“No a la represión de estudiantes”.
La frase, en letras tan grandes que se alcanzaban a ver de lejos. Estaba escrita en rojo y negro, los colores de la protesta, en una manta blanca que tapizaba la puerta principal de la Escuela Normal Rural “Justo Sierra Méndez”, ubicada en Hecelchakán, en Campeche.
Cinco meses atrás, los estudiantes abandonaron las aulas y organizaron un frente en defensa de sus derechos estudiantiles: la renovación de los trámites de las becas económicas y alimentarias, la reactivación de las clases presenciales, castigo al acoso por parte de los profesores, y la designación del director general y administrador del instituto académico.
El reclamo fue provocativo y potente, pero no violento. Los estudiantes irrumpieron el paso vehicular en la carretera que conecta a Campeche con Yucatán. Colocaron varios troncos de árboles en los carriles y, para el paso, solicitaron “cuotas solidarias” a los conductores.
La arremetida, entonces, fue desdeñada por la gobernadora de Campeche, Layda Elena Sansores San Román, quien delegó a Aníbal Ostoa, secretario General de Gobierno, la responsabilidad de resolver el problema.
Las horas y días, semanas y meses, transcurrieron sin que las demandas fueran atendidas. Simultáneamente, el tono de la manifestación se elevó: los alumnos grafitearon el edificio de la Secretaría de Educación. También ingresaron a un establecimiento de combustible del que se llevaron gasolina y aceite, insumos usados para la elaboración de bombas molotov, que preparaban en caso de que ser asaltados por policías.
Al mismo tiempo, las intimidaciones contra el grupo estudiantil crecieron en los últimos meses. “Hemos recibido varias amenazas e incluso un anonimato donde decía que nos cuidáramos porque la vamos a pagar muy caro en estos días”, denunciaron públicamente.
Simplemente Layda Sansores ha ignorado las demandas estudiantiles. Y ella, la ahora gobernadora, siendo maestra normalista, en una reciente entrevista a un medio de Campeche, acusó que el movimiento es dirigido por personas foráneas y rechazó haber cerrado el diálogo con los estudiantes.
Pero esta acusación no es un hecho aislado. El desdén hacia los movimientos sociales han caracterizado el primer año de gestión de la morenista en el estado. Pero las estrategias que utiliza cambian en lo tradicional, por ejemplo enviar mujeres para desacreditar a líderes o personajes que desacreditan con declaraciones públicas a sus oponentes, o implementar un talk show para exhibir a su antecesor Alejandro Moreno con grabaciones hechas de manera ilegal.
“Ella condensa todo lo que no debería ser en la política. Ella se dedica a la farándula, a lo insulso, a lo burdo y, pues alguien debe estar gobernando como sucedió en el caso de Álvaro Obregón, alguien más gobernaba la jefatura de la delegación”, describe el exdirigente perredista en la Ciudad de México, Raúl Flores.
Esa es Layda Sansores, aquella que sólo le falta militar en el PAN, porque ha transitado por todos los partidos políticos en sus 56 años de carrera política.
Así, lo mismo ha defendido al presidente Luis Echeverría (1970-1976) y desde la tribuna pública o legislativa abogó o votó un gran número de políticas públicas de presidentes priistas, incluyendo a Ernesto Zedillo (1994-2000), como fue la aprobación de las Afores (abril de 1996) y hasta la gestión de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) por quien abogó, por ejemplo, por los “avances en materia educativa” (noviembre de 1994), se lee en los diarios de debates.
Y fue precisamente a favor de Salinas de Gortari, por quien Sansores San Román promovió el voto para que llegara a la presidencia, como coordinadora de capacitadores electorales y directora de promoción voluntaria del CEN del PRI. Y hasta impulsó la llegada a la presidencia de Vicente Fox en el 2000. De ambos exmandatarios que apoyó en su momento Layda Sansores, en su mañanera el presidente Andrés Manuel López ha expresado varios calificativos negativos, el último de esta semana: “son verdaderos corruptos”.
Es por eso que Vladimir de la Torre, articulista del Expreso de Campeche y autor del libro “Cuarto piso” (que aborda las historias de los últimos siete gobernadores de la entidad y cercano al PRI), la califica como una política irresponsable.
“Es una mujer inteligente, imprudente. Creo que es una mujer tenaz, intempestiva, creo que es una mujer valiente, creo que es un política irresponsable. Y, en esos claroscuros, a mí, en lo particular, me da gusto que llegara a ser gobernadora, pero lamento lo que está haciendo y lo que está haciendo su gobierno”, reflexiona y añade: en la política, “hay que tener la cola corta cuando se tiene la lengua tan larga”. -¿Y ella la tiene?, se le pregunta. “La cola corta, no, la lengua larga, sí”.
Gobierno improductivo
A Layda Sansores le gusta salir en las fotos, siempre está lista para ello. Lo mismo aparece con sus amigos priistas, perredistas o panistas. Pero especialmente le gusta provocar reacciones bailando, abrazando a simpatizantes o siendo disonante en sus discursos sea en plazas públicas, campañas o la tribuna del Congreso o su curul. Siempre hablando a favor de los más desprotegidos o marginados, y utilizando un discurso nacionalista. De hecho, su confrontación con su partido el PRI, comenzó cuando se quería aumentar, en 1995, el IVA en un 50%, luego el tema del gas o la inversión extranjera, que según sus palabras, beneficiaba a las grandes corporaciones.
Pero ahora que por fin es gobernadora, porque lo intentó tres ocasiones antes y no lo consiguió, la desatención y la persecución a movimientos sociales ha sido denunciada por varios de los actores políticos y comunitarios. Incluso, Álvaro Chiquini Cu, militante priista y dirigente del Movimiento Resistencia Civil, acusa que alcanzó también a las protestas de los campesinos, exservidores públicos y políticos.
“Yo fui reprimido por ir a protestar. Me mandaron un grupo de mujeres que me agredan, que traten de causarme un daño grave, he denunciado a Alejandro Gómez Casarín, que fue quien operó por instrucciones de Sansores. Otros ciudadanos han sido desalojados de predios, que estaban en trámites de compra-venta, argumentando que son terrenos de gobierno, por ejemplo, en el pueblo de Lerma desalojaron a más de 50 familias”, aseguró.
Por todos sus claroscuros, el exdirigente Raúl Flores la considera una política sin convicción.
“Una persona sin escrúpulos, una persona que no tiene convicción política real, está en el colmo del pragmatismo político. Esta falta de clase que tiene, como ser humano, incluso, como mujer que le hace esta especie de amenaza a las diputadas del PRI, diciendo que ella tiene videos. Ella se siente capaz de romper la ley, audios obtenidos ilegalmente. Eso te dice mucho de la persona”, reseña.
Así es su programa semanal que transmite desde septiembre por Facebook, en donde desde mayo comenzó a exhibir al exgobernador Alejandro Moreno, Alito; aunque su alcance no llega a nueve mil reproducciones, sin embargo el eco ha crecido gracias a los medios de comunicación y redes sociales. Y aunque ha borrado varias de las transmisiones, la violaciones por reproducir audios grabados de manera ilegal no desaparece, sólo que la Fiscalía General de la República no ha avanzado en las investigaciones ni emitido restricciones para el programa, que se ha convertido en una de sus formas de gobernar, pero no le ha funcionado, hasta ahora, para aumentar su popularidad que está por los suelos.
En el primer año de gestión, de un gobierno proveniente de la alternancia política –en la que Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) unió su fuerza al Partido del Trabajo (PT) para arrebatarle el poder al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó durante 92 años–, los resultados son insignificantes.
De la Torre compara el primer año de la administración de Layda Sansores con el de los anteriores siete, “no hay un primer año más improductivo que este”.
“No hay crecimiento y no hay manera que pudiera haber un proyecto de gobierno. Para emprenderse una verdadera transformación en el estado necesitamos un año más, un año y medio, ni siquiera está anunciado (algún proyecto) y, a partir de eso, esperemos un año y medio más, y ya se habrá ido la mitad del sexenio de Sansores. En términos reales, sí es lamentable este sexenio perdido”, sostuvo en analista.
Y ofreció detalles para demostrarlo: “Campeche perdió casi el 35 por ciento de la mano de obra en el sexenio pasado, a partir de los términos petroleros y no hay un plan de inversión extranjera para el estado y, por lo tanto, generar empleos. Es un gobierno muy mediático y lo entiendo porque es una gobernadora muy mediática, pero eso no quiere decir que se traduzca en empleos para la gente”.
En sus primeros 10 meses de gestión, los delitos crecieron 1,365 por ciento, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Las transgresiones con mayor crecimiento son: robo, lesiones dolosas, daño a la propiedad, amenazas y violencia familiar.
Por la gobernabilidad
Aunque nació en la capital de Campeche el 7 de agosto de 1945, Layda Sansores radicó gran parte de su tiempo en la Ciudad de México, en donde desarrolló su trayectoria política. Es por eso que los campechanos consideran que carece de lazos políticos, empresariales y ciudadanos en la entidad, a diferencia de los otros exgobernadores, porque sólo acudía en tiempos de campañas electorales a solicitar el voto a sus paisanos.
Así que no ha sorprendido la baja popularidad que mantiene entre sus gobernados. Siete de cada 10 campechanos desaprueba su gobierno. Es la quinta gobernadora peor evaluada en México, sólo por debajo de los mandatarios de Veracruz, Cuitláhuac García; de Chiapas, Rutilio Escandón; de Puebla, Miguel Barbosa, y de Zacatecas, David Monreal.
Según con la Consultora Arias, la aceptación de la morenista descendió nueve posiciones a nivel nacional en tan sólo un mes, al pasar del lugar 19 en mayo pasado al 28 en junio, de 32 sitios. Anteriormente, seis de cada 10 ciudadanos desaprobaba su gestión.
La percepción de su administración es devastadora. El 91% de las personas consultadas no confía en Layda Sansores, pues considera que miente. Creen que no conduce adecuadamente las riendas del gobierno de Campeche: el 71.4% opina que la obra pública se encuentra en mal estado; el 77.5% califica los servicios de salud como malos; y el 81% cree que no hay generación de empleos.
Además, el 72% se siente inseguro en vivir en Campeche y el 87% considera que el servicio de seguridad pública es malo. Lo que se agrava cuando casi 8 de cada 10 habitantes de la entidad (el 78%) opina que no se emplean estrategias de combate a la corrupción.
Y es que el favoritismo se ha colado en la administración morenista. Conformó un gabinete de familiares y colegas foráneos que la acompañaron en su gestión como alcaldesa en Álvaro Obregón.
Gerardo Sánchez Sansores, sobrino de la gobernadora, es subsecretario en la Secretaría de Gobierno, recientemente se filtró una grabación en la que presuntamente solicitó una comisión económica para expedir un permiso de construcción cuando su tía fue alcaldesa en la Ciudad de México.
De acuerdo con algunos medios de comunicación, Sánchez Sansores tiene gran influencia en la conformación del gobierno de Campeche, en la que ha colocado a gran parte de su familia:
José Alberto Calderón Silva, cuñado de Sánchez Sansores, es subsecretario en la Junta de Coordinación y Arbitraje del estado; Anthea Terina Sansores Olvera, sobrina de la gobernadora, es directora de Área en la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, “Benito Juárez”, en la que percibe un sueldo de aproximadamente 59 mil pesos mensuales, publicó el medio Etcétera. En tanto, Roberto Calderón Azar, sobrino político de Gerardo Sánchez Sansores, es auxiliar administrativo en la Coordinación General de la Oficina de la Gobernadora.
En la nómina también aparecen dos cuñados de Sánchez Sansores, se trata de Francisco Rogelio Menéndez Botanez, como director General del Instituto del Deporte; y Ricardo Salomón Sadek Abad que es director de Servicios Administrativos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado en Campeche (ISSSTECAM), mientras que su hermano Juan Carlos Sadek Abad es director de Área en la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas.
Mario Rafael Pavón Carrasco, director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), es esposo de Mónica Sánchez Sansores y sobrino político de la gobernadora.
En la misma dinámica participa el fiscal General de Campeche. Su hermano Raúl Eduardo Sales Heredia es director General del Sistema de Televisión y Radio.
En suma, el 40% del gabinete está integrado por sus amigos y la mayoría no campechanos y los colocó en los cargos públicos claves. Aníbal Ostoa Ortega en la Secretaría General de Gobierno; Renato Sales Heredia en la Fiscalía General del Estado (institución que ha empleado para perseguir políticamente a sus enemigos, al priista Alejandro Moreno y al emecista Eliseo Fernández).
A la psicóloga Marcela Muñoz Martínez la puso a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública; Miguel Gallardo López en la Secretaría de Planeación; Jezrael Larracilla Pérez en la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental; a Fernando Gamboa Rosas en la Secretaría de Desarrollo Económico; y a Juan Acudía Vázquez en la Consejería Jurídica.
Los nombramientos y la falta de proyectos de desarrollo para una economía que ha sufrido los embates de la crisis energética y la económica, ha provocado que el apoyo de los campechanos sea el peor en la historia de la entidad y a nivel nacional.
La lucha por el poder
La trayectoria política de Layda Sansores no se entiende sin la influencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Le concedió tres de las cuatro oportunidades que tuvo para conquistar la gubernatura de Campeche, su máxima obsesión política.
Y ella, con la habilidad heredada de una casta política, supo aprovechar las oportunidades. Desde pequeña, se acostumbró a la arenga del ambiente por herencia de su padre Carlos Sansores Pérez, a quien llamaban El Negro. Se adiestró en el arte de los discursos, a las negociaciones entre hombres que dominaban el poder político y a la gestión de recursos para financiar campañas electorales.
A los 21 años se afilió al PRI, instituto político al que pertenecía su padre, y que le confió las riendas a nivel nacional y lo hizo gobernador de su estado natal con la que amasó una enorme fortuna a través del poder.
Su vida política, de forma más intensa, arrancó un poco tarde, después de los 50 años de edad, cuando fue candidata, por primera vez, a la gubernatura de su estado, de nada valieron sus antecedentes familiares, que se remontan a su abuelo, de todas formas perdió.
Al igual que lo haría López Obrador años más tarde, Layda Sansores denunció que fue víctima de fraude electoral y emprendió acciones de resistencia en Campeche, incluso montó un campamento en la Plaza de la República junto a sus seguidores, quienes fueron reprimidos. En el 2000 se sumó al grupo de apoyo plural del panista Vicente Fox, y se movilizó por sus votos.
Cinco años más tarde, en 2001, se unió a Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano (MC), entonces dirigido por el hoy Senador de la República, Dante Delgado, quien la postuló por segunda ocasión a la gubernatura de Campeche, pero nuevamente le ganó otro priista, Jorge Hurtado Valdez, en 2003.
Tras su segundo fracaso, regresó al Congreso de la Unión, primero como diputada federal plurinominal en 2006 y, luego, al Senado de la República por la misma vía en 2015, lo que le permitió mantenerse en la jugada política nueve años más, muy cerca de la toma de decisiones.
En 2014 abandonó el proyecto de Dante Delgado y se unió a la lucha de López Obrador y fundó a su lado Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), la plataforma política que le permitió al tabasqueño conquistar la Presidencia de la República en su tercer intento.
En 2015, cuando López Obrador era el presidente de Morena, consiguió la tercera postulación a la gubernatura de Campeche, ahora por el naciente movimiento considerado de izquierda. Pero, otra vez, los campechanos le negaron la oportunidad de gobernarlos y eligieron al priista Alejandro Moreno Cárdenas, quien ahora es su enemigo político y la fiscalía de Renato Sales lo investiga por presuntos delitos de abuso de autoridad, peculado y enriquecimiento ilícito.
Luego de la tercera derrota en el sur de México, regresó a la Ciudad de México para competir por la alcaldía de Álvaro Obregón, en 2018, bajo la alianza conformada por Morena con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Encuentro Social (PES). Y se benefició del “tsunami” guinda que desató López Obrador y que le dio el triunfo masivo a los candidatos morenistas a lo largo del territorio mexicano en los mismos comicios que también ganó su líder.
Pese a las acusaciones de actos de corrupción y su excéntrica forma de gobernar, que incluso provocó que Morena perdiera la alcaldía el año pasado, Layda Sansores consiguió ser postulada a la gubernatura de Campeche en 2021 por Morena y el PT.
Pero la victoria no fue contundente, ni siquiera con la ayuda de López Obrador, fue de apenitas, con poco más de seis mil votos de diferencia del candidato de MC, Eliseo Fernández Montufar (contra quien ahora hay acusaciones penales).
Y es que Movimiento Ciudadano impugnó la elección bajo la acusación de tener pruebas de boletas falsas, boletas en papel diferente al de seguridad, intervención de funcionarios públicos, compra de credenciales y condicionamiento de votos a favor de la morenista.
Tras el recuento de votos ordenado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Fernández Montufar obtuvo 133 mil 627 votos, y Layda Sansores 133 mil 51 sufragios, lo que la colocaba en el segundo lugar. Le debe el triunfo al PT que, a través de la alianza, sumó seis mil 452 más, una diferencia menor a ocho mil 92 votos nulos registrados.
Así conquistó, en su cuarto intento, la gubernatura de Campeche. Se convirtió en la política que llevó la alternancia política al estado que estuvo gobernado por un único partido, el PRI, en los últimos 92 años, y en la primera mujer en conquistar el máximo cargo de elección popular en su estado.
La venganza
La tregua entre López Obrador y el PRI se rompió el pasado domingo de Gloria, en la noche del 17 de abril, en una ríspida discusión en San Lázaro.
Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como Alito, presidente nacional del partido tricolor, exgobernador de Campeche y coordinador de la fracción parlamentaria en la Cámara de Diputados, organizó el veto que sepultó la iniciativa de reforma eléctrica que impulsó López Obrador, en su primer intento de nacionalizar el litio.
Moreno Cárdenas pasó a la lista de enemigos políticos de la llamada Cuarta Transformación. Layda Sansores es el “brazo armado” de la embestida contra el político.
A través de “Martes del Jaguar”, que parece más un talk show que un programa de comunicación gubernamental, exhibió audios de conversaciones privadas que mantuvo Moreno Cárdenas con otros políticos.
Presumió que posee 43 mil 800 mensajes de WhatsApp y 80 horas de audio de Alito. Así como fotos de las diputadas federales priistas desnudas. Lo que violenta la privacidad de los políticos.
Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, consideró que la Fiscalía estatal debería investigar a Sansores por la filtración de audios. “El otro aspecto que preocupa es que Layda Sansores en su calidad de gobernadora usa la Fiscalía para dar a conocer información y la exponga públicamente en un programa de televisión. Eso sí me parece, desde muchos puntos de vista, violar el debido proceso y hacer no perseguible el delito”, alertó.
La gobernadora de Campeche ataca a su rival político desde la impunidad. Este martes violentó un amparo que el actuario del Juzgado Federal de Campeche concedió al dirigente priista para evitar la reproducción de nuevos audios, tras nueve programas realizados. Pero a ella no le importó y desacató el recurso federal, aunque después de concluido el programa, bajó el audio.
“La gobernadora Layda Sansores acaba de cometer un delito federal al quebrantar un amparo, publicando un audio absolutamente falso, manipulado y editado, con la intención de dañar a la oposición y de confrontarla con todos los sectores”, publicó el priista en su cuenta oficial de Twitter.
A la par de la confrontación mediática, usa la Fiscalía General de Campeche, que dirige su colaborador Renato Sales, para perseguir al líder del PRI. Apenas el 4 de julio, el fiscal dirigió el cateo realizado a una de sus lujosas propiedades en la capital de Campeche.
La Fiscalía lo acusa de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y peculado. Imágenes que al menos públicamente molestaron a López Obrador y que Sansores debió justificar en un programa posterior.
La embestida es respaldada por otros morenistas: Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado.
Otro político que es blanco de ataques es el emecista Eliseo Fernández Montufar, quien casi le arrebata la gubernatura a la morenista. La Fiscalía de Campeche lo acusa de peculado por un monto mayor a 50 millones de pesos, operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y asociación delictuosa y facturación falsa durante su gestión como exalcalde de Campeche.
El rastro de la corrupción
Un tigre cachorro fue visto en la oficina de Layda Sansores cuando despachaba como alcaldesa de Álvaro Obregón en 2020. La acusación realizada por el entonces exdiputado Fernando Zárate fue desmentida más tarde por el equipo de comunicación, cuando se afirmó que estaba sólo para resguardo.
Ese es uno de la serie de escándalos de su paso por la alcaldía capitalina. Lo más grave vendría al concluir su gestión: la acumulación de denuncias por actos de corrupción por “moches” a cambio de permisos de construcción y la suscripción de contratos con empresas fantasmas como parte de una red de lavado de dinero.
Recientemente, fue filtrado un audio en redes sociales que señala a su sobrino Gerardo Sánchez Sansores, hoy subsecretario de Gobierno en Campeche, en el que solicita dinero a cambio de expedir licencias de construcción durante el mandato de su tía.
“Cualquier cabrón que quiera hacer un edificio, que necesite un permiso. Tú ve y pregunta: ‘óyeme, tengo tal predio, quiero sacar una licencia’ y el permiso te cuesta por un punto, uno, eh. Un departamento en México, ¿cuánto cuesta en una zona cerca del Pedregal?, ¿cómo cuánto crees que te pueda llegar a costar un departamento? Vamos a ponerle cuatro millones (de pesos), multiplícalo por 200, son 800 millones de pesos, ¿cuánto quieres?, ¿cuánto quieres darle de mordida? El diez son 80 milloncitos. Bueno, pues ¿como con cuántos me voy a quedar yo?”, se cuestiona en la grabación difundida de la que se hizo poco eco y los simpatizantes de Morena desmintieron en redes sociales.
Pero un año antes, en el verano de 2021, la administración morenista fue acusada de suscribir contratos por 33 millones de pesos con ocho empresas fantasmas: Grupo Constructor Conhir, Spmexases, GEA Asesoría y Gestión Empresarial, Radora Colimex, Miel Industrial, Servicios Especiales para la Construcción, Comercializadora Ned So y Sad Market, en 2019 y 2020.
Días después, en junio del año pasado, los diputados federales priistas Dulce María Sauri Riancho, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Claudia Pastor Badilla y René Juárez Cisneros usaron la tribuna de la Cámara de Diputados para solicitar que la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción y al Servicio de Administración Tributaria (SAT) investigara y sancionara a la entonces candidata.
La acusan de destinar 81.7 millones de pesos para la construcción de escaleras eléctricas en la zona de Las Laderas, que tenía la intención de replicar el proyecto de la Comuna 13, un barrio de Colombia, y facilitar el tránsito de personas en esta zona marginada. Sin embargo, la obra fue inaugurada sin concluir, pues sólo se construyeron 58 metros, de 260 metros prometidos que tendría una altura de 22 pisos. La obra sin concluir tiene un solo sentido y suspende sus operaciones cuando llueve.
Layda Sansores delegó la responsabilidad de concluir la obra a su sucesora, la priista Lía Limón, quien la calificó como las escaleras “más caras del mundo”.
“Otras fuentes aseguran que el gasto realizado por las escaleras eléctricas fue mayor… de 190 millones de pesos por concepto de dicha obra pública”, detalla el Punto de Acuerdo promovido en su contra.
Los priistas también la denunciaron por el presunto desvío de recursos públicos en obra pública, equipamiento urbano y rehabilitación de espacios por la suscripción de contratos, por adjudicación directa, por 127 millones 900 mil pesos, lo que supera los rangos establecidos en la Ley de Adquisiciones de la Ciudad de México.
Su administración fue vinculada con una red de desvío de recursos y lavado de dinero presuntamente construida por Isaac Gamboa, exfuncionario de la Secretaría de Hacienda en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, quien fue asesinado en mayo de 2020.
En 2019 la Dirección General de Administración de la alcaldía Álvaro Obregón suscribió tres contratos con la empresa Unfigrad, empresa fantasma que es investigada por la Fiscalía General de la República (FGR), por casi un millón de pesos.
De acuerdo con el portal de noticias Animal Político, la empresa fue supuestamente contratada para capacitar a servidores públicos, así como la atención a grupos vulnerables, incluso manejo de estrés laboral y hasta instalaciones eléctricas.
Tras el paso de la morenista por la alcaldía de Álvaro Obregón, ya no optaron por Morena, la candidata del PRI-PAN-PRD, Lía Limón, arrasó en las urnas con 55% de los votos en los comicios de 2021, con lo que aplastó al candidato de Morena-PVEM-PT, Eduardo Santillán, quien obtuvo 31% de los sufragios; mientras que Layda Sansores se levantaba triunfante en el sur de México, de la mano de López Obrador.
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