Raúl Beyruti, presidente y director de la compañía GIN Group, ha sido señalado como el líder de una organización criminal que, a través de cinco empresas facturadoras de operaciones simuladas, operó un esquema de lavado de dinero que, entre 2014 y 2017, otorgó recursos al mismo Beyruti por algo más de 4.3 millones de pesos.
De acuerdo con la orden de aprehensión fechada el 10 de febrero de 2021, de la cual Expansión tiene una copia, Raúl Beyruti obtuvo estos recursos a través de cinco empresas constituidas por 10 personas –contra quienes también se giró la orden de aprehensión–, diseñadas para expedir comprobantes fiscales digitales (o CFDI) que ampararan operaciones simuladas, es decir, operaciones o actos de comercio inexistentes.
Con ello, el empresario es acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y sus 10 cómplices por su probable intervención en delitos de delincuencia organizada.
GIN Group, que opera a través de un complejo de 294 empresas –cuya principal actividad es el capital humano a través del esquema conocido como outsourcing–, echó mano de compañías que, si bien tienen aspectos enfocados al desarrollo humano, “éstos son tan amplios que prácticamente pueden incursionar en cualquier rama”, advierte la Fiscalía General de la República (FGR).
Prueba de ello es que estas empresas lo mismo podían llevar actividades dentro del sector de construcción, en la venta de cualquier producto, y además brindar asesoría y capacitación de cualquier trabajo e, incluso, la adquisición de diversas empresas.
Las 10 personas acusadas ayudaron a constituir las cinco empresas de las que provinieron los recursos señalados como ilícitos: Pioneros en Administración S.A. de C.V.; Grupo de Negocios Autogestión en Soluciones S.A. de C.V.; Tikhvin S.A. de C.V.; Manejo Gráfico del Sur S.A. de C.V. y Glabal Crecimiento en Cuentas S. de R.L. de C.V.
Los recursos que recibió Beyruti fueron a través del supuesto pago de ingresos asimilados a salarios, como si él se tratara de un trabajador de esas empresas, lo que le permitió recibir el pago por los servicios que prestó respecto de sus empresas.
Estas empresas fueron declaradas como empresas facturadoras de operaciones simuladas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en distintas fechas, por lo que las autoridades llegaron a la conclusión de que fueron diseñadas para dar sustento a operaciones simuladas a través de recibos fiscales.
Las empresas señaladas carecen de capacidad financiera y humana, así como de infraestructura, con domicilios ficticios “en donde ni siquiera fueron ubicadas por los vecinos”, señala la orden de aprehensión.
En términos financieros, el caso más representativo es el de Pioneros en Administración, constituida en Quintana Roo el 15 de febrero de 2008 por dos de los acusados, y a través de la cual Raúl Beyruti recibió 1,523,259.01 pesos entre 2014 y 2017.
A ello se suma el caso de Grupo de Negocios Autogestión en Soluciones, también constituida por otros dos señalados el 18 de junio de 2010 en la Ciudad de México, y cuyo objeto social, entre otros, era el de prestar servicios a cualquier gobierno federal, estatal o municipal, declarada como simuladora de operaciones desde el 17 de abril de 2018.
A través de esta empresa, el empresario recibió 469,468 pesos en 2015.
Otros casos son el de la empresa Tikhvin, que otorgó al empresario 830,259.57 pesos entre 2016 y 2017; Manejo Gráfico del Sur, que otorgó pagos por 720,335.52 pesos en 2016, y Glabal Crecimiento en Cuentas, que, siendo una empresa fachada sin infraestructura, personal ni activos, pagó a Beyruti 790,621.07 pesos entre 2014 y 2016.
La FGR señala que los recursos no han sido declarados de manera correcta, pues se han informado al fisco de manera equívoca e, incluso, omitido de manera total en las declaraciones correspondientes.
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