Enclavado en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, el que cuenta con más contagiados de coronavirus, el Hospital General La Perla, no solo sufre desabasto en insumos y mascarillas certificadas para el personal médico que combate esta pandemia: ahora sus médicos y enfermeras son objeto de amenazas por parte de su director, Martín Rosales Bahena.
La advertencia de iniciar contra ellos procedimientos legales y sanciones, que van desde lo civil hasta lo penal, ha generado molestia y amagos de renuncias, incluso masivas, por parte del personal de ese nosocomio.
“Todo el personal sanitario tiene la obligación y el deber profesional, legal y social de continuar laborando para atender a los pacientes que requieran sus servicios como parte del Sistema Nacional de Salud por una acción extraordinaria en materia de salubridad general bajo la pena de tener como consecuencia el inicio de procedimientos legales y sanciones administrativas, civiles, laborales y penales”, advierte un memorándum.
El documento, del cual Crónica tiene copia, está fechado el 20 de abril y firmado por Martín Rosales Bahena, director de La Perla. El escrito se hizo llegar de manera paulatina a todo el personal médico del hospital ubicado en Nezahuacóyotl -el segundo más poblado del Estado de México después de Ecatepec-, lo que generó incertidumbre, temor, molestia y algunas renuncias que ya se presentaron.
Varios médicos de ese hospital aceptaron dialogar con Crónica a condición de que no se revele su nombre por temor a represalias laborales y hasta penales.
AMENAZAS, PERSECUCION Y DESABASTO
Los médicos encargados de atender a los pacientes contagiados de COVID-19 en ese municipio, acusan el ambiente de persecución laboral que se vive en La Perla, pero sobre todo la falta de insumos para combatir la pandemia en el hospital con riesgo de infectarse.
“No hay mascarillas certificadas, a veces nos dan las genéricas que ni siquiera tienen marca y no sabemos si cumplen con la normas y seguridad para protegernos, no hay protocolos ni un Manual Interno de Procedimientos para atender a enfermos por COVID-19. Cada quien hace lo que considera, pero no hay protocolos, y los contagiados se mezclan entre sí, uno grave puede estar cerca de otro que solo está delicado”, detalla uno de esos médicos.
“En lugar de amedrentarnos, deberían de darnos mascarillas, trajes, capacitación y hacer un Manual Interno de Procedimientos, porque nosotros estamos ahí, siempre al pie del cañón, a pesar del miedo a contagiarnos y a pesar de que ya varios compañeros se han contagiado, pero no vemos reciprocidad en las autoridades”, acusa otro galeno que atiende el área de COVID en La Perla.
En tanto, el memorándum que circula entre el personal médico de diversas especialidades del hospital La Perla de Nezahuacóyotl, advierte sobre el inicio de procedimientos legales y sanciones administrativas, civiles, laborales y penales contra el personal médico en caso de no atender a los pacientes que requieran sus servicios, incluidos los contagiados por COVID-19.
Para ello cita una serie de “fundamentos legales” basados en la Constitución Federal, la Ley General de Salud, el Reglamento General de Salud, la Ley Reglamentaria del artículo quinto constitucional, la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y hasta el Código Penal de la Ciudad de México, aún cuando este Hospital pertenece al Estado de México.
El documento advierte que la negativa del personal a trabajar en esta contingencia sanitaria podría violentar el Código Penal de la Ciudad de México e incurrir en los delitos de discriminación, desobediencia y resistencia de particulares, responsabilidad profesional y técnica; abandono, negación y práctica indebida del servicio médico.
Asimismo "emite los Lineamientos de la Dirección General Adjunta de Quejas para la Determinación de Casos Graves y Urgentes para atender esta emergencia por COVID-19” donde se establece que las omisiones en torno a la contingencia que constituyan un riesgo evidente o daño probable pueden constituir actos de discriminación o violaciones a los derechos humanos de una persona o grupo de personas.
Enlistadas todas estas advertencias, el documento también expide el rol para el área COVID de ese Hospital y remata que la asignación de personal queda sujeta “a las posibles necesidades de servicio con la finalidad de garantizar la atención al paciente”.
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