LOS “ROBO la MARINA,HARFUCH o los DOS ?”: “ARISTEGUI CONFIRMA ERAN 20 y NO 10 MILLONES de LITROS en BUQUE INCAUTADO en TAMAULIPAS”…botin de guerra se evaporo por el calor inclemente de la corrupción del segundo piso.

La periodista Verónica Ayala, de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), confirmo con ‘Aristegui en Vivo’ como la Secretaría de Marina (Semar) efectivamente confirmo que el decomisó de 10 millones de litros de diésel en marzo de 2025, el reporte original indicaba que el buque transportaba 20 millones de litros.

Este escandalo, originado por la denuncia de trafico descarado, acusado por previamente por “Codigo Magenta” y que choca con la version de la “sedicente inteligencia” ,nos deja ver como esos 10 millones de litros de diesel ,como si fueran gotas de rocío bajo el sol del mediodía, se evaporaron al calor de la corrupción oficial, dejando solo el rastro húmedo de la impunidad sobre el asfalto del puerto y el reclamo de la empresa que por la via legal, pelea sin vergüenza lo que se convirtió en botín de guerra de “tiempos de jodencia presupuestaria”

Detalles del decomiso

• El operativo de la Marina ocurrió a finales de marzo de 2025 en el puerto de Tampico, donde se aseguró SIN DETENIDOS, el cargamento más grande de “huachicol” en la historia reciente: 10 millones de litros de diésel que habían sido importados desde Texas en el buque Challenge Procyon, haciéndolos pasar por aditivos para aceites.
• Intanza, la empresa importadora, reclamó judicialmente la confiscación de un volumen equivalente a 20 millones de litros, el doble de lo reportado oficialmente como decomisado. La diferencia de 10 millones de litros no ha sido aclarada por las autoridades.
• La Semar informó que la determinación del volumen real y el destino del combustible corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR), y aseguró que colaborará en la investigación sin proteger a ningún implicado.

Vínculos empresariales y patrimoniales

• Francisco Javier Antonio Martínez no aparece como accionista directo de Intanza, pero sí es socio de los dueños de esa empresa, Ricardo Ayón Rodríguez y Ramiro Rocha Alvarado, en otra compañía llamada Comercializadora de Bienes y Servicios de Nuevo León Belure.
• Martínez no reportó su participación accionaria en Belure en su declaración patrimonial, pese a que desde 2022 figura como socio. En ese periodo, acumuló una colección de autos clásicos y vehículos de lujo.
• Intanza fue suspendida del padrón de importadores por el SAT el 31 de marzo de 2025.

Red de complicidad y contexto institucional

• Fuentes de MCCI y documentos judiciales sugieren que Martínez forma parte de una red que opera tráfico ilegal de combustible en el puerto de Tampico, con participación de exfuncionarios federales, personal de ASIPONA y mandos de la Marina responsables de la administración portuaria.
• El modus operandi incluye permitir el ingreso de buques con diésel disfrazado de aditivos, evadir controles aduanales y cargar el combustible en pipas para su distribución clandestina en México.
• Ni Martínez ni el director general de ASIPONA, Almirante Rubén Alfonso Vargas Suárez, han sido removidos de sus cargos tras el escándalo. Ambos aparecieron en eventos públicos posteriores al decomiso

Reacciones oficiales

• La Secretaría de Marina reiteró su compromiso de colaborar con las investigaciones y de no proteger a ningún implicado, señalando que la FGR debe determinar el volumen y destino final del combustible decomisado.
• El caso sigue bajo investigación y ha puesto en foco la presunta complicidad de funcionarios federales y portuarios en el tráfico de hidrocarburos a gran escala.

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En síntesis:
La investigación periodística de MCCI, difundida en Aristegui Noticias, documenta que Francisco Javier Antonio Martínez, alto funcionario portuario en Tampico, mantiene vínculos empresariales con los dueños de Intanza, la empresa a la que la Marina decomisó 10 millones de litros de diésel. 

Sin embargo, el buque traía 20 millones de litros, y la desaparición de la mitad del cargamento sigue sin explicación oficial. El caso revela indicios de una red de tráfico ilegal de combustible en el puerto, con presunta protección institucional y falta de sanciones a los funcionarios implicados.

Con informacion: ARISTEGUI/