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lunes, 9 de noviembre de 2015

TAMAULIPAS SECUESTRADO:" la "TASA de PLAGIOS es 469% MAS que la "INCIDENCIA NACIONAL"....nomas !!!


El pánico se ha extendido a través de la ciudad fronteriza de Matamoros, Tamaulipas. Y mientras los ciudadanos comienzan a padecer una ola de secuestros en la que el Cártel del Golfo ahora ataca a personas inocentes para hacer dinero rápido, el temor se expande porque muchas víctimas no han sobrevivido a pesar de haber pagado los rescates, de acuerdo con una investigación realizada por el sitio estadounidense Breitbart.
Francisco García Cabeza de Vaca, Senador del Partido Acción Nacional (PAN), presidente de la Comisión de Defensa Nacional y Secretario de la Comisión de Marina, dijo en entrevista con SinEmbargo que en Tamaulipas lo que existe es una “violencia silenciosa”. La entidad, alerta, está a la cabeza de delitos de alto impacto como el secuestro, extorsión, robo de combustible y robo de vehículos con violencia.
Cabeza de Vaca comentó que si bien hay avances tras la intervención del Gobierno federal en las tareas de seguridad –con detenciones de integrantes de los grupos delictivos que se disputan algunas regiones en el estado y una baja en los enfrentamientos–, “esto no es un sinónimo de que no continúe la violencia”.
“En Tamaulipas hay una violencia silenciosa”, dijo el Senador tamaulipeco. Esta situación, agregó, se agudizó la semana pasada con casos en Tampico, Laredo, Reynosa y Matamoros. Los sectores productivos han pedido la intervención de las autoridades.
No obstante, dijo que “hay desconfianza hacia la autoridad estatal. Y si no hay confianza, no hay denuncias”.
El Senador García Cabeza de Vaca comentó a SinEmbargo que esta falta de confianza es la que impide que intervenga el Gobierno federal. “Esto es producto de la irresponsabilidad y complicidad de los gobiernos locales [....] y el poco actuar del gobierno del estado”.
Dijo que se tiene que hacer un ajuste en la estrategia de seguridad que ha implementado el Gobierno federal. “Mientras los tres órdenes de gobierno no trabajen en el mismo sentido, compromiso y voluntad política, no habrá una diferencia”.
El Senador panista solicitó en marzo del año pasado, mediante un punto de acuerdo respaldado por su Grupo Parlamentario, que el Presidente Enrique Peña Nieto y el Gobernador Egidio Torre Cantú implementaran las acciones necesarias a fin de contar con una estrategia integral para combatir la inseguridad en Tamaulipas.
Recordó que en esa ocasión la propuesta no prosperó a falta del apoyo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que ha gobernado la entidad desde siempre.
Dijo que ya se ha comunicado con la Coordinadora Nacional Antisecuestros, Patricia Bugarín Gutiérrez a quien le explicó que había un sinnúmero de personas que habían sido víctimas de este delito. Comentó que este día se llevó a cabo en el estado una reunión entre autoridades del estado así como del Ejército, Marina y Policía Federal para buscar atender el alza en los secuestros.
El Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) informó en días pasados que los estados con más víctimas de secuestro, tanto en el fuero federal como en el  común, fueron el Estado de México, Tamaulipas, Veracruz y Distrito Federal al sumar el 62.04 por ciento a nivel nacional.
"Por tasas, dijo, los de mayores niveles fueron Tamaulipas y Veracruz al rebasar a la incidencia nacional en 469.17 y 108.86 por ciento".
SILENCIO, LA RESPUESTA OFICIAL
Los funcionarios del estado han estado callados mientras los secuestros continúan creciendo. Aunque se desconoce el número oficial de los casos, fuentes consultadas porBreitbart indicaron que en las últimas semanas, los secuestros se han producido alrededor de una vez cada tres días.
La Alcaldesa de Matamoros, Leticia Salazar, ha hablado públicamente sobre la crisis de seguridad en su ciudad. Salazar ha pedido ayuda a las autoridades federales y del gobierno de Tamaulipas para que intervengan en el caso ya que Matamoros no cuenta con policía local.
Los rescates a gran escala y la extorsión a familias conocidas han extendido el terror entre los ciudadanos, no sólo en esta ciudad fronteriza, sino también en Brownsville, Texas, donde muchos ciudadanos estadounidenses temen por sus seres queridos en México.
Las páginas en las redes sociales han extendido la desinformación, al tratar de decir que los secuestros están vinculados a una banda de secuestradores colombianos.
Fuentes consultadas por Breitbart  han revelado que los secuestros están de hecho vinculados al actual líder de la facción Ciclones del Cartel del Golfo, Odon Azua Cruces, mejor conocido como el “Gordo Cherry”.
El “Gordo Cherry” recientemente tomó el control la facción Ciclones del Cártel del Golfo, la cual gobierna la ciudad fronteriza de Matamoros. La subida del “Gordo Cherry”  al poder se produjo después de la captura del antiguo líder de la facción Angel ” Prado “El Orejón” o “Ciclon 7, que fue capturado por las autoridades mexicanas en Matamoros.
En el pasado, antes de trabajar en Matamoros, el “Gordo Cherry” trabajó para el Cartel del Golfo en el puerto mexicano de Tampico, donde el hombre esparció el miedo y el caos cuando comenzó una ola masiva de secuestros y extorsiones contra civiles inocentes.
Breitbart de Texas consultó con fuentes con conocimiento directo de la actividad delictiva en la zona quienes confirmaron que el “Gordo Cherry” ha dado órdenes explícitas a los sicarios del cártel, conocidos como “estacas”, de peinar la ciudad en busca de hombres de negocios y ricos para secuestrar, robar y extorsionar.
En estos últimos días, ha habido cuatro secuestros y a pesar de las grandes sumas de rescates que han sido pagados algunas de las víctimas todos han perdido la vida. Los casos no han sido reportados, ya que muchas familias temen que la corrupción arraigada en México permita a los miembros del cártel tener ojos y oídos en los organismos encargados de hacer cumplir la Ley.
Uno de los casos más impactantes es el secuestro de Sonia González, de 50 años de edad, una mujer exitosa de negocios con una trayectoria impecable que fue secuestrada y torturada. A la familia le pidieron pagar un cuantioso rescate, pero el dinero no garantizaba su seguridad, por lo que la familia Peña González continúa llorando a su ser querido.
Otras dos familias, que han pedido permanecer en el anonimato, se encuentran en una situación similar  ya que esperan el regreso de sus seres queridos.
Los hombres de negocios respetuosos de la Ley, también secuestrados por sicarios del cártel.
El más reciente secuestro sucedió con la esposa y la hija del dirigente sindical Juan Villafuerte Morales. Villafuerte es el actual líder de un poderoso sindicato de trabajadores de plantas manufactureras en esta ciudad. Pistoleros del cártel secuestraron a la familia del hombre fuera de su casa en el fraccionamiento Villa del Parque, en el lado este de la ciudad.
De acuerdo a la información proporcionada a Breitbart por personas cercanas a la familia, los secuestradores irrumpieron en su casa el miércoles, poco después de las 7 de la mañana, tomando a la mujer y a su hija.
En este caso particular, las autoridades respondieron desplegando una búsqueda masiva y operación de rescate que incluyó helicópteros y tropas militares sobre el terreno, sin embargo, el esfuerzo fracasó.
Al mediodía, Villafuerte había recibido una demanda por una fuerte suma de pago de rescate por parte de los secuestradores. Cerca de 12 horas después del secuestro, tanto la mujer y la niña fueron liberadas y la familia se ocultó en el lado estadounidense de la frontera en Brownsville.
Fuente.-


¿ FABRICARON "CULPABLES" en la "FUGA del CHAPO" ?.


Con engaños y sin orden de aprehensión, fueron detenidos elementos de la Policía Federal encargados de la custodia y el monitoreo del Centro Federal de Readaptación (Cefereso) No. 1 "Altiplano" por la fuga de Joaquín Guzmán Loera ‘El Chapo’, aseguraron sus familiares en entrevista con LA SILLA ROTA.
Horas después de la evasión del capo sinaloense, los policías federales fueron trasladados a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delicuencia Organizada (SEIDO), sin que hubiera testimonios que los inculparan y ni tampoco investigación.
Dentro de las primeras 72 horas, las autoridades federales los mantuvieron incomunicados, sin acompañamiento de un abogado, además fueron víctimas de abusos y hostigados para firmar una declaración.
En la causa penal 48, radicada en el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en León, Guanajuato, y en la causa penal 55, del Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, ha quedado asentado que antes la fuga de “El Chapo” la mayoría de los sistemas electrónicos de seguridad perimetral del Cefereso “estaban fuera de servicio”. 
Ninguno de los elementos de la Policía Federal tenía la capacidad -ni responsabilidad a su alcance- para desactivar o alterar los equipos de seguridad y comunicación en el penal, sin embargo, están acusados del delito de evasión por la fuga del líder del Cártel de Sinaloa.
LA SILLA ROTA entrevistó a los familiares de los Policías Federales inculpados, quienes por razones de seguridad pidieron omitir sus nombres. 
LAS FALLAS 
El 11 de julio de 2014, a las 20:52 horas, el interno R-5 (clave para nombrar a “El Chapo” en el penal) de la celda 20 del Cefereso ya no fue visto en el monitor de vigilancia. El policía federal responsable del seguimiento llamó a su mando para informar lo sucedido, pero las comunicaciones fallaron. Junto a otro compañero intentaron avisar de lo sucedido pero las fallas se mantuvieron.
“Ellos tratan de hacer llamadas y todo estaba incomunicado, los tiempos se les venía encima y ellos desesperadamente buscando comunicarse cuando todo para hacer llamadas estaba apagado”, señala un familiar de un policía federal.
Esta es una de las presuntas causas por las que el Centro de Control de la Policía Federal y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) reportaron al director de Seguridad y al comandante de compañía hasta las 21:25 la evasión, es decir, 33 minutos después.

Con un tono de impotencia y coraje, el familiar señala que “ellos no tenían acceso al código rojo, sólo a unos radios personales a una distancia corta, no tenían sonido en las pantallas, no estaban activadas todas las alarmas alrededor del Altiplano, no estaba activado los sensores (sistema geofónico) para detectar el trabajo que se realizaba en la parte de abajo”.
Con firmeza asegura que “todo eso estaba apagado de tiempo atrás, y cómo es posible quieran culpar a alguien que no tiene acceso a lo más mínimo de todas esas alarmas”.
No es una declaración al aire impulsada por el amor y la defensa incondicional de su familiar. En la causa penal, funcionarios de alto nivel también lo evidenciaron. Uno de ellos, Valetín Cárdenas Lerma, ex director del Altiplano, el 14 de julio de 2014, en su declaración.
“Por qué después de haberse reportado durante mucho tiempo que la mayoría de los sistemas electrónicos de seguridad perimetral estaban fuera de servicio, en ningún momento se atendió estos reportes… y vulneró la seguridad institucional en este caso… específico, si hubiera funcionado el sistema de intrusión y de detección de movimientos del subsuelo del penal, probablemente hubiera habido una atención oportuna”, cuestionó Cárdenas Lerma frente al agente del ministerio público de la federación.
Los familares señalan que en las causas penales hay testimonios que indican que los sistemas de seguridad no operaban en el Altiplano y no hicieron nada por corregirlos, “no había alarma puesta, y en su momento reportaron a ellos (a los jefes de Policía Federal), estaban reportando que las cámaras no estaban funcionando tal cual deben de ser y aun así hicieron caso omiso de esa circunstancia. Ya tenía meses que habían reportado las fallas”.
Afirman que “el brazalete de este señor (Joaquín Guzmán Loera “El Chapo") estaba apagado” y que ningún policía federal del Altiplano puede desactivarlo, sólo alguien de más arriba.

En la oficina del director del penal hay un monitor que exclusivamente vigilaba la celda de “El Chapo”, de modo que Leonor García García, directora jurídica, responsable en ese momento del penal, pudo estar al tanto de la evasión desde que ocurrió.
Casualidad o coincidencia, pero el sistema geofónico del Altiplano dejó de funcionar hace un año y medio, un mes después del ingreso del capo sinaloense al penal de máxima seguridad, además se presume que los monitores de los sistemas de videovigilancia “se pasman” y que 30 por ciento de las cámaras perimetrales del penal no funcionaban.
La Dirección General de Administración del Órgano Desconcentrado, es el área responsable de atender los sistemas de seguridad y alarmas perimetrales, que está a cargo de Paulo Uribe Arrieaga, quien se desempeñara como coordinador de Planeación financiera de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Hidalgo, durante el mandato de Miguel Ángel Osorio Chong.
El líder del Cártel de Sinaloa permaneció desde su ingreso al penal en la celda 20 y no fue reubicado en otra, por decisión de un mando de la Policía Federal.
“Esta nota informativa (sobre la reubicación de Guzmán Loera) la realizó Celina Oseguera y yo la repliqué el mismo día al comisionado nacional de Seguridad (Monte Alejandro Rubido) y me solicitaron que pidiéramos opinión a la División de Inteligencia de la Policía Federal y el que sugiere no moverlo es David Fernando Rodríguez (director de monitoreo en la Policía Federal) ... de manera verbal le dio contestación a que no era factible el cambio”, declaró ante el ministerio público federal el ex comisionado de los Ceferesos, Juan Ignacio Hernández Mora. 
David Fernando Rodríguez Robledo, Director de Monitoreo en la Policía Federal, fue quien recibía también los reportes y los informes de las fallas en los monitores, que “se pasmaban”, quien poco o nada habría hecho para subsanar las fallas. 
LOS ABUSOS 
La madrugada de 12 de julio de 2015, los elementos de la Policía Federal encargados de la custodia y el monitoreo del Altiplano fueron trasladados a las instalaciones de le SEIEDO en la Ciudad de México con engaños y sin órdenes de aprehensión. Recibieron un trato de inculpados, cuando iban en calidad de testigos, ya que se iniciaba la indagatoria de la evasión del capo sinaloense.
“Cuando todavía no había un indicio (se los llevaron), nadie que lo estuviera acusando para que con esa declaración fueran a detenerlos. Nadie que los acusara a ellos de una forma legal. Los fueron a detener cuando no había nada para que se los llevaran como detenidos en la forma en que lo hicieron, desde ahí estamos manejando que no se hicieron bien las cosas”, relata un familiar de los indiciados.
Ellos exponen que desde el primer momento, las autoridades federales dieron un trato de detenidos a sus familiares.
“Los tenían que haber citado como testigos, no tenían que haber ido por ellos, la situación pasó entre las 8:30 y 9 de la noche, y no tenía por qué llevárselos a las 5 de la mañana a la SEIDO detenidos cuando no había nada detrás de investigación de que ellos tenían que ver algo ahí, no había nada y se los llevaron en plan de detenidos. Estuvieron tres días y tuvieron que ampliar (el plazo) para estar buscando cosas en contra de ellos, mismas que no encontraron y los dejaron libres, y hacen acciones para podérselos llevar nuevamente la SEIDO”, detalla.
En el traslado a la Ciudad de México y en las instalaciones de la SEIDO, los elementos de la Policía Federal fueron presuntamente víctimas de abusos.

“No tenían que haber sido llevados así la primera vez, esposados, y a algunos (en la SEIDO) los desnudaron, a unos los pusieron hacer sentadillas, y los esposaron en una silla”, cuenta un familiar.
“Tres días de no verlos en la SEIDO, tres días de no poder meter abogado”, donde fueron amenazados para aceptar su participación en la fuga del líder del Cártel de Sinaloa.
“Los mantuvieron incomunicados por tres días sin apoyo de su abogado, los querían hacer firmar una declaración que no era, si no, no iban a ver a los familiares, sólo les permitieron llamar para decir que estaban ahí”, dice de manera firme un familiar.
También los hostigaron para que firmaran documentos con otras fechas, entre ellos, el protocolo de operación para centros penitenciarios, el cual tenía fecha 24 de marzo de 2015, es decir, tres meses y medio antes de la fuga.
Indican que hay fabricación de pruebas en contras de sus familiares, “está declarado que el sistema de alarmas estaba apagado, el sistema del suelo no estaba activado y el brazalete del 'Chapo' tampoco estaba activado. Los empleados como tales no pueden cortar la comunicación de nada de eso porque son empleados monitoristas, empleados administrativos, que no tienen acceso ni siquiera de recibir órdenes de tal magnitud de que deben quitar alarmas, de que no deben decir nada, porque ellos no tienen acceso a nada de lo que estaba apagado de tiempo atrás”, sentencia contundente el familiar. 
Y otro apunta que en la SEIDO “las preguntas que les hicieron no les permitieron contestar de manera legible (sic) lo que se tenía que haber hecho en ese momento, sólo preguntas concretas. Ellos no pueden activar el código rojo porque tienen órdenes por encima”.
“Hay unas situaciones en las cuales nos preguntamos cómo es posible que esas circunstancias, él (David Fernando Rodríguez Robledo) haya hecho un tipo de declaración en las que inculpaba prácticamente a los mismos empleados, por eso también fueron detenidos, de ahí salió la culpa por ellos”, precisa.
A pesar de las anomalías testificadas del caso y de que los sistemas de seguridad no funcionaban, los elementos de la Policía Federal siguen como inculpados por la evasión del líder del Cártel de Sinaloa.
Fuente.-LaSillaRota

DETIENEN a MEXICANA en TEXAS por "FRAUDE ELECTORAL"..!! Ya lo exportamos !!!


El Fiscal del Condado de Tarrant en Fort Worth, Texas, se ha asociado con el Procurador General de Texas para hacer un arresto en un caso de fraude electoral que es delito grave. El caso involucra a una ciudadana mexicana que presuntamente voto ilegalmente en al menos dos elecciones de Texas.
Rosa María Ortega ha sido acusado en el condado de Tarrant de dos cargos de votación ilegal. El cargo es un delito grave de segundo grado en Texas.
"La protección de la integridad de las elecciones es esencial para nuestra democracia y una prioridad de mi administración", dijo el Procurador General Ken Paxton en un comunicado obtenido de la Oficina de Texas de la Procuraduría General (OAG) por Breitbart Texas. "Mientras hay criminales que tratan de explotar nuestro sistema de elecciones, estamos dispuestos a investigar, procesar y recuperar la confianza y se escuche  la voluntad de la gente de Texas"
El descubrimiento fue realizado por la oficina del fiscal de distrito del condado de Tarrant Sharen Wilson y se remitio luego a la Procuraduría General. Se supo que Ortega supuestamente votó en las elecciones generales de noviembre de 2012 y luego de nuevo en la segunda vuelta electoral  de las primarias del 05 2014  Ambos incidentes tuvieron lugar en el condado de Dallas.
Ortega no es un ciudadano de Estados Unidos y por lo tanto no es elegible para votar en las elecciones de Texas.
El caso fue presentado al Gran Jurado del Condado Tarrant por el fiscal de distrito auxiliar Harry White, jefe de la unidad de integridad pública de la Oficina del Fiscal del Condado de Tarrant.
Ortega fue detenida el viernes y se encuentra detenido en la cárcel del Condado de Tarrant con una fianza de $ 10,000.
Fuente.-Breitbart/TX

Dice "PEÑA NIETO" que NO REEMPLAZARA a ESTADOS en su "OBLIGACION en MATERIA de SEGURIDAD"...antes "creyeron" que si.


El gobierno federal no está para reemplazar las tareas que tienen los estados en materia de seguridad, que es “una tarea que nos compete a todos, que a todos los órdenes de gobierno involucra”, subrayó el presidente Enrique Peña Nieto.
Durante la inauguración del Cuarto Foro Nacional Sumemos Causas. Por la Seguridad, Ciudadanos + Policías, hizo hincapié en que el gobierno de la República no elude su responsabilidad en ese tema, pero tampoco puede ser sustituto de las responsabilidades propias de las instituciones de los estados y municipios.
Todos tenemos la responsabilidad, con las organizaciones de la sociedad civil, de mejorar las condiciones de seguridad para la sociedad mexicana, enfatizó el mandatario. 
Fuente.-

ESPOSO de "SENADORA PRIISTA" PAGA 8 MILLONES de PESOS por RESIDENCIA de LUJO"...asi en un solo pago,sin "jodencia".


El esposo de la senadora del PRI, Diva Hadamira Gastélum, Sergio Alberto Romero, adquirió en mayo pasado una lujosa residencia en la colonia Chapultepec, en Culiacán y la cual fue pagada en un solo pago.

La residencia valuada en ocho millones de pesos se construyó en un año 10 meses en la playa de Las Glorias, Guasave. El esposo de la senadora Hadamira Gastélum adquirió apenas una nueva casa de más de 5 millones de pesos en conocida zona residencial de Sinaloa.
Se trata de una compra-venta que fue hecha en una sola exhibición ante notario público. Esta se suma a la serie de propiedades de las que se ha hecho la familia en los últimos tres años.
En mayo de 2015, el empresario decidió adquirir una casa en la colonia Chapultepec, una de las zonas de mayor plusvalía de Culiacán.
El inmueble ubicado en la calle Vicente Suárez, marcado con el número 758, no lo puso a su nombre, ni al de su esposa Diva Gastélum, lo escrituró a nombre de Karem Aquím Romero Gastélum, la hija mayor de la pareja formada entre Sergio Alberto Romero Reyes y la legisladora federal del PRI de Guasave. La joven está casada con Armando Neri Contreras Sánchez, quien trabaja en la Auditoría Superior del Estado.
Es un inmueble de 727 metros cuadrados de construcción, quedó asentado en la escritura 5,347, celebrada a penas el 20 de mayo de 2015 por conocido notario público.
La vivienda cuenta con dos accesos hechos de madera, es de dos plantas, cuenta con acabados de primera y está construida casi en la totalidad del terreno.
La cantidad acordada entre el empresario y la vendedora fue de 5 millones 100 mil pesos, los cuales fueron pagados en una sola exhibición y de conformidad con la propietaria que accedió a la compra.
Para liquidar el pago de más de 5 millones, el 25 de mayo pasado fue librado por el señor Sergio Alberto Romero Reyes, el cheque número 71561293 de la institución bancaria BBVA Bancomer.
El acto de compra-venta de la residencia fue realizado a favor de la mayor de las hijas de la legisladora, Karem Aquím, quien tiene 31 años de edad, es ingeniera industrial y de sistemas por el Instituto Tecnológico de Sonora y hoy está dedicada a cuidar a sus hijos.
Para realizar el acto, la parte vendedora, la señora María Aída Castaños Arballo, nombró a un apoderado legal, un abogado egresado de la Libre de Derecho, a fin de realizar la transacción con el esposo de la senadora.
Hecho el pago, el notario protocolizó la compra mediante la escritura 5,347, que fue inscrita el 4 de junio de 2015 en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Sinaloa y la cual le da la legal propiedad.
El portal del Ayuntamiento confirma como la legal propietaria a la hija mayor de la familia y quedó registrada bajo la clave catastral 007-000-018-066-010-001, que aparece sin adeudos para la Dirección de Ingresos del Ayuntamiento de Culiacán.
Llama la atención que la vivienda en la colonia Chapultepec fue comprada por debajo de su valor comercial.
En septiembre de 2009, cuando la casa fue adquirida antes por la ciudadana María Aída Castaños Arballo a la joven Joselyn López Ballesteros, estaba valorada en un mayor nivel.
En aquella fecha fue adquirida en 6 millones 380 mil pesos, así quedó asentado en la escritura que fue emitida por otro notario público de la ciudad en agosto de 2009. Seis años después fue comprada en un millón 280 pesos menos.
En 2013, el esposo de la senadora compró una pequeña casa a la orilla de la playa Las Glorias, en Guasave, y después construyó una vivienda de al menos, según avalúos profesionales, ocho millones de pesos.
La residencia  fue mejorando y su cotización actual en el mercado, de acuerdo a una consultora, se estima en cerca de ocho millones de pesos.
El inmueble adquirido era modesto, sin bardas y de una planta, pues así lo muestran las fotos de su avalúo. Mientras tanto, hoy es la residencia más imponente de esta zona federal.
La nueva residencia se suma a las compras millonarias de la pareja de la senadora, quien ha sido vinculada como quien maneja los recursos que ha amasado la priista.
Con información de El Debate

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"LA "POLITICA",la "FABRICA de NUEVOS RICOS"...son gente "barata" que luego resulta "Muy Cara".



EL "TAMAULIPECO DUEÑO de HIGA,"el de la "CASA BLANCA y la MORAL NEGRA","VIAJO con EPN a COLOMBIA en 2013"...


Juan Armando Hinojosa Cantú, presidente de Grupo Higa, viajó con el presidente Enrique Peña Nieto y la comitiva oficial del Gobierno mexicano a la VII Cumbre de la Alianza del Pacífico que se realizó en Colombia, los días 22 y 23 de mayo de 2013.

A la par de la Cumbre de los presidentes de Chile, Colombia, Perú y México -países que integran la Alianza-, más de 300 empresarios de las mismas naciones se dieron cita en la Tercera Reunión del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP) para establecer negocios a nivel regional. Hinojosa Cantú viajó con Peña Nieto para participar en este evento. Ningún otro empresario viajó en el avión presidencial.

Hinojosa Cantú es dueño Ingeniería Inmobiliaria del Centro, empresa que construyó y es dueña de la “casa blanca” de Sierra Gorda 150, en Lomas de Chapultepec, la cual fue hecha a gusto y petición de Peña Nieto y su esposa, Angélica Rivera, como se documentó en el reportaje publicado exactamente hace un año en este medio.
El viaje de Peña Nieto e Hinojosa Cantú se realizó nueve meses después de que la casa blanca quedó lista para ser ocupada, el 22 de agosto de 2012, como quedó registrado en documentos públicos de la Delegación Miguel Hidalgo.
El nombre del empresario aparece en el número 4 de la lista de pasajeros de los vuelos de ida y regreso que realizó del avión presidencial TP-01, también conocido como Presidente Juárez, de acuerdo con documentos oficiales del Estado Mayor Presidencial consultados por Aristegui Noticias vía la Ley federal de Transparencia.
Hinojosa Cantú compartió la cabina principal del avión presidencial junto con Peña Nieto; el director de Pemex, Emilio Lozoya Austin; el jefe del Estado Mayor Presidencial, Roberto Francisco Miranda Moreno; el secretario de Economía, Idelfonso Guajardo; el secretario particular del presidente, Jorge Corona Méndez; el entonces coordinador de asesores y actual jefe de la Oficina de la Presidencia, Francisco Guzmán Ortíz; e Ilhuicamina Díaz Méndez, encargado de elaborar los discurso presidenciales.
A este viaje no asistió la primera dama, Angélica Rivera.
Durante su discurso en la Cumbre, Peña Nieto señaló que los presidentes también se habían reunido con empresarios de los países integrantes para establecer relaciones comerciales.
“Los mandatarios de la Alianza del Pacífico pudimos interactuar con empresarios de nuestros países con el objetivo de impulsar mecanismos para encadenar procesos productivos regionales”, dijo.
En la Cumbre también participaron como observadores del acuerdo los presidentes de Costa Rica, Guatemala y España, así como el primer ministro de Canadá, Stephen Harper, además de representantes de alto nivel de Australia, Japón, Nueva Zelanda y Uruguay.
En el avión también viajaron 30 periodistas que cubren la fuente presidencial; además del piloto y copiloto, y 11 personas de tripulación y seguridad.
El vuelo partió del aeropuerto de la capital de Querétaro con rumbo al aeropuerto internacional “Alfonso Bonilla”, en Colombia, el mediodía del miércoles 22 de mayo.
En ese trayecto a los pasajeros se les ofreció ensalada de pimientos asados con queso de cabra, carpaccio de atún con jícama y pepino y ensalada de vinagreta como opciones de entrada. De plato fuerte pudieron elegir entre estofado de ternera con hongos y vino blanco, pulpo en su tinta, pechuga de pollo al teriyaki o fetuccini con langosta.
La carta de bebidas a elegir incluyó amaretto Disaronno, anís Las Cadenas, aperitivos Fernet Branca y Gagliano, Bacardí Blanco, Baileys, licor Pacharán, oporto Ferreira y Fonseca, Sangría Jimador, tequilas Don Julio Blanco, Herradura Reposado y Maestro Tequilero Reposado y Blanco, vodkas Absolut Azul, Belvedere, Grey Goose y Zubrowka, whiskey Johnnie Walker y sambuca negro.
El vuelo de regreso despegó de la misma base aérea colombiana la noche del jueves 23 de mayo y aterrizó la madrugada del viernes 24 de mayo, en la Ciudad de México.
De cena a los pasajeros se les ofreció de entradas salmón curado con sal y eneldo, ensalada piamonte (con pera glaceada, jitomate seco y queso azul) y ensalada de plátanos fritos con camarones y jitomate. Mientras de plato fuerte se ofrecieron lomo de merluza a la parrilla con costra de hierbas y cebolla, bife de chorizo con sala de uvas del valle, tallarines con vegetales, pechugas de pollo con tomates secos y queso de cabra y ravioles rellenos de jaiba al pomodoro.
Las opciones de bebidas fueron las mismas que en el vuelo previo.
Grupo Higa, a través de su agente de relaciones públicas, declinó hacer comentarios. Se buscó al vocero presidencial, Eduardo Sánchez, pero no atendió los mensajes.
fuente.-

"ZAYAS,GONZALEZ y LEYZAOLA",JEFES de POLICIA CORRUPTOS que " SIEMPRE TIENEN EMPLEO".

De izquierda a derecha: Guillermo Zayas González, Facundo Rosas Rosas y Julián Leyzaola Pérez. Fotos: Cuartoscuro

En los lugares donde hicieron carrera, estos jefes policiacos son señalados por corrupción y violaciones a los derechos humanos. Pero brincan a otras plazas y les dan empleo…

 La noticia que Hilda Barragán recibió a mediados de septiembre pasado no podía ser más desalentadora. El responsable de la muerte de su hija Isis Gabriela, que no sólo es un ex jefe policiaco consignado por homicidio culposo, estaba además por recibir un nuevo cargo.
–Van a nombrar a Guillermo Zayas González director de Seguridad Pública en Ciudad del Carmen –le dijo un amigo activista por teléfono.
La madre de familia cuenta en entrevista que no podía creerlo. Zayas González fue quien, como jefe del Sistema Unipol en la Delegación Gustavo A. Madero, ordenó y encabezó el operativo policiaco que provocó la muerte de doce personas en la discoteque News Divine en junio de 2008. Una orden suya, dice Barragán, hubiera permitido la salida de los jóvenes del lugar y su hija, de 16 años, tal vez estaría con vida.
Zayas González, en cambio, dice el informe elaborado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, decidió mantener a cientos de adolescentes asegurados dentro del negocio como evidencia, precisamente, del delito de corrupción de menores.
“Esta aseveración cobra fuerza si se tiene en cuenta que, antes de ser llevados a la Agencia del Ministerio Público, las y los jóvenes fueron llevados al menos a tres sectores de la Secretaría de Seguridad Pública –Pradera, Quiroga y Aragón– para ser clasificados y fotografiados, dándoles trato de potenciales delincuentes; de hecho, para separar a los adultos de los adolescentes. Como consta en los testimonios, a quienes lograron acreditar su mayoría de edad en el sector al que les llevaron, se les dejó en libertad en ese mismo momento sin mayor trámite. En cambio, a los que no lo hicieron, se les presumió adolescentes y se les retuvo con la finalidad de que declararan ante el Ministerio Público”, dice el informe, de julio de 2008.
Dos amparos han permitido al ex jefe policiaco evadir durante siete años el proceso penal para el que lo consignó la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ese mismo año. La última esperanza de justicia para las familias, por tanto, dice Barragán, era el ofrecimiento que les hizo desde 2013 el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, de crear una comisión que impulse el caso ante instancias internacionales.
El nombramiento en Ciudad del Carmen, sin embargo, acabó también con esa expectativa. “Es frustrante, decepcionante, no encuentro palabras más decentes para llamar a todo esto que esta pasando”, dice la madre de Isis Gabriela Tapia Barragán, de 16 años.
“Porque cuando esperábamos que alguien pague por habernos destrozado la vida, por haber vejado y humillado a tantos jóvenes, por el sólo hecho de pertenecer a una clase baja, puede hacer lo que quiere, se pueden ir por la libre… Entonces, las leyes ¿para qué son?”, cuestiona.
Zayas no es el único jefe policiaco acusado de graves violaciones a los derechos humanos que, en lugar de castigo, es elegido para ocupar otros cargos públicos. En enero de 2011, de acuerdo con El Diario de Juárez, el teniente coronel del Ejército Mexicano, Julián Leyzaola Pérez, fue acusado de haber ejercido, facilitado y permitido actos de tortura mientras fue titular de Seguridad Pública en Tijuana, Baja California, donde encabezó la Policía Municipal entre 2008 y 2010. En marzo siguiente, y pese al antecedente, el alcalde priísta Héctor Murguía lo nombró Secretario de Seguridad Pública en Juárez, donde de nuevo generó quejas por violentar las garantías individuales.
En noviembre de 2012, el nombre del ex comisionado de la Policía Federal, Facundo Rosas Rosas, fue incluido en el grupo que el narcotraficante Édgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, acusó públicamente de recibir dinero de su parte y de otros grupos de la delincuencia organizada, al igual que el ex Secretario de Seguridad Pública Federal durante el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna. Cinco meses después, el Gobernador de Puebla, el panista Rafael Moreno Valle, nombró a Rosas Rosas Secretario estatal de Seguridad Pública.
Y, en septiembre pasado, poco después del primer aniversario de la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, si bien el Cabildo rechazó la propuesta, el nuevo alcalde priísta Esteban Albarrán Mendoza quiso como jefe de Seguridad Pública a Crisóforo Bahena Tino, primer jefe policiaco que tuvo el ex alcalde José Luis Abarca, preso por el crimen contra los jóvenes normalistas.
Incluso el nombramiento de Zayas González en Ciudad del Carmen fue una recomendación del Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, de acuerdo con lo que el alcalde panista Pablo Gutiérrez Lázarus dijo a los medios cuando hizo el anuncio.
“Los políticos nombran a impunes como jefes de policía, y esos jefes de policías, a cambio, protegen a los políticos”, explica el investigador sobre corrupción y crimen organizado, Edgardo Buscaglia.
“México vive en todos los ámbitos un pacto de impunidad policial que deriva de un pacto de impunidad política (…) donde los gobernadores y candidatos no denuncian sus actos de corrupción para apoyarse; hay un pacto de no investigarse entre ellos, un quid pro quo; y el pacto de impunidad policial es un derivado de la impunidad política”, agrega.
Buscaglia, además de investigador de Economía y Derecho en la Universidad de Columbia, preside en México el Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia, una de las organizaciones que acompaña el reclamo de justicia de las familias de los jóvenes que perdieron la vida durante el operativo en el News Divine.
Y dentro de los miles de crímenes que existen en México, dice Buscaglia, éste ocurrido en la capital de la república y en el que el probable responsable ha obtenido dos amparos del Poder Judicial, ilustra la forma en la que participan los jueces en la construcción de la impunidad.
“El caso News Divine es un caso de delincuencia organizada de Estado, y de protección de impunes de Estado. Lo que están protegiendo estos impunes no es a los soldaditos policías que cometieron estos atropellos, sino a los patrones políticos de esos policías (…) que siguen siendo protegidos a través de un Poder Judicial que celebra la impunidad, y a través de un jefe de Gobierno que simula constituir una comisión de expertos cuando en realidad ponen obstáculos burocráticos para que no se formen”, dice el investigador.
“Lo que llama la atención en el caso mexicano, es que el sistema judicial está tan capturado por este pacto políticos, que es una situación diferente a países como Brasil o Colombia, donde también hay mucha corrupción, pero donde el sistema judicial reacciona ante la corrupción. A los ministros de Luiz Inácio Lula da Silva (en Brasil) se les sentencia; al primo del presidente Álvaro Uribe (en Colombia) se le sentencia. Es decir, hay corrupción en todos lados, en todo el mundo, pero lo que yo evalúo técnicamente es la reacción institucional del sistema judicial, y en el caso de México, el sistema judicial forma parte de la delincuencia organizada”, agrega.
Y debido a que la falta de consecuencias no hace más que expandir la impunidad, expone Buscaglia, de igual forma aumenta la alevosía con la que ésta se ejerce. “Y lo que estás viendo ahora bajo la administración Enrique Peña Nieto y Mancera, porque son parte del mismo pacto, es una expansión a mayor escala del mismo pacto de impunidad que operaba con Felipe Calderón, a mayor escala y con mucha mayor alevosía, como el caso del Presidente con la Casa Blanca”, dice.
“¿LA AUTORIDAD PUEDE HACER ESO?”
Porque aún tiene un hijo varón, Hilda Barragán dice que todos los días lucha por sobrellevar el duelo de haber perdido a su única hija. Con el matrimonio roto y sin empleo, fue una de las familiares de las víctimas que aceptó la oferta de trabajo que les hizo el Gobierno del Distrito Federal después de la tragedia. La decisión le generó críticas que toleró no sólo por la necesidad de generar ingresos económicos, dice en entrevista, sino por la de tener una ocupación que le permitiera mostrarse positiva ante su hijo, deprimido a su vez y, como ella y el resto de las afectados por los hechos, frustrado por la falta de castigo.
La cruzada contra esos sentimientos es diaria, afirma. Pero hay circunstancias que la hacen aún más insoportable. Sobre todo cada vez que se entera que algún participante en el operativo queda en libertad. Primero Zayas, en agosto de 2008, después de haber pasado sólo dos meses en prisión y de haber pagado una fianza. Luego, en abril de este año, los once policías consignados por el operativo que también fueron liberados con exoneración de la Suprema Corte de Justicia. Es entonces, narra la madre de familia, que se pregunta para qué seguir, para qué más gastos y reuniones en su reclamo de que alguien finalmente pague por el crimen y que haya justicia.
“Los policías estaban recibiendo órdenes, pero ¿no había capacidad de raciocinio, de arbitrio, de decir ‘es que si hago esto, puede pasar esto’? ¿Qué tenían dentro los servidores públicos? ¿Estaban drogados? ¿Por qué no les hicieron a ellos el antidoping y en cambio se los hicieron a los muchachos? ¿La autoridad puede hacer eso, un operativo a lo bruto? ¿No había un manual? ¿Se les ocurrió el mero día y sin tener una orden judicial, como maniquíes, violando la ley, porque se los está diciendo Zayas, que era el mando único?”, cuestiona.
“Y ahora Alfredo Maya (dueño del discoteque), es el único que está en la cárcel. Si no digo que no haya tenido responsabilidad, pero él no fue el responsable de los homicidios”, dice.
Enterarse del nombramiento de Zayas en Campeche le quitó también el sueño, dice. El plan acordado entre las familias fue que, ante el agravio, un grupo viajaría a Ciudad del Carmen, Campeche, para tratar de persuadir al alcalde de la designación y, personalmente, alertar a la población sobre los antecedentes de su futuro jefe policiaco.
El desvelo no sólo era por el dolor, la sorpresa y la impotencia de ver cómo se recompensaba al autor del mortal operativo policiaco, sino también por el temor de probables consecuencias. ¿Qué pasaría si quisiera hacerles algo?
Pero aun entre las dudas, dice, la idea de la injusticia y el dolor de no haber vuelto a ver o abrazar a su hija es aún más insoportable. “Fue muy doloroso cuando nos enteramos que había asumido el poder el 1 de octubre. No pudimos ir antes y llegamos el 7; dimos una conferencia de prensa, intentamos hablar con el alcalde, pero se burló de nosotros. Nos dijo que íbamos pagados por un partido político”, cuenta.
La abogada Claudia Cruz, directora del Instituto de Acción Ciudadana y una de las activistas que acompañó a los padres de Isis Gabriela y a Carmen Rivas Nájera, madre de Leonardo Amador Rivas, de 24 años, cuenta por separado que el Alcalde Gutiérrez Lázarus –que sólo las atendió en un parque, mientras realizaba una audiencia pública– desestimó la advertencia sobre el proceso abierto a Zayas y dijo que incluso conocía el expediente. Pero no pudo, dice Cruz, responder cuántos tomos tenía el caso.
“Fue ahí cuando los papás plantearon que habían hecho una gran lucha porque esto no se volviera a repetir, y que esa era su preocupación, que una persona como ésta, que le estaba dando vueltas a la justicia para no ser procesado, estuviera ahora supuestamente protegiendo la seguridad de Campeche. Pero siguió burlándose”, dice Cruz.
“También preguntamos en qué momento le quitaron la obligación de firmar, porque preguntamos al Juez XIX de lo Penal cuál es su estado jurídico e incluso si sigue firmando o no, pero nos explicaban que los jueces tienen que establecer si sigue firmando o no, y que es discrecional. Entonces, aun con mayor razón decimos que es un caso armado”, agrega Cruz.
El Alcalde Gutiérreza Lázarus reiteró a SinEmbargo, a través de su oficina de Comunicación Social, el respaldo de su Gobierno a su director de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito.
“Todos hemos enfrentado alguna cuestión de injusticia y el mismo tiempo nos ha ido dando la razón. En este caso particular,  hubo una valoración y varias personas fueron puestas a prueba y conforme al desempeño que presentaron fue que tomamos la decisión”, dice la respuesta enviada a este medio.
Y, sobre la visita de los padres de familia de las víctimas a Ciudad del Carmen, dijo que “entendemos las cuestiones políticas. Las elecciones, como lo dijo el Gobernador en la toma de protesta, ya quedaron atrás, y sin embargo pareciera ser que algunas personas todavía les pesa”.
“NADIE ESTÁ EXENTO ”
El dolor de haber perdido a su Isis de manera violenta ha obligado a Barragán a revisar las circunstancias que lo provocaron. La semana previa se había separado de su marido e Isis, cuya pasión eran la música y el baile, salió a la tardeada diciendo que iba al cine. Ella se fue además a vender los productos con los que trataba de ganar un poco de dinero. ¿La hacía eso culpable? Pero, ¿cómo era posible que, aun cuando varios jóvenes yacían ya aplastados y asfixiados en el News Divine o en el exterior, el jefe policiacio mantuviera la orden de mandar a los sobrevivientes a una agencia del ministerio público para todavía ser interrogados.
“Sabemos que el señor fue quien ordenó el cierre de las puertas, y todavía viendo lo que estaba pasando tuvo el descaro de tomar a los jóvenes como prueba, subirlos a los camiones, llevarlos ante el ministerio público, llevarlos con un médico legista que las desnudó para verificar la edad, y ¿cómo, viendo todo lo que había pasado, se atrevieron a seguir violando los derechos humanos de todos los jóvenes? Eso es lo que no me cabe en la cabeza”, dice la madre de familia.
Y por eso, explica, es su exigencia de justicia: “Nadie está exento. Lo que estamos viendo no es raro que suceda, porque no se están tomando las medidas. La justicia no se maneja como debiera y en cualquier momento, a cualquier habitante de la Ciudad de México, sobre todo tratándose de jóvenes, les puede pasar lo mismo”.
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"FIRMA RUSA" ACTUALIZA 19 HELICOPTEROS de la FUERZA AEREA MEXICANA


La firma Russian Helicopters informó que la reparación y actualización de 19 helicópteros militares de transporte Mi-17, pertenecientes a la Fuerza Aérea Mexicana, fue completada, según el contrato de comisión firmado por el Coronel Lucas Guzmán Galindo.

El convenio incluyó la reparación de la estructura de todos los sistemas de las aeronaves, incluyendo motores, cajas de cambios principales, APU’s. Así como el entrenamiento de 20 especialistas de aviación en helicópteros y programas de funcionamiento del motor, equipo de aeronaútica y electrónicos del Mi-17.
Las primeras cinco aeronaves reparadas fueron entregadas al gobierno mexicano en julio de 2014 y las 15 restantes llegaron a suelo nacional entre agosto y septiembre del mismo año. El entrenamiento de los especialistas fue concluido en diciembre de 2014.
Fuente.-
Angel Silva Juárez
@Usul16

EL "CJNG" quiere todo el "PAIS",ahora PELEAN por "GUANAJUATO".


El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantiene “una limpia” en Guanajuato para sacar a Los Caballeros Templarios del territorio, lo que ha dejado una estela de muerte; el secretario de Seguridad PúblicaÁlvaro Cabeza de Vaca Appendini, reconoció laaprehensión de integrantes de ambas organizaciones delictivas, pero negó que se encuentren asentados en la entidad.

Ambos criminales pelean por la hegemonía del tráfico de drogas, el secuestro, la extorsión y el robo de combustible.
De acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública en los primeros meses de 2015 se han registrado 713 homicidios dolosos en Guanajuato, mientras que en el mismo periodo de 2014 se presentaron 576, es decir, 137 muertes más, que representan un aumento del 23.7 por ciento.
En lo que va de 2015 Guanajuato registra más homicidios dolosos que Michoacán con 668 y Tamaulipas con 624, entidades que tiene fuerte presencia de cárteles del crimen organizado.
Guanajuato es el primer lugar nacional en el delito de homicidios culposos con mil 411, registra más que los que suman el Tamaulipas (603) y Distrito Federal (597).
En el 2014, Guanajuato se colocó como la segunda entidad con mayor número de tomas clandestinas con 425, sólo debajo de Tamaulipas. En los primeros seis meses de este año se han detectado 200 tomas clandestinas en ductos de Pemex.
El 1 de septiembre de 2015 en los municipios de Tarimoro y Salvatierra aparecieron al menos 29 narcomensajes firmados por el CJNG en plazas y edificios públicos, donde  anunció una limpia del grupo rival, es decir, Los Caballeros Templarios.
En la expansión, el CJNG ha tenido bajas, entre ellas la detención de Emmanuel Ortiz González, "El Güerillo" o "El Güero", principal distribuidor de droga en la ciudad de León. Además unos 30 integrantes de ese grupo criminal purgan condena en el estado.
El 1 de mayo de 2015, Guanajuato resintió la ola de violencia que inició en Jalisco el CJNG, en el estado fueron incendiados cuatro vehículos y una sucursal bancaria.
Los Caballeros Templarios tienen presencia principalmente en el sur  y norte de la entidad, el CJNG les disputa la hegemonía.
Tras la captura de Servando Gómez "La Tuta", Los Caballeros Templarios disminuyeron su presencia en Guanajuato y se extendió la del Cártel Jalisco Nueva Generación.
De acuerdo a Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), el CJNG recientemente amplió su presencia en San Luis Potosí y Guanajuato.

fuente.-LaSillaRota