En un enfrentamiento más entre delincuentes y policías de Fuerza Civil del peligroso estado de Nuevo León, un hombre fue abatido y una maestra de preescolar ajena a los hechos, fue herida de un balazo, en Aramberri.
El incidente ocurrió en Aramberri, Nuevo León y expone patrones sistémicos que revelan omisiones estructurales del Estado en garantizar seguridad y prevenir violencia.
Aunque las autoridades destacan la neutralización de agresores, este enfoque reactivo —centrado en persecuciones y tiroteos— enmascara responsabilidades clave del gobierno que no privilegia nunca la integridad de nadie por encima de una captura:
1. Fallas en inteligencia y prevención
- Presencia prolongada de grupos armados: Vecinos denunciaron que los delincuentes llevaban semanas operando cerca de la escuela, lo que evidencia fallas en vigilancia territorial y recopilación de inteligencia.
- Ausencia de protocolos para proteger civiles: El tiroteo ocurrió en una zona con actividad educativa, sin medidas para resguardar a la población durante operativos. Esto viola estándares de debida diligencia que exigen prevenir daños colaterales.
2. Priorización de estrategias reactivas sobre políticas integrales
- Enfoque militarizado vs. prevención social: La dependencia de operativos como Muralla (mencionado en otros incidentes) refleja una política centrada en el uso de la fuerza que omite la corrupción o infiltración del crimen en instituciones.
- Cifras crecientes de violencia: En 86 dias de 2025, Nuevo León registró 86 agresiones armadas a policias , lo que sugiere que la estrategia de “combate frontal” no reduce la inseguridad, sino que incrementa riesgos para servidores públicos y civiles.
3. Impunidad y normalización de la violencia
Responsabilidad indirecta por omisión: La Corte Interamericana ha establecido que el Estado es responsable cuando no actúa con diligencia debida para prevenir daños previsibles, como el riesgo que representaban grupos armados cerca de escuelas.
4. Narrativa oficial vs. realidad comunitaria
- Énfasis en resultados inmediatos: Las autoridades destacaron la captura de cuatro personas y el aseguramiento de armas, pero omitieron explicar por qué no se actuó antes ante denuncias vecinales.
- Daño colateral como “accidente”: La herida de la maestra Dulce María Sosa fue minimizada como consecuencia inevitable, en lugar de reconocerla como resultado de planificación deficiente en operativos.
Conclusión
El Estado mexicano a lo largo y ancho del pais ha construido una narrativa de “éxito” en seguridad basada en cifras de detenciones o armas incautadas que de poco o nada abonan a la seguridad, pero oculta su responsabilidad al no implementar políticas preventivas, transparentar vínculos con grupos criminales o garantizar justicia para víctimas.
Esta lógica transexenal fallida—vigente desde la “guerra contra el narco”— prioriza la imagen de control sobre la protección real de derechos, perpetuando un ciclo donde civiles que no tienen ni la obligación ni el deber legal de enfrentar el peligro, como si ocurre con policias, pagan el costo de estrategias fallidas.
Con informacion: ELNORTE/
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