El Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC) ha escrito una página negra mas en la historia del periodismo mexicano al obligar a tres periodistas —Carlos Martínez Caamal, Abraham Martínez y Hubert Carrera Pali— a ofrecer disculpas públicas a la gobernadora Layda Sansores por ejercer su derecho fundamental a la crítica periodística.
Esta retrograda decisión judicial representa un nuevo escalón en la degradación del estado de derecho campechano, donde el poder político ha logrado prostituir las instituciones judiciales para silenciar voces críticas al igual que en el IETAM en Tamaulipas,donde bailaron al son que les tocó la poderosa aliada del Cartel del Golfo, Tania Contreras,ahora Presidenta electa del Supremo Tribunal de Justicia Estatal,por obra de los “acordeones”.
Los comunicadores de “La Barra Noticias” fueron obligados a leer un texto humillante donde admitían que sus expresiones fueron “ofensivas, estereotipadas y generaron violencia política en razón de género, en su vertiente de violencia digital y mediática“. Esta fórmula jurídica no es más que una máscara para encubrir un acto de censura pura y dura, utilizando el noble concepto de protección contra la violencia de género como pretexto para acallar la crítica periodística.
El Precedente Más Peligroso: El “Censor Judicial” de Jorge González Valdez
Si las disculpas forzadas representan una afrenta a la dignidad periodística, el caso de Jorge González Valdez constituye un precedente dictatorial sin parangón en la historia democrática reciente de México. Una jueza de Campeche ordenó que el periodista de 72 años y el diario Tribuna cuenten con un “interventor judicial” que debe aprobar previamente todo contenido relacionado con la gobernadora antes de su publicación.
Esta medida, que la propia jueza Ana Maribel de Atocha Huitz May calificó como “intervención judicial de la plataforma digital”, viola frontalmente el Artículo 7° de la Constitución Mexicana, que prohíbe expresamente la censura previa. No es coincidencia que organizaciones como Artículo 19 la hayan catalogado como una “aberración jurídica” que constituye “un ataque directo a la Constitución”.
La Gobernadora sin Vergüenza: “Quiere comer mole sin mancharse”
Layda Sansores San Román ha convertido su administración en un laboratorio de autoritarismo subnacional, donde experimenta con las formas más sofisticadas de censura judicial. La mandataria, que llegó al poder prometiendo transformación, ha demostrado que su única transformación real es convertir Campeche en un feudo personal donde la crítica se castiga con prisión, multas millonarias y humillación pública.
La gobernadora no solo ha perseguido judicialmente a periodistas, sino que se ha jactado públicamente de sus victorias contra la prensa libre. En su programa “Los martes del jaguar”, Sansores celebró abiertamente las medidas restrictivas impuestas a los comunicadores, mostrando que su estrategia no es accidental sino sistemática y calculada.
El Sentir Ciudadano: Repudio Nacional a la Censura Laydista
La reacción ciudadana ante estos atropellos ha sido contundente y unánime en su rechazo. Las redes sociales se han convertido en el principal espacio de resistencia contra la censura campechana, donde miles de usuarios expresan su indignación ante lo que consideran “prácticas autoritarias y dictatoriales”.
Periodistas de alcance nacional como Ciro Gómez Leyva han denunciado que “la censura previa está prohibida en el artículo 7 de la Constitución” y han comparado las medidas de Sansores con las prácticas de “la Europa comunista antes de la caída del muro de Berlín”. Joaquín López Dóriga sostuvo que la gobernadora “actúa como en los regímenes dictatoriales”, mientras que Martín Espinosa afirmó que “México retrocede más de 60 años en materia de libertad de expresión”.
La Alianza de Medios Mx rechazó “categóricamente cualquier intento de condicionar o censurar la labor periodística mediante decisiones judiciales desproporcionadas”, mientras que organizaciones internacionales como Reporteros Sin Fronterashan encendido las alarmas sobre el deterioro de las condiciones para el ejercicio periodístico en México.
El Mal Uso de la Violencia Política de Género: Cuando la Protección se Vuelve Arma de Censura
Uno de los aspectos más perversos de la estrategia de Sansores y Tania Contreras en Tamaulipas,ha sido el uso instrumental de la figura jurídica de violencia política de género para justificar actos de censura. Como ha señalado Lorenzo Córdova, aunque los casos de violencia contra mujeres en la política son intolerables, “también hay que reconocer que han existido abusos tanto en el uso de esa figura como en su aplicación por parte de las autoridades”.
La gobernadora ha logrado que tribunales locales perviertan un instrumento de protección legítima para convertirlo en una mordaza judicial. Esta táctica es particularmente insidiosa porque utiliza una causa justa —la protección de las mujeres en la política— como escudo para prácticas autoritarias, desvirtuando y abaratando conceptos fundamentales de los derechos humanos.
El Contexto Nacional: México en la Encrucijada Autoritaria
Los casos de Campeche no son episodios aislados sino manifestaciones locales de una tendencia nacional preocupante. Según Artículo 19, durante 2024 se registraron 21 casos de censura contra periodistas en México, mientras que en 2025 ya van seis, lo que equivale a un proceso contra periodistas cada tres semanas.
La organización ha documentado 639 agresiones contra la prensa en 2024, incluyendo cinco periodistas asesinados, lo que representa un incremento del 13.9% respecto a 2023. Este contexto de violencia generalizada ha creado un ambiente propicio para que autoridades como Sansores utilicen el sistema judicial como arma de intimidación.
El debilitamiento del estado de derecho se ha visto agravado por la reforma judicial impulsada desde el gobierno federal, que ha generado lo que analistas consideran una “crisis constitucional” donde “la democracia degenera en una tiranía de la mayoría”. Como señala el Journal of Democracy, México enfrenta un “desastre democrático” donde el ataque al estado de derecho es “aún más preocupante de lo que se piensa”.
El Raquítico Estado Democrático: Instituciones Prostituidas por el Poder
Lo que presenciamos en Campeche es la prostitución institucionalen su forma más descarnada. Jueces que debían ser guardianes de los derechos fundamentales se han convertido en cómplices activos de la censura, dictando resoluciones que violan flagrantemente la Constitución Federal y los tratados internacionales de derechos humanos.
Esta prostitución del sistema de justicia revela la fragilidad estructural de la democracia mexicana, donde el poder político puede comprar, intimidar o cooptar a funcionarios judiciales para que sirvan como instrumentos de represión contra voces disidentes. Como ha documentado la academia mexicana, existe una “debilidad institucional del Estado mexicano” que no logra “equilibrar la eficacia y la legitimidad que la gobernabilidad democrática necesita”.
La Cobardía del Poder Federal: Claudia Sheinbaum y la Complicidad del Silencio
Mientras Campeche se convertía en un laboratorio de autoritarismo, la presidenta Claudia Sheinbaum ha optado por el silencio cómplice o la defensa tibia de prácticas claramente inconstitucionales. Su declaración de que “en México no se censura a nadie” mientras periodistas eran obligados a disculparse públicamente revela una desconexión culpable con la realidad o una complicidad deliberada con las prácticas autoritarias de su correligionaria.
La presidenta, que se autodenomina defensora de la libertad de expresión, no ha movido un dedo para detener los atropellos de Sansores, enviando un mensaje inequívoco a otros gobernadores: pueden censurar y perseguir periodistas sin consecuencias desde el poder federal.
El Costo de la Complacencia: Hacia Dónde Nos Dirigimos
Los precedentes establecidos en Campeche representan un punto de inflexión peligroso para la democracia mexicana. Si estos atropellos quedan impunes, otras entidades federativas podrían adoptar estrategias similares, creando un efecto dominó autoritario que termine por sepultar los restos de libertad de expresión que aún sobreviven en el país.
La figura del “interventor judicial” o “censor oficial” podría extenderse a otros estados donde gobernadores autoritarios vean en el modelo campechano una receta exitosa para silenciar críticos. Como ha advertido Artículo 19, “se corre el riesgo de que más estados se empiecen a inspirar en ese tipo de medidas contra el periodismo”.
La Resistencia Necesaria: Defendiendo lo Indefendible
Ante esta embestida autoritaria, la sociedad civil, los medios independientes y los ciudadanos comprometidos con la democracia enfrentan la obligación histórica de resistir y denunciar estos atropellos. No se puede permitir que la normalización de la censura se extienda como “pareciera contagiosa, peor que el sarampión”.
La batalla por la libertad de expresión en Campeche no es solo un asunto local sino una prueba de fuego para la democracia mexicana. Si permitimos que Sansores y sus cómplices judiciales establezcan estos precedentes sin consecuencias, estaremos firmando el acta de defunción de uno de los pilares fundamentales de cualquier régimen democrático.
Los periodistas perseguidos, censurados y humillados en Campeche no son solo víctimas individuales sino símbolos de resistenciacontra un poder que busca imponer el silencio a través del miedo, la intimidación judicial y la prostitución de las instituciones. Su lucha es la lucha de todos los mexicanos que aspiran a vivir en una democracia real, no en la simulación autoritaria que Layda Sansores ha construido en su feudo personal.
La historia juzgará severamente a quienes, desde sus posiciones de poder, permitieron o facilitaron esta regresión autoritaria. Y recordará también a quienes, contra todas las adversidades, mantuvieron encendida la llama de la crítica libre y la palabra independiente en los tiempos más oscuros de la democracia campechana.
Con informacion: REFORMA/
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