Un elemento de la Marina Armada de México asignado a la Guardia Nacional fue presentado ante un juez federal como presunto responsable de la muerte del estudiante universitario Ángel Yael Ignacio Rangel y las lesiones provocadas a su compañera Edith Alejandra, luego de que un primer inculpado quedó libre por falta de pruebas el sábado.
El elemento es acusado de homicidio calificado (de Ángel Yael) y de tentativa de homicidio de los otros tres estudiantes de la Universidad de Guanajuato que iban a bordo de la camioneta a la que se hicieron disparos la tarde del 27 de abril, en la comunidad exhacienda del Copal de Irapuato.
De acuerdo con declaraciones del comandante de la GN al mando en este evento y de otros integrantes del convoy involucrado en este incidente, así como de estudiantes que atestiguaron lo sucedido, el infante de Marina habría disparado a los universitarios a una distancia de unos 150 metros, sin que recibiera una orden y sin autorización para ello.
Pero no fue el único.
De acuerdo con los datos de prueba -peritajes y necropsia- presentados por los fiscales federales y asesores jurídicos de las víctimas en audiencia efectuada el domingo, fueron dos los elementos asignados a la Guardia Nacional quienes presuntamente dispararon a la camioneta.
Pero fue el disparo de uno de ellos el que dio muerte a Ángel Yael y hirió a Edith Alejandra, según la coincidencia encontrada entre las pruebas balísticas recabadas en el lugar por los peritos, la ojiva que se alojó en el cráneo del estudiante asesinado, y las pruebas hechas al arma de cargo y registro de las balas asignadas al infante de Marina inculpado, expusieron los fiscales y asesores de las víctimas.
La bala disparada por el otro agente -un elemento de Policía Militar también asignado a la GN- quedó incrustada en una de las bocinas de la camioneta Ecosport SUV blanca sin herir a ninguna persona, según los peritajes enumerados por los representantes de las víctimas.
Apenas el sábado, el primer elemento involucrado como presunto autor de uno de los disparos fue presentado ante el mismo juez, Efraín Frausto Pérez, y acusado por los fiscales federales (adscritos a la delegación de la Fiscalía General de la República en el estado) de tentativa de homicidio. Pero el juez determinó que no se presentaron datos de prueba suficientes para sustentar la acusación, y resolvió no vincularlo a proceso.
Esta decisión será impugnada, anunciaron los asesores legales de las víctimas, abogados enviados por la Universidad de Guanajuato.
En la audiencia desahogada el domingo, que duró poco más de siete horas, el inculpado fue acompañado por cinco abogados de la Defensoría pública federal.
Casi al final de la audiencia, se presentó una abogada quien se identificó como defensora pública de la Guardia Nacional, para ofrecer sus servicios al inculpado.
Según lo relatado en la imputación hecha por los fiscales de la FGR, esa tarde del miércoles 27 hacía recorrido por la zona de ductos de Pemex en la comunidad Exhacienda del Copal -donde se ubica la sede de la División de Ciencias de la Vida de la Universidad de Guanajuato- un convoy encabezado por un vehículo de la Guardia Nacional, seguido por dos camionetas del Ejército y al final otra de la propia GN.
A una distancia de unos 150 metros vieron a un grupo de jóvenes, quienes al ver también acercarse al convoy, subieron a sus vehículos y comenzaron a retirarse de donde estaban.
El último vehículo en arrancar fue la camioneta Ecosport blanca en la que viajaba Ángel Yael con sus tres compañeros (otro hombre y dos mujeres).
El convoy se detuvo. Pero de inmediato, dos elementos descendieron de la patrulla de la GN que iba en la punta (la número 334310) y habrían efectuado los dos disparos, según la teoría del caso expuesta en la audiencia.
El comandante (de apellido Becerra) y los otros tres elementos que iban en esa patrulla, declararon que el primero ordenó que dejaran de disparar por lo menos en cinco ocasiones. El comandante Becerra así lo declaró, y también aclaró que se detuvieron “porque tenemos prohibido hacer persecuciones”.
Luego de los disparos, la camioneta con los dos estudiantes heridos avanzó a toda velocidad, pero fue alcanzada por otro de los vehículos de la Guardia Nacional, cuyos elementos les brindaron auxilio, pero Ángel Yael falleció al ser herido en la cabeza y su compañera Edith quedó gravemente herida al ser alcanzada por la misma bala en un hombro.
Las esquirlas le destrozaron varios huesos y le causaron otras lesiones que pusieron en peligro su vida, de acuerdo con el dictamen médico.
El asesor jurídico de los padres de Ángel expuso al juez Frausto que siendo el agente inculpado un marino con conocimiento y experiencia en el uso de las armas, hubo dolo porque sabía que al disparar directo a la camioneta en la que iban personas, puso en peligro y podía herir a cualquiera de los ocupantes de la misma.
El marino se reservó su declaración, mientras que sus defensores pidieron la duplicidad del término constitucional para que el juez resuelva su situación legal, por lo que éste citó al viernes próximo para reanudar la audiencia y determinar si vincula o no a proceso al detenido, quien fue ingresado en prisión preventiva en el Centro de reinserción estatal de Puentecillas.
En un comunicado difundido la noche del domingo, la Guardia Nacional informó que colabora con las autoridades y aportará elementos para esclarecer lo ocurrido, y aseguró que no habrá impunidad en este hecho “o cualquier otro en el que se vea involucrado alguno de sus integrantes”.
“Desde el momento en que se conoció del incidente, el personal que estaba presente, sus armas y los vehículos oficiales, han estado disponibles para el momento en el que sean requeridos por el Ministerio Público, autoridad responsable de realizar las pruebas periciales necesarias”, se lee en el documento.
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