Desapariciones,
asesinatos, venganzas, videos con decapitados, uso desmedido de la fuerza de
elementos del ejército.
Mexico,D.F 13/Ago/2015
Germán Martín García González
era un soldado de 26 años de edad que cuando fue dado de baja, hace algunos
meses del 97 batallón de infantería en Fresnillo, Zacatecas, quedó fichado al
quedar corroborado que tenía vínculos con el crimen organizado. Este individuo
era uno de los operadores en el municipio de Calera del cartel de Golfo.
Semanas antes de su muerte había subido a la red de Internet un par de videos
donde, de acuerdo a la Procuraduría de Justicia del estado, aparecía junto a
otros hombres en escenas donde decapitaba a unas personas.
El nombre de García González
salió a relucir en la primera semana de julio, cuando familiares de un grupo de
jóvenes denunciaron la desaparición de cinco hombres y dos mujeres, entre los
que se encontraba el ex militar. En una protesta pública en el municipio,
colocaron una manta que decía: “Calera está de luto. A todas las autoridades,
población y de derechos humanos. A todas las autoridades del estado de
Zacatecas, especialmente al gobernador Miguel Alonso, fiscal, pero sobre todo y
especialmente al gral. Salvador Cienfuegos Zepeda y general Antelmo Rojas Yáñez
de la 11º zona militar, les pedimos nos ayuden a resolver nuestros casos. Solo
queremos una explicación, nos digan donde están nuestros familiares o de menos los
cuerpos, ya que el martes 7 de julio del 2015 irrumpieron 4 unidades del
Ejército Mexicano con la número 0897 alrededor de las 05:30am, donde entraron a
varios domicilios y se llevaron a varios de nuestros familiares, entre hombres
y mujeres y un menor. Dicho batallón de Fresnillo, Zacatecas, al mando del
coronel Martín Pérez Reséndiz, a quien hacemos responsable mientras no tengamos
noticias de nuestros familiares”.
Más adelante el mensaje
concluía: “Exigimos apoyo, y no económico, sino para esclarecer el caso de
nuestros familiares, fueron secuestrados por el Ejército Mexicano. Autoridades,
ayúdenos a dar con ellos, para que usted mayor Roberto Muñoz Mejía, de justicia
militar, nos brinde su apoyo ya que la justicia militar tiene sus reglamentos y
artículos a los que deben apegarse. Están para proteger y no para secuestrar y
desaparecer gente. Aquí tienen las fotos de los desaparecidos por los
militares”. La manta con el texto fue colocada a las afueras del lugar donde
decían que habían llegado los soldados para llevarse a los civiles.
La protesta tuvo eco en medios
locales y nacionales. Las notas decían que los soldados se habían llevado por
la fuerza a unos “jornaleros”, quienes “trabajaban limpiando los barbechos” de
un rancho en el municipio de Calera. A nadie le llamó la atención que los
inconformes identificaran por su nombre y apellido a los mandos de la unidad
militar, a quienes acusaron de estar detrás de los hechos.
Dos días después la
procuraduría de justicia zacatecana anunciaba el hallazgo a las afueras de
Jerez, de los cuerpos en dos fosas distintas de los siete desaparecidos,
quienes presentaban huellas de tortura y un tiro en la nuca. La repercusión
mediática del caso, llevó a la secretaría de la Defensa Nacional a anunciar la
intervención de la Procuraduría de Justicia Militar, la cual concluyó en sus
pesquisas que había responsabilidad en los hechos por parte del coronel Pérez
Reséndiz, hasta ese momento comandante del 97 de infantería. Junto a tres
militares más, el oficial fue llevado a la prisión militar de La Mojonera, en
el campo militar de Guadalajara, Jalisco. Por tratarse de acusaciones donde
está involucrada población civil en calidad de víctimas, el caso fue atraído
por un juzgado federal el cual inició juicio por los delitos de desaparición y
homicidio contra los cuatro acusados.
Pugna Golfo-Zetas
Hallados los cuerpos sin vida
de los siete desaparecidos, consignados los cuatro militares acusados por el
caso, en los últimos días de julio comenzó a fluir información que estaba
resguardada hasta ese momento. Primero se dio a conocer de manera anónima un
par de videos que difundió el Blog del Narco, donde aparecían cuatro de los
supuestos “jornaleros”, mientras interrogaban a unos individuos a quienes
posteriormente asesinaban.
Las víctimas que salían en esas
imágenes, aparecieron días después en una fosa en un rancho a las afueras de
Calera. La forma en cómo dieron con ellos fue vía denuncia anónima a la
policía. Días después, Leticia Soto Acosta, Procuradora General de Justicia de
Zacatecas, señaló que había relación entre éstas personas y al menos cuatro de
los siete individuos que fueron hallados semanas antes a las afueras de Jerez.
“Ahí están las
personas que en su momento fueron ejecutadas por una célula de la delincuencia
organizada, la cual operaba en Calera y cuyos integrantes fueron desaparecidos,
caso que está siendo investigado por la Procuraduría General de la República
(PGR) debido a la supuesta participación de integrantes del ejército”, señaló
en conferencia la funcionaria.
Por la ropa que vestían y las
características del lugar, se fortalecieron las evidencias de que las víctimas
que aparecían en uno de los videos eran las mismas que encontraron en las
fosas. En ese video se observa, explicó la procuradora, cómo cuatro de los
siete individuos “levantados” en Calera presuntamente por miembros del
ejército, privan de la vida a varias personas, entre las que habría “por lo
menos siete” de los que de forma posterior fueron hallados.
Junto al ex militar Germán
Martín García González, aparecían en uno de los videos Víctor Hugo González,
Guillermo García y Fernando José Rodríguez, identificados por la procuraduría
zacatecana como miembros del cartel del Golfo, en el momento en que asesinaban
a tres personas, las cuales presuntamente formaban parte del grupo criminal
antagónico autodenominado los Zetas.
El periódico regional Imagen,
editado en Fresnillo, Zacatecas, publicó que los siete “jornaleros” en realidad
eran miembros del cartel del Golfo. El rotativo citó fuentes oficiales que
señalaron que los cinco hombres y dos mujeres, se dedicaban al tráfico de droga
y asesinatos encabezados por el ex militar García González, quien había
pertenecido al 97 de infantería de donde fue dado de baja al comprobarse sus
ligas con el narco. Una versión señalaba que había una animadversión entre el
coronel Pérez Reséndiz y el ex soldado García González, lo cual había motivado
el operativo militar del día 7 de julio que desembocó en el secuestro y
asesinato de los siete civiles.
El 7 de julio hubo una fiesta
en la casa de uno de los integrantes de esta célula criminal, en la madrugada
se presentaron los militares que iban encabezados por el coronel Pérez
Reséndiz, y se los llevaron. Cuatro fueron arrojados en un predio cercano a la
presa de el Tesorero, y tres más en un paraje próximo a la comunidad de El
Naranjal, reportó el rotativo.
La retórica de los derechos humanos
Cercano al general Salvador
Cienfuegos Zepeda, titular de la Defensa Nacional, el coronel Pérez Reséndiz ex
comandante del 97 de infantería, es conocido por sus contemporáneos por ser un
oficial “alineado” con los mandos superiores, y represivo con los subordinados.
Algo falló en sus cálculos en la operación contra los siete civiles, que fue
exhibido al detalle con datos como el tipo de vehículo, matrícula, y número de
efectivos con los que realizó la detención.
Hasta hace unos meses el jefe
militar se jactaba de ser un defensor de los valores éticos y los derechos
humanos. En diferentes mensajes en ceremonias cívicas del municipio de Fresnillo,
el coronel decía que el respeto a la dignidad y los derechos de las personas
era norma común para todos los militares que estaban bajo su mando. No
desperdiciaba oportunidad de mostrar ante las cámaras que actuaba en
consecuencia, en la red de videos de You Tube existen algunas imágenes donde
aparece en eventos, acompañado de su esposa, otorgando reconocimientos.
Hacia dentro del cuartel era
otra cosa. El batallón 97 de infantería se había ganado la confianza de buena
parte de sociedad a raíz del programa de denuncia ciudadana. Las tropas bajo su
mando no permanecían ajenas a la realidad que rodeaba al municipio y otros
circunvecinos, las disputas sangrientas entre el cartel del Golfo y los Zetas,
tenían atemorizada a la población y era común escuchar hasta hace poco tiempo
que las carreteras como la que conduce a Jerez, estaban bajo control del narco.
La aplicación de la fuerza sin
que mediara algún protocolo, fue lo que terminó por hundirlo. Tras conocerse el
caso de los siete civiles que detuvo junto a sus tropas y que aparecieron
muertos con huellas de tortura días después, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), emitió un pronunciamiento donde manifestó su
preocupación sobre la participación de las fuerzas militares en hechos “graves”
de violencia en México.
El manifiesto de la CIDH, dado
a conocer en los primeros días de este mes de agosto, no solo fue por lo
ocurrido con los militares en Calera, Zacatecas, sino también por lo sucedido
en la comunidad indígena de Santa María Ostula, Michoacán, donde fuerzas
federales encabezadas por el ejército, policías estatales y municipales,
realizaron un operativo conjunto en el que dos personas murieron, entre ellas
un menor de 12 años, y cuatro más resultaron heridas. La preocupación del órgano
de la OEA (Organización de Estados Americanos), se fundó en que con base en la
información que recibieron, del uso de gases lacrimógenos y disparos
“indiscriminados contra la población”, mostraban que la intervención militar en
este tipo de casos era muy riesgosa para los derechos humanos.
La CIDH instó al gobierno de
México a que los asuntos que tengan que ver con la seguridad ciudadana, la
delincuencia y la violencia en el ámbito interno, deberán ser competencia
“exclusiva” de cuerpos policiacos civiles, bien entrenados, organizados y
capacitados, “eficientes y respetuosos de los derechos humanos”. “Las fuerzas
armadas son entrenadas para la defensa de un país contra un enemigo externo,
por lo cual carecen del entrenamiento adecuado para cumplir con la misión de
hacer cumplir la ley, tarea para la cual se requiere trabajar conjuntamente con
las y los habitantes del país. Por ello, es fundamental la separación clara y
precisa entre la seguridad interior como función de la policía y la defensa
nacional como función de las fuerzas armadas”, concluyó el organismo.
Juan Veledíaz
@velediaz424
Estado Mayor MX
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