No es ninguna casualidad que a 68 días de que concluya su administración, Cabeza de Vaca haya decidido incrementar 1 mil 200 millones de pesos la abultada deuda pública de Tamaulipas.
Tampoco es ninguna coincidencia que en la misma semana el ejecutivo estatal haya dado luz verde a la credencial de conducir vitalicia, una medida claramente recaudatoria.
NO HAY QUIEN LE GANE:
Ambas disposiciones solo fueron posibles una vez que el gobernador saliente logró aprobar la creación de la Mega Fiscalía, y no precisamente porque necesitara la mayoría legislativa para llevarlas a cabo.
Lo que Cabeza de Vaca necesitaba era garantizar su impunidad más allá de su sexenio, así que una vez logrado esto, Cabeza ha perdido todo el cuidado a las formas y hasta la molestia de disimular: su único objetivo es seguir exprimiendo el presupuesto estatal hasta el último día de su administración, aunque ello implique hipotecar el futuro de los tamaulipecos.
O dígame usted para qué quiere Cabeza de Vaca 1 mil 200 millones de pesos que tendrá que gastarse en poco más de dos meses.
Porque no será para pagar las deudas que tiene el estado, primero porque no le alcanza y segundo porque una de sus estrategias para comprometer la gobernabilidad de la próxima administración estatal es precisamente reducir su margen de operación financiera.
De hecho, además de la basificación de 4 mil empleados de confianza para deteriorar el presupuesto estatal, Cabeza de Vaca se niega a pagar los adeudos de miles de millones de pesos a los proveedores estatales, por lo que ha creado un esquema de reestructuración de deuda que básicamente consiste en posponer para el próximo año los pagos, con sus respectivos intereses.
Acciones claramente fuera del marco legal, que no serían posibles si no tuviera una Mega Fiscalía a modo, encargada de cuidarle las espaldas.
De ahí la gran importancia de las acciones de inconstitucional promovidas por el Gobernador Electo Américo Villarreal, el grupo parlamentario de Morena en el congreso local, y Santiago Nieto, asesor del equipo de transición.
Porque no solo se trata de que Cabeza de Vaca rinda cuentas una vez que pierda su fuero, sino que también se logre evitar la destrucción de las instituciones y el deterioro del estado de derecho en Tamaulipas.
Sin embargo no hay que perder de vista que Cabeza de Vaca no solo tiene que rendirle cuentas a los tamaulipecos, sino también a la Federación, y es que la Auditoría Superior ha detectado irregularidades en el gasto de los recursos federales que alcanzan los 13 mil 467 millones 901 mil pesos, durante los años de 2017 a 2020. 
Observaciones como la compra de medicamentos a sobre precio, contratación de personal para cargos inexistentes, el pago del sueldo a 40 trabajadores fallecidos, el pago de libros de texto que no fueron entregados, gratificaciones salariales por arriba de lo permitido por la ley y el desvío de recursos destinados para el sector educativo hacia otros fines. 
Estas anomalías fueron encontradas en el sector educativo, de salud, en infraestructura y seguridad del actual gobierno estatal.
De ahí la importancia de la reunión que tuvo el pasado jueves 21 de julio el Gobernador Electo Américo Villarreal, con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Federación, Pablo Gómez, quien como diputado federal estuvo a cargo de la Comisión Instructora que determinó el desafuero de Cabeza de Vaca.
Porque si hay alguien que conoce las irregularidades del actual gobierno estatal es Pablo Gómez, quien en una conferencia mañanera a principios de mes calificó como “un escándalo” el gobierno de Cabeza de Vaca en Tamaulipas.
Así que con Mega Fiscalía o sin ella, los delitos cometidos en el gobierno de Cabeza de Vaca son imposibles de ocultar, por lo que su cita con la justicia es inevitable.
fuente.-
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