Con engaños y sin orden de aprehensión, fueron detenidos elementos de la Policía Federal encargados de la custodia y el monitoreo del Centro Federal de Readaptación (Cefereso) No. 1 "Altiplano" por la fuga de Joaquín Guzmán Loera ‘El Chapo’, aseguraron sus familiares en entrevista con LA SILLA ROTA.
Horas después de la evasión del capo sinaloense, los policías federales fueron trasladados a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delicuencia Organizada (SEIDO), sin que hubiera testimonios que los inculparan y ni tampoco investigación.
Dentro de las primeras 72 horas, las autoridades federales los mantuvieron incomunicados, sin acompañamiento de un abogado, además fueron víctimas de abusos y hostigados para firmar una declaración.
En la causa penal 48, radicada en el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en León, Guanajuato, y en la causa penal 55, del Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, ha quedado asentado que antes la fuga de “El Chapo” la mayoría de los sistemas electrónicos de seguridad perimetral del Cefereso “estaban fuera de servicio”.
Ninguno de los elementos de la Policía Federal tenía la capacidad -ni responsabilidad a su alcance- para desactivar o alterar los equipos de seguridad y comunicación en el penal, sin embargo, están acusados del delito de evasión por la fuga del líder del Cártel de Sinaloa.
LA SILLA ROTA entrevistó a los familiares de los Policías Federales inculpados, quienes por razones de seguridad pidieron omitir sus nombres.
LAS FALLAS
El 11 de julio de 2014, a las 20:52 horas, el interno R-5 (clave para nombrar a “El Chapo” en el penal) de la celda 20 del Cefereso ya no fue visto en el monitor de vigilancia. El policía federal responsable del seguimiento llamó a su mando para informar lo sucedido, pero las comunicaciones fallaron. Junto a otro compañero intentaron avisar de lo sucedido pero las fallas se mantuvieron.
“Ellos tratan de hacer llamadas y todo estaba incomunicado, los tiempos se les venía encima y ellos desesperadamente buscando comunicarse cuando todo para hacer llamadas estaba apagado”, señala un familiar de un policía federal.
Esta es una de las presuntas causas por las que el Centro de Control de la Policía Federal y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) reportaron al director de Seguridad y al comandante de compañía hasta las 21:25 la evasión, es decir, 33 minutos después.
Con un tono de impotencia y coraje, el familiar señala que “ellos no tenían acceso al código rojo, sólo a unos radios personales a una distancia corta, no tenían sonido en las pantallas, no estaban activadas todas las alarmas alrededor del Altiplano, no estaba activado los sensores (sistema geofónico) para detectar el trabajo que se realizaba en la parte de abajo”.
Con firmeza asegura que “todo eso estaba apagado de tiempo atrás, y cómo es posible quieran culpar a alguien que no tiene acceso a lo más mínimo de todas esas alarmas”.
No es una declaración al aire impulsada por el amor y la defensa incondicional de su familiar. En la causa penal, funcionarios de alto nivel también lo evidenciaron. Uno de ellos, Valetín Cárdenas Lerma, ex director del Altiplano, el 14 de julio de 2014, en su declaración.
“Por qué después de haberse reportado durante mucho tiempo que la mayoría de los sistemas electrónicos de seguridad perimetral estaban fuera de servicio, en ningún momento se atendió estos reportes… y vulneró la seguridad institucional en este caso… específico, si hubiera funcionado el sistema de intrusión y de detección de movimientos del subsuelo del penal, probablemente hubiera habido una atención oportuna”, cuestionó Cárdenas Lerma frente al agente del ministerio público de la federación.
Los familares señalan que en las causas penales hay testimonios que indican que los sistemas de seguridad no operaban en el Altiplano y no hicieron nada por corregirlos, “no había alarma puesta, y en su momento reportaron a ellos (a los jefes de Policía Federal), estaban reportando que las cámaras no estaban funcionando tal cual deben de ser y aun así hicieron caso omiso de esa circunstancia. Ya tenía meses que habían reportado las fallas”.
Afirman que “el brazalete de este señor (Joaquín Guzmán Loera “El Chapo") estaba apagado” y que ningún policía federal del Altiplano puede desactivarlo, sólo alguien de más arriba.
En la oficina del director del penal hay un monitor que exclusivamente vigilaba la celda de “El Chapo”, de modo que Leonor García García, directora jurídica, responsable en ese momento del penal, pudo estar al tanto de la evasión desde que ocurrió.
Casualidad o coincidencia, pero el sistema geofónico del Altiplano dejó de funcionar hace un año y medio, un mes después del ingreso del capo sinaloense al penal de máxima seguridad, además se presume que los monitores de los sistemas de videovigilancia “se pasman” y que 30 por ciento de las cámaras perimetrales del penal no funcionaban.
La Dirección General de Administración del Órgano Desconcentrado, es el área responsable de atender los sistemas de seguridad y alarmas perimetrales, que está a cargo de Paulo Uribe Arrieaga, quien se desempeñara como coordinador de Planeación financiera de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Hidalgo, durante el mandato de Miguel Ángel Osorio Chong.
El líder del Cártel de Sinaloa permaneció desde su ingreso al penal en la celda 20 y no fue reubicado en otra, por decisión de un mando de la Policía Federal.
“Esta nota informativa (sobre la reubicación de Guzmán Loera) la realizó Celina Oseguera y yo la repliqué el mismo día al comisionado nacional de Seguridad (Monte Alejandro Rubido) y me solicitaron que pidiéramos opinión a la División de Inteligencia de la Policía Federal y el que sugiere no moverlo es David Fernando Rodríguez (director de monitoreo en la Policía Federal) ... de manera verbal le dio contestación a que no era factible el cambio”, declaró ante el ministerio público federal el ex comisionado de los Ceferesos, Juan Ignacio Hernández Mora.
David Fernando Rodríguez Robledo, Director de Monitoreo en la Policía Federal, fue quien recibía también los reportes y los informes de las fallas en los monitores, que “se pasmaban”, quien poco o nada habría hecho para subsanar las fallas.
LOS ABUSOS
La madrugada de 12 de julio de 2015, los elementos de la Policía Federal encargados de la custodia y el monitoreo del Altiplano fueron trasladados a las instalaciones de le SEIEDO en la Ciudad de México con engaños y sin órdenes de aprehensión. Recibieron un trato de inculpados, cuando iban en calidad de testigos, ya que se iniciaba la indagatoria de la evasión del capo sinaloense.
“Cuando todavía no había un indicio (se los llevaron), nadie que lo estuviera acusando para que con esa declaración fueran a detenerlos. Nadie que los acusara a ellos de una forma legal. Los fueron a detener cuando no había nada para que se los llevaran como detenidos en la forma en que lo hicieron, desde ahí estamos manejando que no se hicieron bien las cosas”, relata un familiar de los indiciados.
Ellos exponen que desde el primer momento, las autoridades federales dieron un trato de detenidos a sus familiares.
“Los tenían que haber citado como testigos, no tenían que haber ido por ellos, la situación pasó entre las 8:30 y 9 de la noche, y no tenía por qué llevárselos a las 5 de la mañana a la SEIDO detenidos cuando no había nada detrás de investigación de que ellos tenían que ver algo ahí, no había nada y se los llevaron en plan de detenidos. Estuvieron tres días y tuvieron que ampliar (el plazo) para estar buscando cosas en contra de ellos, mismas que no encontraron y los dejaron libres, y hacen acciones para podérselos llevar nuevamente la SEIDO”, detalla.
En el traslado a la Ciudad de México y en las instalaciones de la SEIDO, los elementos de la Policía Federal fueron presuntamente víctimas de abusos.
“No tenían que haber sido llevados así la primera vez, esposados, y a algunos (en la SEIDO) los desnudaron, a unos los pusieron hacer sentadillas, y los esposaron en una silla”, cuenta un familiar.
“Tres días de no verlos en la SEIDO, tres días de no poder meter abogado”, donde fueron amenazados para aceptar su participación en la fuga del líder del Cártel de Sinaloa.
“Los mantuvieron incomunicados por tres días sin apoyo de su abogado, los querían hacer firmar una declaración que no era, si no, no iban a ver a los familiares, sólo les permitieron llamar para decir que estaban ahí”, dice de manera firme un familiar.
También los hostigaron para que firmaran documentos con otras fechas, entre ellos, el protocolo de operación para centros penitenciarios, el cual tenía fecha 24 de marzo de 2015, es decir, tres meses y medio antes de la fuga.
Indican que hay fabricación de pruebas en contras de sus familiares, “está declarado que el sistema de alarmas estaba apagado, el sistema del suelo no estaba activado y el brazalete del 'Chapo' tampoco estaba activado. Los empleados como tales no pueden cortar la comunicación de nada de eso porque son empleados monitoristas, empleados administrativos, que no tienen acceso ni siquiera de recibir órdenes de tal magnitud de que deben quitar alarmas, de que no deben decir nada, porque ellos no tienen acceso a nada de lo que estaba apagado de tiempo atrás”, sentencia contundente el familiar.
Y otro apunta que en la SEIDO “las preguntas que les hicieron no les permitieron contestar de manera legible (sic) lo que se tenía que haber hecho en ese momento, sólo preguntas concretas. Ellos no pueden activar el código rojo porque tienen órdenes por encima”.
“Hay unas situaciones en las cuales nos preguntamos cómo es posible que esas circunstancias, él (David Fernando Rodríguez Robledo) haya hecho un tipo de declaración en las que inculpaba prácticamente a los mismos empleados, por eso también fueron detenidos, de ahí salió la culpa por ellos”, precisa.
A pesar de las anomalías testificadas del caso y de que los sistemas de seguridad no funcionaban, los elementos de la Policía Federal siguen como inculpados por la evasión del líder del Cártel de Sinaloa.
Fuente.-LaSillaRota
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