El Gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, expresó sentir indignación y que las autoridades están indagando el asesinato de dos niñas que se quedaron el pasado martes junto con su familia en medio de una balacera en el Municipio de Badiraguato.
Rocha Moya utilizó la conferencia de prensa de la Vocería estatal, la cual comúnmente sólo es protagonizada por el secretario general de Gobierno, Feliciano Castro, para emitir su posicionamiento, pero sin permitir cuestionamientos de medios locales.
La declaración del gobernador Rubén Rocha Moya
La declaración del gobernador Rubén Rocha Moya, en la que expresa “indignación” y promete que “no habrá impunidad” tras el asesinato de dos niñas en Badiraguato, repite un patrón discursivo recurrente en la retórica oficial ante tragedias similares: lamentos públicos, promesas de justicia y solidaridad con las familias, pero sin permitir preguntas de la prensa ni asumir responsabilidades claras.
Este tipo de posicionamientos, leídos en conferencias sin espacio para el escrutinio periodístico, suelen reciclar fórmulas de condolencia y compromiso que no se traducen en acciones efectivas ni en resultados tangibles para frenar la violencia o proteger a la población civil, especialmente a la infancia.
Por qué el Ejército y el crimen organizado son responsables del asesinato de las menores
1. Responsabilidad directa del crimen organizado
- El asesinato de menores en Sinaloa ocurre en el contexto de una guerra intestina entre facciones del Cártel de Sinaloa (“Los Chapitos” y “Los Mayos”), que ha dejado al menos 34 menores asesinados desde septiembre de 2024.
- Los grupos armados actúan con total impunidad, empleando tácticas de combate urbano y rural que desprecian la vida de civiles y generan múltiples bajas colaterales.
- En el caso específico de Badiraguato, las niñas y su familia quedaron en medio de un fuego cruzado durante un enfrentamiento entre civiles armados contra militares y elementos de la Guardia Nacional, lo que evidencia la brutalidad y el desprecio de los grupos criminales por la vida ajena.
2. Responsabilidad institucional y del Ejército
- El despliegue militar en zonas de conflicto, lejos de contener la violencia, suele escalar los enfrentamientos y aumenta el riesgo para la población civil.
- Expertos en seguridad han señalado que la estrategia de choque y patrullaje militar, en contextos de alta presencia criminal, termina provocando más bajas civiles porque los grupos criminales reaccionan con mayor violencia y los operativos no logran separar a inocentes de combatientes.
- El Ejército, al participar en operativos sin protocolos efectivos para proteger a la población, contribuye a que familias enteras queden atrapadas en tiroteos donde sus balas también suelen cruzarse con cuerpos inocentes y asi pudo pasar en Badiraguato, donde la familia de las menores transitaba por la zona justo cuando se desató el enfrentamiento armado y fuego cruzado,dos fuegos, dos responsables.
- La falta de coordinación y de inteligencia operativa e incluso la contradicción con sus propios “Manuales de uso de la fuerza letal“, podrian evitar la exposición de civiles en zonas de riesgo, pero siempre caen en la omision grave al violentar las disposiciones obligatorias para las fuerzas armadas.
Un desglose claro y puntual de las omisiones y violaciones fundamentales que el Ejército ha cometido, basándonos en el Manual del Uso de la Fuerza Letal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2014, así como en informes y recomendaciones de organismos de derechos humanos. Esto permite clarificar las responsabilidades institucionales que se incumplen sistemáticamente en casos como el asesinato de menores en zonas de conflicto:
Omisiones y violaciones fundamentales del Ejército según el Manual del Uso de la Fuerza (DOF, 30/05/2014) y análisis complementarios
1. Violación del principio de legalidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza
- El Manual establece que el uso de la fuerza debe ser legal, necesaria, proporcional y racional para el cumplimiento de la misión.
- En múltiples operativos, como el de Badiraguato, la fuerza empleada es desproporcionada, exponiendo a civiles inocentes, incluidos menores, a fuego cruzado, lo que viola este principio básico.
2. Falta de protección a civiles y grupos vulnerables
- El Manual obliga a proteger a personas ajenas al conflicto, especialmente a menores, mujeres y personas con discapacidad.
- La realidad evidencia que las fuerzas armadas no implementan protocolos efectivos para evitar daños colaterales, ni para asistir oportunamente a heridos civiles.
3. Omisión en la preservación y custodia de la escena del crimen
- El Manual indica que el personal militar debe preservar el lugar de los hechos para facilitar la investigación y el levantamiento forense.
- Sin embargo, existen múltiples denuncias sobre la alteración o contaminación de escenas de enfrentamientos, dificultando la identificación de responsables y la cadena de custodia de evidencias balísticas.
4. Falta de transparencia y rendición de cuentas
- A pesar de que el Manual establece la obligación de documentar y reportar el uso de la fuerza, en la práctica no se publican informes claros ni se permite la supervisión externa efectiva.
- Esto genera impunidad, ya que no se investiga ni sanciona adecuadamente la posible responsabilidad de elementos militares en daños a civiles.
5. Inadecuada integración de averiguaciones previas y obstaculización del acceso a la justicia
- Las investigaciones ministeriales relacionadas con incidentes violentos en los que participan militares suelen ser deficientes, con retrasos, reservas injustificadas y falta de diligencia.
- Esto impide que las víctimas y sus familias accedan a la verdad y a la reparación integral del daño.
6. Uso ilegítimo y excesivo de la fuerza pública
- Casos documentados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y otras instancias muestran que el Ejército ha empleado fuerza letal en situaciones donde no era justificada, causando lesiones graves y muertes evitables.
- El Manual señala que el uso de armas de fuego debe ser el último recurso, pero la práctica militar en zonas de conflicto ha sido contraria a este mandato.
7. Falta de protocolos claros para el trato a menores y heridos
- El Manual prevé la creación de protocolos para el trato especial a menores y atención a heridos, pero en la realidad estos protocolos no se aplican o no existen procedimientos efectivos que garanticen su cumplimiento.
8. Persistencia de quejas y denuncias por violaciones a derechos humanos
- Entre 2006 y 2014, se presentaron 8,749 quejas ante la CNDH contra personal militar, muchas relacionadas con uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y violaciones a la integridad personal.
- Aunque hay una aparente disminución en el número de quejas, la cifra sigue siendo alta y refleja un patrón sistemático de violaciones.
Conclusión
El Ejército, al no cumplir con los lineamientos establecidos en el Manual del Uso de la Fuerza y en la legislación nacional e internacional, incurre en omisiones graves que contribuyen directamente a la violencia y a la impunidad en casos como el asesinato de menores en Badiraguato.
La falta de peritajes balísticos transparentes, la alteración de escenas del crimen, el uso desproporcionado de la fuerza y la ineficacia en la procuración de justicia son violaciones claras que agravan la tragedia y perpetúan el ciclo de violencia y sufrimiento para las familias afectadas.
Este análisis muestra cómo las normas existen, pero no se aplican ni se respetan, lo que evidencia una responsabilidad institucional directa del Ejército en la crisis de violencia y violaciones a derechos humanos en México.
Incapacidad y omisión del Estado
- Las autoridades estatales y federales han sido incapaces de prevenir la violencia, proteger a la niñez y garantizar justicia para las víctimas. La impunidad es la norma: en la mayoría de los homicidios de menores no hay detenidos ni esclarecimiento de los hechos.
- El discurso oficial se limita a lamentar las muertes y prometer investigaciones, pero la realidad es que la violencia sigue escalando y los programas de protección a la infancia son inexistentes o insuficientes.
- La sociedad sinaloense ha respondido con protestas, exigiendo que “con los niños no”, pero el Estado no ha sido capaz de responder a esa demanda básica de protección.
¡La evidencia balística,el peritaje forense y la INVIDENCIA del GOBIERNO
Tan solo unas cuantas pruebas podrian determinar con precisión de dónde provinieron las balas que asesinaron a las menores y quién disparó. Sin embargo, por omisión, complicidad o falta de voluntad política, casi nunca se realiza este proceso de manera transparente y exhaustiva.
El peritaje forense: la clave que nunca se utiliza
1. ¿Qué podría esclarecer un peritaje forense serio?
- Trayectoria de las balas: El análisis de los cuerpos y la escena del crimen permite determinar el ángulo, distancia y dirección de los disparos.
- Balística comparativa: Las balas recuperadas pueden compararse con las armas, pero no fueron aseguradas a militares, como nunca lo hacen y asi determinar, quien exactamente disparó y quien las mato.
- Residuos y huellas: El análisis de residuos de pólvora y huellas en casquillos o armas puede vincular a un tirador específico con un disparo,pero es poco probable ver a militares sometidos a una prueba de radizonato de sodio, una prueba colorimétrica que se utiliza en criminalística para identificar la presencia de residuos de disparo de arma de fuego, específicamente para detectar plomo y bario. La prueba es positiva si el área de la muestra cambia de color debido a la reacción del rodizonato de sodio con los metales pesados.
2. ¿Por qué no se hace?
- Protección institucional: Si las balas provinieron de armas oficiales, el Estado suele encubrir a sus elementos para evitar escándalos y responsabilidades legales.
- Complicidad y miedo: En zonas de alta violencia, los peritos y ministerios públicos pueden ser amenazados o cooptados por el crimen organizado o el propio Estado,una conducta recurrente en militares.
- Desinterés político: La narrativa oficial prefiere dejar la culpa en “el fuego cruzado” y evitar esclarecer responsabilidades individuales, porque eso implicaría reconocer fallas o crímenes de Estado.
3. ¿Qué implica no hacerlo?
- Impunidad total: Sin peritaje, nunca se sabrá si las niñas murieron por disparos de criminales o de soldados, y nadie será juzgado.
- Revictimización: Las familias no obtienen verdad ni justicia, y la sociedad queda con la versión oficial de “daños colaterales”.
- Repetición sistemática: Al no haber consecuencias, la historia se repite una y otra vez.
Conclusión
La ciencia forense tiene la capacidad de decir la verdad sobre quién mató a quién. Pero mientras el Estado y las autoridades se nieguen a aplicarla con rigor y transparencia, seguirán reciclando discursos de indignación y promesas vacías, mientras la impunidad se perpetúa.
La exigencia debería ser clara: que se realicen y se publiquen los peritajes balísticos y forenses en todos los casos de civiles muertos en enfrentamientos, especialmente cuando hay menores de por medio. Solo así se podrá romper el ciclo de impunidad y complicidad que mancha profundamente al ejercito al ejercito y las policías, esta claro que se les debe mucho, pero YA DEBEN MUCHAS.
Con informacion: ELNORTE/
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