Autoridades de la Patrulla Fronteriza y de Seguridad Pública de Texas descubrieron una nueva forma de traficar indocumentados en pequeños aviones rentados.
El ciudadano estadounidense Martín Zavala Flores fue detenido el pasado 29 de septiembre en el Aeropuerto McCreery cuando intentaba trasladar a Houston, Texas, a tres indocumentados en un avión rentado.
Policías del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), División Aviación, descubrieron la operación de tráfico ilegal por una denuncia ciudadana que alertaba del nerviosismo con el que actuaba Zavala mientras rentaba la aeronave, por lo que solicitaron apoyo de la Patrulla Fronteriza.
Los agentes estatales acudieron a McCreery Aviation a investigar y observaron a Zavala llegar al lobby y solicitar a tres personas para pagar en la caja.
Los patrulleros identificaron la aeronave y antes de despegar la condujeron a una rampa para una revisión, en la que descubrieron a tres personas a bordo con identificaciones falsas.
Zavala viajaba con su novia, residente legal de EU, y con los tres pasajeros que estaban de manera ilegal en el país y fueron arrestados.
Todo empezó con un aterrizaje ilegal en una reserva protegida de Yucatán. En el helicóptero iban tres amigos: Emilio Gamboa Patrón, Emilio Díaz Castellanos y Guillermo Ruiz de Teresa. El dueño del helicóptero es Alfredo Miguel Afif, padre de José Miguel Bejos, amigo de Enrique Peña Nieto y quien, de acuerdo conUnivisión, rentó la casa de transición al ahora Presidente.
Los dos empresarios, en este club de cinco, tienen contratos por miles de millones de pesos con distintas dependencias del Gobierno federal.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) le quitó una pluma, muy pequeña, al pájaro. La empresa Heliservicio, S.A. de C.V., que ayer fue multada con 2 millones de pesos por aterrizar un helicóptero en una zona protegida, ha ganado miles de millones con el Gobierno federal. Entre las dependencias con las que tiene contratos está la misma SCT. De esa Secretaría obtuvo convenios por adjudicación directa, sin necesidad de pasar por concurso.
Pero Heliservicio, S.A. de C.V. no va sola. Heliservicio Campeche, de los mismos dueños, también ha hecho negocios con el Gobierno federal. Juntas, las dos empresas han ganado 43 contratos de 2003 a la fecha, muchos de ellos en la actual administración y la mayoría en el sector energético.
La misma SCT confirmó a SinEmbargo que ambas empresas son una misma entidad.
Heliservicio es de la familia Miguel, relacionada con el Presidente Enrique Peña Nieto y en el pasado vinculada con un fraude a Petróleos Mexicanos (Pemex). Por medio de Compañía Inversora Corporativa (CIC), “un holding que agrupa varias de las empresas manejadas por los hijos y sobrinos de Alfredo Miguel”, rentó en 2012, al equipo dirigido por Luis Videgaray Caso, la casa de transición del candidato ganador de la elección presidencial de ese año, de acuerdo con Univisión.
Un escándalo llevó a la multa de 2 millones de la SCT: un helicóptero que aterrizó de manera ilegal en el Área Natural Protegida (ANP) Arrecife Alacranes en Yucatán. La prensa divulgó un video. El Senador Emilio Gamboa Patrón confirmó dos días después que era él quien viajaba con otros dos. Iban, dijo, de “paseo de domingo”.
El anfitrión del paseo es Emilio Díaz Castellanos, un empresario largamente señalado como un prestanombres del Senador. Díaz, accionista de Grupo Dicas, recibió al Coordinador General de Puertos y Marina Mercante, Guillermo Ruiz de Teresa, así como coordinador de los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Emilio Díaz Castellanos, como los Miguel, es un contratista del Gobierno federal.
La SCT dijo, a raíz del escándalo, que Guillermo Ruiz de Teresa no acudió a la “reunión dominical” en calidad de funcionario público, “sino a título personal”. Él, agregó, y Díaz Castellanos, son amigos desde hace varios años.
En su página web, Grupo Dicas, de Díaz Castellanos, dice que participa en “diversos proyectos de infraestructura portuaria y carretera en el sureste del País”.
En noviembre de 2014, el empresario amigo de Gamboa Patrón anunció una sociedad con el dueño de Geo Estratos para construir en Yucatán el nuevo Instituto Tecnológico del Petróleo y la Energía. Geo Estratos, fundada desde 1999 en Tamaulipas y entre otras proveedora de servicios de saneamiento a Petróleos Mexicanos (Pemex), ganó en diciembre de 2015 las zonas contractuales Pontón, Tecolutla, La Laja y Paso de Oro, en el Estado de Veracruz.
Geo Estratos llegó a Mérida en mayo de 2014, cuando abrió ahí el Centro de Investigación de Crudo Extrapesado y Recuperación Mejorada (Cicerm), primer sitio dedicado a generar conocimiento para la extracción de este tipo de hidrocarburos y para el cual, dijo en su momento el director, Vicente González Dávila, invirtieron 150 millones de pesos.
Geo Estratos se deslindó ya de Grupo Dicas. Ayer, en una carta a SinEmbargo, el mismo Vicente González explicó que “si bien existió una sociedad entre Geo Estratos SA de CV y Dicas Energy S.A.P.I de CV para la conformación del Instituto Tecnológico del Petróleo y Energía, dicha sociedad, como queda asentado en el acto de separación, quedó disuelta el 17 de julio de 2015”.
Agregó que “como queda certificado ante Notario Público en el registro del acta constitutiva de la empresa, así como ante las autoridades responsables de evaluar y dictaminar, los resultados del concurso de la Ronda 1.3, Dicas Energy y Emilio G. Díaz Castellanos nunca han sido socios en la empresa Geo Estratos SA de CV”.
También ayer, en un escueto comunicado, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de la SCT dijo que “sancionará a la empresa propietaria y al piloto del helicóptero matrícula XA-EHP que aterrizó el pasado lunes en un área no autorizada cercana al arrecife de Alacranes, en Yucatán”.
“En principio, la DGAC suspendió provisionalmente la licencia al piloto, en tanto se desarrollan las investigaciones del incidente y se deslindan responsabilidades”, agregó. A la empresa Heliservicio, S.A. de C.V, operadora de la aeronave Bell modelo 412EP, “se le podrá aplicar una multa de alrededor de dos millones de pesos por modificar sin autorización el plan de vuelo, así como por operar en aeródromos no autorizados”.
Por su parte, “el piloto del helicóptero podría ser sancionado con una multa de alrededor de 365 mil pesos por desobedecer instrucciones del operador aéreo”.
Una pluma, muy pequeña, al pájaro.
LOS DOS DEL HELICÓPTERO
Emilio Gamboa Patrón es un hombre de numerosas tormentas sin que ninguna haya logrado hacerle daño. Ha sido, junto a Manlio Fabio Beltrones, el músculo del PRI, antes y ahora. Su fuerza ha sido invencible ante el huracán de cualquier escándalo.
Hace dos décadas, su nombre estuvo también en las primeras planas y la historia era de truculencia. Era 1995 y Eduardo Valle [QEPD], ex dirigente estudiantil del Movimiento de 1968 y conocido como “El Búho”, le dirigió una carta al entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari en la que señaló a Gamboa Patrón con probables vínculos con el narcotraficante Juan García Ábrego.
Él se defendió con la negativa de los hechos. Las autoridades mexicanas jamás iniciaron una indagatoria al respecto.
Su nombre volvió al escándalo cuando Carla Del Ponte, una Fiscal suiza, lo incluyó en un informe. Según los testimonios de dos narcotraficantes presos en Estados Unidos, el político mexicano habría asistido a reuniones en las que se negoció con líderes del Cártel del Golfo. De ahí habrían provenido 114 millones de dólares depositados en la banca de aquel país, por Raúl Salinas de Gortari.
La defensa de este asunto la hizo el llamado hermano “incómodo” del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari. Desde prisión sostuvo siempre que la Fiscal se basó en declaraciones “fabricadas” de testigos protegidos. Al final, fueron las autoridades mexicanas las que investigaron la ruta de este dinero. En 2014, Salinas de Gortari y Gamboa Patrón resultaron (Todo lo que el juez ignoró para sentenciarme, Raúl Salinas de Gortari, ed. Diana)
Emilio Gamboa Patrón es hijo de Emilio Gamboa Martínez y Josefina Patrón Méndez, una cantautora de trova yucateca. Tiene seis hermanos: Angelina, Josefina, María Elena, Jorge, José y Mario. La Primaria la estudió en el Colegio Montejo, de Mérida, Yucatán, y la Licenciatura de Relaciones Industriales en la Universidad Iberoamericana de 1970 a 1974. Se tituló con la tesis “Diseño y Primeras Realizaciones de un Programa de Desarrollo en una institución descentralizada de 110 mil trabajadores”.
Los años pasaron y en 2000 el PRI perdió la Presidencia de la República. En 2006, Emilio Antonio Gamboa tuvo que modificar otras vez la sonrisa que lo caracteriza. Lo habían nombrado coordinador de los diputados del PRI para la Legislatura que concluyó en 2009 y una conversación fue revelada: el político que inició su carrera como secretario del ex Presidente Miguel de la Madrid, el que había sobrevivido seis sexenios, estaba vinculado con el pederasta Jean Succar Kuri.
El otro personaje en el entramado de los cinco amigos es Ruiz de Teresa. De acuerdo con la Unidad de Datos deSinEmbargo, se trata de un funcionario opaco. Encargado de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, tiene la obligación de presentar su declaración patrimonial ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) desde 2013, cuando era Director General de Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Durante tres años, en los dos cargos públicos que ha ostentado, presentó este documento en seis ocasiones.
En ninguna de ellas estuvo de acuerdo con hacer pública su declaración de posible conflicto de interés. Lo único que ha divulgado es su trayectoria académica y experiencia profesional. Ruiz de Teresa tampoco hace públicos sus bienes patrimoniales, lo que significa que no es posible saber si las condiciones en que vive corresponden a su salario actual: 175 mil 828 pesos mensuales.
Además, el funcionario no aclara si esa es su única percepción o tiene, además, ingresos por actividades industriales, comerciales, financieras u otras.
LOS CONTRATOS DE HELISERVICIO
El primer contrato de Heliservicio del que hay registro en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) data del sexenio de Felipe Calderón. Son 97 millones 459 mil 200 dólares por el servicio de “Transporte Aéreo De Personal y/o Carga Con Helicópteros en la Sonda de Campeche, Golfo de México y lugares dentro de la República Mexicana que indique Pemex Exploración y Producción”. El contrato fue celebrado con la entonces subsidiaria Pemex Exploración y Producción el 14 de noviembre de 2012 y terminará el 30 de noviembre de 2017.
Los siguientes cinco son con Enrique Peña Nieto. Los dos primeros fueron celebrados con Pemex Exploración y Producción que suman 324 millones 830 mil 289 dólares. El primero fue celebrado el 8 de febrero de 2013 y terminará el 31 de diciembre de 2017; el segundo fue otorgado el 16 de enero de 2014 y concluirá el 31 de diciembre de 2018.
Con la SCT tiene los contratos más pequeños. Pero son por adjudicación directa. Allí trabaja Guillermo Raúl Ruiz de Teresa como Coordinador General de Puertos y Marina Mercante. Él era uno de los tripulantes del helicóptero que aterrizó en Isla de Alacranes el lunes pasado.
Los contratos con la SCT fueron celebrados el mismo día: 1 de septiembre de 2014. Uno es por el concepto de “guarda de aeronaves” y contempla el pago de 63 mil 966 pesos, el otro, por “estacionamiento de aeronaves”, significó para Heliservicio, S.A. de C.V. la ganancia de 93 mil 199 pesos. Ambos terminan el 31 de agosto de 2017.
Esta Secretaría le concedió a la empresa un permiso para prestar el servicio de “transporte aéreo no regular de taxi aéreo nacional de pasajeros” por un periodo indefinido. Otorgada por la Dirección General de Aeronáutica Civil. El maestro Rodolfo González Fernández, Director de Comunicación Social de la SCT, dijo a SinEmbargo que este permiso habilita a la empresa para prestar el servicio de taxi aéreo a quien lo solicite.
El sexto contrato de la empresa lo otorgó la Comisión Federal de Electricidad en 2015 por mil 44 millones 646 mil 100 pesos, bajo el concepto “servicio de transportación aérea con helicóptero”.
La empresa no tiene sitio web y no es posible rastrear a sus dueños. SinEmbargo llamó a la compañía para solicitar su versión de la historia. Heliservicios, S.A. de C.V. respondió que no podía confirmar esa información y colgó el teléfono abruptamente.
LOS CONTRATOS DE HELISERVICIO CAMPECHE
Hay otra empresa que ha prestado, desde 2003, servicios de transporte aéreo a dependencias federales: Heliservicio Campeche, S.A. de C.V. Rodolfo González confirmó que ambas son la misma figura empresarial. “Antes tenían su base en Campeche”, dijo el titular de la Dirección de Comunicación Social de la SCT.
El Gobierno federal le ha otorgado 37 contratos a Heliservicio Campeche. El monto asciende a 5 mil 580 millones de pesos y 93 mil 235 dólares pagados por la prestación de servicios desde 2003. Del total de contratos, 20 (más de la mitad) fueron otorgados por adjudicación directa. Pemex Exploración y Producción, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes fueron las dependencias que otorgaron los contratos sin licitación de por medio.
La relación de esta empresa con el Gobierno federal empezó en 2003, de acuerdo con los registros públicos encontrados en el POT. En septiembre de ese año, Pemex Exploración y Producción contrató siete helicópteros bimotores con capacidad de 11 a 13 pasajeros, uno de ellos equipado para operaciones de carga externa. El costo fue de 93 millones 600 mil pesos. A partir de entonces, la Semarnat, la CFE, la Secretaría de Energía, Pemex Exploración y Producción y la SCT han sido clientes frecuentes de Heliservicios Campeche. Esta última Secretaría nunca ha licitado ni uno de los contratos otorgados. La mayoría de los contratos que el Gobierno celebró con Heliservicios Campeche fueron para arrendamiento de helicópteros.Algunos de los helicópteros se solicitaron con especialización en incendios forestales; la Comisión Nacional Forestal llegó a pagar hasta 74 millones 659 mil 050 pesos, sin embargo, se desconoce por cuántas unidades se hizo.
La CFE fue quien le otorgó uno de los contratos más costosos: le pagó 636 millones 067 mil 584 pesos en 2008. Pero fue Pemex Exploración y Producción la dependencia que no reparó en gastos: en 2008 celebró dos contratos, cada uno por más de mil millones de pesos. Ambos tuvieron como objetivo el “transporte aéreo de personal y/o cargo con helicópteros en la sonda de Campeche, Golfo de México y lugares dentro de la República Mexicana” que la dependencia indicara.
Otros pagos que engrosan las ganancias de Heliservicio Campeche, fueron por el servicio de taxi aéreo. La SCT le pagó 94 mil pesos para el transporte de funcionarios y hasta 937 dólares por “servicio de tiempo extra de helicóptero rentado” en 2009.
EL HELICÓPTERO Y EL PRESIDENTE
En los sexenios de la alternancia, la familia Miguel Afif lidió con acusaciones de fraudes y juicios en su contra. Pero en 2012, cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) retomó la Presidencia de la República con Enrique Peña Nieto, el apellido volvió a brillar en los negocios vinculados con el poder. La casa del equipo de transición del candidato electo le fue rentada a Controladora, una inmobiliaria de la familia.
Un reportaje de Univisión Investiga, publicado en junio de 2015, asentó que el empresario Alfredo Miguel Afif fue notificado a través del Gobierno de México de una querella en una Corte de Idaho, Estados Unidos, en una dirección de la colonia Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México. El domicilio era Virreyes 1130, el mismo que el equipo de transición, dirigido por Luis Videgaray, rentó en 2012 por 20 mil 825 dólares. Ahí operó la empresa Controladora, parte de un consorcio en manos de los hijos y sobrinos de Jesús Alfredo Miguel Afif.
El asesor jurídico del equipo de transición de Peña Nieto era Humberto Castillejos Cervantes, por lo que el contrato de la residencia tuvo que haber pasado por su aprobación. Hoy, Castillejos Cervantes es el Consejero Jurídico del Presidente.
José Miguel Bejos, de acuerdo con Univisión, era el dueño de la empresa que rentó la casa.
Miguel Bejos es un conocido golfista que, de acuerdo con distintas fuentes, suele jugar con el Presidente de México y sus amigos.
Fuente.- Alejandra Padilla, Linaloe Flores y Daniela Barragán
Los nombres de Jose Elias Leal y Victor Garza,ex-alcalde y extitular de SEDESOL en Reynosa podrían ser los responsables de dar la "orden" de allanar oficinas gubernamentales para sustraer valio$a información que podría dar luz en una serie de "trastupijes" encaminados a saquear el erario publico.
Asi se infiere de las primeras declaraciones de los implicados detenidos ayer en flagrancia lo que obligo ya al ayuntamiento de Reynosa a pronunciarse al respecto según publica este día el diario El mañana....
El Gobierno Municipal abrió ayer un compás de espera y amagó con au de Reynosaditorías masivas en todas y cada una de las dependencias, mientras se mantenía en curso la investigación ministerial sobre los tres exfuncionarios capturados en flagrancia cuando saqueaban documentación oficial de un complejo de oficinas.
Ayer, a través de un comunicado divulgado por la Dirección de Prensa a las 01:52 horas de la madrugada del miércoles, el Ayuntamiento expresó su preocupación ante la eventualidad de que el robo de otros expedientes similares se hubiese perpetrado en otras dependencias.
‘‘Estos hechos dan pie a la posibilidad de que esta conducta pudiera haberse presentado en áreas como el Sistema DIF, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa), organismos descentralizados y en algunas otras áreas de la presidencia’’, indicó el boletín.
En tanto, autoridades de la Procuraduría iniciaron las investigaciones y diligencias para establecer la probable responsabilidad de los tres exfuncionarios y en su caso llevarlos ante el Juzgado de Control para hacerles la imputación correspondiente.
En la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Robo se inició una carpeta de investigación por robo de documentos oficiales y otros bienes de una oficina, ubicada en Morelos 450 de la zona centro y los delitos que resulten, en contra de Josué “N”, de 43 años; Oziel “N”, de 30; y José Hermenegildo “N”, de 48.
Los tres son señalados como funcionarios de la pasada administración municipal que encabezó José Elías Leal.
MAKI, EN ESPERA
En entrevista con EL MAÑANA, la alcaldesa Maki Ortiz Domínguez externó que por el momento no se ha definido que acciones se tomarán en contra de los tres exfuncionarios municipales, que intentaron saquear documentos de un inmueble que el gobierno anterior usaba como Coordinación de Imagen.
“Estamos haciendo una evaluación de lo que fue la entrega recepción y saber en qué forma recibimos el municipio. La preocupación que tenemos es que esto se haya repetido en otros edificios de la Presidencia Municipal y que tengamos una ausencia de documentos”, señaló.
Y enfatizó:
“Vamos a aplicar la ley, ya que unas personas entraron a un edificio sin permiso, sin tener autoridad, después de las 20:00 horas, estaban extrayendo estantería y documentación… se tiene que aplicar la ley siempre apegados a derecho”.
Sin revelar nombres, la alcaldesa expresó que dos de las personas detenidas eran trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Social en la administración pasada, mientras que otro fue comisario del Sistema DIF Reynosa.
Por otra parte, en el comunicado oficial divulgado por la oficina de prensa del Ayuntamiento, se informó que ya fue interpuesta una denuncia por robo contra los tres exfuncionarios .
‘‘En un caso sin precedentes, fueron descubiertos en flagrancia cuando sustraían papelería oficial correspondiente a la cuenta pública del Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes (IRCA), así como pólizas de cheques y observaciones de la Auditoría Superior del Estado; presuntamente por órdenes de un exfuncionario administrativo’’, precisó el documento.
Aseguró que esta acción dolosa pone en riesgo a la administración que encabeza Maki Ortiz Domínguez, para la presentación de evidencia que sustente la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013-2016.
En el comunicado, el Ayunta-miento advirtió:
‘‘Toda vez que la administración recién iniciada tiene la obligación de presentar la cuenta pública anual del año en curso, esto pudiera considerarse como una obstrucción de la rendición de cuentas y la transparencia del gobierno de Reynosa’’, puntualizó el texto.
Se apegarán al nuevo sistema de justicia penal
>Sin precisar que el caso pueda tener connotaciones políticas, el coordinador regional de la Procuraduría de Justicia del Estado en Reynosa, Guadalupe Salinas Hernández, manifestó que las diligencias en torno al caso se seguirán conforme al nuevo sistema de justicia penal.
>“Necesitamos que acredite la Presidencia si son o no son dueños porque se entiende que no es una oficina directa de la Presidencia, que es una oficina que brindaba servicios a la Presidencia pero estaba rentado”, subrayó el funcionario.
>Dijo que según la defensa de los detenidos, dichas oficinas eran un despacho contable que le llevaba asuntos de la Presidencia, “pero eso no lo puedo afirmar porque los detenidos todavía no terminan su declaración”.
La Procuraduría General de la República (PGR) investiga a las policías municipales de Badiraguato y de Culiacán, Sinaloa, como parte de las hipótesis para determinar su probable participación en la emboscada en la que un grupo del crimen organizado atacó el viernes pasado el convoy militar que tuvo como consecuencias cinco soldados muertos y 10 lesionados.
De fortalecerse la hipótesis se convertiría en línea de investigación para saber si existió un aviso a los narcotraficantes de hacia dónde se dirigían las dos camionetas oficiales con 17 elementos del Ejército y la ambulancia de la Cruz Roja que trasladaba al detenido herido, informaron fuentes oficiales a EL UNIVERSAL.
Por estos hechos, la PGR dio a conocer el viernes que, a través de la Subprocuraduría de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA), inició una carpeta de investigación en la delegación Sinaloa.
La indagatoria es contra quien o quienes resulten responsables del delito de homicidio, daños, lesiones y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Sobre la emboscada, el gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, dijo que el tiempo de reacción de la policía municipal y estatal preventiva fue de ocho minutos, lo que evitó que los lesionados desangraran.
Comentó que dado que la administración local brindó desde el año pasado un seguro de vida a elementos del Ejército, la Marina y elementos federales, junto con los policías locales, las familias de los miembros castrenses fallecidos recibirán, cada una, un millón de pesos de indemnización.
Poco antes de trasladarse a la ciudad de Mazatlán, donde se tenía prevista la visita del Presidente de la República al hospital de especialidades del Ejército, para visitar a los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional heridos, dijo que no tiene sustento el señalamiento de que tardaron 40 minutos en llegar en su auxilio.
La madrugada del viernes pasado, el convoy con 17 elementos del Ejército que escoltaban una ambulancia en la que se trasladaba herido, Julio Oscar Ortiz Vega, El Kevyn, procedentes de Badiraguato, fue emboscado en la entrada a Culicán.
El hombre fue lesionado en un enfrentamiento, tres horas antes, en el poblado de Bacacoragua, donde un grupo armado atacó por sorpresa a un grupo militar detenido a orilla de la carretera. Los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) repelieron la agresión y los delincuentes huyeron, pero dejaron abandonado a su cómplice lesionado.
Los agresores usaron fusiles Barrett-calibre .50 con capacidad para perforar blindajes y detonaron granadas, con lo que lograron rescatar al detenido, el cual horas antes había recibido asistencia en primeros auxilios de uno de los elementos del Ejército.
El personal militar le proporcionó los primeros auxilios y lo trasladó a Badiraguato, donde fue rechazado de un hospital, por ese motivo iba a ser ingresado a un hospital de Culiacán. En la entrada de la ciudad un grupo del crimen organizado atacó, por segunda vez en esa noche a los elementos del Ejército, pero esta vez fue para rescatar al civil herido que iba en la ambulancia, de quien no se sabe su paradero. El chofer de la unidad de rescate 067 de la Cruz Roja fue lesionado en la cadera por disparo de arma de fuego y fue reportado fuera de peligro, mientras que la unidad médica recibió varios impactos, dio a conocer la benemérita institución a través de un comunicado.
Ante esos hechos, la Procuraduría General de la República inició las investigaciones para definir la posible participación de elementos de las policías municipales.
Seguramente si la historia fuese a la inversa, habría gran indignación: ¡Fue el Estado!, ¡Fue el Estado!, trending topic, marchas, comisiones del Congreso armadas al vapor para estorbar en las investigaciones, investigaciones de la PGR, peritajes, expertos internacionales, ¡Fue el Estado!, ¡Fue el Estado! y las voces de los indignados.
Pero la lucha social también es doble cara, vale más la vida de uno que de otro, ¿cómo será su ranking?, ¿si asesinan a un soldado será porque se lo merecía el Ejército asesino?, porque un manifestante que bloquea una carretera y le corta la mano con un machete a un Policía Federal no puede ser social ni mediáticamente señalado, a final de cuentas, es un víctima del sistema… Las banderas políticas son patentes de corso.
Confieso que estoy indignado por la falta de indignación, veo un video colgado en una página de internet, donde escucho el fuego consumir los restos de dos vehículos, las llamas suenan diferente cuando se enmarcan en el silencio de un infierno, apagado, muy al fondo, fusionado casi con el viento nace y muere la voz de un hombre que sufre, que ahora es fuego, que ahora es nada, que ha muerto… ¿o tal vez fue un herido?
En Sinaloa las bestias, enfermos, insanos, hijos de puta, bastardos, mierdas (se quedó corto el general Cienfuegos) del crimen organizado mataron, de la forma más cruel, a cinco militares, uno de ellos habría sido papá en esta semana, esperaba a su primer hijo, que nacerá ya medio huérfano.
Ninguno de los cinco es millonario, ninguno de los cinco usaba joyas estrafalarias de mal gusto ni grabados de oro en las cachas de sus pistolas, eran mexicanos como somos la mayoría, clase media, con sueños, ilusiones y frustraciones pero, también, eran más valientes que todos nosotros, quizá igual se quejaban de la corrupción y tenían su propia visión de los errores que ha cometido Peña Nieto, seguro que se reían de los memes en internet, pero, a diferencia de la mayoría, ellos pusieron el granito de arena de su vida para hacer de esta tierra una más segura para todos.
Y el Senado guarda silencio, literal, un minuto que no sirve para un carajo… ¿Y si mejor le entramos a darles certeza jurídica a los militares que cumplen ya casi diez años en el frente de batalla?
Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40 y su hermano Omar, El Z-42, fueron reubicados de celda en el penal del Altiplano, tras una alerta de fuga emitida por las autoridades penitenciarias.
Fuentes de la Secretaría de Marina y la Policía Federal (PF) confirmaron que este día recibieron una alerta sobre una eventual fuga de dos de los líderes de la organización criminal de Los Zetas del Centro de Readaptación Social No. 1, ubicado en el municipio mexiquense de Almoloya de Juárez, por lo que se tomó la determinación de reubicar a los reclusos.
El Z-40 fue el máximo líder de la banda y está involucrado en al menos 12 averiguaciones previas por delincuencia organizada, homicidio, delitos contra la salud, tortura, lavado de dinero y portación de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Fue detenido en Nuevo Laredo, Tamaulipas el 15 de julio de 2013.
Tras la detención de Miguel Ángel, su hermano Omar Treviño Morales, El Z-42, tomó el control de la organización, pero fue detenido en Nuevo León el 4 de marzo de 2015, y consignado cuatro días después, acusado de delincuencia organizada y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, mientras que en Estados Unidos enfrenta cargos por tráfico de cocaína.
El cártel de Los Zetas fue fundado en 1999 y cuenta con un brazo armado paramilitar; es una organización transnacional a la que se adjudican tráfico de drogas, extorsión, secuestro, homicidios, tráfico de personas, robo de combustible, a bancos y camiones blindados, lavado de dinero, delitos informáticos y operaciones clandestinas.
El 11 de julio de 2015, Joaquín El Chapo Guzmán se convirtió en el primer recluso que burló la vigilancia de ese penal, considerado en otro momento el más seguro del país, a través de un túnel que construyó gracias a que los sensores de vibración no funcionaban meses atrás.
Tras su recaptura en enero pasado, Guzmán Loera fue reingresado al Altiplano.
El penal también alberga a Servando Gómez Martínez, La Tuta, exlíder de Los Caballeros Templarios; Héctor Beltrán Leyva, El H; Édgar Valdez Villarreal, La Barbie; Miguel Ángel Félix Gallardo; Fernando Sánchez Arellano, El Ingeniero, líder del Cártel de Tijuana; al secuestrador Daniel Arizmendi, El Mochaorejas; Rubén Oseguera González,El Menchito; José Tiburcio Hernández Fuentes, El Gafe, líder del Cártel del Golfo, y a José Luis Abarca, exalcalde de Iguala procesado por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
Una red de células colombianas dedicadas a préstamos ilegales, extorsiones y amenazas opera a nivel nacional, de acuerdo con datos de Procuradurías y Fiscalías estatales.
Crónica logró verificar su presencia en la Ciudad de México y por lo menos otras 18 entidades del país, donde se han abierto averiguaciones previas y realizado operativos para capturar a sus integrantes.
La actividad de arranque consiste en ofrecer a pequeños comerciantes, tanto establecidos como ambulantes, créditos exprés en un rango de mil a 20 mil pesos, con un interés mínimo del 20 por ciento cada 15 o 20 días, aunque los cobros proporcionales son diarios. Se trata del método conocido como “gota a gota” o “dinero al toque”, el cual nació en Colombia y se ha extendido a otros países del continente.
Más allá de la usura, encierra despojos, intimidaciones, secuestros exprés, lavado de dinero, financiamiento al narcotráfico y otras carteras criminales, según el testimonio de víctimas y especialistas.
El modo de operación es conocido ya por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Instituciones Financieras (Condusef).
Con historias de quienes lo han padecido, versiones oficiales e incluso voces de colombianos participantes,Crónica intenta desvelar esta mecánica criminal.
PESADILLA.
Aún temerosa de salir a la calle, Elsa Martínez rescata aquella mañana de agosto de 2015: un hombre entró a su purificadora de agua, ubicada en la colonia Barrio de la Asunción de Xochimilco, para entregarle una tarjeta: “Préstamo de dinero fácil”, decía con letras destacadas, y una frase extra: “Resolvemos en unas horas, sin requisitos”. Estaba inscrito un teléfono celular y el nombre de una persona: Jairo. El negocio recién arrancaba y había necesidad de algunas compras. Nada mal le vendrían 2 mil o 3 mil pesos.
“Llamé con ciertas dudas, el tal Jairo me hizo algunas preguntas y en un par de horas ya lo tenía enfrente. Su acento era medio raro… Me preguntó cuánto tiempo tenía con lo del agua y me pidió mi credencial de elector. Dijo que por ser primera vez no podía prestarme 3 mil, y ofreció 2 mil. El acuerdo fue pagar 120 pesos diarios durante 20 días -60 por cada mil conforme al parámetro establecido por estos grupos-, así que al final pagaría 2 mil 400. Lo que me gustó es que vendrían cada día por el dinero, no perdería tiempo en pagos”.
En 20 días saldó la deuda y el hombre la etiquetó como buena cliente. “Si necesitas más, adelante”, le dijo. Ya para entonces conocía su origen colombiano, acreditado no sólo por el acento sino por la colección de camisetas con la imagen del futbolista James Rodríguez y sobre todo por sus alusiones cafetaleras: “No hay como el tintico de mi país”, presumía. A veces era otro joven el cobrador: llegaba muy silencioso en su moto —principal medio de transporte usado por los colombianos—, pedía el dinero, firmaba la tarjeta donde se registraba el avance del pago y se iba.
Ya en confianza, Elsa pasó a los 3 mil y luego a los 5 mil, por los cuales pagaba 300 pesos diarios, 6 mil al cabo de 20 días.
“Descansé un poco, pero en diciembre sabía que mi esposo recibiría 20 mil pesos de una caja de ahorro y con 10 mil pesos más podría comprar otra planta purificadora de uso, pero en buen estado. Así que le hablé a Jairo y le conté el plan. No fue tan fácil, pero me los prestó. Tenía que juntar todos los días 600 pesos, aunque por esos días las ventas iban subiendo y estaba segura que sí los sacaría”.
Pero la vieja purificadora se averió en menos de una semana. Entre el desembolso de la reparación, el desplome en el llenado de garrafones y la desolación de los días iniciales de enero, comenzó a retrasarse con los pagos. “Los dos primeros días no me dijeron nada, pero al tercero Jairo me dijo que serían 100 pesos más al día, fue como una bola de nieve que ya no pude detener. ¿Cómo podía defenderme si no había nada firmado? De repente, ya le debía 15 mil. Una tarde llegó con su ayudante y otro señor, me sacaron a la fuerza del negocio y me subieron a un auto”, narra la mujer entre sollozos.
—¿Qué pasó?
—Me anduvieron paseando por la ciudad, quizá dos o tres horas. Sólo repetían que no estaban jugando, querían su dinero… ‘Mejor nos las llevamos y le damos su merecido’, decía el desconocido. Puras amenazas: que ya tenían vigilado a mi esposo y a mi hijo y los iban a secuestrar, que sabían de mi departamento y me lo quitarían, que podían hacer y deshacer en México porque estaban protegidos. Me jalonearon y el más joven hasta me toqueteó. Ha sido la experiencia más terrible de mi vida. Decidieron soltarme, con la condición de pagarles en menos de una semana, pero ya no serían 15, sino 25 mil pesos.
—¿Y por qué no denunció?
—No tenía ningún papel y me amenazaron: si acudía con las autoridades se llevarían a mi hijo. No se te ocurra ni acercarte con la policía, porque ahí están nuestros padrinos, decían.
Elsa debió deshacerse de los insumos disponibles de la purificadora, pagó, cerró la cortina, vendió su departamento y huyó a otro lugar de la ciudad. “Parecía tan fácil, sin riesgos, pero se convirtió en pesadilla”.
Y no es un relato aislado…
CDMX, CENTRO OPERATIVO.
El mismo artilugio ha sido detectado por la Condusef en las delegaciones de Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan y Miguel Hidalgo. Este diario también corroboró casos en Xochimilco, Milpa Alta, Iztacalco, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Venustiano Carranza y Magdalena Contreras. Once demarcaciones.
De manera paradójica, la Procuraduría de Justicia de la CDMX, encabezada por Rodolfo Ríos Garza, ha sido hasta ahora la más hermética e inmóvil. Durante tres semanas Crónica le solicitó información sobre los trabajos para desmantelar esta red y la respuesta siempre fue silencio e indiferencia.
Sin embargo, los expedientes en otras Fiscalías y Procuradurías refieren a la Ciudad de México como centro de operaciones de estas bandas. Es la urbe donde se reúnen antes de repartirse el mercado nacional y otros indicios lo refuerzan: declaraciones de los propios colombianos detenidos, matriculas de motocicletas y vehículos asegurados y direcciones localizadas.
Pero aquí en la capital las autoridades nada saben…
Por medio de expedientes ministeriales, reportes policíacos, actas circunstanciadas y averiguaciones previas, se han documentado acciones de los colombianos en todas las regiones del territorio mexicano y en específico en los estados de Aguascalientes, Jalisco, México, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Zacatecas, Coahuila, Guanajuato, Nayarit, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Oaxaca, Michoacán, Hidalgo, Nuevo León y San Luis Potosí.
En los operativos de rastreo, investigación y captura han participado policías ministeriales, preventivas, judiciales, de reacción operativa y agentes del INM. Los arrestos se han concretado mientras deudores eran amenazados, agredidos o extorsionados, y cuando cuadrillas colombianas realizaban labores de enganche y cobro en zonas comerciales, mercados públicos y tianguis, sus lugares predilectos.
Una de las indagatorias más solidas en torno al asunto se ha realizado en la Fiscalía General de Aguascalientes. En declaraciones, los sudamericanos detenidos aceptaron su expansión “prioritaria por el centro del país y la Península de Yucatán” y las argucias migratorias para ingresar a México y permanecer aquí largo tiempo.
¿De dónde proviene el flujo de dinero utilizado en los préstamos y cuál es su destino?
Ya la violencia asoma: la Fiscalía de Veracruz ha asentado la tortura y asesinato de cinco colombianos prestamistas. Vivían juntos en un departamento de la ciudad de Córdoba.
