Hace cuatro años, en campaña, el ahora Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, empleó una táctica que llamó la atención para bien de los medios internacionales que coincidieron en que a partir de su persona podía empezarse a escribir un momento especial para México: comprometió y firmó 266 proyectos ante Notario Público. Hoy, en la coyuntura del Cuarto Informe de Gobierno, aquel listado de promesas no tiene tantas luces. Hay sin realizar 205 compromisos; es decir, el nivel de incumplimiento es de 77 por ciento.
Mientras, del Fondo Monetario Internacional sólo han surgido malos augurios para el crecimiento económico de México, lo que pone nubarrones para la concreción de lo que Peña Nieto le ofreció a los mexicanos en 2012 con la estampa de su firma.
Faltan dos años para que concluya el Gobierno de Enrique Peña Nieto y los 266 compromisos que empeñó en campaña y firmó ante Notario Público están cumplidos apenas en 22.9 por ciento.
Ante solicitudes de información mediante el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (INAI), la Presidencia de la República acepta que hay rezago, pero no explica cuál es la razón para el incumplimiento. La respuesta de la Primera Magistratura fue que la Administración concluirá el 30 de noviembre y entonces, los 266 compromisos estarán listos.
En los primeros 18 meses de gestión, el Jefe del Ejecutivo había entregado 4.5 por ciento y al completar dos años, había alcanzado el 4.8 por ciento de sus promesas. El año pasado, cuando llegó a la mitad de su mandato, tenía el 10.52 por ciento. Un año después, en la coyuntura de la entrega del Cuarto Informe de Gobierno, tiene 22.9 por ciento. Los números, obtenidos por este observatorio, reflejan un ritmo lento en los primeros años peñanietistas, pero bastante velocidad en 2015 y 2016.
Analizado por ámbitos, el listado de compromisos de Peña Nieto muestra huecos en la Transparencia, la Cultura, el Medio Ambiente y la Política. El primer compromiso de la lista peñanietista es la creación de una comisión anticorrupción a través del Sistema Nacional Anticorrupción. La legislación para el sistema fue promulgada por el Primer Mandatario este año, pero la comisión no ha sido conformada. Los Pinos sostiene en una respuesta a través del INAI que ese órgano equivale a la Secretaría de la Función Pública; pero es la hora que la titularidad de esta cartera está acéfala, después de la renuncia de Virgilio Andrade Martínez.
Sobre los compromisos del Presidente hay nubarrones. Vienen del exterior. El Fondo Monetario Internacional en su informe “Panorama Económico Regional” vislumbra que la economía mexicana no crecerá al tres por ciento sino hasta la próxima década, a pesar de las reformas estructurales y los recortes al Gasto Corriente.
Eso es en cuanto al futuro. Pero en el presente, la calificadora Standard and Poor’s (S&P) ha modificado de “estable” a “negativa” la calificación de impago de la deuda del Gobierno mexicano. A la tasa de crecimiento le puso el adjetivo de “decepcionante” dado que este país ha realizado más enmiendas estructurales que otros países.
El cumplimiento de las promesas del Presidente Enrique Peña Nieto está en riesgo si se toma en cuenta que cada año se ha profundizado el ajuste al gasto público. El año pasado, el Gobierno federal reaccionó a la subida del precio del petróleo con un ajuste de 124.3 millones de pesos. Este año ha decidido dos recortes. En febrero anunció uno por 132 mil 300 millones de pesos y en junio, para hacer frente a las consecuencias económicas de la salida de Gran Bretaña de la Unión, presentó otro de poco más de 30 mil millones.
Una de las dependencias más afectadas por los recortes es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a cargo de Gerardo Ruiz Esparza, porque es la que concentra el mayor número de las promesas pronunciadas en campaña. A Comunicaciones le corresponde 154 de las cuales, sólo 27 están cumplidas.
Ejemplo de la perturbación económica sobre los compromisos es la cancelación del 243 que implicaba la construcción del tren transpeninsular desde Mérida, Yucatán, hasta Puerto Venado, Quintana Roo. Ante una solicitud de información, Los Pinos admite que fue cancelado por el recorte de 2015.
Con todo, si el Presidente ha cumplido 15.25 compromisos por año, requiere otros 13.44 años para terminar. Su Gobierno tendría que extenderse 11.44 años más.
TRANSPARENCIA: EL QUIEBRE
Hace 16 años, la Transparencia y la Rendición de Cuentas se convirtió en el ámbito estelar del Gobierno federal. Era 2000, había cambiado el siglo y en México había ganado por primera vez un político que no provenía del Partido Revolucionario Institucional (PRI). De Acción Nacional (PAN), el entonces Presidente Vicente Fox Quesada promulgó la Ley General de Transparencia en 2002 que dio origen al Instituto Federal de Acceso a al Información (IFAI, hoy INAI).
En 2016 la temática languidece. Después de la revelación periodística del equipo de Noticias MVS de la llamada “casa blanca”, el Presidente Enrique Peña Nieto dio marcha atrás a sus planes de desaparecer a la Función Pública y promulgó la legislación del Sistema Nacional Anticorrupción. Pero no fue suficiente para contrarrestar una marea que trajo consigo más señalamientos, más acusaciones.
No había pasado un mes de su petición de perdón por el escándalo inmobiliario y de nueva cuenta una propiedad inmobiliaria puso al Presidente y a su esposa, Angélica Rivera, en el centro de la suspicacia. El diario inglés The Guardian aseguró que la llamada Primera Dama usaba un departamento de lujo en Miami, propiedad de un posible contratista del Gobierno.
Para Ernesto Gómez Magaña de la iniciativa #YoContraLaCorrupción, el primer eslabón del combate a la corrupción es la declaración patrimonial de los funcionarios públicos. Pero la propuesta de decenas de Organizaciones no Gubernamentales de que este documento incluyera bienes patrimoniales, obligaciones fiscales; además de posibles conflictos de interés –la Ley 3de3– no pasó. Tampoco se volvió obligatoria. De modo que hoy, como ayer, la declaración patrimonial depende de la voluntad del político. Informa lo que quiere y si es que quiere. Alejandro González de la organización Gestión Social (Gesoc) evalúa que se ha perdido una oportunidad para avanzar en el ejercicio de la Transparencia gubernamental.
El compromiso número uno de Enrique Peña Nieto firmado en campaña ante Notario es la creación de una Comisión para abatir la corrupción. Este organismo1 sustituiría a la Secretaría de la Función Pública, una dependencia que nació en el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) como Secretaría de la Contraloría. La “casa blanca” modificó el panorama. El 3 de febrero de 2015, Virgilio Andrade Martínez fue nombrado por el Presidente Secretario de la Función Pública. Para esta decisión de trascendencia no obstó la amistad del político con Luis Videgaray Caso, Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), un vínculo que surgió en 1986 en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), mientras uno cursaba la Licenciatura en Derecho y el otro, la de Economía.
Andrade Martínez tuvo el encargo prioritario de investigar si hubo conflicto de interés en la adjudicación directa de contratos de obra pública a Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa y a Roberto San Román Dunne, del grupo que lleva su apellido. Ambos le dieron propiedades con condiciones relajadas. El Presidente Peña Nieto, su esposa Angélica Rivera Hurtado y el Secretario de Hacienda adquirieron propiedades edificadas por las constructoras de estos empresarios a precios más baratos del mercado.
En agosto de 2015 los exoneró de cualquier conflicto de interés. Luego, el 18 de julio de este año, el Presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Reforma constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción. Horas antes, Andrade Martínez presentó su renuncia. Los suyos fueron 17 meses de gestión durante los cuales percibió dos millones 380 mil pesos.
Como en una historia circular, la Secretaría de la Función ha vuelto a estar vacante. El cargo, figura central del combate a la corrupción, implica una percepción bruta de 205 mil 122 pesos al mes.
CULTURA: ¿QUÉ PASA AQUÍ?
El problema sustancial que radica en la clase política mexicana es que tiene una enorme confusión entre lo que es la responsabilidad del Estado democrático en la construcción cultural de los individuos y el entretenimiento. Son palabras del investigador Alberto Soto Cortés, de la Universidad Iberoamericana. La cultura, afirma, es menospreciada y vista como una serie de actividades prescindible o superflua porque la idea de cultura está determinada por la propia experiencia de los actores políticos en material cultural.
Los cuatro compromisos del Presidente Enrique Peña Nieto en este ámbito, aún no cumplidos, están relacionados con espacios públicos de recreación en lugar de contribuir “en beneficio de la construcción cultural”, es decir, brindar posibilidades y herramientas al ciudadano para ejercer expresiones culturales de su agrado y convertirse en un actor cultural, critica Soto.
El experto en arte y cultura, Alberto Soto Cortés, expone que el mandatario debió haber garantizado transparencia en el ejercicio de gasto en la cultura. Pero, a la vez, indica que esta ausencia refleja la falta de compromiso con la cultura.
El mandatario se comprometió ante notario público a construir el Parque Ecológico, Cultural y Deportivo de la Zona Metropolitana de Zacatecas-Guadalupe. En junio del año pasado, dependencias del gobierno estatal anunciaron que el también llamado Eco Parque Centenario estaría listo en la primera semana de septiembre de 2015.
Sin embargo, justamente un año después, será inaugurado oficialmente en la primera semana de septiembre, de acuerdo con la Secretaría de Infraestructura de Zacatecas. El área de comunicación social de esa secretaría informó a este Observatorio que los avances de la obra llevan un 98 por ciento, pero falta terminar la Casa de la Tierra, la cual será un salón de exposición, así como detallar unos senderos.
El Secretario de Infraestructura (Sinfra), Francisco Ibargüengoitia Borrego, lo calificó como la obra más ambiciosa del gobierno estatal, ya que se invirtieron 203 millones de pesos. Durante un recorrido de supervisión de trabajos, informó la prensa local, aseguró que el Ecoparque contribuirá a conservar, restaurar y recuperar el ecosistema a través de la educación, la recreación y el deporte. Para ese entonces prometió que estaría listo “a más tardar” en marzo.
Para su tierra, Atlacomulco, Estado de México, Peña Nieto prometió mejorar la imagen urbana, áreas verdes y deportivas en la cabecera municipal y construir un parque ecológico con unidad deportiva. El proyecto contempla el rescate de espacios públicos, desde plazas y foros al aire libre hasta una pista para skateboarding y un área para adultos mayores.
Aunque han habido supervisiones de los avances, aún no se concluye.
Además se busca la unificación de las plazas y espacios públicos desde la Alameda Central, pasando por la escuela Rafael Fabila, la secundaria Isidro Fabela, el Palacio Municipal, el atrio y explanadas, así como el Teatro del Pueblo y el Templo Señor del Huerto.
Finalmente, en el paquete de compromisos el Presidente se ofreció a construir el Auditorio Cultural Teopanzolco en Cuernavaca, Morelos. Sin embargo, al estar rodeado de patrimonio arqueológico, el proyecto se ha retrasado por las especificaciones y condiciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
INFRAESTRUCTURA: LO QUE LOS RECORTES SE LLEVARON
Muy lejana ha quedado la imagen de Enrique Peña Nieto en Nueva York, donde hace dos años prometió a inversionistas que para 2017, el crecimiento estaría por encima del cinco por ciento. La última semana de agosto, la SHCP redujo su perspectiva de crecimiento económico para este año a un rango de entre 2.0 y 2.6 por ciento, desde un previo de entre 2.2 y 3.2 por ciento
De los 104 compromisos que integran el rubro de Infraestructura y Turismo, la actual administración sólo ha cumplido 22. Hace cuatro años se hablaba de un Plan Nacional de Infraestructura (PNI); de un nuevo aeropuerto y de “Mover a México” en trenes. Nada de ello ocurrió debido al impacto de los recortes presupuestales enmarcados en un plan de austeridad.
Sólo para 2016, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se aprobaron 299 mil 660 millones 885 mil 683 pesos para proyectos de inversión en diferentes rubros de infraestructura, tanto inmobiliaria como económica. Ahora, tras los recortes, el dinero que se tiene al tercer trimestre es ya de 195 mil 767 millones 724 mil 317 pesos. Es decir, hay una variación a la baja de 103 mil 893 millones 161 mil 365 pesos, respecto a lo aprobado al inicio del año fiscal. Ese recorte es el equivalente a 34.67 por ciento de lo que fue aprobado en un principio.
Por sectores, las dependencias más afectadas son la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Petróleos Mexicanos (Pemex), además de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Para 2017, el recorte total al gasto programable, asciende a más de 311 mil millones de pesos. Este año que termina tuvo como sostén las coberturas petroleras, pero si en 2017 los precios del petróleo continúan a la baja, habrá, inminentemente, más recortes, según lo dicho por el Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray.
Otro factor que poco ayuda es el del crecimiento..
De acuerdo con Leonardo Martínez Flores, doctor en Economía Urbana y profesor de la Universidad Iberoamericana, para que una economía pueda crecer, tiene que reunir varias condiciones. Una de ellas es la creación de infraestructura.
Desde su perspectiva, si se deja de invertir en infraestructura se afectan las variables estructurales con las que hay que contar para hacer que crezca la economía, “si no se invierte en infraestructura es como ponerle una camisa de fuerza a la economía; no se puede producir más y por lo tanto la economía no crece”.
Pero mira también, un problema estructural de las administraciones mexicanas, la política del borrón y cuenta nueva, razón por la que gobierno tras gobierno surgen nuevos planes y programas de infraestructura que se inician desde cero, lo que no permite que se avance en la materia.
“Lo que ha faltado a los gobiernos federales es una visión estratégica de largo plazo para la creación de infraestructura. Si los gobiernos federales hubieran tenido un plan estratégico de largo plazo, los recortes presupuestales no tendrían por qué parar por completo la creación de muchos tipos de infraestructura”, sostiene el especialista.
POLÍTICA: A TRAVÉS DE SPOTS
“La política cuesta mucho dinero. Hay políticos que se enriquecen con los cargos públicos, también es cierto que mucho de ese dinero es reinvertido para asegurar mecanismos de control político y electoral. Aquí, históricamente, ha faltado transparencia ante los ciudadanos”, expone Gustavo López Montiel, politólogo del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de México (ITESM).
En materia política, los compromisos de campaña del Presidente Peña Nieto no fueron muchos ni tampoco espectaculares. Pero, en cuanto fueron aprobadas las reformas estructurales, el Gobierno invirtió en la difusión de estas enmiendas. En cada “anuncio” se reflejaba un supuesto logro del Presidente.
Peña Nieto presentó la Reforma Educativa en febrero de 2013. Para entonces, la Secretaría de Educación Pública destinó 81 millones 400 mil pesos para la producción de una campaña mediática, de acuerdo con su estrategia anual de comunicación. Estudios Churubusco Azteca se encargó de la producción con subcontratos a otras empresas.
Así nació “Pizarrón”, donde un profesor –casi con los mismos efectos cinematográficos de Fred Astair– camina sobre el muro de un salón. Este comercial tuvo un costo de siete millones 500 mil pesos. También se produjo y difundió “Lista”, en el que una profesora pasa asistencia a los héroes de la Independencia, con un gasto de dos millones 200 mil.
En cuando a la Reforma Energética, en julio pasado, Pemex y la CFE solicitaron a Estudios Churubusco Azteca la producción de los spots. Este organismo, a su vez, subcontrató a The Mates Contents, la productora de Pedro Torres, creador de las versiones mexicanas de Big Brother o Mujeres Asesinas. Los resultados fueron cuatro spots, cada uno con un costo de siete millones 300 mil pesos.
Los mexicanos pudieron presenciar tales mensajes políticos, mientras los compromisos se diluyeron. Ha quedado lejos la promesa de eliminar 100 diputados federales, los seleccionados por la vía de representación proporcional, mejor conocidos como plurinominales, y bajar las tarifas de luz. El primero se ha olvidado. El segundo fue cumplido a través de los spots.
Eduardo Huchim, analista de procesos electorales, piensa: “Además de la corrupción y una resistencia a la transparencia, la impronta que dejará Peña Nieto en la Historia de México serán unas reformas cuyos alcances no se ven aún en la realidad”.
SEGURIDAD: MUCHOS MUERTOS Y NADA CLARO
Cuatro años han transcurrido desde que Enrique Peña Nieto se colocó la banda presidencial y es la hora en que la política de seguridad no ha quedado clara. Al llegar al Gobierno, Peña Nieto, desapareció la Secretaría de Seguridad Pública y sus elementos pasaron a depender de la Secretaría de Gobernación. Luego, adquirió una política de silencio que para el investigador Pablo Monzalvo de la Universidad Iberoamericana se debió a que deseaba romper con su antecesor, Felipe Calderón Hinojosa.
Aunque no en el discurso, la guerra continuó. Fue en este ámbito en el que ocurrió la desaparición forzada de 43 normalistas de la Escuela Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, en 2014. No obstante una crisis acentuada, el camino para llegar al paradero de los estudiantes aún no está claro, ni definido.
De los siete compromisos identificados por este observatorio en el ámbito de Seguridad, sólo uno está cumplido: la instalación de la Red de Mando y Videovigilancia Metropolitana en 30 municipios del Valle de México. Con este proyecto se puso en marcha el Centro de Control, Coordinación, Comando, Cómputo y Comunicaciones (C5) de la capital mexiquense. En la presentación del proyecto estuvo acompañado por el Gobernador Eruviel Ávila Villegas.
Peña Nieto señaló que “el C5 es un centro de inteligencia para poder ampliar el poder institucional con el que cuenta el Estado de México” y dijo que “la delincuencia organizada ha crecido en su capacidad por lo que esto nos da a la tarea a los gobiernos de ampliar nuestros esfuerzos”.
Pero el entrenamiento a policías continúa pendiente.
En 2014, el Presidente Enrique Peña Nieto presentó un plan de diez puntos para cimentar el Estado de Derecho que ahora también ha quedado rezagado. Édgar Cortez, coordinador del área de Seguridad Ciudadana y Justicia del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), piensa que si el Presidente guardaba silencio respecto a la Seguridad era porque intentaba desvincularse por completo de la estrategia calderonista. Pero sus tácticas (aquí menciona los decálogos con los que reasumió el Estado de Derecho) lo vinculan de manera estrecha con ese pasado de combate al crimen organizado que causó un trauma social en los mexicanos.
Para Martín Barrón, Peña Nieto tuvo la oportunidad de crear un plan transexenal y no lo hizo. Este profesor-investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) sostiene que en los últimos 20 años se han anunciado: el sistema de seguridad pública, en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León; la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Policía Federal Preventiva [PFP], con la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública con Vicente Fox Quesada; luego, la eliminación del carácter preventivo de ésta y su crecimiento de seis mil efectivos a 35 mil en el sexenio de Felipe Calderón.
En ese mismo cambio, agrega el profesor-investigador, el Presidente creó por decreto la Gendarmería, que apenas tiene cinco mil efectivos y ya ha costado casi cuatro mil millones de pesos en menos de un año.
SALUD: UNA BATALLA PARA PRIVATIZAR
La principal promesa del entonces candidato Enrique Peña Nieto fue la universalización de la salud. Es decir, acceso a la salud para todos en un país en el que los partos afuera de los hospitales empezaron a hacerse notorios, mientras el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) mostraban sus finanzas teñidas de rojo.
Por otro lado, el recorte al gasto en el marco de austeridad anunciado por la Secretaría de Hacienda afectó el cumplimiento de los 21 compromisos correspondientes a este ámbito. En cuatro años de Gobierno hay un acumulado de 8 mil 562 millones de pesos. Para Carlos Welti Chanes del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) este es un factor para el freno de los programas de salud. “Si uno analiza las reducciones, que pueden no ser importantes en términos de montos, sí pueden verse en cuanto a los programas”, exclama.
En el sexenio de Peña Nieto, la reforma del sector salud no terminó de consolidarse como una iniciativa ley. El proyecto encontró una oposición férrea. El grupo #Yosoy17 rechazó la intención por considerarla una forma de privatización.
“Podemos apreciar muy bien el recorrido que tuvo la propuesta originaria que hizo Peña en campaña de la Seguridad Social Universal en el 2012. Esta propuesta era demagógica, inviable. Ofreció un Seguro Universal de Salud, una Pensión Universal, un Seguro de Desempleo, de Trabajo. Y cuando tomó la Presidencia de la República planteó otro proyecto”, dijo el investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco (UAM) Gustavo Leal Fernández.
En febrero, el ex Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Ramón Narro Robles, suplió a la entonces titular de la Secretaría de Salud (SSA) Mercedes Juan López en el cargo, y presentó de la mano de Peña un Acuerdo Nacional hacia la Universalización de los Servicios de Salud. En primera instancia, el convenio significó una alianza entre el programa Prospera, el Seguro, el Seguro Popular, y las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la SSA y el instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Los derechohabientes de cualquiera de las instituciones podían acudir a la red. Fue un proyecto federal al que se añadieron todos los estados.
“Se llevaron a tres estados de corbata. El caso más penoso fue el de Oaxaca. ¿En qué momento se consultó al sector salud de las posibilidades que tenían de entrar a ese acuerdo? Nunca. El otro caso fue el Edomex, una entidad que por un lado tiene una de las bolsas más grandes del Seguro Popular, pero también una desigualdad extraordinaria. ¿En qué momento lo consultaron?”, cuestiona Leal.
Para este especialista que ha estudiado la política pública en el sector desde los años ochenta, el contenido del acuerdo peñanietista es pobre y no será efectivo.
EDUCACIÓN: EL MEOLLO ES EL CONFLICTO CON LA CNTE
Desde que en febrero de 2013, el Presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso de la Unión la Reforma Educativa, la disidencia magisterial representada en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se convirtió en su gran oposición. Han sido cuatro años de manifestaciones tanto en la Ciudad de México como en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, los estados emblemáticos de esta resistencia.
En 2013, un plantón de 40 mil maestros colmó el Zócalo de la Ciudad de México durante un mes y en junio de este año, el conflicto estalló en Nochixtlán, Oaxaca con once muertos y por lo menos 60 heridos, una tragedia cuyos móviles y orígenes aún no han sido identificados de manera oficial.
Pese a todos los pesares, el Gobierno sostiene que no dará marcha atrás en la reforma educativa. Y la CNTE sostiene lo mismo: seguirá con sus protestas.
Para los especialistas, los compromisos firmados ante Notario Público no tienen relación con este meollo. En materia educativa de los 18 compromisos que hizo el Presidente, sólo ocho se han cumplido. Sin embargo, para Manuel Gil Antón, experto en educación de El Colegio de México (Colmex) existe un problema para evaluar los compromisos debido a que la Reforma Educativa sustituyó a varios de ellos.
Pero para José Fernández Santillán, politólogo en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de México (ITESM), más que la infraestructura de las escuelas comprometidas dentro de los compromisos de Peña hace falta destrabar la maraña entre Gobierno y CNTE en aras de que se cimente un modelo educativo en el país.
Sergio Martínez Romo especialista de las políticas públicas de Educación de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), dice que en este ámbito hay tres tipos de compromisos: los que se apoyan en gestiones locales, con sus costos asociados; los que no tienen una gestión local efectiva y los “compromisos nuevos”. Ejemplifica: “El construir cuatro infotecas en La Laguna por ejemplo, fue producto de la gestión de cuatro rectores. Ese compromiso se apoyó mucho en lo local y le costó su reelección al rector por haber comprometido el dinero en las infotecas”.
CIENCIA Y TECNOLOGÍA: MILLONES SIN INTERNET
Aunque la Agenda Nacional Digital fue montada en Internet como una mega plataforma de datos abiertos, este observatorio estima que el compromiso signado por el mandatario no ha sido cumplido. La razón que pesa es que esa plataforma no muestra el grado de avance de estrategias políticas que marcaron el pulso discursivo de la presente administración como la campaña “Mover a México” o los mismos compromisos firmados ante Notario.
El compromiso 106 a la letra dice: “Establecer una Agenda Digital por un México conectado que permita cerrar la brecha digital y democratizar el acceso a las TIC”. Pero en cuatro años de Gobierno, el acceso a Internet no ha variado. Datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) indican que al segundo trimestre del año pasado 46.3 millones de mexicanos -42.6 por ciento de la población mayor de seis años- no cuenta con acceso a Internet por falta de recursos económicos
Otro de los compromisos que sigue sin cumplirse es la creación del Centro Nacional de Tecnología Aeronáutica (CENTA) de Querétaro, cuya edificación se inició en 2013 con una inversión inicial de 120 millones de pesos.
Juan Carlos Jáuregui Correa, coordinador en Doctorado en Ingeniería, de la Universidad Autónoma de Querétaro, expone: “El problema que veo es que el recurso que se destina a ciencia y tecnología es poco. Falta algún mecanismo que nos permita impulsar la creación de empresas mexicanas y que impulse la competitividad del país en base al conocimiento y no en base a la mano de obra barata. No hay una política integradora entre economía y universidades generadoras de conocimiento y de investigación y la sociedad en su conjunto”.
Para Oswaldo Sánchez Mercado, coordinador de Tecnología Educativa en la Universidad del Valle de México (UVM), en México sí hay recursos, pero la corrupción es la que impide que los proyectos se desarrollen.
“Cuando bajan recursos, porque hay, el tema es que se desvían. Hay iniciativas muy interesantes en las universidades e institutos de investigación, pero si se desvían el objetivo nunca se va a cumplir. No se destina a lo que se debe hacer. La corrupción es el problema, porque recursos hay”, opina.
En 2015, el Presidente aseguró que su Gobierno seguiría con una apuesta en la economía del conocimiento. Para avalar sus palabras mencionó el compromiso de incrementar año con año el presupuesto a la ciencia, tecnología e innovación hasta llegar en 2018 al 1 por ciento del PIB.
Si bien el presupuesto en este ámbito creció en lo que va del sexenio, la ciencia y la tecnología jamás se convirtió en un eje temático.
DEPORTE: EL TURBULENTO AÑO OLÍMPICO
Hasta el momento, hay dos compromisos cumplidos en este ámbito que en año de Olimpiadas puso en jaque al Gobierno debido al comportamiento del Director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Alfredo Castillo Cervantes. El funcionario se mostró en fotos con su novia quien habría viajado con recursos de la Comisión. No sólo fue el escándalo amoroso del hombre principal del Deporte mexicano. México trajo cinco medallas ganadas en la última etapa de los juegos.
Pese a la controversia, Castillo Cervantes fue ratificado por el Presidente en su cargo.
En enero de 2015, el gobierno de Yucatán entregó los trabajos de remodelación, mantenimiento y modernización del Complejo Deportivo “Kukulcán”-compromiso 243-, lo que representó una inversión superior a los 324.2 millones de pesos.
Además, de acuerdo con el directorio de instalaciones deportivas de la Comisión del Deporte de Guanajuato, existe en el municipio Valle de Santiago la Unidad Deportiva “Santiago Lira”, la cual cuenta con rampas en la entrada principal para el acceso a personas en silla de ruedas. La Unidad Deportiva en el municipio Acámbaro, informó la Dirección de Obras Públicas municipal, concluyó “hace unos tres meses”, es decir, en mayo.
Falta la Unidad Deportiva en Acolman, Estado de México, en construcción desde principios de 2015. Contará con tres canchas de fútbol y cuatro más de usos múltiples. El proyecto tiene una inversión de 64.4 millones de pesos y en abril de este año tenía un avance del 53 por ciento, pero ya no tendrá la alberca semiolímpica anunciada por el Presidente Municipal, Vicente Anaya Aguilar.
Aunque el Gobierno asegura que ya estableció una plataforma para reorganizar el sistema deportivo del país y transformar a México en una potencia en la materia, Héctor Quispe, maestro en Gestión y Dirección de Entidades Deportivas por la Universidad Europea de Madrid, considera que el talón de Aquiles del deporte mexicano es la falta de auditorías a las Federaciones, lo cual llevó a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) a retirarles el 60 por ciento del presupuesto en año olímpico sin especificar en qué se emplearía ese dinero.
“Que las Federaciones estén peleadas con la Conade no es algo nuevo, pero durante los Juegos Olímpicos en Río 2016 se acentuó el conflicto porque hay más intereses”, señala.
De acuerdo con el experto en Deporte, las Federaciones tienen “la misma estructura rancia” de hace más de 20 años, por lo que es importante que se defina una nueva estructura sin “caciques internos”. Estudioso de las políticas públicas en el ámbito, le parece importante que se aclare qué se hace con el dinero y si hay delitos qué perseguir. “En las competencias internacionales, no solo compite la capacidad de los atletas, también compiten las estructuras del país de donde viene, el tipo de apoyos y la cultura”, expone.
En los compromisos que conciernen al Deporte, Peña Nieto emula al pasado. Los gobiernos panistas también prometieron “otorgar mayores apoyos a nuestros atletas de alto rendimiento”; por ejemplo. Y a decir de Quispe, hay “elefantes blancos” como el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento que costó 500 millones de pesos.
MEDIO AMBIENTE: EL OLVIDO
Sólo dos compromisos empeñó el Primer Mandatario en este ámbito. El cumplimiento del primero está a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el segundo le corresponde a la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Ninguno ha sido cumplido.
Vanesa Pérez- Cirera, del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo Sostenible y la Equidad Social (IIDSES) de la Universidad Iberoamericana, destaca cuatro ejes en política ambiental donde el Gobierno debe poner atención a estas alturas del sexenio.
Detener la pérdida de biodiversidad, replantear el manejo hídrico del país, convertir la minería en una industria ambiental y socialmente responsable y finalmente, apostar por una economía baja en emisiones.
En el caso de la pérdida de biodiversidad, la especialista advirtió que se trata de “la crisis ambiental más importante de todos los tiempos” y explicó que a nivel internacional se ha perdido alrededor del 30 por ciento de las especies en los últimos 50 años. Aunado a ello, el propio Presidente ha señalado que México es uno de los 17 países con mayor biodiversidad en el planeta.
La especialista expone algunos datos: Conanp está encargada de mantener los servicios ecológicos de 26 millones de hectáreas, o sea, cerca del 13 por ciento del territorio y únicamente recibe el 2.4 por ciento del presupuesto ambiental.
En diciembre pasado, más de 40 organizaciones civiles y científicos de todo el país escribieron una carta a Peña Nieto para exigirle duplicar el presupuesto de la Conanp y triplicarlo para el final del sexenio, luego de que se redujera 27 por ciento del presupuesto a la Semarnat en la iniciativa para este año. “Todavía en la historia de México, el medio ambiente se considera como un tema de categoría tres […] El sector ambiental ha sido uno de los más afectados en cuanto a los recortes presupuestales, a pesar de ser el que nos provee de todos los bienes y servicios que usamos como economía. No hay congruencia en la prioridad que se le da”, apunta la investigadora.
Para Roberto Constantino Toto, profesor-investigador del Departamento de Producción Económica de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), unidad Xochimilco, frente a las restricciones presupuestarias que aquejan al Gobierno federal y a las finanzas públicas, y por otro lado, de cara a la gran cantidad de temas por resolverse en los rubros de medio ambiente y campo, el resultado ha sido que la iniciativa privada muestre más interés en generar soluciones.
“Tenemos un Estado, un Gobierno sumamente debilitado. Tiene que ver en la forma en la que se fondea. Hay una dependencia muy estrecha de la renta petrolera. No es gratuito que cada vez que en los mercados internacionales se reduzca el precio del petróleo”, expresa.
La actual administración, abunda Pérez- Cirera, se ha concentrado en pocos temas medioambientales. [Su actuar en el rubro] ha sido deficiente, salvo en el caso de las áreas nacionales protegidas. Hay una falta de priorización sobre la importancia del sector ambiental en el bienestar social y económico de México. Hay un descuido muy grande en los temas de biodiversidad. [El Gobierno] nos queda a deber bastante”.
Punto en el que Constantino Toto coincidió: “[Peña Nieto] le queda a deber mucho a la Nación. Tengo al impresión de que en materia de campo y medio ambiente, el avance ha sido prácticamente nulo, la crisis atmosférica de hace poco, pone en perspectiva una parte del problema”.
CAMPO: EL ÚLTIMO BASTIÓN
En su toma de protesta, el Presidente Peña Nieto dijo: “Vamos a generar mecanismos de mayor interlocución para escuchar a la gente que está en el campo, para recoger su experiencia y traducirlo en una política pública que permita cambiar la realidad social y económica del campo en el país”.
Después, en noviembre de 2013, el primer mandatario externó que su política modificaría el rostro del agro mexicano al presentar el programa “Un nuevo campo para México”.
Al concluir su cuarto año de Gobierno, no hay una política definida y exclusiva para el campo donde hay más de siete millones de trabajadores mexicanos. El ámbito que antes significó el arranque de cualquier gobierno priista, para Peña Nieto no representa una cuestión merezca planes gubernamentales dirigidos.
“Los problemas de campo son de viejo puño para nuestro país y dependen de los recursos naturales que México conserve”, puntualiza Roberto Constantino Toto, profesor-investigador del Departamento de Producción Económica de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
A pesar de que a la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) se le incrementaron ocho mil 111 millones de pesos, por lo que cuenta con 84 mil 827 millones de pesos, señaló que los problemas del campo están asociados a la disponibilidad de los recursos naturales con los que cuenta el país y no sólo depende del dinero que se le asigne a la dependencia.
Mateo Mier y Terán Giménez Cacho, investigador en el Colegio de la Frontera Sur, coincide al denunciar que desde hace tiempo los apoyos que se destinan en el campo –en teoría– deberían ser entregados a los productores agrícolas de bajos recursos, no obstante, en muchas ocasiones se concentran en productores de gran escala que no requieren ningún tipo de subsidio.
Mier subraya que “en términos generales el Gobierno de Peña Nieto no ha hecho grandes cambios”, y afirma que la actual política del Gobierno se centra en aumentar la producción, pero eso no garantiza la seguridad ni soberanía alimentaria.
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