Luego de que anoche la Cámara de Diputados informó sobre una solicitud de desafuero que presentó la Fiscalía General de la República (FGR), en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. ¿Qué sigue en el proceso legislativo?
Los gobernadores sólo pueden ser sujetos de juicio político, a nivel federal, para quitarles la inmunidad procesal -es decir, el fuero- por delitos graves establecidos en la Constitución Política o en las leyes federales que emanan de la misma ley suprema.
Los delitos que la Fiscalía le imputa al gobernador panista son de orden federal: delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada, por lo que la solicitud se presentó ante la Cámara de Diputados.
Uno de los tres posibles delitos (delincuencia organizada) es grave, no tiene beneficios y amerita prisión preventiva oficiosa. Los otros dos, no.
En caso de que desaforen al gobernador, sería llevado a juicio por lavado de dinero y defraudación. Como no ameritan prisión, podría llevar el proceso fuera de la cárcel.
Si el delito hubiera sido de orden común, según lo establece el artículo 110 de la Constitución Política y el 151 de la Constitución de Tamaulipas, correspondería al congreso local retirarle el fuero mediante un proceso de juicio político.
La Fiscalía General debe ratificar su solicitud de declaración de procedencia ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados -evento que sucederá este jueves-, para que ésta informe a la Subcomisión de Examen Previo sobre el hecho.
En la 64 Legislatura, la Subcomisión de Examen Previo la preside la diputada Rocío Barrera Badillo (Morena), presidenta de la Comisión de Gobernación. Este órgano legislativo deberá avalar, por mayoría, la solicitud y turnarla a la Sección Instructora.
La Sección Instructora de la Cámara de Diputados es la encargada de comprobar que existen razones suficientes para que la FGR solicite el desafuero del gobernador -o de cualquier servidor público de que se solicite el proceso-. El órgano legislativo está integrado por cuatro diputados miembros de la Comisión Jurisdiccional.
En esta 64 Legislatura, que es vigente hasta el 1 de septiembre de este año, la Sección Instructora está integrada por el diputado Pablo Gómez (Morena), como presidente; la diputada Martha Ramírez Lucero (Morena), como secretaria; y las diputadas Anilú Ingram (PRI) y Ana Ruth García (PT), como integrantes.
Desde que se le da conocimiento del asunto, la Sección Instructora debe llevar a cabo diligencias -investigaciones- para determinar que existen pruebas de la comisión de los delitos que acusan al servidor público y resolver si es procedente el desafuero en un plazo máximo de 70 días, tiempo que podrá extenderse sólo bajo excepciones.
Si la Sección Instructora determina que es improcedente quitarle el fuero a un servidor público, el pleno de la Cámara de Diputados deberá votar en el pleno si se continúa o se desecha, sin importar que después, con más pruebas, pueda reiniciarse el procedimiento.
Pero si la Sección Instructora sostiene la declaratoria de procedencia, el presidente de la Cámara de Diputados anunciará la conformación de un Jurado de Procedencia al día siguiente haciéndolo saber al inculpado y a su defensor, así como a la Fiscalía.
El gobernador García Cabeza de Vaca podría quedar inmediatamente separado de su encargo y quedar, así, a disposición de los tribunales federales, especializados en materia federal y de delincuencia organizada.
Con informacion de.-
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