A pesar de que la Auditoría Superior de la Federación
(ASF) investigó y pidió que el Grupo Tradeco devolviera recursos pagados
irregularmente en la construcción de carreteras, la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT) afirmó que no cuenta con información
respecto de auditorías u observaciones a las obras que, por contratos
otorgados, realizó esa empresa en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe
Calderón, época en la que legisladores de distintos partidos documentaron que
recibió 57 mil millones de pesos.
Cinco meses después de que la Comisión Permanente le
pidió hacer públicos los contratos otorgados por la dependencia a esa empresa,
considerada la favorita de los gobiernos panistas y que participó en obras como
la Estela de Luz –que de un costo original de 300 millones de pesos subió a mil
400 millones–, la SCT detalló que se le entregaron ocho contratos por 4 mil 787
millones para carreteras y túneles.
Entre éstos se encuentra la construcción de la carretera
Durango-Mazatlán, por 2 mil 56 millones 689 mil 291 pesos, de los que la ASF
realizó observaciones por pagos improcedentes y ordenó su recuperación. No
obstante, la SCT sostuvo que no cuenta “con el estado que guarda la
recuperación de dichos recursos, en el supuesto de existir las mencionadas
auditorías”.
Se trata de un oficio suscrito por el director de
Contratación de la dirección general de Carreteras de la SCT, Juan Manuel
Carrillo Baena, documento que fue recibido esta semana por la Comisión
Permanente y que se turnó al Senado para su revisión, debido a que la petición
original surgió de la bancada del PRI en esa cámara. Aún no existe un monto de
los recursos que la empresa tendría que regresar al erario.
En julio, la Comisión Permanente aprobó un punto de
acuerdo, a solicitud de senadores del PRI, para que la SCT hiciera públicos los
contratos con Tradeco, y que tanto la Secretaría de la Función Pública como la
Procuraduría General de la República “investigaran, denunciaran y, en su
caso, procedieran en contra de quien resulte responsable, derivado de las
irregularidades evidenciadas por la ASF en las obras adjudicadas a esa constructora”.
La investigación solicitada se debió a que la mayoría de
los contratos se le otorgaron de manera directa, es decir, sin licitación
pública o invitación restringida, entre otros para la autopista
Durango-Mazatlán y el puente Baluarte Bicentenario, que merecieron
observaciones de la ASF por incumplimiento de normatividad.
Entre las irregularidades detectadas por el órgano
fiscalizador están la entrega de un anticipo de 258 millones de parte de la
Secretaría de la Defensa Nacional para la ampliación de la base aérea de Santa
Lucía, que debía terminar entre 2012 y 2013, pero que debido a una prórroga fue
terminada en agosto de 2014.
También encontró irregularidades en las nuevas
instalaciones del Colegio del Aire; en la ampliación de la base aérea en
Zapopan, Jalisco; en la construcción del penal de Papantla –otorgado por la
Secretaría de Gobernación–, y en la construcción de hospitales en Chiapas,
entre otros.
Según las investigaciones realizadas por senadores y
diputados, los contratos originales entregados a Tradeco sumaban 17 mil
millones de pesos, pero las sucesivas ampliaciones a los mismos sumaron otros
40 mil millones.
Los senadores del PRI que presentaron el punto de acuerdo
señalaron que las autoridades debían ejercer “las acciones necesarias para
fincar posibles responsabilidades tanto administrativas como penales por el uso
indebido e ineficiente de los recursos del erario”, así como“coadyuvar al
esclarecimiento del posible uso ineficiente o indebido de recursos públicos,
tanto en el pasado, como en la actualidad”.
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