La diputada Diana Karina Barreras del Partido del Trabajo (PT), aliada de Morena,apodada ya como “Dato Protegido”, logró en tiempo récord lo que muchos sólo pueden en sueños (o en el catálogo de Liverpool a meses sin intereses): acumular casi 5 millones de pesos en bienes de lujo únicamente entre ropa y joyería.
No se trata de la Lotería Nacional, sino de una lista que haría palidecer hasta al influencer más ostentoso: relojes Cartier (como el Santos Dumont, 95,000 pesos o el Balon Bleu, que ronda los 288,000), anillos Tiffany que quebrarían a cualquier romántico cursi (más de 1.1 millones), bolsas Louis Vuitton y Hester Van Eeghen, zapatos Fendi y tacones Dolce & Gabanna. Todo convenientemente exhibido en sus redes sociales, por supuesto, y debidamente ignorado en sus declaraciones patrimoniales.
La historia no sería tan digna de guion de serie si no fuese porque el modus operandi no es nuevo ni exclusivo. El periodista Jorge García Orozco -con la paciencia de un artesano y la ayuda de IA e influencers de moda- documentó cómo el tren de vida de la diputada y su esposo, Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara Baja, supera holgadamente sus sueldos (y los de varios sexenios juntos).
Resulta que nuestros legisladores de la autodenominada “Cuarta Transformación” no sólo le sacan brillo al discurso de la austeridad republicana, sino también a los diamantes y pieles de diseñador.
No faltó, por supuesto, el toque tragicómico: cuando la polémica empezó a hervir en redes, la diputada optó por la salida más “creativa” y pidió que se refirieran a ella sólo como “dato protegido”. A estas alturas, el humor involuntario ya es marca registrada del bloque aliado de Morena, donde lo mismo aparecen casas, relojes, o autos “invisibles” en papel, pero bien presentes en el Instagram del susodicho.
¿Conclusión? Con esa destreza para combinar artículos de lujo y opacidad patrimonial, el guardarropa y joyero de algunos diputados ya parece tan inalcanzable como la transparencia real en los partidos de la “transformación” y sus aliados.
El caso de la diputada Diana Karina Barreras se inserta en un fenómeno recurrente dentro de algunas fuerzas políticas aliadas con Morena: la ostentación patrimonial de figuras públicas que, al amparo de cargos de representación popular, exhiben incrementos súbitos y significativos en sus bienes muebles e inmuebles, muchas veces en clara disonancia con las percepciones legales que dicta el erario.
Desde un plano conceptual, este patrón puede catalogarse como una manifestación paradigmática del desbalance entre la ética pública y la praxis política en contextos de opacidad institucional.
El acervo de objetos de lujo —relojes de alta gama, joyería de renombre internacional, vestimenta y accesorios provenientes de casas icónicas del diseño global— no solo materializa una brecha de desigualdad socioeconómica, sino que exhibe la sofisticación de los mecanismos para sustraer los activos del escrutinio público: la discrecionalidad con la que se declara o reserva información patrimonial invoca la noción de “dato protegido” no como salvaguarda legítima de la privacidad, sino como artificio para el encubrimiento sistemático.
Este fenómeno responde a una lógica doble: por un lado, el ejercicio público del poder tiende, en algunos casos, a traducirse en la capacidad de acumular capital material y simbólico; por el otro, se recurre a estrategias discursivas y procedimentales diseñadas para dificultar la fiscalización real —desde el uso ambiguo de los marcos legales hasta la teatralización de la austeridad como performance mediática—. La recurrente emergencia de patrimonios no justificados en el entorno de la llamada “Cuarta Transformación” y su órbita aliada, lejos de ser anomalía aislada, parece responder a una matriz ética y cultural proclive a la simulación, donde la transparencia es un ideal tan proclamado como inalcanzable, y la excepcionalidad de los casos termina normalizando la opacidad como praxis.
En conclusión, el caso de la diputada Barreras es representativo de un campo de tensiones entre legalidad, legitimidad y rendición de cuentas en la vida pública mexicana, donde el lujo individual se construye sobre los vacíos de control institucional y la creatividad para eludir la vigilancia social se ha vuelto un signo de sofisticación política.
Con informacion: ELUNIVERSAL/
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