Durante el 2018, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda analizó y supervisó a 124 mil personas por presunto lavado de dinero en México, pero solo bloqueó las cuentas bancarias de 14 individuos, el 0.01 % del total de los casos.
Así lo dio a conocer durante su comparecencia este miércoles ante la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto.
El funcionario detalló que como resultado de las acciones en contra de esas 14 personas solo bloquearon 198 millones de pesos en recursos de procedencia ilícita en todo el año, lo cual lo calificó como un desempeño pobre durante la pasada administración priista que concluyó el pasado 30 de noviembre.
Nieto expuso que durante este año la Unidad de Inteligencia también recibió en total más de 22 millones de reportes sobre posibles actividades relacionadas con el lavado de dinero, un delito que, básicamente, consiste en convertir dinero de procedencia ilícita, por ejemplo, del narcotráfico, en activos con apariencia legítima que pueden ser usados en la economía legal.
Sin embargo, precisó el funcionario, solo se presentaron 70 denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) y se atendieron únicamente 39 solicitudes del Ministerio Público para investigar los casos.
“México cuenta con un sistema financiero sólido, con una regulación sólida, que puede ser perfeccionada en varios puntos. No obstante, esto no se ha traducido en responsabilidades penales ni administrativas por temas relacionados con el lavado de dinero”, subrayó el extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), durante la administración de Enrique Peña Nieto.
Las claves de la estrategia anti-lavado
Ante este contexto, el funcionario resaltó que el objetivo de la nueva Unidad será incrementar las denuncias penales por lavado de dinero, e incrementar la lista de personas bloqueadas por actividades ilícitas. Para ello, detalló, se necesita lanzar una “estrategia nacional anti-lavado” que deberá cumplir tres objetivos.
El primero, “golpear a las estructuras financieras de la delincuencia organizada, a partir del congelamiento de sus cuentas bancarias”.
El segundo, vincular el trabajo de la Unidad con el de la Fiscalía General de la República, ya como un órgano constitucional autónomo, así como con las fiscalías y procuradurías locales”.
Y el tercero, “constituir la Unidad de Inteligencia como un coadyuvante de los asuntos que la Fiscalía de la República, y las fiscalías locales, lleven ante las instancias judiciales”.
“La corrupción es un fenómeno de carácter trasnacional, y, por lo tanto, la vinculación con las unidades a nivel local y federal son la mejor estrategia para combatir el lavado de dinero y el financiamiento de los grupos delictivos”, recalcó Santiago Nieto.
El nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera también dijo ante los legisladores, que deberán votar este jueves en el pleno de la Cámara de Diputados a favor o en contra su ratificación como nuevo titular de la Unidad, que en los próximos meses se realizará una “evaluación nacional de riesgos” en el sector financiero de México.
Esta evaluación, precisó Nieto, permitirá tener un mecanismo “que diagnostique cuáles son los espacios de riesgo en el sector público y privado del sector financiero” y sobre eso determinar acciones para el combate a la corrupción y también para el combate al robo de hidrocarburos, para el que dijo que ya se está diseñando una estrategia tanto en el ámbito de Seguridad Pública, con la Marina y el Ejército, como del lado de la Secretaría de Energía y la propia Secretaría de Hacienda.
El combate a las empresas fantasma
En el combate a la corrupción, uno de los grandes retos que deberá afrontar la nueva Unidad de Inteligencia de Hacienda es el surgimiento masivo de empresas fantasma, o de empresas fachada: sociedades que no tienen infraestructura real, ni activos, ni personal, pero que emiten facturas apócrifas para simular operaciones comerciales, incurriendo en delitos como el lavado de dinero, la evasión de impuestos, o el desvío de recursos públicos.
Por ahora, el combate está siendo poco efectivo, o al menos, lento.
Un ejemplo que lo corrobora
lo dio a conocer Animal Político el pasado 25 de septiembre, cuando el entonces titular de Hacienda, José Antonio González Anaya, informó ante el Senado que en un año solo recuperaron 100 millones de pesos de los más de 4 mil 600 millones (apenas el 2 %) que presuntamente fueron desviados de 11 dependencias del gobierno federal, utilizando 144 empresas fantasma o irregulares y el esquema de desvío documentado por la investigación periodística
La Estafa Maestra.
Sobre esto, Santiago Nieto señaló en una entrevista a
Televisa, que, según un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera, en 2018 se presentaron 65 denuncias ante la PGR por la presunta existencia de empresas fantasma, pero que hasta el momento solo se han consignado dos carpetas de investigación, sin que haya sentencias, ni cateos, y solo un operativo contra este tipo de mecanismos fraudulentos.
Por ello, Nieto dijo que otro de los retos serán presentar una propuesta en febrero ante el Congreso de la Unión que modifique la ley para evitar la existencia de este tipo de empresas fachada, y que, además, permita perseguir al beneficiario final del dinero.
Hasta el momento, la Unidad de Inteligencia Financiera del nuevo gobierno de López Obrador
ya anunció el pasado 6 de diciembre, que presentó ante la PGR la primera denuncia por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), contra miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La red de lavado que se investiga involucra una cadena de empresas presuntamente manejadas por familiares del líder del Cártel de Jalisco, Nemesio Oseguera, el Mencho, actualmente prófugo de la justicia.
Información pública del Departamento del Tesoro de Estados Unidos señala que de las 253 empresas que presuntamente lavan dinero para los cárteles del narcotráfico en México, 33 pertenecen al CJNG.
fuente.-
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