La mas reciente operación federal y estatal en Cuautempan, Puebla, contra el alcalde morenista Gerardo Cortés Caballero, ilustra de manera cada vez más clara y frecuente el fenómeno de componenda entre estructuras políticas de Morena y redes delictivas, consolidando la percepción de que el partido se ha convertido en una organización criminalmente organizada en distintas regiones del país.
La idea de que Morena y el crimen organizado “trabajan codo a codo” y “se complementan” no es una mera especulación: hay investigaciones, denuncias y testimonios que apuntan a una integración operativa y política, donde el partido en el poder ha sido acusado de abrir espacios a operadores criminales, financiar campañas con recursos ilícitos y permitir la captura de gobiernos locales por grupos delictivos.
El caso Cuautempan: síntesis de una estructura criminalizada
- El 9 de mayo de 2025, fuerzas federales y estatales catearon cuatro propiedades ligadas a Gerardo Cortés Caballero, reelecto por la coalición Morena-PT, asegurando armas largas, cartuchos útiles, droga, vehículos y documentos que podrían probar redes de colaboración criminal dentro del ayuntamiento.
- La investigación formal lo vincula con secuestro, extorsión, portación de armas de uso exclusivo del Ejército y, especialmente, con el cobro sistemático de “derecho de piso” a comerciantes, robo a transportistas y distribución de drogas en Cuautempan y Ahuacatlán.
- Además, se documenta nepotismo -al menos siete familiares en cargos públicos- y corrupción patrimonial mediante la entrega opaca de terrenos municipales a allegados.
- Cortés Caballero permanece prófugo, sumándose a otros alcaldes de Morena en Puebla y el país que han sido detenidos o investigados por delitos similares.
Patrón creciente: de la excepción al modus operandi
Este caso no es aislado ni accidental. La fiscalía estatal de Puebla reconoce un patrón creciente de alcaldes -particularmente de Morena- operando en complicidad con estructuras criminales locales, actuando como brazos civiles de células delictivas. Casos recientes en la región, como los hermanos González Vieyra en Ciudad Serdán y Tlachichuca, refuerzan la tendencia: estructuras familiares enquistadas en el poder político, protegidas y financiadas por el crimen organizado, con acceso a recursos públicos y control territorial.
A nivel nacional, investigaciones periodísticas y denuncias judiciales en Estados Unidos documentan la convergencia de intereses entre operadores políticos de Morena y cárteles como el de Sinaloa y el Golfo, que financian campañas, imponen funcionarios y obtienen contratos públicos a cambio de protección y acceso a recursos estatales.
El caso de Sergio Carmona , “el Rey del Huachicol” y Americo Villarreal,es paradigmático: financiamiento ilegal de campañas morenistas a cambio de control aduanero y contratos millonarios, con la anuencia de altos funcionarios y gobernadores.
La componenda como sistema
La reiteración de estos esquemas -drogas, armas, extorsión, nepotismo, desvío de recursos y protección política a cambio de financiamiento y control territorial- apunta a que la corrupción y la criminalidad organizada no son disfunciones aisladas, sino engranajes de un sistema político-criminal que se ha institucionalizado en diversas regiones bajo gobiernos de Morena.
El avance del crimen organizado en estados gobernados por Morena, como lo advierte el periodista Ricardo Ravelo, no es “coincidencia”, sino resultado de pactos políticos-criminales que han permitido a los cárteles expandir su influencia y controlar recursos públicos y privados.
Las denuncias de alcaldes sometidos por grupos armados, la imposición de funcionarios y la administración de recursos municipales por operadores criminales, refuerzan la hipótesis de una captura sistemática de gobiernos locales por el crimen organizado, con Morena como vehículo político predominante en estos casos.
Conclusión
La operación en Cuautempan es solo el último eslabón de una cadena de componendas cada vez más evidentes y frecuentes, donde la frontera entre partido político y organización criminal se difumina peligrosamente.
Los decomisos de armas y drogas, las acusaciones de extorsión y la protección política a estructuras familiares y criminales, confirman que Morena, lejos de erradicar la corrupción y el crimen, ha facilitado -por acción u omisión- su institucionalización en el poder local y regional.
Con informacion: ELNORTE/
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