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jueves, 13 de agosto de 2015

LAS "15 PREGUNTAS SIN RESOLVER" de la "FUGA del CHAPO"....la "duda" es uno de los nombres de la "inteligencia".


El líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, se fugó el sábado 11 de julio a través del área de regadera de su celda en la estancia 20 de la prisión de máxima seguridad del Altiplano.

Sin embargo, a poco menos de un mes de su segundo gran escape –el primero fue de otro penal de máxima seguridad, el de Puente Grande, en 2001– aún hay claroscuros en los detalles de su fuga.
Aquí 10 preguntas que aún no se han resuelto o que las autoridades dejaron a medias en el caso de la fuga del Chapo. 
¿Cuál era su rutina?
El titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Monte Alejandro Rubido, dijo que la rutina diaria era “normal”, y que antes de su escape, ‘El Chapo’ había recibido “su dosis de medicamento”, aunque no dijo cuáles eran sus actividades específicas, tales como sus horarios para la pintura –de la cual trascendió que era aficionado–, a qué hora dormía, si practicaba algún deporte. 
¿Tenía Joaquín El Chapo Guzmán privilegios en la cárcel de máxima seguridad?
En el video que presentó la Comisión Nacional de Seguridad de la celda del capo en el Altiplano se puede apreciar que entra luz y que el Chapo Guzmán contaba con lo que parece ser una pequeña pantalla de televisión. 
¿Por qué el último registro fotográfico que tenía la PGR del criminal más peligroso del mundo era de hace más de año y medio?
La Procuraduría General de la República (PGR) a cargo de Arely Gómez presentó su foto “más reciente” de Joaquín Guzmán Loera que es de febrero de 2014, al ingresar al penal de máxima seguridad. En la imagen aparece sin cabello y sin bigote, mientras que en el video de la fuga se puede apreciar que tenía cabello y el bello facial crecido. 
¿Por qué nadie escuchó, vio o alertó, dentro de la cárcel de máxima seguridad, las obras que se realizaban en un alrededor contiguo a los muros o debajo de suelo?
Algunas versiones periodísticas han apuntado que el ruido de una construcción se escuchaba durante todo el día y en especial durante las semanas antes del 11 de julio. Sin embargo nadie alertó ni sospechó que estos ruidos fueran cerca de la celda del criminal más peligroso del mundo. 
¿Por qué no han renunciado el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el Comisionado Nacional para la Seguridad, Monte Rubido, si son los principales responsables de que la seguridad nacional haya sido violada?
La segunda fuga del criminal evidenció el nivel de corrupción –aceptado así por el mismo Osorio Chong– en el sistema de seguridad del Estado. Sin embargo los principales responsables de esto no fueron separados del cargo. 
¿Quién acompañó a Guzmán en su escape, cuántas personas esperaban al capo afuera, hacia dónde se dirigió y en qué medio?
Las autoridades no han detallado si alguien esperaba dentro del túnel a Joaquín “El Chapo” Guzmán ni en qué medio se presume que huyeron y hacia qué dirección; de hecho, a pesar de que se emitió una alerta internacional, no informaron si el Chapo puede estar ya en otro país. 
¿Cómo era realmente el túnel por el que escapó?
La versión oficial indica que el túnel por el que escapó el criminal más buscado tenía un orificio rectangular de 50 centímetros por 50 centímetros que daba al piso de la regadera en la celda del capo. Tenía metro y medio de profundidad y comunicaba a un conducto vertical de 10 metros de profundidad habilitado con una escalera, que desemboca en un túnel de 1.70 metros de altura y 80 centímetros de ancho con una longitud.
La longitud, de un kilómetro y medio que desembocaba en una casa en obra negra. Sin embargo queda en el aire si el túnel está en línea recta o si tenía formas onduladas. 
¿Cuánto tiempo tardó en construirse el túnel y quiénes lo construyeron?
Entrevistado por el diario Milenio, el ingeniero civil Alfredo Turrent aseguró que el túnel debió construirse en un lapso de un año considerando las dimensiones que tiene y que pudo ser construido por un equipo de cuatro personas.
Sin embargo, nuevamente las autoridades no han dado luz sobre este aspecto ni sobre por qué no se adelantó a que algo como esto iba a ocurrir, toda vez que era sabido que “El Chapo” cuenta con un equipo especialista conformado por mineros que le han ayudado a cavar más de 170 túneles sólo en la frontera de México y Estados Unidos para pasar droga.
El mismo equipo pudo ser el responsable de los túneles que conectaban mansiones en Culiacán con el drenaje de la ciudad y por donde se fugó “El Chapo” una semana antes de que lo aprehendieran en Mazatlán, Sinaloa. 
¿Quiénes integran el equipo de expertos que construyeron el túnel del Chapo y con qué tecnología lograron la hazaña de conectarlo exactamente en la celda del capo?
Un indicio que deja más preguntas la lanzó el Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, quien afirmó que para abrir el boquete en la celda tuvieron que usar “ácido y calor”. Aunque usar ácido en un lugar cerrado habría intoxicado a quienes lo hicieran. 
¿Fue casualidad que El Chapo escapara cuando el Presidente se encontraba fuera del país o su fuga fue planeada?
Mientras Enrique Peña Nieto volaba a Francia para una visita de Estado que se realizó entre el 13 y el 16 de julio, “El Chapo” se encontraba a 10 metros de profundidad fugándose de un penal de máxima seguridad.
Entre la comitiva que acompañaría al presidente se encontraba el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien viajó en avanzada para la visita que relanzaría las relaciones desgastadas entre ambos países. Pero tuvo que volver.
El criminal más peligroso escapó a las 20 horas con 52 minutos del sábado 11 de julio, en un momento en que ni el Presidente ni su segundo al mando se encontraban en territorio nacional.
La ausencia de las dos cabezas del gobierno federal mientras el criminal escapaba abonó a la incertidumbre de un posible arreglo entre autoridades y el criminal que junto 137 reos más, denunciaron cinco meses antes en una hoja de cuaderno doble raya, que las autoridades del penal estaban corrompidas y se vendían al mejor postor. 
¿Quién fue la mujer que visitó al capo en abril de este año y utilizó documentos falsos para entrar al Altiplano, cómo pudo violar las medidas se seguridad del penal?
En abril pasado la CNS dio a conocer que una mujer “ingresó de manera irregular” a El Altiplano, presentado documentos falsos, para visitar a Guzmán. Meses después se dijo que se trataba de una diputada local de Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez, pero ella negó conocer al capo y ser quien aparece en un video de la visita reportada por la CNS. 
¿Qué papel jugó la inteligencia mexicana?
Dos cuentas de Twitter, tienen los nombres de dos de los hijos de Joaquín Guzmán: Iván y Alfredo. Un mensaje de Iván, publicado el 9 de mayo, decía que “el general pronto estará de regreso”, una presunta referencia de su padre. Otro de Alfredo decía: “A mi Apá no mas le pega la gana y se fuga de la prición (sic)”.
Aún sin saber si las cuentas son o no verídicas, los tuits no levantaron sospechas en los encargados de la inteligencia mexicana.
De acuerdo con el periodista y escritor José Luis Montenegro, existen entre 75 y 80 cuentas en redes sociales que podrían ser manejadas por hijos de los grandes capos o personas relacionadas con el Cártel de Sinaloa. 
¿Qué papel jugaron las agencias estadounidenses en la captura del Chapo?
Aún sin un informe oficial sobre las operaciones de agentes estadounidenses en suelo mexicano y específicamente en lo que tuvo que ver con la captura de Joaquín Guzmán Loera, fuentes de la Marina y de la misma PGR han informado que la aprehensión del capo en febrero de 2014 puso lograrse gracias al uso de drones (aviones aéreos no tripulados) de la agencia antidrogas estadounidense, DEA (por sus siglas en inglés).
Las fuentes aseguraron que gracias a esos drones, el gobierno del vecino país y el alto mando de la Armada de México recibieron en tiempo real la información del operativo de las fuerzas especiales de la Marina, como en el operativo en el que se abatió a Osama Bin Laden en mayo de 2011.
Las autoridades mexicanas aseguraron que “El Chapo” fue capturado gracias al trabajo de inteligencia de las corporaciones mexicanas, especialmente de la Marina, sin embargo otras versiones apuntan a que la DEA coadyuvó en la ubicación del sinaloense.
No era la primera vez que lo ubicaban. En marzo de 2011, dos semanas después de la visita de la entonces secretaria de Estado de Estados Unidos a México, Hillary Clinton, “El Chapo” Guzmán estuvo a punto de ser capturado en una mansión en Los Cabos. La DEA, según versiones periodísticas, lo ubicó y avisó a autoridades mexicanas que llegaron tarde.
Estados Unidos pidió su extradición. 
¿Por qué no fue llevado ante una corte estadounidense?
Fuentes de la PGR aseguran que el trámite diplomático comenzó entre el 26 y 27 de enero de este año, sin embargo fue hasta el 30 de julio cuando el juez tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal emitió una orden de detención con fines de extradición de Joaquín "El Chapo" Guzmán, en atención a una solicitud formal presentada por el Gobierno de Estados Unidos.
Pero ya era demasiado tarde porque Joaquín Guzmán había escapado 19 días antes y su equipo de abogados, como en dos ocasiones anteriores, interpuso un amparo contra la extradición que fue concedido y ratificado apenas el lunes 10 de agosto.
Antes de esta ocasión, El Chapo se amparó en dos ocasiones para no ser extraditado. La primera fue unos días después de ser aprehendido y la segunda en enero de este año. 
¿Se preguntó al Chapo cómo y quién lo ayudó a escapar en 2001?
Sin despejar aún las dudas de la fuga del 11 de julio de 2015, quedan los cuestionamientos sobre el primer escape del Chapo.
En su declaración ministerial difundida por autoridades federales declaró que no fuma, no se droga ni tiene tatuajes; que bebe alcohol sólo esporádicamente; que es agricultor de frijol y sorgo, actividad por la que gana 20 mil pesos mensuales; que no lidera ningún cártel y que no conoce a nadie del crimen organizado.
Sin embargo, nunca se le preguntó, o al menos no se ha difundido por parte de las autoridades quién lo ayudó a escapar del penal de Puente Grande en 2001 y si es cierta la versión de que salió en un carrito de lavandería.
La primera fuga de Joaquín Guzmán ayudó a construir el mito del capo más buscado, pero no fue despejado por las autoridades.
Esa pregunta no fue hecha a “El Chapo” ni tampoco a Carlos Manuel Hoo Ramírez, el guardaespaldas con quien fue aprendido la madrugada del 22 de febrero de 2014.
“El Cóndor”, como le apodaban a Hoo Ramírez, detalló en su declaración que “El Chapo” hacía llegar a sus mujeres quincenas de entre 20 y 30 mil pesos, y entre 700 u 800 mil pesos a su mamá y hermanos; que el líder del cártel del Pacífico se reunió con Rafael Caro Quintero en un rancho de Sinaloa, pero tampoco le preguntaron qué sabía de la fuga de su jefe en 2001.

fuente.-LaSillaRota.

GOBIERNO de PEÑA NIETO quito CALIDAD de "OBJETIVO PRIORITARIO" a 10 CRIMINALES...muchos líderes del narco y secuestradores.


Para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto dejaron de ser prioridad 10 de los delincuentes más buscados durante las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón.
Y es que dentro de la lista de los 122 objetivos prioritarios a capturar por la presente administración federal, se dejaron fuera a personajes como Juan José Ezparragoza Moreno el Azul, líder del Cártel del PacíficoJuan Pablo Ledezma, líder del Cártel de Juárez; Ignacio Rentería Andrade, líder de los Caballeros Templarios y a Juan Pablo Guijarrillo Fragozam actual líder de la célula delictiva conocida como La Línea, entre otros.
Cuatro de los que sí son prioridad para capturar y que se encuentran en la lista de los 30 objetivos son: Joaquín Guzmán Loera y Mario Ismael Zambada García líderes del Cártel del Pacífico; Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho y Francisco Javier Hernandez Garcíael Panchito, miembro de la organización de los Beltrán Leyva y Los Zetas.
Tras varios meses de solicitar la lista de los objetivos prioritarios, la Procuraduría General de la República (PGR) entregó vía transparencia y por fallo del Instituto Nacional de Transparencia la lista de los 30 objetivos que faltan por capturar.
Pero la PGR decidió que sólo cuatro nombres debían ser públicos y 26 debían seguir bajo reserva, pese a que el INAI ordeno dar a conocer el nombre de todo los objetivos con nombre y apellido.
La lista entregada si detalla el nombre de la organización a la que pertenecen cada uno de los objetivos que faltan por detener.
En la resolución que ordenaba a la PGR hacer público los 30 nombres, los comisionados exponen que la Procuraduría no ha acreditado el porqué revelar el nombre de los 32 objetivos podría afectar las actividades de inteligencia criminal, “cuando el propio sujeto obligado (PGR,SEGOB) ha hecho pública información de ese tipo.
En el fallo del INAI expuso que la PGR debía dar a conocer a los 30 objetivos restantes debido “a que era necesario que la sociedad cuente con la información clara, veraz, completa y oportuna dentro del marco de la ley de transparencia que le permita a la ciudadania evaluar los resultados de la seguridad del gobierno federal”.
En esta ocasión y al entregar la lista la PGR detalló que los nombres no los podía dar a conocer debido a que son personas incluidas en averiguaciones previas y que por ley “independientemente de su contenido o naturaleza y los objetos, registros de voz, imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados”.
La PGR además expuso que la lista debe seguir siendo clasificada en su mayor parte debido a que su difusión consiste un daño probable al ser “un insumo para la actividad de inteligencia para la investigación de los delitos que conforme al sector de Seguridad Nacional en sus diferentes instancias, así como a nivel internacional, por lo que su difusión atentaría contra dicha labor”.
Otro factor para no revelar la totalidad de nombres es que se generaría un daño específico pues “se generaría una amenaza directa respecto de los objetivos restantes, pues dar a conocer los datos con los que se cuenta en el listado referido, haría identificable a su persona y, por su puesto, se pondría en riesgo su seguridad en integridad física respecto de sus grupos rivales”.

Los personajes que ya no son prioritarios

De acuerdo con la respuesta de transparencia, el criterio que se tomó para hacer público cuatro de los nombres de los objetivos prioritarios es que estos ya cuentan con recompensas y por tanto sus nombres se han hecho públicos.
Destaca que dentro de los 30 objetivos prioritarios a capturar 13 son del cártel del Pacífico, cinco de la organización de los Beltrán Leyva; tres del cártel del Poniente; dos de Los Zetas; dos de La Familia; dos del Cártel Jalisco Nueva Generación; dos del Cártel de Juárez y uno del Cártel del Golfo.
Al consultar la respuesta con funcionarios de la PGR se explicó a Animal Político que ninguno de los 26 nombres reservados se encuentra en la base de recompensas, “son nombres nuevos que no se han hecho públicos, muchos de ellos ni siquiera saben que se les investiga y van desde sicarios hasta operadores financieros” revelaron las fuentes consultadas.
Los mismos funcionarios confirmaron que 10 de los objetivos de las anteriores administraciones no forman parte de la lista los 30 objetivos prioritarios que el gobierno de Peña Nieto quiere detener.
Los presuntos delincuentes que no son prioridad y que no están en la lista de los 30 objetivos:
  • Juan José Ezparragoza Moreno “El Azul “, considerado uno de los líderes del Cártel del Pacífico
  • Pablo Ledezma, considerado Líder del Cártel de Juárez
  • Juan Pablo Guijarrillo Fragoza,  actual líder de la célula delictiva conocida como La Linea
  • Ignacio Renteria Andrade, líder de Los Caballeros Templarios
  • Maxiley Barahona Nadales, lugarteniente  de Los Zetas
  • Oscar Morales Alvarado, miembro de la banda de secuestradores conocida como La Flor 
  • Jose Martin Jimenez Martinez, miembro de la banda de secuestradores conocida como La Flor
  • Raul Jaime Santamaria Mendez, miembro de la banda de secuestradores conocida como La Flor
  • Mario alberto Bayardo, líder de la banda de Los Bayardo
  • Saul Romero, miembro de la banda de Los Bayardo
Con información de:

LA "LEY del TALION" al estilo ZACATECAS...mas de lo mismo.


Desapariciones, asesinatos, venganzas, videos con decapitados, uso desmedido de la fuerza de elementos del ejército. 

Mexico,D.F 13/Ago/2015 Todos los ingredientes de un episodio de la llamada guerra del narco confluyen en el caso Calera, donde siete personas fueron reportadas como desaparecidas, y días después fueron halladas muertas con huellas de tortura y el tiro de gracia. Por este suceso se acusó y detuvo a cuatro militares entre ellos el comandante del 97 de infantería ubicado en Fresnillo, Zacatecas. De las siete víctimas al menos cuatro resultaron tener vínculos con la delincuencia organizada, y fueron protagonistas de un par de videos subidos a Internet donde asesinan a varias personas de una organización rival en la zona. En esta entidad ocurre desde hace tiempo una escalada violenta que ha estado fuera del foco mediático, pero por el caso de los militares acusados de la desaparición y asesinato de los siete civiles, el reflector giró hacia territorio zacatecano.

Germán Martín García González era un soldado de 26 años de edad que cuando fue dado de baja, hace algunos meses del 97 batallón de infantería en Fresnillo, Zacatecas, quedó fichado al quedar corroborado que tenía vínculos con el crimen organizado. Este individuo era uno de los operadores en el municipio de Calera del cartel de Golfo. Semanas antes de su muerte había subido a la red de Internet un par de videos donde, de acuerdo a la Procuraduría de Justicia del estado, aparecía junto a otros hombres en escenas donde decapitaba a unas personas.
El nombre de García González salió a relucir en la primera semana de julio, cuando familiares de un grupo de jóvenes denunciaron la desaparición de cinco hombres y dos mujeres, entre los que se encontraba el ex militar. En una protesta pública en el municipio, colocaron una manta que decía: “Calera está de luto. A todas las autoridades, población y de derechos humanos. A todas las autoridades del estado de Zacatecas, especialmente al gobernador Miguel Alonso, fiscal, pero sobre todo y especialmente al gral. Salvador Cienfuegos Zepeda y general Antelmo Rojas Yáñez de la 11º zona militar, les pedimos nos ayuden a resolver nuestros casos. Solo queremos una explicación, nos digan donde están nuestros familiares o de menos los cuerpos, ya que el martes 7 de julio del 2015 irrumpieron 4 unidades del Ejército Mexicano con la número 0897 alrededor de las 05:30am, donde entraron a varios domicilios y se llevaron a varios de nuestros familiares, entre hombres y mujeres y un menor. Dicho batallón de Fresnillo, Zacatecas, al mando del coronel Martín Pérez Reséndiz, a quien hacemos responsable mientras no tengamos noticias de nuestros familiares”.
Más adelante el mensaje concluía: “Exigimos apoyo, y no económico, sino para esclarecer el caso de nuestros familiares, fueron secuestrados por el Ejército Mexicano. Autoridades, ayúdenos a dar con ellos, para que usted mayor Roberto Muñoz Mejía, de justicia militar, nos brinde su apoyo ya que la justicia militar tiene sus reglamentos y artículos a los que deben apegarse. Están para proteger y no para secuestrar y desaparecer gente. Aquí tienen las fotos de los desaparecidos por los militares”. La manta con el texto fue colocada a las afueras del lugar donde decían que habían llegado los soldados para llevarse a los civiles.
La protesta tuvo eco en medios locales y nacionales. Las notas decían que los soldados se habían llevado por la fuerza a unos “jornaleros”, quienes “trabajaban limpiando los barbechos” de un rancho en el municipio de Calera. A nadie le llamó la atención que los inconformes identificaran por su nombre y apellido a los mandos de la unidad militar, a quienes acusaron de estar detrás de los hechos.
Dos días después la procuraduría de justicia zacatecana anunciaba el hallazgo a las afueras de Jerez, de los cuerpos en dos fosas distintas de los siete desaparecidos, quienes presentaban huellas de tortura y un tiro en la nuca. La repercusión mediática del caso, llevó a la secretaría de la Defensa Nacional a anunciar la intervención de la Procuraduría de Justicia Militar, la cual concluyó en sus pesquisas que había responsabilidad en los hechos por parte del coronel Pérez Reséndiz, hasta ese momento comandante del 97 de infantería. Junto a tres militares más, el oficial fue llevado a la prisión militar de La Mojonera, en el campo militar de Guadalajara, Jalisco. Por tratarse de acusaciones donde está involucrada población civil en calidad de víctimas, el caso fue atraído por un juzgado federal el cual inició juicio por los delitos de desaparición y homicidio contra los cuatro acusados.
Pugna Golfo-Zetas
Hallados los cuerpos sin vida de los siete desaparecidos, consignados los cuatro militares acusados por el caso, en los últimos días de julio comenzó a fluir información que estaba resguardada hasta ese momento. Primero se dio a conocer de manera anónima un par de videos que difundió el Blog del Narco, donde aparecían cuatro de los supuestos “jornaleros”, mientras interrogaban a unos individuos a quienes posteriormente asesinaban.
Las víctimas que salían en esas imágenes, aparecieron días después en una fosa en un rancho a las afueras de Calera. La forma en cómo dieron con ellos fue vía denuncia anónima a la policía. Días después, Leticia Soto Acosta, Procuradora General de Justicia de Zacatecas, señaló que había relación entre éstas personas y al menos cuatro de los siete individuos que fueron hallados semanas antes a las afueras de Jerez.
“Ahí están las personas que en su momento fueron ejecutadas por una célula de la delincuencia organizada, la cual operaba en Calera y cuyos integrantes fueron desaparecidos, caso que está siendo investigado por la Procuraduría General de la República (PGR) debido a la supuesta participación de integrantes del ejército”, señaló en conferencia la funcionaria.
Por la ropa que vestían y las características del lugar, se fortalecieron las evidencias de que las víctimas que aparecían en uno de los videos eran las mismas que encontraron en las fosas. En ese video se observa, explicó la procuradora, cómo cuatro de los siete individuos “levantados” en Calera presuntamente por miembros del ejército, privan de la vida a varias personas, entre las que habría “por lo menos siete” de los que de forma posterior fueron hallados.
Junto al ex militar Germán Martín García González, aparecían en uno de los videos Víctor Hugo González, Guillermo García y Fernando José Rodríguez, identificados por la procuraduría zacatecana como miembros del cartel del Golfo, en el momento en que asesinaban a tres personas, las cuales presuntamente formaban parte del grupo criminal antagónico autodenominado los Zetas.
El periódico regional Imagen, editado en Fresnillo, Zacatecas, publicó que los siete “jornaleros” en realidad eran miembros del cartel del Golfo. El rotativo citó fuentes oficiales que señalaron que los cinco hombres y dos mujeres, se dedicaban al tráfico de droga y asesinatos encabezados por el ex militar García González, quien había pertenecido al 97 de infantería de donde fue dado de baja al comprobarse sus ligas con el narco. Una versión señalaba que había una animadversión entre el coronel Pérez Reséndiz y el ex soldado García González, lo cual había motivado el operativo militar del día 7 de julio que desembocó en el secuestro y asesinato de los siete civiles.
El 7 de julio hubo una fiesta en la casa de uno de los integrantes de esta célula criminal, en la madrugada se presentaron los militares que iban encabezados por el coronel Pérez Reséndiz, y se los llevaron. Cuatro fueron arrojados en un predio cercano a la presa de el Tesorero, y tres más en un paraje próximo a la comunidad de El Naranjal, reportó el rotativo.
La retórica de los derechos humanos
Cercano al general Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Defensa Nacional, el coronel Pérez Reséndiz ex comandante del 97 de infantería, es conocido por sus contemporáneos por ser un oficial “alineado” con los mandos superiores, y represivo con los subordinados. Algo falló en sus cálculos en la operación contra los siete civiles, que fue exhibido al detalle con datos como el tipo de vehículo, matrícula, y número de efectivos con los que realizó la detención.
Hasta hace unos meses el jefe militar se jactaba de ser un defensor de los valores éticos y los derechos humanos. En diferentes mensajes en ceremonias cívicas del municipio de Fresnillo, el coronel decía que el respeto a la dignidad y los derechos de las personas era norma común para todos los militares que estaban bajo su mando. No desperdiciaba oportunidad de mostrar ante las cámaras que actuaba en consecuencia, en la red de videos de You Tube existen algunas imágenes donde aparece en eventos, acompañado de su esposa, otorgando reconocimientos.
Hacia dentro del cuartel era otra cosa. El batallón 97 de infantería se había ganado la confianza de buena parte de sociedad a raíz del programa de denuncia ciudadana. Las tropas bajo su mando no permanecían ajenas a la realidad que rodeaba al municipio y otros circunvecinos, las disputas sangrientas entre el cartel del Golfo y los Zetas, tenían atemorizada a la población y era común escuchar hasta hace poco tiempo que las carreteras como la que conduce a Jerez, estaban bajo control del narco.
La aplicación de la fuerza sin que mediara algún protocolo, fue lo que terminó por hundirlo. Tras conocerse el caso de los siete civiles que detuvo junto a sus tropas y que aparecieron muertos con huellas de tortura días después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitió un pronunciamiento donde manifestó su preocupación sobre la participación de las fuerzas militares en hechos “graves” de violencia en México.
El manifiesto de la CIDH, dado a conocer en los primeros días de este mes de agosto, no solo fue por lo ocurrido con los militares en Calera, Zacatecas, sino también por lo sucedido en la comunidad indígena de Santa María Ostula, Michoacán, donde fuerzas federales encabezadas por el ejército, policías estatales y municipales, realizaron un operativo conjunto en el que dos personas murieron, entre ellas un menor de 12 años, y cuatro más resultaron heridas. La preocupación del órgano de la OEA (Organización de Estados Americanos), se fundó en que con base en la información que recibieron, del uso de gases lacrimógenos y disparos “indiscriminados contra la población”, mostraban que la intervención militar en este tipo de casos era muy riesgosa para los derechos humanos.
La CIDH instó al gobierno de México a que los asuntos que tengan que ver con la seguridad ciudadana, la delincuencia y la violencia en el ámbito interno, deberán ser competencia “exclusiva” de cuerpos policiacos civiles, bien entrenados, organizados y capacitados, “eficientes y respetuosos de los derechos humanos”. “Las fuerzas armadas son entrenadas para la defensa de un país contra un enemigo externo, por lo cual carecen del entrenamiento adecuado para cumplir con la misión de hacer cumplir la ley, tarea para la cual se requiere trabajar conjuntamente con las y los habitantes del país. Por ello, es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la policía y la defensa nacional como función de las fuerzas armadas”, concluyó el organismo.
Juan Veledíaz
@velediaz424
Estado Mayor MX

Estuvo "PRESO casi 3 AÑOS MAS por un "ERROR de ACTUALIZACION"...un poco de "empatia",esa que nos distingue de los animales.


Por un error de las autoridades penitenciarias que no actualizaron su expediente penal, un interno permaneció dos años, nueve meses y 19 días más en prisión, primero en el penal “Topo Chico”, Nuevo León, y luego en las Islas Marías.
Por esa razón, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación –la número 26/2015—al gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, y al Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García. Ambos funcionarios son responsables de violar los derechos humanos a la libertad e integridad personal, legalidad y seguridad jurídica, del reo.
El afectado estuvo primero en el penal de Topo Chico y luego fue trasladado al Centro de Readaptación Social de Seguridad Máxima “Laguna del Toro” del Complejo Penitenciario “Islas Marías” y ambos incumplieron con mantener actualizado su expediente jurídico con las penas impuestas por las autoridades judiciales competentes en las dos causas penales que se le seguían.
Ello provocó que permaneciera casi tres años más privado de su libertad por lo que la CNDH pidió al gobernador de Nuevo León y al Comisionado Nacional de Seguridad reparar el daño ocasionado a la víctima, en términos de la Ley de Víctimas correspondiente.
También solicitó su colaboración en la queja que presente ante el Órgano Interno de Control de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del gobierno de Nuevo León y ante el Órgano Interno de Control del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, a fin de que se determinen las responsabilidades administrativas de los servidores públicos involucrados.
Además, pidió a ambas instancias que participen en las investigaciones que deriven de las denuncias de hechos que presente la CNDH ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Nuevo León y la Procuraduría General de la República (PGR), para que se investiguen las responsabilidades penales a que haya lugar.
Asimismo sugirió a ambas autoridades adoptar medidas para mantener “constante comunicación” entre ellas y vigilar que el compurgamiento de penas privativas de libertad de internos del fuero federal se aplique de manera estricta, para evitar violaciones a derechos humanos.
A Medina le pidió además instruir la creación de un registro o sistema integral de información que permita conocer de forma precisa la situación jurídica de las personas del fuero federal internas en los centros de reclusión de la entidad.
Y a Rubido García le solicitó girar sus instrucciones para que se capacite y actualice en materia de derechos humanos, derecho penitenciario y disciplinas afines a éstas, a los servidores públicos de Prevención y Readaptación Social de la Segob, en particular a quienes vigilan la ejecución de sentencias dictadas a los internos por las autoridades judiciales.
Fuente.-