Mediante la intermediación del abogado Santiago Nieto Castillo, exzar anticorrupción del gobierno federal, la bancada parlamentaria de Morena en Tamaulipas promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recursos de impugnación contra acuerdos del Congreso local en su sesión de clausura.
Obedeciendo instrucciones de su patrón Cabeza de Vaca, los diputados del PAN y sus incondicionales del PRI maniobraron y manipularon la reunión final del ciclo ordinario de sesiones, para hacer aprobar una super-fiscalía general de justicia, así como inducir la privatización de las Comapas.
Cabeza de Vaca entregará el gobierno dentro de diez semanas y con ello quedará desprovisto del fuero constitucional, susceptible de ser detenido por la policía y encarcelado.
Tres delitos penales, graves, tiene presentados en su contra el gobernador saliente de Tamaulipas, y la policía federal le echará el guante cualquier día siguiente al 30 de septiembre, que es la fecha en que expira su ciclo sexenal.
El problema para él es que Cabeza de Vaca no se irá solo a la cárcel, sino que arrastrará en su caída a los que ahora son sus cómplices, tapaderas, solapadores, socios, beneficiarios, miembros de su pandilla de saqueadores.
Por consiguiente, Francisco busca descaradamente crear condiciones que le permitan conservar patente de impunidad e inmunidad, contando con el apoyo de “El Moyo” y los otros diputados que le deben a él las curules.
La bancada de Morena, debilitada por la compra que hizo Cabeza de Vaca de dos diputadas traicioneras y centaveras, no ha podido convertirse en el contrapeso que de equilibrio al gobierno.
Lo bueno es que el gobierno estatal panista cesará en funciones el 30 de septiembre y el 1 de octubre empieza en automático la Operación Limpieza, que contempla la aplicación de un programa para regresarle al pueblo lo robado.
Pero no adelantemos vísperas que puedan despertar a dormidos y esperemos con paciencia la llegada de tiempos mejores y venturosos.
El gobernador electo Américo Villarreal Anaya también solicitó la protección de la justicia federal, contra acciones del gobierno estatal en sus ramas ejecutiva y legislativa, por la expedición de un decreto que transfiere funciones en materia de seguridad, a la Fiscalía General de Justicia.
Ursula Salazar Mojica, coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso local, acusó ante la justicia estatal a la diputada Imelda Sanmiguel Sánchez y al diputado Félix Fernando García Aguiar, “El Moyo”, ambos de Nuevo Laredo.
El cargo imputado es ejercicio ilícito del servicio público y manejo ilegal del Congreso local, por haber nombrado una diputación permanente y prorrogar una sesión sin cumplir los requisitos de ley.
Cabeza de Vaca está perdiendo piso y se lleva entre las patas a los diputados del PAN y por añadidura a los del PRI, en su afán por aparentar que sigue teniendo el control, cuando lo cierto es que está en el fondo de la barranca.
Eso caon un aplauso !! A la cárcel el ratón cabeza de vaca!!
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