Después de la crisis de asesinatos de policías municipales en Guanajuato, en los primeros meses del año, primero en Celaya y luego, en menor medida, en Irapuato, el crimen la ha tomado ahora contra agentes de la policía estatal.
En la madrugada del martes, sicarios asesinaron a tres policías de la corporación, tres hermanos, en sus domicilios, en una comunidad de Guanajuato capital. Dos de los tres eran custodios de la cárcel estatal, que tiene sede en León, el corazón económico de la entidad. La tercera era agente regular de la secretaría de seguridad.
“Fue muy focalizado el evento, fue muy directo, afortunadamente, dentro de lo desafortunado del hecho, pues la verdad es que [las víctimas] estaban ahí con su familia, en los inmuebles”, ha dicho el jefe de policía de la ciudad, Samuel Ugalde. Con estos tres casos, suman siete agentes estatales asesinados en apenas mes y medio. El 1 de noviembre, criminales tirotearon a tres custodios del penal, cerca de la comunidad de Los Ramírez, en León. Los tres murieron. A principios de diciembre, criminales asesinaron a otra agente estatal en Abasolo, cerca de Irapuato, al sur de León.
Las cifras de policías asesinados en Guanajuato son de terror. Según la cuenta de la organización Causa en Común, Guanajuato lidera la tabla de asesinatos de agentes de todo ámbito en México, con 50 en lo que va de año. El Proyecto Azul Cobalto, de Daniel Gómez-Tagle, especialista en armamento y uso de la fuerza en corporaciones policiales, amplía un poco el panorama. Desde enero de 2018 a la fecha, 369 agentes de ámbito local o estatal han sido asesinados en Guanajuato, una cifra sin comparación en el resto de estados del país.
Si bien la mayoría han sido municipales –304, según Azul Cobalto, y de estos, más de la mitad entre León, Irapuato y Celaya– en las últimas semanas los criminales han apuntado a la corporación estatal, particularmente a los custodios de la prisión de León. “En varias cárceles de Guanajuato hay autogobierno, los grupos criminales tienen el control de las actividades ilícitas al interior”, explica David Saucedo, experto en las dinámicas del crimen en el centro del país. “En cierto sentido, los conflictos que hay en las calles se replican al interior de las cárceles. Como los custodios reciben sobornos del crimen, los grupos que se ven afectados toman represalias contra ellos, cuando estos están francos”, añade.
Saucedo se refiere a grupos de criminales asociados al Cartel Jalisco Nueva Generación, el Cartel de Sinaloa y el Cartel de Santa Rosa de Lima. Desde hace años, la pelea entre estos grupos por la venta de droga al menudeo en la región, principalmente de metanfetamina, por el control de puntos de robo de combustible de los ductos de Pemex, y por el cobro de extorsiones, mantiene la violencia homicida en niveles muy altos. La gobernadora, Libia García, del conservador Acción Nacional, en el cargo desde hace dos meses, cambió al secretario del ramo, y consiguió la renuncia del fiscal estatal, Carlos Zamarripa, al frente de la dependencia por más de 15 años.
Como ocurre en los temas del hampa, es difícil interpretar la lógica de los asesinatos recientes, siquiera si tiene sentido relacionarlos. En el caso de Celaya, donde en los primeros meses del año criminales asesinaron a más de una decena de agentes, el secretario de seguridad local, Jesús Rivera, señalaba a EL PAÍS que los ataques respondían a su enfrentamiento frontal con el crimen, particularmente con el Cartel Santa Rosa de Lima, que había tomado Celaya como su lugar de esparcimiento.
En el caso de los agentes estatales, particularmente los custodios de León, la situación es algo más complicada. Venganzas y ajustes de cuentas pueden formar parte de la ecuación, pero hay otros aspectos a tener en cuenta.
David Saucedo ensaya una explicación. ”Con Álvar y Zamarripa, había instrucciones para que los elementos de la estatal se replegarán hasta donde fuera posible”, dice, en referencia al fiscal, que dejará el cargo el 1 de enero, y al exsecretario de seguridad pública estatal, Álvar Núñez Cabeza de Vaca. “Juan Mauro González, el nuevo secretario de seguridad de Guanajuato, ha dado instrucciones para que sus elementos salgan a campo y asuman una posición más ofensiva. Eso está provocando que los carteles ataquen a los policías estatales. Ya sea policías o custodios”, añade el experto.
Sea por el motivo que sea, lo que es claro es que Guanajuato sigue inmerso en una crisis de violencia de proporciones colosales, situación que persiste desde hace años. Aunque es verdad que el número de asesinatos ha bajado en los últimos dos, las cifras siguen siendo muy altas. El Estado concluyó 2023, por ejemplo, con 3.132 asesinatos, uno de los datos más elevados de todo el país, cifra que va camino de repetirse este año, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Son números alejados, en todo caso, de los registrados en el pico de violencia en la entidad, principalmente 2020, cuando Guanajuato contó 5.370 asesinatos.
Fuente.-PABLO FERRI/DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS
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