Sin balas, pero con expedientes afilados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación vive su propio levantamiento. En el campo de batalla judicial, las trincheras no huelen a pólvora, sino a tinta constitucional y café requemado de oficina pública. Los bandos están definidos: de un lado, los devotos del ahorro austero; del otro, los cruzados del principio sagrado de la irreductibilidad salarial.
Y desde el púlpito del Órgano de Administración Judicial (OAJ) cayó, sin previo aviso, la nueva herejía: un tajo del 20 al 23% a las quincenas de jueces y magistrados.
En una sola jugada administrativa, el OAJ convirtió el aguinaldo de más de 800 impartidores de justicia en un festival de furia togada. Las nóminas, mutiladas con precisión quirúrgica, les recordaron que la independencia judicial, por muy constitucional que sea, siempre debe pasar por el cajero automático del poder.
El golpe vino acompañado por un sermón moral: nadie en la judicatura federal debe ganar más que la Presidenta Claudia Sheinbaum. Reforma obliga, dijeron. Pero los jueces —acostumbrados a sentenciar y no a ser sentenciados— reaccionaron con la solemnidad de una ópera trágica: hablaron de la violación al Estado de derecho, de la Constitución vejada, del deber ciudadano de defender a la justicia misma. En otras palabras, de que el recorte no era al salario, sino al alma institucional.
JUFED, el sindicato de las togas elegantes, denunció la emboscada salarial como una afrenta a la propia arquitectura de la democracia. Porque, claro, no se trata del bolsillo, sino del principio. Aunque, curiosamente, será el bolsillo el que no llegue completo al fin de mes.
Mientras tanto, en los corredores del Poder Judicial, se respira una tensión que ni Kafka hubiera imaginado: jueces enfrentados, no por una sentencia, sino por la nómina; ministros que cobran menos que sus subordinados; despachos donde la Constitución está manchada de café y sarcasmo.
La Corte, otrora templo de equilibrio, parece hoy más un ring de box administrativo. No hay puños, pero sí artículos constitucionales lanzados como ganchos al hígado. Órdenes, amparos y suspensiones se reparten como fichas en un mercado de poder. Y el resultado es este: una guerra sin sangre, pero con heridas profundas donde el unico perjudicado es el pueblo por la nueva vocación talegona.
La “suprema” ironía es que, en nombre de la justicia social, se reconfigura la justicia judicial. Y así, entre discursos de principios y depósitos recortados, el Poder Judicial libra su propia versión del crimen organizado institucional: un cártel de togas, donde la lealtad se mide en pesos y la independencia se calcula en función de lo que cae (o no) en la cuenta bancaria.
Lo contrastante del acto de austeridad,es que la faccion alineada a la «Cuarta-TE» anda ahorrando centavos mientras el legislativo y el poder ejecutivo tiran cientos y miles de millones de peso lo mismo al derroche que a la basura de la incompetencia.
Con informacion: ELNORTE/
