La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acordó resolver las controversias constitucionales por el desafuero d gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, el 17 de agosto.
De acuerdo con el listado de asuntos en sesión, las acciones legales 50/2021 y 70/2021 se tocarán en el primer encuentro tras el regreso de vacaciones en el máximo tribunal del país. La posible resolución se dará a 4 días del plazo definitorio para que los tribunales electorales determinen la validez del triunfo de Américo Villarreal en la elección a la gubernatura de Tamaulipas.
El gobernador saliente de Tamaulipas enfrenta un proceso de desafuero y a una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República (FGR). Dicha acciones legales fueron impugnadas por el Congreso de Tamaulipas ante la Corte.
Es la tercera ocasión que la Corte programa las 2 controversias para su definición. En la última semana, el Partido Acción Nacional (PAN) y el mismo mandatario tamaulipeco presionó para que se discutieran y resolvieran los asuntos en manos del ministro instructor, Juan Luis González Alcántara Carrancá.
La semana pasada, Cabeza de Vaca dio una entrevista a Ciro Gómez Leyva y dijo lo siguiente:
“Si la Corte no resuelve esta situación, están dejando una pistola cargada. ¿Quién es el más interesado en que se resuelva o no se resuelva? El gobierno federal, porque va a seguir utilizando esto como un instrumento para seguir presionando a la oposición”, expresó el político panista.
El periodista cuestionó la expresión y el político panista explicó lo que quiso decir.
“La pistola cargada es que cualquier diputado local, fiscal, magistrado de algún tribunal en los estados, un mismo gobernador, que cuentan con fuero constitucional si no se resuelve este caso quedaría abierto el criterio que con una mayoría simple de cualquier partido puedan retirarle el fuero constitucional que ellos tienen, y eso sería un despropósito, estaría violando no solamente el artículo 11 constitucional fracción quinta, si no que pondría en una situación muy difícil y compleja a todos los estados de la República”.
Ante la presión política, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, aclaró que no puede ordenar a la Primera Sala debatir y votar el caso. La decisión final de resolver la controversia la deben tomar la ministra presidenta de la Primera Sala, Ana Margarita Ríos Farjat, y el ministro instructor Alcántara Carrancá.
fuente.-(imagen/web)
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