Un tribunal federal echó abajo la prohibición que había sido impuesta a la UNAM para informar sobre el procedimiento iniciado a la Ministra Yasmín Esquivel por el presunto plagio de la tesis de licenciatura, al estimar que el derecho a la información debe prevalecer sobre el derecho al honor.
Sin embargo, si bien autoriza continuar con la instrucción de dicho procedimiento, el tribunal ratificó la suspensión provisional que impide al Comité de Ética de la universidad emitir su resolución final sobre el supuesto plagio.
Por unanimidad, esta tarde el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de esta capital declaró parcialmente fundada una queja presentada por las autoridades universitarias en contra de la suspensión que la semana pasada Sandra de Jesús Zúñiga, Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa, concedió a la ministra.
"Tiene razón la quejosa en que hay comunicaciones, hay informaciones, que no necesariamente tienen que difundirse en la sociedad, pero por otro lado consideramos que también hay cierto interés de la sociedad justificado para tener información sobre cómo va desarrollándose este procedimiento", dijo el magistrado ponente Salvador Alvarado López, durante la sesión del pleno.
"Entonces, a partir de ello y en respeto al derecho a la presunción de inocencia de la quejosa, es que consideramos que la información que en dado caso emita la universidad para que la sociedad tenga conocimiento de cómo evoluciona este procedimiento, tiene que cumplir con las características definidas por la Suprema Corte para considerar que se trata efectivamente de información con interés público y que no solamente es la emisión de opiniones sin sustento respecto de lo que está sucediendo".
El proyecto aprobado puntualiza que la información que podrá divulgar la UNAM debe circunscribirse a las incidencias y el estado que guarda el procedimiento, con datos objetivos e imparciales, sin emitir opiniones, juicios o valoraciones subjetivas, propias de la libertad de expresión.
La magistrada Martha Llamilé Ortiz Brena refirió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha establecido con claridad que la protección de la vida privada, para impedir afectaciones a la reputación, es menor cuando se trata de servidores públicos, porque al asumir cargos de responsabilidad han aceptado voluntariamente a un mayor escrutinio de la sociedad.
"Se estima correcto que se declare fundado el recurso para el efecto de que se limite la suspensión otorgada por la juez de distrito para que se salvaguarde el derecho a la información de la sociedad y en ese sentido es necesario que se determine qué tipo de información es la que se puede proporcionar y esta debe ser sin calificativo alguno, respetando el derecho a la presunción de inocencia", expuso.
Yuritze Arcos López, secretaria en funciones de Magistrada, también coincidió en que fue incorrecto que la juez Zúñiga censurara temporalmente la difusión de información del procedimiento de la ministra, aunque señaló que deben impedirse a la UNAM expresiones que anticipen el sentido de la resolución.
"No debe dar pronunciamientos previos respecto de la calidad que tenga o no tenga la parte quejosa en esos procedimientos, no puede tener comprometida su presunción de inocencia", dijo Arcos.
Este fallo fue dictado al resolver las tres quejas que presentaron el Rector Enrique Graue, el Comité Universitario de Ética; el director de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón y los miembros del Comité de Integridad Académica y Científica de esa institución.
El tribunal declaró parcialmente fundada la primera de las quejas e infundadas las dos restantes, porque sus argumentos eran idénticos a los contenidos en la anterior, razón por la que se concluyó que eran cosa juzgada.
Este sólo fue el fallo de la suspensión provisional. El próximo martes la juez Zúñiga resolverá en primera instancia la suspensión definitiva y, en caso de concederla, ampliaría por tiempo indefinido los alcances de la medida precautoria.
Por lo general, para resolver la suspensión definitiva, los jueces consideran el criterio resuelto por los tribunales colegiados en las quejas presentadas contra las suspensiones provisionales.
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