Le tomó 20 minutos al juez Jesús Delgadillo Padierna destruir el caso de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra tres abogados y un operador financiero presuntamente ligados al exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra. El mismo juez que hace dos años aceptara encarcelar a Rosario Robles (con pruebas incompletas, como se probaría en amparos posteriores) rechazó esta vez abrir un proceso en contra de los abogados que supuestamente extorsionaron, por órdenes de Scherer, al empresario y jurista Juan Collado.
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De nada le valieron a los fiscales las 75 pruebas presentadas ni las nueve horas de exposiciones. Delgadillo no solo concluyó que el caso no se sostenía, sino que terminó acusando a los fiscales de actuar de mala fe e, incluso, moverse con “perversidad” y haber violado los derechos del mismo Scherer. Las descalificaciones se extendieron más allá de la audiencia, con un comunicado de la FGR acusando al juez de “agredir de manera grosera” a sus fiscales y advirtiendo que abrirá una nueva indagatoria… pero ahora contra el juzgador.
La jornada fue extenuante para todas las partes. La sesión que comenzó a las 11:00 de la mañana del miércoles acabó a las 10:00 de la mañana del jueves. Fueron 23 horas de una audiencia inicial en la cual la FGR, como ya había adelantado Animal Político, acusó a los abogados Juan Araujo, César González e Isaac Pérez y al fiscalista David Gómez Arnau de haber pedido a Collado hasta entregar su empresa a cambio de gestionar —con el supuesto apoyo del exconsejero jurídico— el cierre del proceso iniciado en su contra por delincuencia organizada, que lo mantiene preso en el Reclusorio Norte.
La audiencia arrancó luego de varios intentos infructuosos de llevarla a cabo en el Reclusorio Norte. Fue la propia fiscalía la que en esta ocasión decidió que el caso se llevara en el Reclusorio Sur, en el mismo Centro de Justicia Penal Federal donde en su momento se procesó y encarceló a Robles.
Habían pasado más de 20 horas de audiencia, con apenas cuatro descansos breves para comer o ir al baño. Para entonces, las partes ya habían presentado declaraciones de testigos, itinerarios de vuelo, bitácoras de visitas al penal, fotografías, avalúos, conversaciones de WhatsApp, groserías, contratos, memes, stickers y hasta emojis, estos últimos para mostrar que la familia de Collado se llevaba bien con los abogados y no se asomaba un acto de extorsión.
Pasadas las 9:30 horas de este jueves, el juez comenzó a exponer su resolución. Lo primero que dijo fue una crítica a los fiscales, pues en muchos de sus 70 elementos de prueba señalaron a Scherer, pero no solicitaron imputarlo, de modo que violaron su derecho a la defensa.
La fiscalía había presentado a Scherer como la mente maestra de esta red, pero al no sustentar con argumentos las acusaciones, el exconsejero jurídico pasó de ser un Vito Corleone a un víctima sin la capacidad de defenderse.
“Se imputó ilícitamente a Julio Scherer a través de la imputación de otros”, dijo el juez. Seguido de esa declaración, algunos miembros de la defensa soltaron un “¡Tsssss!”, como si el maestro estuviera regañando a los alumnos.
El juez pidió que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investigue si los fiscales violaron los derechos de Scherer y los imputados.
Luego, el juez exclamó: “Si existe perversidad en su actuar (de la FGR), que tenga a Dios como abogado”.
Para entonces, no habían pasado ni 10 minutos. Una tras otra las acusaciones caían, y el juez argumentaba que no era posible que la FGR no pudiera sostener las imputaciones a pesar de sus capacidades investigadoras.
Jesús Delgadillo Padierna dijo que la fiscalía no informó que todo el caso surge de una solicitud de criterio de oportunidad por parte de Collado, con el fin de tener un beneficio a cambio de denunciar a otros, pero advirtió que era inválido.
Finalmente, el juez determinó la no vinculación y el sobreseimiento del caso. Fue en ese momento que la mayoría de los imputados y sus equipos defensores comenzaron a alzar el puño, persignarse o llevarse las manos a la boca.
Al salir de la sala de audiencias, algunos exclamaron: “¡Ganamos!”, “¡Ya salimos de este pedo!”.
El debate
En ocasiones pasadas, se había intentado realizar una audiencia inicial. Sin embargo, había interrupciones entre las partes e incluso jueces: acusaciones sobre artimañas, ausencia de imputados por COVID-19 y hasta el abuso del uso de la palabra. Pero nada de eso pasó en esta ocasión. Todos hablaron y se dejaron escuchar.
Durante la madrugada, el debate parecía una réplica de argumentos. Pero hacia las 6:00 de la mañana, la defensa comenzó a lanzar burlas sobre Collado, sobre el poder que tiene o que supuestamente fue extorsionado a cambio de su libertad, pero sigue preso.
La defensa lo acusó de ser el traficante de influencias, pues había estado cerca de personas poderosas al ser el abogado de expresidentes como Enrique Peña Nieto o Carlos Salinas de Gortari.
Además, lo catalogó como “donjuán de telenovelas” —Collado está casado con la actriz Yadhira Carrillo—, pero en ese momento los abogados del empresario y jurista no respondieron.
El debate se tornó monótono. Por ejemplo, los fiscales dijeron que en junio de 2019 Collado entregó 10 millones de pesos en efectivo a uno de los imputados de nombre César. Este acto supuestamente se realizó en el restaurante del hotel Four Seasons. Las pruebas de la FGR son una declaración del hijo de Collado —quien narró cómo contó el dinero y acomodó los fajos—, recibos de retiros de dinero y un reporte sobre que en una maleta sí puede caber esa cantidad de dinero. La defensa pidió alguna fotografía, videograbación o incluso descripción de la vestimenta del imputado, pero la FGR no contaba con nada de eso.
Otro de los datos en los que más se enfrascaron las partes fueron las charlas de WhatsApp y los memes y emojis que se mandaban, pues los fiscales aseguraban que la familia de Collado era amable con los imputados con el fin que no le sacaran más dinero y que ayudaran al empresario en prisión. Pero para la defensa, los emojis daban cuenta de una relación de camaradería y no de extorsión.
En los datos de prueba de los fiscales, se señaló que Scherer movió sus influencias en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Sin embargo, los fiscales no mostraron cómo o con quién.
El juez Delgadillo también preguntó a la fiscalía por qué no solicitó o al menos dio nombres de los funcionarios que supuestamente son parte de la red de Scherer, puesto que de ser cierto, habría solicitado la imputación de al menos cinco ministros y el exdirector de la UIF, entre otros.
Fueron cerca de 20 horas de argumentos que se repetían como mantras. Ni en los momentos de mayor tensión hubo confrontación. Y la FGR ya informó este jueves que respetará al Poder Judicial, y que “uno o varios casos no van a motivar confrontación alguna”, pese a la “presión mediática”.
“Dicha conducta inadmisible no habrá de inhibir al Ministerio Público de la Federación para judicializar todos los casos en que haya corrupción, tráfico de influencia o intereses ajenos a la justicia; y, de ello, se informará de inmediato a la opinión pública, de conformidad con la Ley de Transparencia, para evitar cualquier extorsión mediática criminal”, señaló.
De amigo a enemigo
Cinco horas después de la resolución, la FGR informó que iniciará una carpeta de investigación penal contra el juez Delgadillo Padierna, quien decidió no vincular a proceso a los abogados presuntamente ligados al exconsejero jurídico, acusados de extorsión, asociación delictuosa y tráfico de influencias por el abogado Juan Collado.
“Esta institución presentará de inmediato el recurso de apelación, que se hará público en los términos de la Ley de Transparencia. Asimismo, la FGR presentará queja ante el Consejo de la Judicatura Federal; y, a petición del Ministerio Público, abrirá carpeta de investigación penal sobre el presente asunto”, sostuvo.
“Dicho Juez descalificó y agredió groseramente a la Representación Social, negándose a tomar en cuenta más de setenta y cinco datos de prueba presentados por las víctimas y por la parte acusadora, que no habían sido objetados, desde que la contraparte recibió el expediente correspondiente. Y se dedicó prioritariamente a realizar la defensa del señor Julio ‘S’, que no estaba imputado; pero que sí existían una serie de pruebas que no habían sido refutadas, sobre su participación en los delitos de los que se imputó a diversos abogados”, afirmó la fiscalía.
Pero este juez que hoy parece el principal enemigo de la FGR actuó, en 2019, como el principal aliado de los fiscales en un caso de alto impacto: el proceso en contra de la exsecretaria de Estado Rosario Robles, por el caso de La Estafa Maestra. En aquella ocasión, el juez no solo le dio la razón a los fiscales en su acusación por omisiones, sino que incluso agravó el asunto al duplicar el delito por el cual fue procesada la exfuncionaria.
Pese a que Robles acudió voluntariamente a la audiencia, Delgadillo ordenó su encarcelamiento preventivo como lo había solicitado la FGR. Y lo hizo con pruebas engañosas y falsificadas, como a la postre se comprobaría en juicios de amparo ganados por la funcionaria. La defensa de Robles acusó siempre que Delgadillo actuó de manera deshonesta y con un conflicto de interés de por medio, pues es sobrino de Dolores Padierna, rival política de la exsecretaria de Estado.
En los últimos años, este juez se ha caracterizado por decisiones polémicas. Por ejemplo, fue el responsable de liberar, en su momento, a 27 personas detenidas en un operativo contra el narcomenudeo en el barrio de Tepito. Y también fue responsable de liberar al hijo del presunto líder del Cártel de Tláhuac.
fuente.-
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