“Me presenté por oficio a la sede de la Coordinación Regional de la Agencia de Investigación Criminal, donde el jefe regional de la unidad administrativa de esta dependencia me informó que a partir del 1 de enero del 2022 se terminaría la relación jurídico administrativa que me une con la fiscalía, debido a un nuevo modelo institucional. También me dijo que tendría que firmar mi renuncia voluntaria y recibir el dinero que me estaban ofreciendo porque no habría forma de evitar mi separación del cargo”. Este es el relato de un agente de la policía ministerial al que fue anunciado su cese el pasado 28 de diciembre.
Como él, agentes del Ministerio Público, peritos y policías de diversas delegaciones estatales de la Fiscalía General de la República (FGR) recibieron en los últimos días citatorios para presentarse en las oficinas de la institución y allí fueron notificados de su inminente despido, que se hará efectivo el próximo 1 de enero.
Según los oficios recibidos por algunos de los afectados, la razón de los ceses es que las plazas serán “suprimidas” por “razones presupuestales” y ante el nuevo modelo al que se transita y para conformar la nueva estructura de la FGR. Es decir, que a partir del sábado la plaza que ocupan dejará de existir, por lo que se quedarán sin empleo.
“Ante este escenario, pregunté si se me daría la oportunidad de ser oído y vencido en un procedimiento administrativo, pero me indicó que la baja sería inmediata e irrevocable a partir del primer día del siguiente año”, prosigue su relato, incluido en uno de los cinco amparos de los que Animal Político ha tenido conocimiento.
En los próximos días un juzgado de distrito deberá pronunciarse sobre si mantienen su empleo hasta el momento en el que la justicia aborde el fondo del asunto.
“Es una decisión totalmente ilegal. La única forma de concluir el servicio es la muerte, separación de cargo o renuncia. No hay ninguno de estos supuestos”, dijo Reyna Velasco, abogada que representa a algunos de los agentes afectados.
Oficialmente no se ha hecho público el número de funcionarios que la institución que dirige Alejandro Gertz Manero tiene intención de destituir. Este medio tuvo conocimiento de despidos en las oficinas del Estado de México, Puebla, Tlaxcala y Michoacán, aunque podrían haberse registrado por toda la República. Según pudieron saber algunos afectados, se trataría de un plan progresivo que, en un primer momento, afectaría a unos 250 elementos, pero que llegaría hasta cerca del millar.
Los oficiales despedidos serían, en su mayoría, policías ministeriales adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), aunque también habría peritos y agentes del Ministerio Público, según explicó Iván Chávez, abogado de la asociación civil Ciudadanos Uniformados AC y que representa a varios de los funcionarios despedidos. La AIC tiene aproximadamente 1 mil 500 elementos, por lo que los despidos, si se completan, supondría desmantelar casi por completo la dependencia.
“Hay un plan para militarizar la seguridad pública”, dijo Chávez. Él, directamente, tuvo conocimiento de cerca de 80 despidos aunque asegura que existe un listado con más de 900 nombres.
Animal Político contactó a la FGR para conocer el alcance de los despidos y cuáles eran los planes de reestructuración de la institución, pero al cierre de la edición no había recibido respuesta.
Sin alternativas
Los despidos comenzaron el pasado 28 de diciembre, cuando los oficiales fueron citados en sus oficinas. Algunos denunciaron que les dieron diversos motivos falsos para la reunión: un operativo o un cambio de destino. Cuando llegaron al lugar, sus superiores les notificaron que estaban despedidos y les ofrecieron una indemnización que debían aceptar en el momento.
La cantidad ofertada es variable y oscila desde el medio millón para un agente con más de 20 años de servicio hasta los 250 mil pesos que recibiría un funcionario con diez años de antigüedad. Es decir, que la FGR alega que no tiene fondos, pero está dispuesta a abonar fuertes indemnizaciones para hacer efectivos los despidos.
Tanto Velasco como Chávez, abogados que están representando a los afectados, coincidieron en describir el modus operandi: “Te citan y te dicen: los tomas o los dejas. Si los tomas, es una renuncia voluntaria y no tienes problemas. La opción B es que te vamos a dar de baja, si quieres ir a juicio y, cuando ganes, pues ya te pagaremos”, explica Chávez.
Es decir, que se trata de servidores públicos que habían obtenido su plaza y a quienes, legalmente, no se debería de expulsar del cuerpo de funcionarios.
Hasta el momento no se ha conocido el criterio que la FGR está aplicando para los despidos, lo que ha provocado nerviosismo al interior de la institución. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que, al 30 de noviembre, el 95% de los más de 12 mil agentes de la FGR tenía aprobada su prueba de control de confianza.
Otra duda que se abre es qué ocurrirá con las plazas que queden libres. “Hablamos de elementos que realizan labores de mandamientos judiciales, órdenes de aprehensión, investigación en campo, periciales, MP… esto merma la capacidad de la fiscalía”, dijo Velasco.
Por el momento, muchos de los afectados aceptaron el cheque y abandonarán la institución. Otros, sin embargo, están promoviendo amparos. Ya hay cuatro presentados ante los juzgados de distrito primero, segundo, séptimo y octavo de la Ciudad de México y es previsible que lleguen más en los próximos días. Hay agentes que no acudieron a la cita y ahora, sabiendo que el llamado era para ser despedido, pueden no presentarse y buscar un amparo.
Nadie sabe qué ocurrirá con las plazas que ahora quedan desiertas ni en qué se basará la reestructuración, aunque los afectados temen que se esté abriendo el camino para una mayor militarización.
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