Tamaulipas — particularmente sus ciudades fronterizas Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros- han sido históricamente plazas muy calientes del narcotráfico. Ejecuciones, masacres de migrantes, ajustes de cuentas, sobornos y compra de protección son hasta la fecha moneda corriente. Y detrás de esas calamidades, la complicidad entre autoridades y delincuentes.
Después de la detención y procesamiento de los exgobernadores Tomás Yarrington y Eugenio Hernández Flores, del homicidio del candidato Rodolfo Torre Cantú y de las acusaciones sin desenlace de los exmandatarios Manuel Cavazos Lerma y Egidio Torre Cantú, cuesta trabajo creer que las actuales autoridades estatales hayan roto ese pacto mafioso y sean inmaculadas gobernantes.
Cierto es que el actual mandatario, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, llegó al poder postulado por el PAN y que todos los antecesores fueron priistas. Pero las cosas no parecen haber cambiado mucho. La FGR presentó evidencia el martes pasado a la Cámara de Diputados para que le inicie proceso de desafuero y, si es el caso, poder juzgarlo por los delitos que se le imputan: delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada.
La carpeta de investigación FED/SEIDO7UEIORPIFAM-CDMX/0000392/2020, resumida en el documento de 90 páginas que le fue entregado a los diputados, relaciona a García Cabeza de Vaca con el Cártel del Golfo, organización criminal que habría financiado sus campañas a la presidencia municipal de Reynosa (2004) y a la gubernatura (2015), según el testimonio del empresario Antonio Peña Argüelles, hoy preso en Houston y confeso lavador de dinero del exgobernador Yarrington. Este le habría pedido que consiguiera recursos del Cártel del Golfo para la campaña de García Cabeza de Vaca (¿medio millón de dólares?), ya que tenía especial interés en que él fuera el alcalde de la fronteriza ciudad.
Aunque en esas fechas el capo de la organización criminal Osiel Cárdenas Guillén ya había sido detenido en Matamoros por el Ejército (14 de marzo de 2003) el control de Reynosa por la organización criminal era total. De hecho, Los Zetas, entonces brazo armado del Golfo, se ocupaban de la vigilancia y seguridad de la ciudad. De sus alcances, un botón de muestra referido por una fuente de la inteligencia militar:
En enero de 2003, dos meses antes de la captura de Osiel en la operación Caballo de Troya, el Grupo de Análisis e Información de Narcotráfico del Ejército (GAIN) ya tenía infiltrados a varios de sus efectivos. Una de sus células reportó al alto mando que el entonces alcalde de Reynosa, el priista Serapio Cantú Barragán fue interceptado en su automóvil por un comando Zeta y cuando quiso hacer valer su autoridad, lo pararon en plena avenida, lo obligaron a que se agachara y le dieron de nalgadas con una tabla por desobediente. Fue “tableado”, práctica disciplinaria traída del Ejército por quienes fueron en algún momento de las Fuerzas Especiales y desertaron para unirse al narcotráfico.
MIÉRCOLES, 23 DE DICIEMBRE DE 2020
Salvo el testimonio del empresario Peña Argüelles, la carpeta de investigación entregada a los diputados no específica más sobre el presunto financiamiento del Cártel del Golfo a las campañas de García Cabeza de Vaca, pero sobre ello hay otros indicios en archivos de la inteligencia militar.
Su jefe de seguridad durante la campaña fue René Javier Izaguirre Rodríguez, casado con una prima del hoy gobernador y a la sazón cuñado de Guillermo González Calderoni, jefe policiaco ligado a Raúl Salinas de Gortari. Izaguirre Rodríguez había sido agente de la Policía Federal y señalado de dar protección al narcotráfico. García Cabeza de Vaca lo nombró jefe de la Policía Municipal, pero días antes de que tomara posesión fue “levantado” y asesinado. La información infiere que ese personaje pudo haber sido el puente con los mafiosos del Golfo y acaso la razón por la que ya como gobernador (2016), una de sus primeras decisiones fuera sacar de Tamaulipas al Ejército y la Marina.
Cierto es que, como respondió el gobernador a las acusaciones, su caso trae una fuerte carga política porque se denunció a unos meses de las elecciones federales de junio próximo, porque ha sido uno de los mandatarios estatales más activos contra AMLO dentro de la llamada Alianza Federalista y porque el asunto podría quedar solo en un escándalo si se toma en cuenta que la muy probable aceptación de la procedencia del desafuero en la Cámara de Diputados, tendrá que pasar por el Congreso local donde el mandatario cuenta con la mayoría de su partido. Pero ese no es el punto.
El punto es que hay información dura que lo implica y que lo obliga a aclararla jurídicamente.
***Las DECLARACIONES COMPLETAS del TESTIGO PROTEGIDO contra CABEZA de VACA.
Fuente.-Raul Rodriguez/(textos e imagenes/web)
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