La Policía de Andorra acusa a Juan Ramón Collado, abogado del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto (2012-2018), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de torpedear la investigación por blanqueo que instruye desde 2016 un juzgado de este principado pirenaico donde el letrado ocultó 111 millones de dólares (109 millones de euros) a través de un entramado de 24 cuentas.
Los investigadores, en un contundente informe confidencial de diciembre de 2021 al que ha tenido acceso EL PAÍS, censuran que Collado “ejerciera presiones” ante el Gobierno de Andorra para conseguir el desbloqueo de sus fondos.
Los agentes critican también que el letrado del exmandatario pidiera a la Fiscalía general del país europeo indagar y bloquear los bienes del policía que rastreó sus movimientos en Andorra con el argumento de que sus informes eran “tendenciosos”. “La demanda del abogado perseguía ejercer presión para que los investigadores dejaran de hacer el trabajo encargado”, sentencia este informe enmarcado en las pesquisas que desarrolla la magistrada andorrana Stéphanie García.
Cobros de excargos públicos
El análisis del entramado financiero de Collado en el país europeo ha revelado impactantes movimientos. El letrado recibió en la Banca Privada d’Andorra (BPA) entre mayo y noviembre de 2010 tres ingresos por valor de 894.960 dólares (872.501 euros) de Gustavo María Saavedra Ordorika, que fue director general de Industria, Medio Ambiente y Recursos Naturales, y su esposa, Mayda María de Guadalupe Guerrero Uriegas.
Saavedra Ordorika hizo llegar el dinero a Collado a través de un sistema que no deja rastro. Transfirió primero los fondos a una cuenta instrumental controlada por la BPA –cuenta puente- y el dinero pasó después a un depósito a nombre de una sociedad ligada al letrado, Amilou Investment C. V. Este último trámite se canalizó mediante un traspaso interno, una vía que no deja huella.
Collado recurrió también al traspaso interno para abonar en diciembre de 2008 un total de 450.000 dólares (438.707 euros) al abogado Juan José Salinas Pasalagua, sobrino del que fuera entre 1988 y 1994 presidente de México, Carlos Salinas de Gortari.
El letrado de Peña Nieto usó para el pago su sociedad holandesa Turinga CV. E indicó al banco que el dinero de Salinas Pasalagua, que amagó en 2014 con ser candidato del PRI por Puebla, era fruto de una comisión por actuar como intermediario en la compraventa de una sociedad vinculada al grupo de comunicación mexicano Grupo Radio Digital Siglo XXI. La Policía de Andorra cuestionó la operación. “La operación no tiene justificación ni permite conocer el origen de los fondos”, sentenciaron los investigadores.
La cuenta ‘off shore’ del sobrino del expresidente Salinas
Salinas Pasalagua abrió una cuenta cifrada en la BPA bajo el código “441984 Madrigal” en abril de 2008. En el momento de la apertura, aseguró al banco ser licenciado en Derecho y accionista de dos sociedades mexicanas. Su cuenta ingresó fondos procedentes también de traspasos internos de depósitos controlados por la BPA que, a su vez, se nutrían de la casa de cambios mexicana Tiber.
Una mecánica criticada por la Policía de Andorra. “El uso de estas cuentas de las casas de cambio y la concentración de pagos permite perder la trazabilidad de los fondos y facilita la opacidad”, indican los investigadores que, en informes anteriores, recuerdan que el mexicano Carlos Djemal Nehmad, uno de los accionistas de la casa de cambios Tiber, fue condenado en 2018 por la Corte del distrito sur de Nueva York a seis años de prisión por un fraude de 20 millones de dólares (19,5 de euros).
La BPA abrió en 2008 la cuenta cifrada a Salinas Pasalagua pese a que este era -según las pesquisas- una Persona Políticamente Expuesta (PEP), que es como se denomina en la jerga financiera a cargos públicos, familiares o exdirigentes susceptibles de recibir fondos manchados por la corrupción.
Sombras sobre el dinero
Las nuevas indagaciones siembran más dudas sobre la legalidad de los 111 millones de dólares (109 de euros) que Collado ingresó hasta 2015 en la BPA. Los agentes desmontan las explicaciones que el letrado dio a la jueza andorrana para acreditar su patrimonio y cuestionan que su fortuna tenga su origen en los negocios y actividad profesional.
Collado aseguró a la instructora que el dinero que depositó en la BPA procedía de los beneficios de su despacho de abogados C&A Collado y Asociados de Ciudad de México y de la casa de empeños Prenda Oro creada por su padre en 1999. Un negocio con 66 sucursales que -según declaró a la magistrada- le generó unos ingresos de 84 millones de dólares (82 de euros) en 15 años.
La Policía de Andorra duda de estas cifras “tras mantener numerosas reuniones telemáticas con la Fiscalía General de la República de México” y analizar las declaraciones tributarias del investigado.
EL PAÍS ha intentado sin éxito recabar las versiones del abogado de Collado en Andorra, Ordorika y Salinas Pasalagua.
El ‘hombre de paja’
Los agentes señalan al abogado mexicano Jaime Jesús Sánchez Montemayor como uno de los hombres de paja usados por Collado para ocultar sus fondos en Andorra.
Collado tiene hoy más de 99 millones de dólares (97 de euros) en Vallbanc, la entidad que heredó los activos fuera de sospecha de la BPA tras la intervención de esta última en marzo de 2015 por participar presuntamente en el blanqueo de fondos de grupos criminales.
La Policía de Andorra insiste en su último informe que Collado pudo pasar sus fondos de BPA a Vallbanc tras encontrar un “aliado” en la PGR con el que consiguió “engañar a la justicia andorrana”. Los investigadores se refieren al movimiento que el ministerio público mexicano hizo en 2018 al emitir un informe exculpatorio que justificó la legalidad del dinero de Collado en Andorra, liberó sus fondos y forzó el archivo de las pesquisas. La causa se reabrió después de que Collado fuera arrestado en julio de 2019 en México por delincuencia organizada y lavado de fondos, delitos similares por los que estaba siendo investigado en el principado pirenaico.
Los agentes resaltan la proximidad al universo de poder priista de Collado, cuya cartera de clientes contempla al exlíder sindical de Pemex, Carlos Romero Deschamps; al exgobernador de Quintana Roo Mario Villanueva (PRI); o a Raúl Salinas de Gortari.
Fuente.-investigacion@elpais.es/Diario Español/
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