La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que el Gobierno jamás cruzará la línea entre servir al pueblo y servir al crimen.
"Tengan la certeza de que quienes integramos el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México jamás cruzaremos la línea entre servir al pueblo y servir al crimen", dijo la funcionaria tras descatar que el tema de seguridad es tarea de todas y todos los mexicanos.
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Invitada a la reunión plenaria de la bancada de Morena en el Senado, la funcionaria pidió a los senadores legislar para revisar el destino de las cuentas bancarias incautadas al crimen organizado y apurar la reforma que transferirá la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
"Les pido revisar el destino de las cuentas bancarias Incautadas al crimen. ¿Qué les parece utilizar los recursos que están en cuentas congeladas, procedentes de narcotraficantes, criminales, secuestradores y extorsionadores para el equipamiento de nuestros policías de todo el país", propuso.
"Estamos hablando de miles de millones de pesos que se podrían ocupar en el equipamiento de nuestras policías. Se trata de recursos que allí están, que nadie reclama y que bien podrían destinarse a la compra de vehículos, armas, chalecos para reforzar a los integrantes de las instituciones de seguridad en estados y municipios".
Rodríguez también demandó a los legisladores reformas en materia penal para tipificar la venta a menores de edad de videojuegos que realicen apología de la violencia y del delito y con contenido sobre consumo de drogas.
También propuso el endurecimiento de sanciones para quienes almacenen, distribuyan o comercialicen contenido digital relacionado con la pornografía infantil.
Con particular énfasis, la Secretaria planteó a sus correligionarios impulsar reformas para devolver al Ejecutivo federal y a los estados la facultad de autorizar los traslados de personas privadas de la libertad de centros penitenciarios locales a centros federales.
"Las autoridades de los penales tienen el pulso de la seguridad en estos centros. Ellos saben que un traslado oportuno, una reasignación de internos de alta peligrosidad ayuda a evitar riesgos que alteren la gobernabilidad de estas instalaciones", dijo.
"Esta atribución es competencia exclusiva del Poder Judicial a través de los jueces de ejecución, quienes deciden sobre la procedencia de los traslados, aunque sus criterios no siempre coinciden con las necesidades de los sistemas penitenciarios".
El coordinador de los senadores morenistas, Ricardo Monreal, saludó las propuestas, y ofreció revisarlas en el periodo de sesiones que arranca en febrero próximo.
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