil 44, se registraron en el gobierno de Vicente Fox.
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Pero fue a partir de 2013 cuando se dio el mayor crecimiento del robo en ductos. Justo al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando el general Eduardo León Trauwitz, quien venía de desempeñarse como el encargado de la seguridad del Presidente -incluso desde que fue gobernador del estado de México-, asumió el mando de dicho despliegue militar, al ser designado gerente de Servicios de Seguridad Física de Pemex, y en abril del año siguiente el mismo general fue nombrado subdirector de Salvaguardia Estratégica de Petróleos Mexicanos.
El índice de tomas clandestinas de hidrocarburos en el país repuntó en más de 61%, al pasar de un total de 2 mil 613 tomas contabilizadas en 2013, a las 4 mil 219 registradas por Petróleos Mexicanos al cierre de 2014.
Trauwitz en agosto de 2018 fue reasignado al Estado Mayor Presidencial, donde concluyó sus servicios el pasado 30 de noviembre y ahora aparece en una lista de exfuncionarios de Pemex bajo investigación. En el primer año de gestión del general, de acuerdo con un reporte del Grupo de Participación Ciudadana, en 2013 se estimó un faltante de 5 mil 630 miles de barriles de productos de Pemex, lo que significó un aumento de 28% respecto al faltante calculado en 2012, que fue de 4 mil 397 miles de barriles. Sobre el costo estimado de ese volumen faltante la empresa productiva del Estado lo estimó en 10 mil 266 millones de pesos, considerando un promedio del precio de venta al público.
Sin mencionar su nombre, ni dar mayor referencia a su nivel de responsabilidad, durante su conferencia matutina del 8 de enero, el presidente López Obrador confirmó que el general León Trauwitz figuraba en la lista de personas que están siendo investigadas por el sistemático robo de hidrocarburos.
Pero al día siguiente, en la conferencia del miércoles 9 de enero, al ser cuestionado respecto al avance en las indagatorias sobre la responsabilidad de funcionarios en el incremento del robo de combustibles, el Presidente señaló que se estaba actuando con responsabilidad y se castigaría conforme lo estipula la ley.
Sin embargo, reconoció que “de ninguna manera vamos a señalar, a acusar a alguien sin tener elementos de prueba”, y de las pesquisas sobre el general Eduardo León, refirió “sí se está llevando a cabo esa investigación, pero eso no significa que se tengan elementos de prueba o que se haya iniciado un proceso judicial. Eso corresponde al Poder Judicial, en su momento, esclarecer si existe o no responsabilidad”.
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Actualmente, el general León Trauwitz, quien en 2001 durante el gobierno de Vicente Fox fue promovido para formar parte del Estado Mayor Presidencial, y en 2008, ya en la administración de Felipe Calderón ascendió a coronel, para después desempeñar como jefe de escoltas del entonces gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto, y a solicitud de éste fue ascendido a general brigadier en noviembre de 2012, está siendo investigado por la PGR.
De acuerdo con el diagnóstico del gobierno lopezobradorista, al interior de la empresa productiva del Estado se contaba con información de inteligencia y táctica sobre el robo de hidrocarburos, pero no se actuó, a pesar de las dimensiones del problema que, por ejemplo, cuando asumió el general las pérdidas se estimaban en alrededor de 10 mil millones, y cuando casi concluía su gestión, en 2017, alcanzaban los 60 mil millones de pesos.
Nadar contra corriente
Al dar a conocer las medidas que implicaría el Plan Integral para Combatir el Robo de Hidrocarburos, en el que uno de los ejes es la participación de las Fuerzas Armadas y 15 dependencias más del gobierno federal, se planteó un despliegue de cuatro mil efectivos. Sólo que intervinieron 58 instalaciones y la red troncal de ductos y poliductos de Pemex abarcan alrededor el 65% de la República, al contar con una extensión de entre 14 mil y 19 mil kilómetros.
Como parte de las labores en estas instalaciones, donde personal del Ejército y la Marina ya brindan la seguridad, desde el ámbito periférico; así como su intervención en la verificación, monitoreo y vigilancia de procedimientos de abastecimiento y reparto, a inicios de esta semana la Marina asumió, con un despliegue de alrededor de 500 de sus elementos, la vigilancia y seguridad en el área de acceso, los cuartos de control y los tanques de abastecimiento en las refinerías de Salina Cruz, Oaxaca; Tampico, Tamaulipas, y nueve terminales de abastecimiento y distribución en ocho estados más.
Por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, el plan de acción abarca la incursión de uniformados de la Policía Militar en 30 terminales y abastecimiento y despacho, cuatro refinerías, y 12 estaciones de rebombeo, incluyendo el mando del centro de control.
Se trata, en su conjunto, de un plan estratégico “necesario y urgente”, ante las cuantiosas fugas de recursos por la incidencia del llamado huachicol. Para dimensionar la magnitud del saqueo, dijo el presidente López Obrador el pasado 27 de diciembre, implicó en 2017 perdida para Petróleos Mexicanos de alrededor de 60 mil millones de pesos, al registrarse el robo de más de 600 pipas, con 15 mil litros cada una, cada día, equivalentes a una pérdida diaria de 200 millones de pesos.
La escalada en cuanto a la cantidad de pérdidas de hidrocarburos que se dieron a través de la ordeña de los ductos con tomas ilegales ha alcanzado su máximo en los últimos dos años, pues mientras que para el cierre de 2017 se tuvo un registro de 10 mil 363 tomas clandestinas, para octubre del año pasado, es decir, sólo al corte de los primeros 10 meses de 2018 la cifra récord de tomas se vio superada en más de un 21% al registrar un total 12 mil 581 tomas, de acuerdo con el último reporte que Petróleos Mexicanos hizo público.
Los saldos de un incipiente combate
El cierre de ductos como medida del plan anti-huachicol que ha impulsado el gobierno federal para reorientar el sistema de distribución de los combustibles en el país y con ello detectar y evitar los flujos donde se genera el hurto de los hidrocarburos que pasan a través de esta red, ha generado un ambiente de paranoia colectiva en al menos ochos estados del país, incluyendo la Ciudad de México, donde el desabasto de combustibles ha ocasionado que la gente realice compras de pánico, saturando las gasolineras donde el producto llega con retraso.
Al principio, el gabinete minimizó el desabasto hasta que debieron salir a ofrecer disculpas. La secretaria de Energía, Rocío Nahle, reconoció la insuficiente preparación y logística con la que se decidió cerrar las válvulas de combustible, y ante el desabasto generado, ofreció disculpas a los afectados, sin que planteara cuándo se solucionaría.
A pesar de las exigencias ciudadanas de retornar a la normalidad en el abasto de combustibles, que ya el miércoles puso en riesgo incluso las operaciones de los aeropuertos del centro del país y el Bajío, ante la disminución de la turbosina, y al que se sumaron gobernadores como Diego Sinhue Rodríguez, de Guanajuato; Enrique Alfaro Ramírez, de Jalisco; Alejandro Moreno Cárdenas, de Campeche, y el mandatario en Michoacán, Silvano Aureoles. El Gobierno de México a través de los secretarios de estado y la vocería que encabeza, Jesús Ramírez, se han limitado a ofrecer disculpas y reiterar el llamado a la serenidad y la prudencia sin caer en pánico.
Tras señalar que el martes pasado fue el día en que menos combustible se habían robado en la historia reciente del problema con la ordeña de ductos de Pemex, el presidente López Obrador aseguró que estaban en proceso de normalizar el abasto de gasolinas.
“Hay gasolina suficiente en el país, en los centros de acopio de gasolinas, pero no podemos utilizar los ductos porque existen redes que se crearon para extraer, para robarse las gasolinas, redes alternas (…) Por eso se cerraron ductos y se están abriendo conforme se considera prudente para evitar el robo; en tanto, estamos cambiando el sistema de distribución, utilizando pipas y esto significa demoras, retrasos y desabasto en algunas gasolineras”, señaló el 9 de enero, como parte de su conferencia en la que mostró el spot del gobierno con el que en cadena nacional, buscarán aclarar a la población que “no hay desabasto de gasolina y diésel”.
Opción arriesgada e “irrealizable”
La apuesta del gobierno de la República para cambiar la logística de distribución de combustibles de la red de ductos al traslado de gasolinas por medio de pipas resulta una medida sumamente arriesgada, que ante la falta de infraestructura y el elevado costo que implicaría la vuelven una medida “irrealizable”, advirtieron a este periódico especialistas en el tema.
Bajo el entendido de que el cierre de las válvulas de combustible en las refinerías y las terminales de almacenamiento y reparto responde al objetivo de drenar las gasolineras para que, desde cero, empiecen a comprar el producto con mayores controles y con ello romper el flujo de información que salía de Pemex hacia los grupos dedicados al robo y reventa ilegal de los combustibles, Rubén Salazar Vázquez, director de la consultora Etellekt, advirtió que dicha medida puede ser contraproducente.
Debido a que actualmente el 80% del combustible que se bombea para suministrar a las gasolineras del país se realiza a través de la red de ductos y el 20% restante se hace a través de carrotanques, con una capacidad de unos 40 mil litros e incluso por ferrocarril, la infraestructura con la que hoy día cuenta Pemex no le permitiría al gobierno cambiar el transporte de gasolinas de ductos por pipas.
Las razones, explica Salazar Vázquez, “la flotilla de pipas de Pemex son mil 485 a nivel nacional en Pemex, en el sector privado habrá más o menos mil, en total, exageradamente habrá tres mil pipas entre Pemex y sector privado. Eso no puede reemplazar la transportación de ductos que se hace en todo el territorio”.
Otro motivo, refirió, es que resulta demasiado costoso pues el transportar un barril de combustibles por pipa sale en un precio de 14 centavos por kilómetro, mientras que la distribución a través de ductos cuesta un centavo, por lo tanto, señaló, “no es redituable”.
Este miércoles, en su mensaje matutino, el presidente lanzó un llamado a transportistas y operadores de pipas del país para que ayuden a agilizar el tema de la distribución de los combustibles, el cual, sin embargo, reconoció que el utilizarlas significaba demoras, retrasos y desabasto en las gasolineras.
“La idea de López Obrador de sustituir del transporte por ductos a través de pipas, provoca el quitarle unidades de las Terminales de Almacenamiento y Reparto (TAR´s) a las gasolineras; es una medida irracional, en el mundo la mayor parte del combustible se transporta por ductos. Y lo que está ocasionando son más problemas de desabasto en gran parte del país. Más de una semana en esa situación sería muy arriesgado”, advirtió Rubén Salazar.
En el tema del desabasto de turbosina, combustible que se utiliza para que funcionen aviones y helicópteros, el consultor refirió que aunque es el combustible que menos se roba a nivel nacional, con un promedio de 800 barriles cada día, sería sumamente “aventurado” el restringir también su distribución debido a que interrumpir las operaciones de los sistemas aeroportuarios lo cual generaría un desastre de mayores dimensiones que el que se están percibiendo con el desabasto de gasolinas, lo cual terminaría por generar “una explosión a nivel social”.
