¿En qué momento un ex secretario
de Estado se sigue asumiendo como “alto funcionario” para evitar comparecer
ante la justicia? Desde enero del 2013 cuando el caso Ojinaga ―que involucra a
19 militares en delitos de tortura y homicidio de tres civiles dentro de la
Operación Conjunta Chihuahua―, pasó del fuero de guerra al ámbito federal por
fallo de la Corte, las solicitudes para que altos mandos del ejército
testifiquen se han incrementado.
El caso del general Guillermo Galván Galván,
ex secretario de la Defensa Nacional, citado desde julio pasado por el juzgado
décimo de distrito en Chihuahua para que se presente a una diligencia del caso
Ojinaga, ilustra el llamado “pacto de impunidad” que de momento mantiene como
“intocable” al militar que firmó las directivas que dieron sustento al
despliegue de tropas en aquella entidad.
El juicio contra la Operación Conjunta
Chihuahua, que dejó desapariciones, asesinatos y un sinnúmero de denuncias por
violaciones a los derechos humanos, tiene abierto varios frentes en diferentes
juzgados federales. El proceso por lo sucedido en Ojinaga es el primero donde
se ha pedido al juez que lleva el caso, se pronuncie sobre el sustento legal
que aduce la procuraduría de justicia militar para evitar que el ex secretario
testifique.
Una disposición
administrativa esgrimida como argumento legal por el Procurador de Justicia
Militar ante el juez décimo de distrito en Chihuahua, ha servido para que en
los últimos seis meses el general de división Guillermo Galván Galván evite comparecer
ante un juzgado federal por su papel en la Operación Conjunta Chihuahua.
El ex secretario de la Defensa Nacional estaba citado desde
julio pasado por un juez federal para que respondiera sobre las disposiciones
que dictó, y el sustento legal en que se basó la operación en el frente de
Ojinaga, Chihuahua, sede de la Tercera Compañía de Infantería No Encuadrada
(C.I.N.E.), algunos de cuyos ex integrantes son procesados por homicidio,
tortura y delitos contra la salud.
El caso Ojinaga es el primero que por fallo de la Suprema de
Justicia de la Nación (SCJN) se ventila en el fuero federal desde el año 2013.
Es un juicio donde están involucrados el general de brigada Manuel de Jesús
Moreno Aviña, ex comandante de la Guarnición Militar de esta ciudad fronteriza,
el teniente coronel José Julián Juárez Ramírez ex comandante de la 3ª C.I.N.E.,
el mayor Alejandro Rodas Cobón, ex segundo al mando, seis oficiales y 10
integrantes de tropa.
El pasado 12 de octubre el general brigadier Jesús Gabriel López
Benítez, procurador de justicia militar, envió un documento al juzgado donde
explicó la situación que dentro de la normativa castrense tiene el general
Galván, y la razón por la que no puede testificar ante tribunales dentro del
juicio 49/2012.
El funcionario militar citó el decreto del 29 de enero de 1976,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero del mismo año,
donde el entonces Presidente Constitucional de “los Estados Unidos Mexicanos de
la República (sic) Luis Echeverría Álvarez”, dispuso que los generales que
hayan desempeñado el cargo de Secretario de la Defensa Nacional, continúen en
servicio “no obstante que opere alguna causal de retiro”. La razón es que
durante el desempeño de sus “elevadas funciones”, adquieren un “contacto mayor con
los problemas relacionados con la conservación del orden interno del país,
capacidad ésta que debe ser aprovechada constantemente cooperando como órganos
de consulta de los que en lo sucesivo desempeñen ese cargo”. De esa manera, se
reconoce su mérito por el Gobierno de la República.
El texto concluye: “Es así como el C. General de División
Diplomado de Estado Mayor, Guillermo Galván Galván, por decreto presidencial y
por acuerdo del actual titular de esta Secretaría de Estado, funge como asesor
desde el 1 de diciembre de 2012. Por lo anterior se le considera Alto
Funcionario por haberse desempeñado como Secretario de la Defensa Nacional con
la responsabilidad de la Seguridad Nacional y Seguridad Interior del país, por
lo que las instituciones le conceden el cargo vitalicio de asesor de esas
materias para que continúe prestando sus servicios a la nación”. Esta condición
de “alto funcionario”, según el procurador militar, es lo que le exime de
comparecer ante la justicia federal.
Galván no es el único que ha hecho uso de cualquier recurso a la
mano para no responder ante tribunales. Durante el 2015 el comandante de la
Operación Conjunta Chihuahua del año 2008 al 2010, el general de brigada Felipe
de Jesús Espitia Hernández, ha hecho caso omiso a citatorios judiciales en
varias ocasiones para que comparezca ante juzgados federales. De acuerdo a
notas periodísticas de varios medios locales en aquella entidad, el hoy
coordinador de asesores del director del ISSFAM (Instituto de Seguridad Social
de las Fuerzas Armadas Mexicanas), está involucrado en denuncias de
desaparición, tortura y asesinato como los casos de los civiles Saúl Becerra
Reyes e Israel Arzáte Meléndez, por los que varios militares de diversas
unidades que participaron en el despliegue en Ciudad Juárez, lo han requerido
para que declare.
¿Galván
“alto funcionario”?
Altos funcionarios de la Federación se le considera al
presidente de la república, los gobernadores, los ministros de la Corte,
secretarios de Estado, no a los asesores, dice en entrevista telefónica el
mayor Alejandro Rodas Cobón, ex segundo comandante de la 3ª C.I.N.E y quien es
uno de los militares sujetos a proceso por homicidio y tortura en el caso
Ojinaga.
Rodas habló con este blog desde
la única caseta telefónica del interior del penal militar de Mazatlán, que se
facilita a los internos para que tengan comunicación con el exterior. Dice que
el pasado 17 de noviembre el agente del ministerio público federal Francisco
Hidalgo Acosta, pidió al juez que el general Galván no comparezca y expuso los
motivos del escrito enviado por el procurador militar. Este argumento aun no se
da como válido ya que el juez todavía no emite su fallo.
La razón por la que el mayor Rodas pidió comparezca el ex
secretario de la Defensa Nacional, fue porque durante la etapa de averiguación
previa del caso Ojinaga, quedó privado de su libertad por una orden de arresto,
esa sanción que por disposición legal debe estar argumentada se usó para que
fuera torturado por la Policía Judicial Militar y aceptara bajo coacción los
cargos que se le imputaron.
“El me privó de mi libertad durante la averiguación previa
mediante una orden de arresto, dejándome en estado de indefensión, la cita es
para que aclare ante el juez de la cause 49/2012 los motivos y quede acreditada
semejante violación de mis garantías como inculpado. Esa violación a mis garantías
tendría que ser suficiente para obtener mi libertad, ya demostré con la orden
por escrito donde me impone el arresto en el mismo periodo de la averiguación
previa y más de 10 testigos refieren haberme visto recluido en las
instalaciones de la Tercera Compañía durante la averiguación previa, por lo
tanto solo me falta exponerlo en una diligencia judicial ante el juez de la
causa”, explicó este oficial de infantería.
Aseguró que su arresto estuvo mal aplicado y fue arbitrario.
“Por principio de cuentas y suponiendo que estuviera bien aplicada, el
habérmela impuesto durante la averiguación previa es violatorio de mis
garantías por lo tanto incurrió en delitos que si la ley fuera pareja debería
terminar en prisión Guillermo Galván Galván. El motivo dice que violé derechos
humanos a la población de Ojinaga, lo hace en forma genérica no dice a quien,
en qué fecha y en qué consistieron esas violaciones, ni quien lo dice y con qué
pruebas contaba para imponerme el correctivo disciplinario que me recluyó 18 días,
no solamente 15 como dice el arresto. Es un acto de autoridad debe estar
fundado y motivado, no tiene ninguna de las dos cosas”.
Según la ley de disciplina del Ejército y Fuerza Aérea, el
arresto es la reclusión que se hace merecedor el militar que ha infringido
disposiciones o reglamentos castrenses, siempre y cuando éstas no constituyan
un delito. “¿Acaso violar derechos humanos de la población es una falta? ¿No es
un delito? Se funda en los preceptos reglamentarios que se violaron, no hay
ningún artículo dentro de nuestras leyes y reglamentos que refiera
específicamente un castigo por violar derechos humanos, por tal motivo carece
de fundamentación. Con este documento, la orden de arresto, mas los testigos
compruebo mi reclusión durante la averiguación previa, independientemente que
el arresto no estuvo fundado”, explicó.
Ensayo
para el futuro
Rodas recordó que fue detenido el 26 de agosto del 2009 en
Ensenada, Baja California donde prestaba sus servicios en la Guarnición, y
trasladado a Ojinaga, donde quedó recluido del día siguiente hasta el 13 de
septiembre en las instalaciones militares de la Tercera C.I.N.E., mientras
agentes judiciales “armaban” con base en torturas y declaraciones ya
elaboradas, acusaciones contra sus ex compañeros entre las que estaban delitos
contra la salud, robo equiparado, robo agravado, tortura y homicidio
calificado. El caso fue “filtrado” a la prensa por la Sedena y fue bautizado
mediáticamente como “el pelotón de la muerte”.
“Ya comprobé mi inocencia en los dos primeros me absolvieron, en
robo agravado a pesar de que demostré que estuve de vacaciones en Tapachula,
Chiapas, me señalan de haber participado en un cateo de un domicilio que el
teniente coronel José Julián Juárez Ramírez ordenó vaciaran, es decir, se
robaran hasta los perros. El juez de la causa penal 53/2012 aun no me otorga la
absolución, lo que podría ocurrir el próximo año. Presenté ocho documentos que
demuestran que estuve en Tapachula cuando ocurrió el robo en Ojinaga, además de
10 testigos”. El cargo de homicidio calificado, por el caso de dos civiles que
presuntamente fueron detenidos por militares y que después aparecieron los que
se aseguran son sus restos, continúa ventilándose en el juzgado décimo en
Chihuahua, donde Rodas ha presentado pruebas y testimonios de que las
imputaciones no tienen sustento al no haber materia para acusarlo.
El mayor Rodas Cobón es un militar especializado en análisis de
inteligencia que se ganó sus ascensos y reconocimientos, como oficial del
ejército durante el conflicto armado de 1994 en Chiapas. El caso Ojinaga,
explicó, fue “fabricado” por la secretaría de la Defensa Nacional durante la
gestión del general Galván, para demostrar a la clase política, a la población
civil y a los medios de comunicación, que se actuaba con “apego a la legalidad
en la fallida guerra que había implementado el entonces presidente de la
república Felipe Calderón Hinojosa contra las organizaciones criminales”.
Por eso la importancia que el general Galván testifique ante el
juzgado donde se lleva el caso Ojinaga. Como no está definido en algún
ordenamiento legal quién está considerado como “alto funcionario” de la
Federación, como refiere el artículo 245 del Código Federal de Procedimientos
Penales, el abogado de oficio del mayor Rodas esperará el pronunciamiento del
juez para interponer los recursos, en caso de un fallo en contra, que el
proceso amerite.
El brigadier López Benítez, no dio una razón de fondo para
justificar que el puesto de asesor del general Galván corresponde al de un
“alto funcionario”, por lo que se buscará por todos los medios legales para que
se presente a declarar. El mayor aseguró que el general de división Salvador
Cienfuegos Zepeda, actual titular de la Defensa Nacional, ha intervenido “para
evitar a toda costa que Guillermo Galván Galván se siente ante un tribunal
civil ahora que el fuero militar ha sido acotado”.
“La razón es que en el futuro tendrá que responder también ante
dichos tribunales por los casos Iguala (los 43 normalistas desaparecidos de
Ayotzinapa), Tlatlaya (los 22 presuntos secuestradores abatidos), Calera y
Ostula. Impedir que Galván comparezca ante un juez federal, es una forma de
amarrarse el dedo antes de ser cortado y perpetuar ese pacto de impunidad que
sexenio tras sexenio tienen todos los secretarios de Defensa”.
El procurador militar actúa por órdenes del general Cienfuegos,
añadió Rodas, porque como órgano del fuero guerra la dependencia que preside
López Benítez depende del secretario de la Defensa Nacional. En ese sentido el
general Galván va a hacer todo lo posible por no comparecer ante un tribunal
civil.
Fuente.-
Juan
Veledíaz
@velediaz424
