La administración de Francisco Javier García Cabeza de Vaca dejó pendientes por aclarar más de 14 mil millones de pesos.
Pese a que algunas de las inconsistencias en el gasto público del erario tamaulipeco cumplirán seis años, siguen pendientes de resolverse, de acuerdo con la plataforma pública de ASF.
El gobierno que dirigió el panista, tiene una de las observaciones más altas en la historia de la Auditoría Superior, una solicitud de aclaración de 8 mil 777 millones de pesos que no se comprueban desde 2018.
El gobierno de Tamaulipas que estuvo a cargo de Francisco Javier García Cabeza de Vaca se caracterizó por la falta de comprobación de recursos federales ante las observaciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
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— Valor Tamaulipeco (@VaxTamaulipas) June 4, 2022
CON "PUROS TRUKOS": CABEZA de VACA ENCABEZA el "BOQUETE FEDERAL del SAQUEO de RECURSOS" con CASI 15 MIL MILLONES de PESOS"...36 mil millones en 6 gubernaturas salientes. https://t.co/QFXqZzS23O pic.twitter.com/jItfnihBg1
Durante su gestión como titular del Ejecutivo de esa entidad, dejó pendientes por comprobar 14 mil 787 millones de pesos de 18 mil 311 millones que le fueron observados, lo que equivale al 80 por ciento del dinero fuera de lugar o mal utilizado.
El órgano fiscalizador encontró anomalías por pagos en exceso a funcionarios, obras públicas de las cuales no se entregaron evidencias documentales y fondos públicos enfocados a la educación de los cuales se desconoce su destino.
La administración del panista inició en octubre de 2016 y concluyó en septiembre de 2022. Américo Villarreal, actual gobernador de ese estado, sucedió a García Cabeza de Vaca en el cargo. De acuerdo con información dada a conocer por el gobierno entrante, se persigue a 35 servidores públicos de la gestión pasada por un probable desfalco que supera los 500 millones de pesos. Las anomalías, declaró Villarreal, fueron detectadas desde la entrega-recepción.
Montos récord bajo observación
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) elaboró un análisis sobre las observaciones que realizó la ASF a las cuentas de los gobiernos estatales. Tamaulipas fue uno de los estados con mayores montos observados.
Para el ejercicio de 2018, que fue el segundo año en funciones de García cabeza de Vaca, su administración concentró la mayor cantidad de dinero con anomalías de todo su sexenio, la cifra superó los 13 mil 323 millones de pesos.
De acuerdo con las auditorías realizadas a recursos federales, ese año el gobierno estatal recibió 17 mil 978 millones de pesos. Es decir, que de 10 pesos que se le transfirieron, en 7 hubo observaciones.
En una sola acción, la ASF solicitó aclarar el destino de casi 9 mil millones de pesos de los cuales no encontró rastro al momento de realizar su revisión al ejercicio del dinero.
“Para que el Gobierno del Estado de Tamaulipas aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 8,777,194,908.17 pesos (ocho mil setecientos setenta y siete millones ciento noventa y cuatro mil novecientos ocho pesos 17/100 M.N.), por concepto de falta de presentación de la información contractual de proveedores y contratistas (contrato, monto, razón social, RFC, descripción, monto de facturas, cuenta bancaria, y banco) del ejercicio de los recursos de Participaciones Federales 2018, la cual fue requerida mediante los anexos en materia de obra y adquisiciones, impidiéndose la conciliación con la información financiera emitida por la Secretaría de Finanzas del estado de Tamaulipas”, estableció la Auditoría Superior en el informe 1407-DE-GF correspondiente a 2018.
Para conocer el estatus de esa solicitud de aclaración se tramitaron peticiones vía Ley de Transparencia a dependencias estatales de Tamaulipas en abril de 2022. La Contraloría Gubernamental, órgano que es el vínculo con la ASF y que en ese momento encabezada Elda Aurora Viñas Herrera, indicó que no obraron registros en sus archivos que pudieran dar respuesta. Mientras que la Secretaría de Finanzas aseguró que el caso no era de su competencia.
En ese mismo sentido, la Unidad de Transparencia de la Secretaría General de Gobierno emitió un acuerdo en el que declaró la incompetencia para responder.
En el ámbito federal tampoco pudo conocerse el destino de los 8 mil 777 millones de pesos pendientes por comprobar. En una consulta a la ASF, se le pidió saber si el gobierno de Tamaulipas había entregado documentación para aclarar la irregularidad y rechazó entregar pruebas al respecto. Su área de acceso a datos públicos determinó reservar toda información a petición de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación (AESII).
El Comité de Transparencia de la Auditoría Superior votó por unanimidad el 4 de mayo del año pasado la clasificación de los archivos bajo el argumento de que todavía no contaba con una determinación definitiva ya que se encontraba “en seguimiento” y, de ser divulgados los archivos, podrían causar un perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes de fiscalización.
El 31 de enero de 2023, casi nueve meses después de la resolución del Comité, se revisó el estatus de la petición para que Tamaulipas aclarara la cifra millonaria y esta continuaba en la misma situación. En el Sistema Público de Consulta de Auditorías, los 8 mil 777 millones seguían “por recuperar o aclarar”.
Obras sin ejecución
Las inconsistencias en el gasto público de Tamaulipas son pozos de dinero a los que no se les ve el fondo. Algunas están por cumplir seis años y no se observa ninguna variación en las aclaraciones que reporta la Auditoría.
En el historial de 2018 aparecen irregularidades en la construcción de centros integrales de prevención y participación ciudadana, cuyo propósito era fortalecer el tejido social mediante actividades deportivas, talleres y cursos.
Pese a la buena intención de este proyecto, en uno de los estados del país más azotados por la violencia y delincuencia, en el ejercicio de los recursos de ese año la ASF documentó anomalías por trabajos que no fueron ejecutados y otras obras de las que no hay respaldo documento. En su fiscalización, halló pagos sin sustento por 77 millones 972 mil pesos a constructoras derivados de dos observaciones siguen pendientes por aclarar a la fecha.
El dinero en controversia pertenece a contratos entregados por la Secretaría de Obras Públicas (SOP) para la edificación de los centros integrales en los municipios de Altamira, San Fernando, Reynosa, Soto la Marina, Miguel Alemán. Además, en convenios que tenían como objeto las construcciones de un edificio para el Centro de Convenciones, en Reynosa, y del Museo del Niño, en Tampico.
En la mayoría de los acuerdos, aparece el aval de Reynaldo Garza Gómez, quien se desempeñaba como subsecretario de Servicios Técnicos y Proyectos de la SOP, y de Melissa Iglesias Braña, entonces directora jurídica y de acceso a la información pública de la misma secretaría.
Tras realizar solicitudes de información al gobierno de Tamaulipas para saber cuáles empresas fueron beneficiadas con esos contratos en los que se evidenciaron los incumplimientos, se encuentran Qaderm SA de CV, Advance Builders SA de CV, Maderería El Retorno S de RL de CV, 3GR Ingeniería y Construcción SA de CV, Servicio y Soluciones RA y BA S de RL de CV, Inmobiliaria RC de Tamaulipas SA de CV, Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos SA de CV y Nova Home Construcciones SA de CV.
Centros Integrales:
En noviembre de 2022, Norma Angélica Pedraza Melo, titular de la Contraloría Gubernamental, declaró ante medios de comunicación locales que la dependencia a su cargo mantenía 36 carpetas de investigación abiertas por obras catalogadas como fantasma con recursos que surgieron en las secretarías de Obras Públicas, Educación, Salud y Desarrollo Rural.
La contralora mencionó también que hasta ese momento se citaron a declarar a 68 funcionarios, pero solo acudieron ocho.
Con el objetivo de saber más detalle de los avances en las investigaciones que emprende el gobierno de Américo Villarreal, se realizaron varias llamadas telefónicas desde noviembre de 2022 a la Contraloría Gubernamental de Tamaulipas para solicitar una entrevista con su titular Norma Angélica Pedraza. Aun cuando hubo intercambio de comunicación con funcionarios y la promesa de atender la petición, al cierre de esta publicación no se concretó el encuentro.
Otros 600 millones sin rastro
Además de las observaciones mencionadas, la ASF también promovió otro pliego de observaciones por un probable daño a la Hacienda pública por un monto de 600 millones 904 mil pesos a la Dirección General de Compras y Operaciones Patrimoniales (DGCYOP) y a la Subsecretaría de Administración y Finanzas (SAF) y a la Comisión de Energía de Tamaulipas (CETAM).
La razón fue la falta de documentación que acreditara la entrega-recepción de bienes y servicios contenidos en 15 contratos. Estas anomalías siguen sin ser aclaradas por parte de las entidades públicas tamaulipecas.
De la revisión, a la CETAM se le solicitó justificar el destino de 11 millones 563 mil pesos que entregó en tres contratos vía adjudicación directa para el “desarrollo de activades aeroportuarias” en el Puerto de Altamira, servicios para la adquisición de energía eléctrica y servicios para el apoyo a programas gubernamentales.
El resto de recursos fueron observados a la DGCYOP y a la SAF, oficinas adscritas a la Secretaría de Administración. Al consultar el estatus de estos posibles desfalcos, respondió que no era su competencia entregar información a la ciudadanía.
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