En el 2019, su primer año de operaciones, Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) entregó un contrato de arrendamiento de equipo por 245 millones de pesos a una empresa que no tiene empleados registrados en el IMSS y que, a su vez, subcontrató a una empresa inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública.
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentó que la llamada "Conasupo de la 4T" entregó a Micro Credit un contrato plurianual, con vigencia del 1 de octubre del 2019 al 30 de septiembre del 2022, para proveer transportadores helicoidales tipo bazooka y sets de laboratorio.
Estos productos eran para el control de calidad del maíz, frijol, arroz y trigo del programa Precios de Garantía.
Segalmex debía recibir 600 sets de laboratorio y 156 transportadores helicoidales antes del 1 de octubre del 2019, pero Micro Credit seguía entregando los equipos en marzo del 2020, el último mes auditado por el Órgano Interno de Control.
Pese a este retraso de más de 100 días, Miguel Carrillo, director de Planeación, Precios de Garantía y Estímulos, encargado de supervisar el contrato, no aplicó las multas.
Incluso, la dependencia ha realizado pagos mensuales a la empresa hasta por 8 millones de pesos.
El Órgano Interno de Control de Diconsa descubrió que Micro Credit no tenía registrados trabajadores activos ante el IMSS y que subcontrató a Multicorporación Brexot, inhabilitada en el 2020 por entregar fuera de tiempo 250 ventiladores que el ISSSTE adquirió por la pandemia.
Según una auditoría del ISSSTE, los ventiladores tuvieron un sobrecosto de 250 millones de pesos, deterioraron la condición de dos pacientes y estuvieron ligados al fallecimiento de uno más.
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