ACLED (Armed Conflict Location & Event Data) es una iniciativa de recopilación, análisis y mapeo de crisis de datos desagregados, que recopila información sobre las fechas, los actores, las ubicaciones, las muertes y los tipos de toda la violencia política y los eventos de protesta reportados en todo el mundo.
El equipo de ACLED realiza análisis para describir y explorar las tendencias de conflicto y en su mas reciente reporte no tiene expectativas optimistas para Mexico, el Gobierno de Claudia Sheinbaum y por supuesto,los ciudadanos.
Qué tener en cuenta en 2025
Sheinbaum, que asumió el cargo en octubre de 2024, se enfrenta a un panorama de Carteles reorganizado y a una violencia potencialmente mayor en el próximo año.
Los conflictos en curso entre organizaciones criminales corren el riesgo de expandirse a nuevas áreas, particularmente en los estados con una presencia significativa del cártel de Sinaloa en medio de la actual guerra territorial entre Los Mayitos y Los Chapitos.
Es probable que los principales grupos criminales como el CJNG explotarán estas grietas internas para apoyar su expansión territorial. Los informes han sugerido que el CJNG puede estar buscando formar una alianza con Los Chapitos para desafiar a Los Mayitos en Zacatecas.
Tal alianza podría exacerbar la violencia no solo en territorios disputados internamente por el Cártel de Sinaloa, sino también en regiones donde el CJNG y el Cártel de Sinaloa están atrapados en disputas. A lo sumo, el CJNG capitalizará la posición debilitada del Cártel de Sinaloa para expandir su control territorial, particularmente en áreas de conflicto en curso con grupos rivales, incluidos Guanajuato, Michoacán y Guerrero, mientras intensifica los conflictos en lugares como Aguascalientes, Querétaro y Tabasco.
El panorama de conflictos en 2025 también estará moldeado por la estrategia de seguridad emergente de la administración Sheinbaum. Aunque Sheinbaum enfatiza los programas sociales para abordar las causas fundamentales de la violencia, en línea con la política de su predecesor,Hay señales de que puede estar distanciándose de esta retórica.
En sus primeros meses en el cargo, ACLED registra un aumento en los enfrentamientos entre las fuerzas estatales y los grupos criminales, lo que subyace al probable intento del gobierno de proyectar el control en medio de la creciente violencia en todos los estados.
Además, con Donald Trump reelegido como presidente, es probable que Estados Unidos tome una postura de línea dura hacia México. Trump y sus aliados han pedido repetidamente represalias duras si México no logra frenar el tráfico de drogas y los flujos migratorios, amenazando con deportaciones masivas y un arancel del 25% sobre los productos mexicanos si estos problemas persisten.
Mientras que Sheinbaum ha señalado una postura firme hacia la administración entrante de los Estados Unidos,puede enfrentar presión para adoptar un enfoque más estricto hacia los grupos criminales que incluye arrestos de alto perfil de los líderes del cártel.
Mientras tanto, los líderes republicanos en los Estados Unidos, incluida la elección de Trump para asesor de seguridad nacional, han planteado la idea de usar la fuerza militar dentro de México para atacar a los capos de la droga y frenar el tráfico de fentanilo. Tales acciones podrían exacerbar la fragmentación del panorama criminal, alimentando las luchas internas de poder e intensificando los enfrentamientos entre facciones rivales.
El enfoque de Estados Unidos hacia la migración también puede afectar inadvertidamente el panorama de la seguridad de México. Las políticas estadounidenses más estrictas destinadas a limitar los flujos migratorios podrían hacer que la trata de personas sea una trata cada vez más lucrativa para las organizaciones criminales mexicanas. Podría permitir a las pandillas financiar conflictos internos y ampliar su control, impulsando más violencia mientras los grupos luchan para proteger estas rutas rentables tanto de los rivales como de las fuerzas del orden.
También persisten las preocupaciones sobre la posible militarización de la estrategia de seguridad de Sheinbaum. Justo antes del final del mandato de López Obrador, la Guardia Nacional, una fuerza de seguridad supuestamente no militarizada creada en 2019, fue colocada bajo el Ministerio de Defensa Nacional.
En los primeros meses de la administración, los despliegues de la Guardia Nacional han aumentado, particularmente en áreas con altos niveles de violencia. Esta tendencia sugiere un papel potencialmente mayor tanto para la Guardia Nacional como para los militares en la estrategia de seguridad del estado, un desarrollo que plantea preocupaciones sobre posibles abusos contra los derechos humanos.
Por ejemplo, en Chiapas, el personal militar fue criticado por matar por error a seis migrantes en un camión que creían que transportaba drogas.
Las organizaciones de la sociedad civil también han criticado la reelección de la comisionada de derechos humanos, María del Rosario Piedra Ibarra, quien ha sido acusada de partidismo en línea con el partido gobernante, Movimiento de Regeneración Nacional, y de no abordar adecuadamente las cuestiones de derechos humanos,Particularmente desapariciones forzadas.
El riesgo para los civiles sigue siendo alto. México sigue siendo el segundo país más peligroso del mundo para los civiles, particularmente a la luz de sus mecanismos limitados para supervisar el uso estatal de la fuerza.
Reformas judiciales iniciadas bajo López Obrador, entre ellas la elección popular de jueces fijada para junio de 2025,Podría exacerbar aún más los riesgos para los civiles, incluidas las figuras políticas.
Esta reforma podría exponer a los candidatos que pueden ser más vulnerables a la influencia partidista o criminal, incentivando a las pandillas a penetrar en las instituciones estatales a través de ataques dirigidos o la cooptación. A largo plazo, el aumento de la influencia criminal en las instituciones judiciales podría contribuir al aumento de la impunidad, erosionando aún más la confianza y la seguridad públicas.
En 2025, México experimentará una mayor violencia, con el CJNG aprovechando la fragmentación del Cártel de Sinaloa para expandir su control en zonas de conflicto clave. El gobierno de Sheinbaum puede adoptar medidas de seguridad más agresivas, pero la presión estadounidense en curso y la posible militarización podrían desestabilizar aún más la situación.
Más allá de las operaciones de seguridad, la influencia criminal persistente en el gobierno local y el poder judicial continuará socavando la estabilidad a largo plazo y limitando el progreso en la reducción de la violencia de las pandillas.
Con informacion: ACLED/
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