Samuel García ya cumplió con su sueño (fosfo fosfo) de volverse un político de proyección internacional.
El diario español El País le dedicó esta semana un amplio reportaje al gobernador de Nuevo León y a Mariana Rodríguez, su influencer esposa.
Pero no fue para elogiar su trabajo político de sus primeros 100 días, sino por el escandaloso caso de la adopción “exprés” de un bebé del DIF afectado con una discapacidad: esquizencefalia.
La historia no solo es de una enorme irresponsabilidad y falta de respeto a los derechos humanos de un menor en condiciones de desventaja.
El abuso perpetrado por la pareja de gobernantes no es, sino una muestra más -contundente, apabullante- de que en el pujante estado norteño se gobierna irresponsablemente desde y para las redes sociales.
Se trata de una historia, en la que sin protocolo alguno, Samuel García y Mariana Rodríguez acudieron hasta el DIF Capullos en donde están en custodia menores desamparados, ya sea por orfandad, abandono o discapacidad.
Y violentando todas las leyes que protegen a esos menores -y que el no conocerlas no los exime de cometer un delito- sustrajeron a un bebé de cinco meses con una evidente discapacidad, para llevarlo a pasar el fin de semana con ellos.
El hecho podría ser calificado de un acto de amor e incluso humanitario -aunque no exento de la ilegalidad- a no ser porque el pequeño fue exhibido irresponsablemente, una y otra vez, en las redes sociales tanto del gobernador de Nuevo León como de su influencer esposa.
Y lo que es todavía peor, sin proteger su identidad como lo marca la legislación de protección a menores, postearon decenas de videos y fotos con las que pretendían ganarse el corazón de sus seguidores, al mostrarse atendiendo al bebé cuando jugaba, comía o dormía.
El suceso escaló al nivel de burdo oportunismo político, cuando el menor fue enfundado en una playera de los Tigres, el equipo de futbol soccer favorito del gobernador.
El logotipo de la camiseta del bebé es de la misma oncena de futbol que es auspiciada por CEMEX, la corporación en la que se ubican algunos de los principales promotores y financiadores de la campaña de Samuel García, quien por cierto acaba de anunciar -la semana pasada- la construcción de su nuevo estadio para su equipo, sin explicar con claridad cuál será el rol del gobierno en esa obra privada con fines lucrativos.
Pero el colmo fue que, en una estrategia puramente político-mediática, el gobernador y la influencer vistieron al menor con tenis naranja fosfo-fosfo, el color de su partido Movimiento Ciudadano. Es decir, la inocencia del menor fue manipulada para ser exhibido con fines político- partidistas.
Las reacciones de indignación no se hicieron esperar, y de inmediato, los organismos locales, nacionales e internacionales de protección a la niñez denunciaron la afrenta de la pareja gobernante, y demandaron que ambos sean investigados y en su caso procesados por los presuntos delitos cometidos.
La organización Save the Children denunció que el niño, adoptado en condiciones ilegales, quedó expuesto y fue víctima de diversas violaciones a sus derechos.
Entre esas violaciones enlistó el derecho a la vida privada, el derecho a la identidad y los derechos relacionados con la aplicación del interés superior establecido en la Constitución.
Save the Children advirtió que puede haberse cometido inclusive el delito de trata de personas por usar su imagen con fines políticos y mercantiles en las comunicaciones de sus redes sociales.
Y la organización internacional dijo que, legalmente, el caso debe ser investigado por las autoridades federales, un llamado que fue respondido de inmediato.
La Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Nacional anunció el martes que ya abrió una investigación sobre esa “adopción temporal” al considerar que existe una clara vulneración de los derechos del menor.
Y la Red por los Derechos de la Infancia en México expresó su profunda preocupación por la extracción del bebé de las instalaciones del DIF, exigiendo no solo la revisión de los protocolos para detectar presuntas ilegalidades, sino investigar el suceso, además del rédito mediático y económico detrás de una motivación aparentemente humanitaria.
En medio de los cuestionamientos, Mariana Rodríguez -ya sin su esposo el gobernador-, regresó el lunes al bebé al DIF Capullos, exhibiendo en sus redes el llanto por la separación del menor.
Samuel García buscó enmendar la ola de cuestionamientos, anunciando un nuevo programa transfronterizo de vacunación contra el COVID para menores, en un intento por demostrar su preocupación por la niñez. Demasiado tarde. Las investigaciones ya están en curso.
Pero casos como estos solo pueden suceder en sociedades que comienzan a ser dominadas por una Tiktokracia que busca congraciarse a sus ciudadanos, abusando de su exposición en las redes sociales.
Ni hablar, Samuel y Mariana tendrán que pagar el precio de buscar ser papis fosfo, sin medir las consecuencias.
fuente.-
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